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¿Por qué no cerraron la pasarela mortal de Santander?

La alerta previa al 112, la pasarela sin cerrar y la pelea por las responsabilidades tras la tragedia de El Bocal que conmociona a Santander.
La clave de la tragedia de El Bocal, en Santander, está ya bastante definida aunque la investigación apenas haya echado a andar. Sí hubo un aviso previo, sí llegó al 112 y sí fue trasladado a la Policía Local el lunes 2 de marzo, un día antes del derrumbe. Aun así, la pasarela seguía abierta y sin una intervención visible cuando el martes por la tarde cedió bajo los pies de siete estudiantes del CIFP La Granja de Heras. El balance sigue siendo devastador: cinco jóvenes muertos, una chica desaparecida y otra ingresada en la UCI de Valdecilla, estable dentro de la gravedad. La gran incógnita ya no es si existió alerta, sino por qué esa alerta no se convirtió en una orden de cierre inmediata.
Lo que se discute ahora, en realidad, es el tramo más delicado de toda esta historia: qué administración debía actuar, quién tenía la competencia material sobre la estructura, quién podía acordar el precinto y quién dejó pasar unas horas decisivas. En paralelo, el Tribunal de Instancia de Santander ha abierto diligencias y la Policía Nacional ya recoge pruebas sobre el estado de la pasarela y la cadena de avisos. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha pedido un informe interno a la Policía Local, la Dirección General de Costas ha pedido precintar otras pasarelas similares de la zona y el caso ha derivado en un cruce áspero entre el Ayuntamiento de Santander, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno de Cantabria.
La llamada que llegó el día antes
El hombre que activó la alarma se llama Fernando Cabellos, tiene 73 años y conoce el litoral de Monte como quien conoce el pasillo de su casa. El lunes salió a caminar por la zona de El Bocal, pisó la pasarela y notó algo que no encajaba: el suelo se movía, “cimbreaba”, transmitía una sensación rara, de estructura fatigada, de madera cansada. No llevaba el móvil encima, así que regresó a casa y llamó al 112 hacia la una de la tarde. Lo hizo, según ha relatado después, porque pensó exactamente lo mismo que habría pensado cualquiera con un poco de mundo: si con una sola persona aquello ya temblaba, con más peso podía venirse abajo. Esa llamada existe, está registrada y ha acabado convirtiéndose en el punto de inflexión de todo el caso.
Ese dato cambia por completo la lectura del suceso. Ya no se habla solo de una pasarela deteriorada en una costa dura, castigada por el salitre y el viento, sino de una estructura sobre la que había una advertencia expresa pocas horas antes. Y ahí aparece la pregunta verdaderamente incómoda. Porque entre “se avisó” y “se actuó” hay, de momento, un vacío enorme. El 112 de Cantabria activó su protocolo y comunicó la incidencia a la Policía Local de Santander. Sin embargo, no consta que la pasarela quedara clausurada ese mismo día ni que se señalizara un riesgo inminente que impidiera el paso. Tampoco se ha aclarado del todo si la información llegó o no a Costas esa misma tarde. En una ciudad golpeada por el shock, ese hueco de horas empieza a pesar casi tanto como el propio desplome.
Lo más duro es que la secuencia tuvo una segunda oportunidad y también se escapó. El propio Cabellos ha contado que el martes volvió por la zona para ver si alguien había hecho algo. No vio cambios. La pasarela seguía allí, normal, disponible, como si nada. Horas más tarde, un grupo de jóvenes que caminaba por la senda costera entró en esa estructura con apariencia de paso público ordinario y la tragedia se desencadenó en segundos. A partir de ahí ya no hubo margen para matices: hubo caída al vacío, roca, mar, frío, rescate contrarreloj y una ciudad entera mirando al Cantábrico con una mezcla extraña de incredulidad y rabia.
Qué pasó en El Bocal y quiénes eran los jóvenes
El derrumbe ocurrió en la tarde del martes 3 de marzo en la senda costera de El Bocal, un tramo de pasarelas de madera apoyadas sobre una zona de acantilados en el litoral norte de Santander. El grupo lo formaban siete estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo. Eran seis chicas y un chico, de entre 19 y 22 años. La estructura cedió mientras la atravesaban y todos cayeron a la zona de rocas y mar bajo la pasarela. El escenario, por sí mismo, explica la violencia del suceso: no se trató de una caída menor ni de un accidente contenido, sino de un desplome en un punto donde el terreno multiplica el daño y deja muy poco margen de supervivencia.
A esta hora, los datos que maneja la investigación y que han ido confirmando las autoridades sitúan a las víctimas mortales en Cantabria, Bizkaia y Almería. Entre los fallecidos hay una joven de Igollo de Camargo, dos jóvenes de Barakaldo, un chico de Balmaseda y otra estudiante de Almería. La joven que sigue desaparecida es de Guadalajara y la única superviviente, una chica de 19 años de Elvillar, en Álava, permanece ingresada en la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde los médicos la mantienen estable dentro de la gravedad tras sufrir un traumatismo de alta energía. Son detalles concretos, duros, pero necesarios, porque ponen dimensión real a lo ocurrido: detrás del balance hay nombres aún protegidos, familias de varias provincias y una comunidad educativa destrozada.
La búsqueda de la estudiante desaparecida ha seguido activa con un dispositivo amplio por mar, aire y tierra, con participación de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, medios aéreos, drones y apoyo especializado. Durante la noche se mantuvo un retén y con la salida del sol se retomaron los trabajos intensivos. El Ayuntamiento habilitó además el Centro Cívico Fernando Ateca para atender a las familias y facilitar información, mientras Cruz Roja desplegó apoyo psicosocial en las horas más duras. Santander ha vivido desde entonces en ese estado raro de los grandes golpes: silencio en las instituciones, banderas a media asta y un murmullo constante en la calle alrededor de la misma frase, siempre la misma, cómo pudo seguir abierta.
Un accidente que no encaja en la idea de fatalidad pura
Hay sucesos en los que el factor imprevisible pesa más que cualquier otra cosa. Este no parece ir por ahí. Aquí no hay, de entrada, una imprudencia flagrante de las víctimas ni una entrada en zona prohibida ni un desafío a una señal de peligro. Los jóvenes caminaban por una senda utilizada y cruzaban una pasarela que, al menos de forma visible, no estaba clausurada. Ese dato es central. Cuando un espacio público está abierto, el ciudadano entiende que puede usarlo. Si no es seguro, la obligación de la administración no es discutir después, sino cerrarlo antes.
Por eso el caso ha prendido tan rápido en la conversación pública. La palabra “fatalidad” se queda corta en cuanto aparece el aviso previo al 112. Y se queda aún más corta cuando, tras el accidente, otras pasarelas similares de la misma zona han sido precintadas por precaución. Esa decisión, tomada ya después de la tragedia, lanza un mensaje bastante claro: el riesgo no era una fantasía retrospectiva ni una exageración de un vecino alarmista. El estado de esas estructuras merecía, como mínimo, una intervención inmediata de emergencia.
El punto más delicado: quién tenía que actuar
La pelea institucional gira alrededor de una pregunta muy concreta y nada menor: de quién era esa pasarela a efectos de conservación y de quién era la capacidad de respuesta urgente cuando entró el aviso. En este tablero aparecen el Ayuntamiento de Santander, la Demarcación de Costas del Estado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Gobierno de Cantabria por su papel en seguridad y emergencias. La alcaldesa Gema Igual ha insistido en que el Ayuntamiento aportará toda la documentación al juzgado y en que se esclarecerá lo ocurrido. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha hablado directamente de responsabilidad compartida entre las tres administraciones en materia de seguridad ciudadana. Esa frase, pronunciada pocas horas después del desplome, deja ver dos cosas a la vez: que nadie quiere cargar en solitario con el caso y que el reparto de competencias era, como poco, confuso.
A esa confusión se suma otro elemento que ha ido ganando peso con el paso de las horas. Existen documentos municipales de 2004 en los que el Ayuntamiento se comprometía a asumir el mantenimiento de la senda costera entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar una vez finalizadas las obras ejecutadas. Ese material documental ha reaparecido en plena investigación. El consistorio, sin embargo, sostiene que ese compromiso no afectaría a la pasarela derrumbada porque la obra completa nunca llegó a concluir ni fue recepcionada formalmente, de modo que el mantenimiento de esa estructura concreta no habría pasado todavía a la esfera municipal. Esa es, probablemente, una de las líneas jurídicas más importantes del caso: si la obra estaba entregada, si no lo estaba, si estaba en uso pese a no estar formalmente recepcionada y, sobre todo, si esa discusión administrativa podía justificar que nadie actuara de inmediato ante una alerta de riesgo.
La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha defendido esa tesis de la obra inconclusa. Desde el otro lado, los documentos y las comparecencias públicas dejan una imagen mucho más enredada, casi de manual español: infraestructura construida por el Estado, tramo utilizado por la población, mantenimiento discutido durante años, proyecto a medio hacer y una urgencia real que acaba chocando con el laberinto competencial. Ese tipo de escenarios son especialmente peligrosos porque generan una tierra de nadie administrativa. Y cuando hay un aviso urgente, la tierra de nadie se parece demasiado a la ausencia de mando.
El 112, la Policía Local y el eslabón que falta
El eslabón que ahora examinan el juzgado y la Policía Nacional está entre la recepción de la llamada y la respuesta operativa. El 112 ha dejado claro que trasladó la información a la Policía Local. El Ayuntamiento ha pedido un informe precisamente para aclarar qué ocurrió después con ese aviso, cómo se tramitó, quién lo recibió, si se valoró la gravedad, si hubo desplazamiento al lugar y si se planteó o no el corte de acceso. En una tragedia así, un registro horario, una anotación interna o una simple cadena de comunicaciones puede terminar siendo decisiva.
La cuestión es muy concreta. No se trata solo de fijar quién debía encargarse del mantenimiento estructural ordinario, que ya de por sí será materia de discusión. Se trata de determinar quién tenía capacidad para tomar una medida preventiva inmediata cuando un ciudadano comunicó un riesgo de colapso. Porque aunque la titularidad fuese compleja o discutida, el cierre cautelar de un paso peligroso no parece una actuación imposible ni especialmente sofisticada. Una cinta, una valla, un precinto, una patrulla, una orden. A veces la distancia entre la rutina y la catástrofe cabe en algo tan simple.
Una senda costera arrastrada durante años
La pasarela de El Bocal no era una pieza aislada ni una obra recién estrenada. Formaba parte de la senda litoral norte de Santander, un proyecto pensado para conectar el tramo entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar y ordenar el paseo por una franja costera bellísima, sí, pero también muy expuesta al desgaste. Durante años, esa actuación ha vivido entre la polémica vecinal, los parones administrativos y una ejecución parcial que dejó en el paisaje una sensación de obra a medias. El proyecto acabó paralizado en 2014 y desde entonces muchas de esas estructuras han envejecido en una especie de limbo: no del todo abandonadas, porque la gente seguía pasando; no del todo integradas en una red mantenida con regularidad, porque la obra completa quedó sin rematar.
Ese contexto es importante porque ayuda a entender por qué el deterioro no apareció de repente. La madera en la costa no envejece despacio. La sal entra, el viento castiga, la humedad hincha, la tornillería sufre, las juntas pierden firmeza y las vibraciones empiezan a contar una historia que a veces se escucha antes con las plantas de los pies que con un informe técnico. Varios vecinos de la zona llevaban tiempo hablando del mal estado de la senda y de algunas de sus pasarelas. Lo que ocurrió esta semana fue que uno de esos avisos quedó documentado y llegó, además, apenas unas horas antes del derrumbe. Esa proximidad temporal es demoledora.
Tampoco es un detalle menor que, tras el accidente, la Policía Local haya precintado otras dos pasarelas de madera cercanas a petición de Costas. La medida es puramente preventiva, pero al mismo tiempo resulta elocuente. Si otras estructuras similares se cierran de forma inmediata después del siniestro, es porque el riesgo en ese entorno se consideró real y serio. Dicho de otro modo: la reacción posterior ha sido mucho más rápida que la reacción anterior. Y ese contraste es el que más daño hace ahora a la versión de una cadena administrativa que supuestamente funcionó.
Un proyecto discutido desde su origen
La senda litoral arrastra, además, una historia política larga. Nació como una apuesta para abrir el borde costero al paseo, mejorar accesos y generar un itinerario de alto valor paisajístico. Pero desde el principio encontró resistencias vecinales y ambientales, especialmente por el impacto en un entorno muy sensible. Esa oposición, sumada a las idas y venidas administrativas, dejó el proyecto atrapado en una fase gris. Hubo obra. Hubo tramos usados. Hubo equipamientos instalados. Y hubo, al mismo tiempo, un debate sin cerrar sobre si aquello estaba realmente terminado, entregado y asumido por quien debía conservarlo.
Ese tipo de proyectos a medias generan una falsa normalidad. El paso existe, la gente lo usa, aparece en mapas y rutinas cotidianas, pero el mantenimiento profundo se diluye entre expedientes, convenios, actas y competencias que se invocan cuando ya ha ocurrido lo peor. El Bocal se ha convertido de golpe en el ejemplo más trágico de esa lógica. No es solo una pasarela rota. Es el resultado de años de indefinición, de estructuras envejecidas en un lugar muy agresivo y de una gestión pública que, por lo que se sabe hasta ahora, no reaccionó a tiempo cuando alguien avisó.
La investigación ya busca la cadena exacta de fallos
El frente judicial y policial se va a centrar en dos planos. El primero es técnico: cómo estaba exactamente la pasarela, qué daños presentaba, si existían signos visibles de fatiga estructural, si había informes previos, si se habían comunicado incidencias antes y si el estado de conservación era compatible con el uso público. El segundo es administrativo y operativo: qué pasó con la llamada al 112, quién asumió su gestión, a qué unidad concreta se trasladó, si alguien acudió a inspeccionar la zona, si hubo valoración del riesgo y por qué no se cerró el acceso. En este tipo de causas, el detalle burocrático no es relleno. Es casi el corazón del caso. Una hora concreta, una instrucción no ejecutada o un parte que no sube de nivel pueden marcar la diferencia entre una negligencia administrativa grave y una tragedia descrita como accidente.
La Policía Nacional ya ha recogido pruebas sobre el terreno y el Tribunal de Instancia de Santander ha abierto diligencias. También se incorporarán a la causa los informes internos que vayan elaborando las administraciones implicadas. El Ayuntamiento ya ha dicho que pondrá su documentación a disposición del juzgado. El Ministerio hará lo propio. Y ahí aparecerán previsiblemente convenios, planos, expedientes de obra, comunicaciones sobre el mantenimiento, protocolos de emergencia y la trazabilidad del aviso lanzado por Fernando Cabellos. La investigación tendrá que ordenar, con precisión casi de relojero, las horas que van desde la llamada del lunes hasta el desplome del martes.
En paralelo, la discusión pública se ha ido endureciendo. Porque ya no basta con decir que el caso está judicializado y que habrá que esperar. Hay datos conocidos que pesan mucho por sí solos. El aviso previo existió. Se trasladó a la Policía Local. La estructura no estaba clausurada cuando ocurrió el accidente. Otras pasarelas similares fueron precintadas después. Y la propia administración central ha hablado de corresponsabilidad. Con ese material encima de la mesa, lo que está en juego no es solo depurar culpas formales. También lo está la credibilidad de una respuesta pública que, por ahora, deja una sensación muy amarga de lentitud, desorden y defensa corporativa.
El hueco entre el aviso y la tragedia
Santander y Cantabria siguen intentando encajar una noticia que tiene varias capas de dolor a la vez. Está la capa más brutal, la de las cinco muertes de jóvenes de entre 19 y 22 años. Está la angustia de la búsqueda de la desaparecida. Está la incertidumbre sobre la evolución de la estudiante ingresada en Valdecilla. Y está, además, la capa política y judicial, que es la que va a alargar el caso durante meses porque remite a algo mucho más serio que una desgracia puntual: la posibilidad de que la tragedia fuera evitable.
La alcaldesa Gema Igual ha decretado luto y ha pedido transparencia. La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, se ha sumado a ese luto oficial y ha suspendido agenda institucional. El secretario de Estado Hugo Morán ha asumido que la seguridad en ese entorno concernía a varias administraciones. Todo eso forma parte de la respuesta institucional, pero ninguna de esas declaraciones borra el centro del caso. Un vecino detectó un peligro real, llamó a emergencias, el aviso circuló por los canales públicos y, aun así, la pasarela siguió abierta hasta que se desplomó.
Ese es el hueco exacto que ahora examina la investigación y que, en términos públicos, resulta insoportable. No falló un único tornillo. Falló, al menos de momento, algo más profundo: la capacidad de convertir una alerta comprensible, directa y urgente en una reacción del mismo calibre. Cuando las administraciones discutan sobre convenios de 2004, recepciones de obra, competencias de Costas o mantenimiento municipal, el caso volverá una y otra vez a esa escena mínima y decisiva. Fernando Cabellos nota que el suelo se mueve, vuelve a casa, llama para evitar una desgracia y al día siguiente, en esa misma pasarela, mueren cinco jóvenes. Lo que falta por aclarar es enorme. Lo que ya se sabe basta para entender por qué Santander no habla solo de accidente, sino de una cadena de fallos que pide explicaciones completas y rápidas.












