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¿Qué cambia en Gaza tras la nueva resolución de la ONU?
La aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU el 17 de noviembre de 2025 marca un punto de inflexión: por 13 votos a favor, con China y Rusia absteniéndose, el órgano autoriza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) con competencias de seguridad interna en Gaza y ampara el plan.

Foto: Xavier Granja Cedeño - Cancillería del Ecuador, CC BY-SA 2.0
ONU avala el plan de EE. UU. para Gaza: fuerza internacional y Junta de la Paz hasta 2027, apoyos aliados y rechazo público de Hamás. Claves.
La aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU el 17 de noviembre de 2025 marca un punto de inflexión: por 13 votos a favor, con China y Rusia absteniéndose, el órgano autoriza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) con competencias de seguridad interna en Gaza y ampara el plan de 20 puntos promovido por Estados Unidos y Donald Trump. El mandato, con horizonte hasta diciembre de 2027, fija tareas concretas: asegurar las fronteras con Israel y Egipto, proteger a la población civil y a los convoyes humanitarios, apoyar la desmilitarización de las milicias y formar a una nueva policía palestina.
El texto aprobado no es un gesto simbólico, sino un andamiaje operativo. Se crea además una Junta de la Paz (Board of Peace), presidida por Trump, que coordinará la estabilización y la reconstrucción con un fondo fiduciario respaldado por instituciones financieras internacionales. En paralelo, se prevé una administración interina tecnócrata palestina —no partidista— que gestione servicios y transición, conectada a una Autoridad Palestina obligada a reformas. La organización islamista Hamás rechazó de inmediato la resolución, por considerar que impone una tutela internacional sobre el enclave. El embajador de EE. UU. ante la ONU, Mike Waltz, defendió que la arquitectura niega a Hamás la capacidad de reconstituirse y que abre una vía para que “el pueblo de Gaza pueda alimentarse y vivir en seguridad”. Israel acepta el marco con reservas y líneas rojas muy claras.
Lo que dice el texto y lo que pone en marcha realmente
La ISF nace como una fuerza de cumplimiento de la ley en un territorio devastado por dos años de guerra. La diferencia jurídica y funcional respecto a los “cascos azules” tradicionales —misiones de paz bajo Capítulo VI— es relevante: aquí se trata de una misión con foco interno y de seguridad pública, con reglas de enfrentamiento más estrechas, un tamaño inicialmente acotado y inteligencia compartida con Israel y con las agencias de la ONU para proteger infraestructuras críticas, hospitales y centros de distribución de alimentos. Su perímetro de actuación prioriza pasos fronterizos, corredores humanitarios, zonas de alto riesgo y decomiso de armamento de grupos armados no estatales.
El calendario que acompaña al despliegue se entiende en fases. La primera, ya en curso desde octubre, combina tregua con intercambio escalonado de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, además de una retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel a posiciones predefinidas. La segunda abre el despliegue por etapas de la ISF —arranque limitado, certificación de capacidades, expansión por sectores— y el entrenamiento de la nueva policía palestina. La tercera, si las condiciones lo permiten, acelera la reconstrucción bajo tutela financiera multilateral, con proyectos de agua, energía, saneamiento, vivienda y recuperación de actividad económica. Todo ello, bajo revisiones periódicas del Consejo de Seguridad y con la fecha de diciembre de 2027 como horizonte de evaluación del mandato.
La letra fina insiste en que la ISF no es una “fuerza de combate” permanente. Es una gendarmería multinacional con competencias de seguridad para blindar el entorno, acompañar convoyes, asegurar perímetros y operar sobre objetivos específicos validados por la cadena de mando. Aporta disuasión y una presencia visible que reduce el riesgo de sabotajes contra obras y almacenes. No sustituye a la autoridad civil: la administración tecnócrata palestina deberá asumir el día a día de los servicios, desde la recogida de residuos hasta los permisos comerciales.
Quién manda: Junta de la Paz, cadena de mando y controles
El diseño político pivota sobre la Junta de la Paz, presidida por Donald Trump e integrada por representantes de potencias donantes y países mayoritariamente musulmanes que han respaldado el marco —Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Indonesia, Turquía y Jordania, entre otros—, además de socios occidentales. La Junta coordinará seguridad, ayuda y reconstrucción y controlará un fondo fiduciario con auditorías externas. El objetivo declarado es doble: rapidez para evitar que Gaza vuelva al colapso y trazabilidad del dinero para minimizar corrupción y desvíos.
El embajador Mike Waltz defendió la Junta como “piedra angular” del esquema, con un comité tecnócrata palestino encargado de la operación administrativa y servicio civil mientras la Autoridad Palestina —con sede en Ramala— implementa un programa de reformas. En la práctica, la Junta será bisagra entre la misión de seguridad, las agencias de la ONU y los donantes. Redactará prioridades de gasto, validará proyectos y medirá avances. El Departamento de Estado, con Marco Rubio como secretario, ha recalcado estos días que la ISF “no debería ser una fuerza de combate”, sino una cobertura de seguridad para que ayuda y reconstrucción ganen tracción sin interferencias.
La cadena de mando de la ISF, según fuentes diplomáticas, se estructurará en un cuartel general conjunto con representación de contribuyentes de tropas y enlace con Israel para deconflicción diaria. Se trabaja con contingentes de países como Indonesia o Azerbaiyán para tareas de control de perímetros, policía militar y protección de instalaciones, y con europeos aportando capacidades de formación, forense y desactivación de artefactos. Israel ha vetado que Turquía participe con efectivos, alegando problemas de confianza. El tamaño inicial será limitado —para no crear fricciones— y susceptible de ampliarse a medida que se estabilicen zonas.
Reacciones cruzadas: apoyos, reservas y rechazo frontal
Donald Trump celebró la votación del Consejo de Seguridad y afirmó que la Junta de la Paz será presidida por él e “incluirá a líderes poderosos y respetados”. Habló de acelerar la vuelta a una Gaza segura y próspera y de un fondo multilateral que “retransformará” el enclave. Marco Rubio lo calificó de “hito histórico”. Mike Waltz, en la sala del Consejo, pidió apoyar el texto y felicitó a los quince por “unirse” y aprobarlo.
Ese discurso choca con varias reservas. Hamás difundió un comunicado de rechazo: denunció que la ISF, con tareas dentro del enclave, “compromete su neutralidad” y la convierte en actor del conflicto a favor de “la ocupación”. Recalcó que aceptar una tutela internacional sobre funciones internas es incompatible con los derechos y demandas palestinas, y que cualquier fuerza internacional, si se despliega, debería limitarse a fronteras y verificación del alto el fuego bajo supervisión plena de la ONU. La organización deja así claro que no participará ni avalará la transición que patrocina la Junta.
En Israel, el Gobierno acepta el marco con líneas rojas: control sobre inteligencia sensible, no a Turquía en la misión y cautela ante cualquier lenguaje que apunte a estatalidad palestina. Dirigentes como el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, o el titular de Defensa, Israel Katz, han advertido contra lo que ven como pasos hacia un Estado palestino; el primer ministro Benjamín Netanyahu insiste en que no avalará una hoja de ruta a dos Estados si compromete la seguridad de Israel. El equilibrio político interno del gabinete condicionará cada permiso, cada registro, cada ventana de entrada de materiales “de doble uso”.
Entre los países árabes, el apoyo a la resolución va de la mano de condiciones: Arabia Saudí, Egipto y Catar empujaron para que el texto incluyera —aunque sea de forma tentativamente redactada— una referencia al horizonte de una entidad estatal palestina y mayor supervisión de la ONU sobre la implementación. Varios países de mayoría musulmana han mostrado disposición a aportar gendarmes o policía militar, siempre que el mandato sea claro y que Israel facilite la logística diaria. En Europa, se valora sobre todo que haya “un marco ejecutable” que Israel no vete y que los donantes financien.
Del papel al terreno: fases, dinero y candados
El calendario del plan —alto el fuego, canje de rehenes y presos, retirada parcial israelí, desmilitarización, despliegue de la ISF y reconstrucción— se articula como una secuencia con comprobaciones en cada escalón. El canje ha avanzado de forma irregular: persisten cuerpos de rehenes fallecidos sin devolver y discrepancias sobre restricciones a la ayuda en los pasos. La ISF nace para reducir esos cuellos de botella, blindar Rafah y los cruces con Israel, y crear corredores seguros hasta almacenes y centros de distribución.
La financiación será la otra gran palanca. La Junta de la Paz prevé un fondo fiduciario respaldado por el Banco Mundial y donantes árabes y occidentales, con auditoría externa y criterios de elegibilidad claros. Las prioridades inmediatas son energía —restablecimiento de generación y redes—, agua —potabilizadoras y saneamiento—, vivienda —reconstrucción y refugios dignos— y sanidad —hospitales y suministros críticos—. La experiencia internacional indica que sin seguridad sostenida y sin un interlocutor civil creíble, los miles de millones prometidos se diluyen en inejecución. Por eso la resolución blinda a la ISF competencias para proteger obras y depósitos.
El acceso de materiales “de doble uso” —cemento, tuberías, componentes eléctricos— será otra prueba. Israel y la misión coordinarán un mecanismo de verificación y escaneo con cupos diarios, priorizando obras esenciales y mitigando riesgos de desvío. Las agencias de la ONU y las ONG presionan por ventanas de entrada predecibles y por un procedimiento estándar que reduzca la discrecionalidad. Un centro de mando conjunto con la ISF debería permitir alertas y desbloqueos más rápidos cuando surjan incidentes.
Despliegue por fases de la ISF
Los primeros efectivos llegarán previsiblemente en núcleos de compañía, con policía militar, unidades K9, EOD (desactivación de explosivos), drones para reconocimiento urbano y equipos de enlace con organizaciones humanitarias. La prioridad serán los pasos fronterizos y corredores a hospitales, colegios y centros de distribución de alimentos. A medida que avance el entrenamiento de la nueva policía palestina, la ISF rotará hacia un papel más asistido y menos presencial en distritos estabilizados.
Gobernanza y controles anticorrupción
La Junta de la Paz publicará tableros de seguimiento con metas trimestrales: kilómetros de tubería operativa, megavatios restaurados, aulas abiertas, empleos temporales generados. Cada proyecto deberá añadir cláusulas de transparencia: licitaciones abiertas, trazabilidad de pagos, controles internos y un mecanismo de denuncias. La coordinación con la Autoridad Palestina buscará que nóminas y servicios se paguen a tiempo —funcionarios, sanitarios, docentes— y que el sector privado vuelva poco a poco con microcréditos y garantías.
El factor israelí: seguridad, vetos y margen político
Para Israel, la ISF es una válvula: reduce el coste político de tareas impopulares de control y vigilancia y, al mismo tiempo, le permite condicionar inteligencia y permisos sin asumir en solitario la gestión diaria de Gaza. Pero el margen es estrecho. Si la misión no logra interrumpir cadenas logísticas de armamento, desactivar talleres clandestinos y asegurar túneles clave, el Gobierno israelí volverá a presionar por operaciones propias más contundentes. El texto aprobado ofrece elasticidad para reforzar la presencia de la ISF si hay rebrotes o boicot activo.
El debate interno en Israel no es menor. La inclusión —aunque matizada— de referencias a un horizonte político para los palestinos ha tensado al ala derecha del gabinete. Cualquier crisis en Jerusalén puede traducirse en bloqueos logísticos, en restricciones a permisos diarios o en condiciones adicionales para proyectos de reconstrucción. La cooperación diaria en el terreno dependerá tanto de la táctica como de la política.
Qué cambia para los palestinos sobre el terreno
Si el despliegue arranca según lo previsto, la población de Gaza debería notar tres transformaciones palpables en el corto plazo. Primero, más policía uniformada en tareas de orden público y menos patrullas irregulares: controles de tráfico, gestión de colas, protección de centros médicos. Segundo, más camiones entrando por pasos vigilados y rutas señalizadas, con ventanas horarias estables que reducen la incertidumbre de cada entrega. Tercero, presencia visible de gendarmes extranjeros en perímetros sensibles —hospitales, escuelas, almacenes— que eleva el coste de sabotear obras y que actúa como red ante incidentes.
El medio plazo depende de la política. La transición hacia una administración palestina sin milicias, capaz de recaudar, pagar nóminas y gestionar servicios, exige pactos finos entre clanes, élites económicas, tecnócratas y facciones. También, la sintonía con Cisjordania: si la Autoridad Palestina no demuestra reformas verificables, la credibilidad del experimento se erosiona. El diseño aprobado liga apoyos y desembolsos a hitos de gestión y a la reducción de la capacidad militar de las organizaciones armadas.
La incógnita es Hamás. Su rechazo inicial anticipa tensión con la ISF. La organización conserva redes sociales, fuentes de financiación y experiencia en guerra urbana. ¿Se puede desarmar sin alienar a sectores que, por miedo o convicción, le siguen dando cobertura? No hay respuesta escrita. La clave pasa por inteligencia de proximidad, por ofertas económicas tangibles —empleo, salarios a tiempo, servicios que funcionan— y por un cuerpo policial palestino que gane autoridad sin humillar.
Pruebas de fuego inmediatas
Las próximas semanas pondrán a prueba la viabilidad de la resolución. La primera prueba será la composición de la ISF: si el núcleo lo forman gendarmes árabes y asiáticos, con europeos en apoyo técnico y Estados Unidos en retaguardia logística, el encaje regional será menos áspero. La segunda será el anclaje de la ONU: aunque el liderazgo político es estadounidense, procedimientos y supervisión onusianos darán legitimidad cotidiana a la misión. La tercera, la postura israelí ante cada guiño al horizonte político palestino: un calambre en Jerusalén puede alterar reglas de juego en horas.
Cuarta prueba: la solvencia del fondo fiduciario. Reconstruir en Gaza exige gastar bien y rápido. Si la Junta de la Paz rinde cuentas públicas, con proyectos visibles y plazos medibles, el apoyo social crecerá. Si el dinero se empantana, la ventana de estabilización se encoge. Quinta: la respuesta de Hamás y de otras facciones. Si hostigar a la ISF sale caro —en términos operativos y de legitimidad social— y permitir servicios y empleo renta más, la estabilización es posible. Si no, el texto aprobado quedará como otra oportunidad perdida.
El 17 de noviembre deja, en todo caso, una arquitectura ejecutable como no se veía desde hace años: votos suficientes, mandato acotado, dinero prometido y una promesa —todavía frágil— de gobernanza civil palestina sin milicias. La ISF y la Junta de la Paz ya están en el papel. Ahora, el examen es sobre el terreno: seguridad que se sienta en la calle, camiones que entran, obras que se ejecutan y nóminas que llegan. Ese será el verdadero termómetro de si Gaza sale del modo supervivencia o si el conflicto vuelve a imponer su ciclo.












