¿Qué implica la nueva pieza por pagos en efectivo del PSOE?

Ismael Moreno abre una pieza clave sobre pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo; datos, nombres y claves que explican qué se investiga.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una pieza separada para investigar pagos en metálico del PSOE vinculados al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. El paso judicial fija un marco propio dentro del caso Koldo para aclarar si esas entregas de dinero, que el partido atribuye a liquidaciones de gastos, se ajustaron a normas internas verificables o si, por el contrario, pudieron servir de cobertura a operaciones opacas con apariencia de gastos justificados. Con la pieza ya abierta, el juzgado ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, lo que activa nuevas diligencias para seguir el rastro del efectivo: quién autorizó, quién entregó, quién cobró, con qué respaldo documental y bajo qué controles.

La documentación incorporada a la causa llega del Tribunal Supremo, donde el magistrado Leopoldo Puente había detectado indicios para revisar con lupa esta operativa en efectivo. En ese paquete figuran declaraciones de responsables y empleados de Ferraz, así como el testimonio de una empresaria que afirma haber entregado 90.000 euros en la sede del partido a petición del comisionista Víctor de Aldama. También consta un informe de la UCO que analiza pagos y recogidas de dinero relacionadas con Ábalos y con Koldo —algunas, según ese material, tramitadas por Patricia Úriz, entonces pareja de este último—. Son piezas de un mismo puzle: comprobar si la caja en efectivo de la organización funcionó como un mecanismo corriente de reintegro de dietas y adelantos o si se relajaron los controles hasta el punto de permitir desvíos.

Un giro procesal que aísla el foco del efectivo

La decisión de segregar una pieza busca ordenar el procedimiento y evitar que el asunto del efectivo quede diluido en el sumario principal del caso Koldo, centrado en contratos públicos y presuntas comisiones. Al independizar este capítulo, el juzgado podrá dictar diligencias específicas —requerimientos bancarios, peritajes contables, nuevas testificales— y, llegado el caso, adoptar medidas cautelares si se apreciaran riesgos sobre el material probatorio o el dinero investigado. Nada de esto anticipa una condena ni prejuzga delitos: significa, con toda literalidad, que se va a comprobar la trazabilidad de cada euro que entró o salió de Ferraz bajo el epígrafe de “liquidaciones”.

El juez ha pedido ordenar el material recibido del Supremo junto con lo remitido por el partido. Ese conjunto incluye justificantes, hojas de caja, correos internos y apuntes que ayudan a reconstruir la operativa de anticipos y devoluciones: personas que viajan por trabajo, adelantan gastos y después recuperan en efectivo lo que acreditan con tiques. Una práctica común en muchas organizaciones, siempre que existan controles cruzados (firma de recepción, identificación del beneficiario, sello del área que valida el gasto, copia del justificante y registro de la salida de efectivo con fecha, hora y concepto). La pregunta que ahora ordena la pieza separada es si en el periodo revisado hubo descuadres, anotaciones que no casan, sobres sin receptor identificado o salidas de caja no pegadas a un gasto real.

Qué se sabe del circuito del dinero

La fotografía que emerge de los testimonios y documentos es la de una caja centralizada, con entradas y salidas en billetes, destinada a liquidaciones ordinarias. Mariano Moreno Pavón, entonces responsable de la gerencia, y Celia Rodríguez, empleada del área, han descrito un mecanismo en el que Koldo García actuaba con frecuencia como intermediario: presentaba facturas de su equipo, retiraba sobres para terceros y, en ocasiones, él mismo o su entorno se encargaban de la recogida. En paralelo, la declaración de Carmen Pano sostiene que entregó 90.000 euros en Ferraz por indicación de Víctor de Aldama, un movimiento que —según la nueva pieza— debe cotejarse con cualquier apunte de caja, control de acceso, cámaras y comunicaciones internas que pudieran existir para confirmar quién recibió, en qué fecha y con qué justificación.

El PSOE ha defendido que sus cuentas están auditadas, que las entregas investigadas son reintegros de gastos y que se facilitó a la Justicia toda la documentación de retiradas de efectivo y respaldo bancario disponible. La pieza separada servirá para cruzar esa versión con los datos objetivos: series de billetes si se hubieran registrado, números de justificantes, viajes o actos que motivaron cada gasto y la identidad de quien dio y de quien cobró el sobre. Se trata de un análisis contable y material que puede descartar dudas o, por el contrario, iluminar patrones irregulares.

Quién es quién y por qué importan sus declaraciones

El avance del procedimiento se sostiene en nombres propios cuyo papel, sin exagerar, es determinante para la suerte de esta investigación. Ismael Moreno, magistrado del Juzgado Central de Instrucción 2, pilota la pieza separada y decide cada diligencia. Leopoldo Puente, desde el Supremo, ha activado el traslado de testificales y materiales que alimentan la sospecha de que aquí hay algo que comprobar con mayor profundidad. José Luis Ábalos, ministro de Transportes entre 2018 y 2021 y secretario de Organización del PSOE en buena parte del periodo auditado, es receptor de diversos pagos que el partido sitúa en el ámbito de las dietas; la investigación pregunta si todo se justificó como es debido o si hubo devoluciones no vinculadas a gastos reales. Koldo García, asesor de Ábalos, aparece como vector de la logística de efectivo: presentaba justificantes, recogía sobres, gestionaba entregas. Patricia Úriz es citada en los documentos por retiradas puntuales; su rol exacto y el propósito de cada recogida son extremos a verificar. Víctor de Aldama entra por el testimonio que lo sitúa como instigador de la entrega de 90.000 euros; habrá que fijar el destino de ese dinero. Y Carmen Pano aporta el relato de una entrega física que, si resultase acreditada, obligaría a colocarla en el mapa contable del partido.

Esas piezas personales se cruzan con lo que diga el papel: no hay investigación de efectivo sin rastreo de documentos. La coherencia entre lo que se declaró y lo que puedan contar los justificantes, las hojas de caja y las reglas internas de Ferraz será la clave. Si el circuito era el normal —anticipo, gasto, tique, firma, reintegro—, el resultado, previsiblemente, despejará dudas. Si aparecen sobres sin rastro contable o devoluciones con conceptos genéricos, el caso ganará tensión.

Qué delitos están (o no) en el horizonte

La pieza separada nace por la pista de posible blanqueo de capitales, una sospecha que exige pruebas sólidas: para hablar de blanqueo no basta con que circule efectivo, tiene que acreditarse que el dinero procede de actividad ilícita y que se ejecutaron maniobras para ocultar su origen. El hecho de que existan sobres o billetes no es, por sí solo, un delito. La justicia necesitará relatar —con documentos, fechas y protagonistas— si hubo fondos opacos y cómo habrían sido blanqueados bajo apariencia de liquidaciones de gastos.

La discusión jurídica toca también, por fuerza, otras figuras del Código Penal. Falsedad documental si se hubieran creado o alterado justificantes para encajar salidas de caja; cohecho si se demuestra la entrega de dádivas a cargo de intermediarios con acceso a decisiones públicas; incluso malversación si dinero público (no la caja del partido) hubiera sido destino o origen de la operativa. Pero todo esto, a día de hoy, está en el plano condicional. Sin pericia contable ni trazabilidad bancaria inequívoca, no habrá salto tipificado. Por eso la pieza separada es justamente el espacio para probar o descartar cada hipótesis.

La caja de un partido: práctica común y controles exigibles

El uso de efectivo en estructuras políticas no es anómalo en sí mismo. Viajes, actos y campañas generan gastos de pequeña cuantía que, por rapidez o por logística, se liquidan por caja. Lo relevante es el sistema de control. Una organización moderna conserva las pistas: quién pide la devolución, con qué tique o factura, quién autoriza, quién entrega, en qué fecha y por qué concepto se registra. En algunos casos, las formaciones limitan el efectivo a fondos de caja con topes diarios y registran cada billete con un resguardo firmado. Otras aplican tarjetas de empresa con techos de gasto y reducen el billete al mínimo.

La investigación pone precisamente el foco en ese techo de control. Si un partido mantiene una caja en efectivo de cierta entidad, está obligado —no solo por prudencia contable, también por estándares de compliance— a someterla a auditorías internas y, llegado el caso, a verificaciones externas. En la pieza separada, los auditores naturales serán la UCO y la Intervención que el juez designe: pedirán extractos bancarios, verificarán retiradas de caja, cotejarán listados de viajes y ordenarán el material para ver si todo encaja con lógica y huella documental.

Dónde encaja esto dentro del caso Koldo

El caso Koldo investiga una trama de adjudicaciones públicas en plena pandemia y una red de intermediarios que, supuestamente, se repartió comisiones a costa de contratos de material sanitario. Ahí se insertan los nombres de Koldo García y Víctor de Aldama, y de ese tronco nace la rama ahora aislada: la caja en efectivo de Ferraz y su posible conexión con esos movimientos. La clave es si el efectivo que circuló por la sede del PSOE guarda relación directa con pagos derivados de aquella operativa o si se trata, en efecto, de liquidaciones ordinarias del partido sin vínculo con contratos bajo sospecha.

El salto entre ambos planos requiere pruebas de ida y vuelta. De un lado, identificar salidas de caja que no correspondan a gastos justificados. Del otro, demostrar que esas salidas cubrieron pagos procedentes de comisiones o retornos de contratos investigados. Si falta cualquiera de las dos cosas, la conexión se debilita. Por esa razón, la pieza separada se ha diseñado como una especie de microscopio: pone la caja de Ferraz bajo luz blanca y comprueba si, al ampliarla, aparece algo anómalo.

Qué diligencias son previsibles a partir de ahora

Lo habitual en una pieza de efectivo es que el juzgado ordene una pericia contable rigurosa. El perito, con tiempo y acceso a archivos, elabora una matriz de coincidencias: fecha de retirada bancaria del partido, asiento de salida de caja, justificante del gasto, firma del receptor y motivo del pago. Si falta uno solo de esos vértices, se marca en rojo para ampliación de información. A la vez, se solicitan a las entidades financieras los datos de retiradas de ventanilla y los listados de billetes si fueron escaneados; se pide a la organización el protocolo interno sobre caja y las listas de autorizantes; y se llama a testigos para cerrar huecos.

Conforme avance el cruce de datos, pueden llegar nuevas citaciones. Si la pericia hallara salidas de caja sin respaldo, el juez podría llamar de nuevo a Ábalos, a Koldo García o a terceros que figuren como beneficiarios o intermediarios. También encaja que se requiera metadatos de correos, se contrasten agendas y chats corporativos y se solicite a seguridad de Ferraz los registros de acceso del día de la entrega de 90.000 euros que declara Carmen Pano. Todo, con la vista puesta en la cadena de custodia del efectivo.

El papel del Ministerio Fiscal y las posiciones en liza

La Fiscalía recibe la pieza para informar sobre diligencias útiles y sobre el rumbo de la investigación. Su criterio pesará, por ejemplo, a la hora de decidir si conviene embargar provisionalmente cantidades vinculadas a operaciones dudosas, si procede ampliar la pieza a nuevos investigados o si, por el contrario, lo razonable es archivar una vez despejadas las dudas contables. Las acusaciones populares y las defensas también moverán ficha con escritos propios, proponiendo testigos, reclamando documentos o recurriendo decisiones del instructor.

En el plano político, el PSOE ha subrayado que colabora con la justicia y que las entregas en efectivo corresponden a liquidaciones de gastos perfectamente documentadas. Es previsible que, mientras la pericia avanza, el partido refuerce su compliance interno y que cualquier desviación detectada —si la hubiera— se atribuya a errores o incumplimientos individuales, no a un sistema diseñado para ocultar dinero. Al otro lado, las acusaciones tratarán de estirar el hilo de incongruencias, si encuentran, para sostener una hipótesis penal más dura.

Lo que está en juego: trazabilidad, confianza y legalidad

Al final, el corazón de esta pieza separada no es un número redondo ni un titular fácil; es la trazabilidad. Si el circuito del efectivo de Ferraz muestra rastro completo —del retiro bancario al justificante, del resguardo a la firma del receptor—, la pieza tendrá recorrido corto y el asunto regresará al tronco del caso Koldo sin carga penal propia. Si, en cambio, aparecen baches: salidas sin justificante, sobres que cambian de mano sin huella, conceptos ambiguos o gastos que nadie puede acreditar, la instrucción crecerá y podría derivar en imputaciones con nombres y apellidos.

Hay, además, una capa de confianza pública. La gestión del efectivo en un partido de Gobierno tiene un efecto que trasciende a la contabilidad: habla de cultura de control, de controles internos vivos o meramente decorativos, de tolerancia cero o de zonas grises. La justicia no juzga ética, juzga hechos, pero el relato social lo completan los estándares de transparencia que un partido dice exigirse a sí mismo. La pericia judicial, en ese sentido, también es una oportunidad para fijar un estándar.

Un precedente que vigilará todo el ecosistema

Lo que la Audiencia Nacional resuelva aquí servirá de precedente práctico para otras formaciones con cajas de efectivo en sus sedes. Si la pieza separada desemboca en un archivo limpio tras un examen duro, quedará reforzada la idea de que la liquidación en metálico sigue siendo posible con controles. Si, por el contrario, hubiera condenas y se acreditara que el efectivo fue el puente para fondos ilícitos, el mensaje para el ecosistema será inmediato: cerrar las cajas, tarjeta corporativa para todo y rastro digital. La modernización contable en la vida política española no se legisla solo en normas; también se forja en resoluciones como esta.

El caso Koldo ha demostrado que las instrucciones complejas crecen por ramas: contratos, sociedades, comisiones, mensajeros, cajas. La pieza de Ferraz no es un apéndice menor, sino un nodo donde varias sendas se cruzan. De su clarificación depende, en parte, la comprensión final del mapa del caso: si hubo conexiones entre el dinero en efectivo que circuló por un partido y el dinero que, presuntamente, circuló en torno a adjudicaciones públicas.

Próximas decisiones que marcarán el tablero

En el corto plazo, el cronograma es reconocible: pericia contable, requerimientos bancarios, nuevas testificales y, si procede, citaciones de quienes aparezcan como beneficiarios o gestores de sobres. Si el rastro encaja, la pieza quedará en un saneamiento documental. Si no, abrirá un capítulo con consecuencias penales y políticas. En uno u otro escenario, la fotografía final dependerá de algo tan elemental como documentar bien: justificantes, firmas, fechas, conceptos claros. Ahí está el desenlace.

Hasta entonces, queda lo esencial: el juzgado ya ha puesto el efectivo bajo luz de neón y ha señalado lo que quiere ver con nitidez. Ferraz sostiene que todo está en regla. Los investigados, como el resto de protagonistas, mantienen su presunción de inocencia. La investigación, ahora sí, tendrá que hablar con papeles. Y cuando lo haga —número a número, tique a tique—, se sabrá si la caja reflejaba un procedimiento ordinario o si escondía, entre billetes y sobres, algo que no debía estar ahí.

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Este artículo se apoya en fuentes oficiales y medios solventes. Fuentes consultadas: EFE, Poder Judicial, elDiario.es, ABC, El País, Cadena SER, El Confidencial.