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Naturaleza

Glaciares y litio: el giro de Milei reabre el debate ambiental

La reforma glaciar reabre el pulso entre inversión minera, protección del agua y decisiones provinciales.

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naturaleza argentina en peligro por Milei

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares y modificar los límites que hoy impiden la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en ambientes glaciares y periglaciares. La iniciativa propone dar más peso a las provincias a la hora de evaluar los efectos de cada actividad, una decisión que puede cambiar quién determina qué zonas quedan protegidas y cuáles podrían habilitarse para proyectos extractivos. La reforma todavía es una propuesta legislativa: no equivale a una autorización automática para operar junto a los hielos.

El alcance del debate va más allá de la minería. Los glaciares y las áreas que los rodean forman parte de reservas de agua de montaña, mientras que el litio y el cobre ocupan un lugar central en la estrategia económica del Gobierno. En ese cruce se enfrentan dos prioridades: atraer inversiones y ampliar la producción, por un lado, y evitar que la actividad comprometa fuentes de agua y ecosistemas, por otro. La pregunta de fondo es qué protección debe prevalecer cuando esos intereses chocan.

Qué modificaría el proyecto sobre los glaciares

La Ley 26.639, aprobada en 2010, establece presupuestos mínimos para proteger los glaciares y el ambiente periglacial en todo el país. Entre sus restricciones figura la prohibición de realizar actividades mineras e hidrocarburíferas en esas áreas. El proyecto de Milei apunta a cambiar ese marco y a trasladar a las autoridades provinciales una función más amplia en la evaluación del impacto ambiental de las actividades, apoyándose también en la información del Inventario Nacional de Glaciares. El cambio propuesto no consiste solo en revisar un mapa, sino en alterar el modo de decidir qué ambiente merece protección.

En la presentación oficial, el Ejecutivo sostiene que la reforma conservaría los glaciares con una función hídrica efectiva y que reforzaría la capacidad técnica de las provincias. También argumenta que la norma vigente deja margen a decisiones discrecionales y que una regulación más clara facilitaría el desarrollo productivo. Esas afirmaciones expresan la justificación del Gobierno, no el resultado comprobado de la iniciativa: su efecto dependerá del texto que apruebe el Congreso y de cómo se aplique después en cada territorio. La distinción entre el objetivo anunciado y las consecuencias posibles importa, porque el proyecto aún debe atravesar el debate legislativo.

El Ejecutivo vincula la reforma con las demandas de provincias productoras de litio, como Catamarca, Jujuy y Salta, y de cobre, como Mendoza y San Juan. La propuesta se inserta así en una discusión federal: las provincias buscan impulsar recursos situados en sus territorios, mientras la ley nacional fija una base común de protección ambiental. Dar mayor capacidad de evaluación a los gobiernos provinciales puede acercar las decisiones a quienes conocen el terreno, pero también plantea cómo asegurar criterios consistentes entre jurisdicciones. La cuestión no es únicamente quién autoriza, sino con qué información y bajo qué límites.

Por qué el hielo importa aunque no esté junto a una ciudad

Un glaciar no es solo una masa blanca visible en una montaña. El hielo almacena agua y su deshielo participa en el funcionamiento de las cuencas, sobre todo en regiones donde las precipitaciones y los caudales varían. El ambiente periglacial, por su parte, comprende zonas frías vinculadas a esos paisajes, aunque no estén cubiertas por un glaciar de la misma manera. Por eso, los cambios en la protección pueden afectar áreas cuya relevancia hídrica no resulta evidente a simple vista. El valor de estos ambientes depende también de cómo se conectan con el agua que circula aguas abajo.

El inventario oficial elaborado entre 2011 y 2018 contabilizó 16.968 cuerpos de hielo en Argentina: 16.078 en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico Sur. En conjunto ocupan 8.484 kilómetros cuadrados. El registro se encuentra en proceso de actualización, de modo que esas cifras describen el relevamiento disponible y no deben confundirse con una fotografía definitiva de las condiciones actuales. La amplitud del inventario muestra que la protección afecta a un territorio extenso y diverso, no a un puñado de glaciares famosos.

El cambio climático añade otra presión. En un informe presentado en diciembre de 2024 ante la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Argentina reconoció el retroceso de casi todos los glaciares patagónicos de los Andes durante las últimas décadas. De los 50 principales del Campo de Hielo Patagónico Sur, 48 registraron una disminución creciente. Ese deterioro no demuestra por sí mismo qué efecto tendría una mina concreta, pero sí describe un sistema que ya afronta una pérdida de hielo. La protección legal se discute, por tanto, sobre ecosistemas sometidos a una presión previa.

La expansión minera y el lugar del litio

La reforma se entiende mejor dentro del impulso que el Gobierno busca dar a la minería. El litio se concentra en salares andinos de Catamarca, Salta y Jujuy, y su demanda se ha visto alimentada por la expansión de las baterías destinadas a dispositivos digitales y vehículos eléctricos. Argentina es un actor relevante en esa actividad y pretende ampliar su producción con inversiones nacionales y extranjeras. El cobre, por su parte, también figura entre los recursos que las provincias quieren desarrollar. La presión sobre las reglas ambientales acompaña una apuesta económica por extraer más materias primas.

La discusión no empezó con Milei. Antes de su llegada al poder, Argentina ya mantenía un marco favorable a la inversión extranjera en minería, según los especialistas citados en el material de referencia. Sin embargo, el nuevo Gobierno ha impulsado reformas con el propósito declarado de facilitar inversiones y reducir obstáculos regulatorios. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones forma parte de esa agenda, al igual que cambios en las reglas sobre tierras. La Ley Ómnibus inicial también incluyó intentos de derogar normas de protección de bosques y glaciares, aunque esas propuestas se retiraron tras las críticas y la presión política. El recorrido legislativo revela avances, retrocesos y negociaciones, no una transformación ambiental consumada de una sola vez.

La escala de los proyectos ayuda a explicar por qué las reglas importan. Un informe gubernamental de 2016 identificó 44 proyectos mineros, de un total de 77, en ambiente periglacial. Desde entonces, según la información disponible, no se publicaron nuevos datos oficiales equivalentes. El sector creció con rapidez: el número de proyectos mineros en el país pasó de 160 a 325 en los tres años señalados por el artículo de referencia. No se puede deducir de esas cifras cuántos afectan hoy zonas protegidas, pero sí muestran que la actividad se expandió mientras falta una actualización pública comparable sobre su ubicación. La ausencia de datos recientes deja un vacío en una discusión que depende de conocer cada proyecto y cada cuenca.

También existe una dimensión social. En el Salar del Hombre Muerto, comunidades indígenas han denunciado efectos de la minería sobre el agua, los ecosistemas y sus formas de vida. Tras años de reclamos, un tribunal suspendió la concesión de nuevos permisos de extracción en la zona, según el material consultado. En Jujuy, la habilitación de nuevas áreas mineras dentro de una reforma constitucional provincial provocó protestas de comunidades indígenas, que denunciaron falta de participación y una respuesta represiva. El conflicto no se reduce a la relación entre una empresa y una norma: alcanza a quienes habitan los territorios afectados.

El agua como límite y como argumento político

El Gobierno presenta la reforma como una forma de proteger los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva y de actualizar la aplicación de la ley mediante el inventario nacional. Sus críticos temen que una definición más estrecha de qué hielo cumple esa función deje fuera zonas que también intervienen en el equilibrio de las cuencas. La diferencia puede parecer técnica, pero tiene consecuencias prácticas: determina qué áreas quedan sujetas a la prohibición y cuáles podrían ser evaluadas para actividades económicas. El núcleo del desacuerdo está en cómo se define la relevancia hídrica y quién tiene autoridad para hacerlo.

La minería puede alterar el terreno y requiere gestionar agua, residuos e infraestructura. La intensidad y el tipo de impacto dependen del proyecto, de su ubicación y de las condiciones locales; por eso, no basta con afirmar que toda actividad producirá el mismo daño ni con suponer que una evaluación provincial resolverá cualquier riesgo. La evaluación ambiental debe considerar la conexión entre las zonas de trabajo, las fuentes de agua y las comunidades que dependen de ellas. Un permiso aislado puede tener efectos que no se ven dentro del perímetro de una concesión.

La Corte Suprema ratificó en 2019 la constitucionalidad de la Ley de Glaciares y sostuvo que estos y el ambiente periglacial son bienes de carácter público. En situaciones de conflicto, señaló que los derechos colectivos, incluido el acceso al agua, pueden prevalecer sobre intereses individuales. Ese antecedente no resuelve de antemano el destino del nuevo proyecto, pero fija un marco importante: la discusión no se limita a la conveniencia económica de cada explotación, sino que debe considerar derechos compartidos y responsabilidades públicas. La protección del agua cuenta con un respaldo jurídico que el debate legislativo no puede ignorar.

La disputa entre Nación y provincias tampoco se resuelve automáticamente invocando el federalismo. Las autoridades locales pueden aportar conocimiento directo sobre el territorio, pero una protección mínima nacional busca impedir que el nivel de resguardo dependa por completo del lugar donde se encuentre un recurso. Si cada provincia aplica criterios muy distintos, la misma clase de ambiente podría recibir tratamientos diferentes. Si, en cambio, las reglas nacionales son demasiado generales, pueden no atender las particularidades de cada cuenca. El reto institucional consiste en combinar conocimiento local con garantías comunes.

La presión ambiental no se limita a los glaciares

La agenda extractiva y desreguladora tiene otros frentes. En 2024, legisladores de la provincia del Chaco aprobaron una nueva zonificación de los bosques nativos que, según las denuncias recogidas en la información de referencia, redujo la protección de amplias superficies y abrió la puerta a desmontes. El proceso fue cuestionado por no haber incorporado adecuadamente la participación de pueblos indígenas. La provincia forma parte del Gran Chaco, una región de bosque seco que se extiende por varios países sudamericanos y alberga una biodiversidad amplia. El debate sobre la naturaleza argentina incluye ecosistemas distintos, desde la alta montaña hasta el monte chaqueño.

En ese bosque viven especies amenazadas, entre ellas el yaguareté, y comunidades indígenas cuyo modo de vida está estrechamente ligado al territorio. La modificación de una zonificación puede facilitar actividades agropecuarias o forestales en zonas antes más restringidas; el efecto concreto depende de cómo se aplique la norma y de los controles disponibles. La protección formal, por sí sola, tampoco garantiza que no haya desmontes ilegales. La distancia entre lo que permite una ley y lo que ocurre en el terreno depende también de la vigilancia y la capacidad estatal.

El antecedente de los bosques ayuda a entender por qué el proyecto glaciar despierta preocupación incluso antes de que se vote. En el primer paquete legislativo del Gobierno hubo intentos de modificar o eliminar normas ambientales que finalmente no prosperaron en esos términos. Para organizaciones ambientales, esos movimientos forman parte de una orientación que prioriza la inversión y la producción; el Ejecutivo, en cambio, sostiene que busca reglas claras y crecimiento económico. Ambas lecturas describen intereses distintos, pero el resultado debe medirse en decisiones concretas: qué protección se conserva, qué se modifica y qué mecanismos de control permanecen. La trayectoria de una reforma puede ser tan reveladora como su anuncio.

Lo que está en juego antes de una decisión definitiva

La iniciativa sobre glaciares debe ser tratada como una propuesta en discusión, no como una ley ya reformada. Su aprobación, el contenido final y la reglamentación determinarán si cambia efectivamente el mapa de las actividades permitidas. También será relevante cómo se actualice el inventario, qué criterios se usen para identificar la función hídrica de cada ambiente y qué participación tengan las comunidades locales. Sin esos detalles, no es posible afirmar que toda actividad minera vaya a quedar permitida ni que la protección actual vaya a mantenerse intacta.

La discusión tiene además una tensión que suele quedar fuera de los anuncios económicos: la estabilidad de los proyectos depende de su aceptación social y de la seguridad jurídica. El caso del Salar del Hombre Muerto muestra que la oposición local puede acabar en los tribunales y frenar nuevas autorizaciones. Ignorar las preocupaciones de las comunidades no elimina el conflicto; puede trasladarlo al ámbito judicial y prolongar la incertidumbre para todos los implicados. La participación social no es un añadido decorativo cuando las decisiones afectan al agua y al territorio.

Argentina busca convertir sus recursos minerales en una fuente de inversión y crecimiento, mientras sus glaciares retroceden y sus bosques afrontan presiones de distintos sectores productivos. El proyecto de Milei pone en primer plano la disputa por el alcance de las protecciones ambientales y el peso de las provincias en su aplicación. La respuesta no dependerá solo de una votación: también de la calidad de la información, la transparencia de las evaluaciones y la capacidad de hacer cumplir las reglas. El equilibrio entre desarrollo y conservación se decide en cada territorio, pero sus consecuencias pueden llegar mucho más lejos.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.