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¿Por qué Mahmud Abás abre la puerta política a Hamás?
El presidente palestino asegura que Hamás no gobernará Gaza tras la guerra, pero admite que, si acepta el principio de los dos Estados, renuncia a las armas y respeta la legitimidad internacional y el programa de la OLP.

Foto de Simon Walker vía Wikimedia Commons , licencia CC BY 2.0
Mahmud Abás perfila el plan para Gaza: Hamás fuera del poder; será partido si acepta dos Estados y desarme, fuerza de paz y urnas en un año.
En París, Mahmud Abás (Abu Mazen) ha trazado una línea nítida y, a la vez, ha dejado una puerta entreabierta. El presidente palestino asegura que Hamás no gobernará Gaza tras la guerra, pero admite que, si acepta el principio de los dos Estados, renuncia a las armas y respeta la legitimidad internacional y el programa de la OLP, podría transformarse en un partido político integrado en un sistema plural y no militarizado. El planteamiento llega el 11 de noviembre de 2025 en una entrevista con Le Figaro, durante su visita oficial a Francia y su encuentro con Emmanuel Macron en el Elíseo.
La propuesta incluye piezas concretas para consolidar el alto el fuego vigente en Gaza: retirada gradual de fuerzas israelíes, despliegue de fuerzas de seguridad palestinas previamente entrenadas y presencia de una fuerza internacional de estabilización con mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. En paralelo, Ramala ultima una Constitución de transición y promete elecciones presidenciales y legislativas en el año posterior al fin de la guerra. Hamás, mientras tanto, quedaría fuera del Gobierno de la Franja y solo podría competir en política si asume por escrito y sin ambigüedades las obligaciones internacionales del futuro Estado de Palestina. Es un marco rígido, pensado para pasar de la lógica del fusil a la institucional, con reglas verificables.
Qué propone exactamente Mahmud Abás
Abás articula su mensaje en cuatro planos que se sostienen entre sí. Primero, excluye a Hamás de cualquier función ejecutiva en Gaza en el corto plazo. No habrá reparto de consejerías ni un esquema de cogobierno en la posguerra. Lo califica como condición de partida, no un punto negociable. Segundo, establece criterios habilitantes para que, a medio plazo, Hamás pueda participar como formación civil: desarme completo, aceptación explícita de la solución de dos Estados y adhesión al programa de la OLP, que incluye el rechazo de la violencia y la transferencia pacífica del poder. Tercero, encaja esa posibilidad en un marco jurídico nuevo, una Constitución de transición que está “en fase final” y que fijará las reglas para partidos y candidatos, con cláusulas que blindan el principio de “un Estado, una ley y un arma legítima”. Cuarto, vincula todo a un calendario electoral: urnas en el plazo de doce meses desde que concluyan las hostilidades, con observación internacional.
El énfasis no es menor: “Hamás no gobernará Gaza”, repite, pero no decreta la proscripción absoluta. Se trata de encauzar la organización hacia un terreno estrictamente político y civil, sin milicias, con financiamiento transparente y sometida al escrutinio público. Para ello, Abás invoca un acuerdo interpalestino que deberá ser respaldado por mediadores regionales y por socios internacionales. Sobre ese consenso, y no solo con operaciones militares, debe desarrollarse el proceso de desarme, que el presidente considera “complejo” y de naturaleza política y de seguridad a partes iguales.
El clímax del anuncio llega con una pieza poco habitual en la conversación sobre Gaza: la fuerza internacional de estabilización. No es un eufemismo. Se negocia en el Consejo de Seguridad su composición, su mandato y su coordinación con las fuerzas palestinas. La misión actuaría como paraguas de seguridad temporal para el “día después”, apoyaría el despliegue de unidades palestinas y custodiaría infraestructuras críticas. El objetivo es crear un entorno estable que permita gobernanza civil, reconstrucción y un proceso electoral sin coacciones.
Condiciones impuestas a Hamás: desarme, dos Estados y reglas comunes
El desarme no se plantea como una foto instantánea, sino como secuencia verificada. En la práctica, incluiría la entrega y destrucción controlada de arsenales, el cese de la fabricación de cohetes y el desmantelamiento del aparato militar clandestino, con inspecciones conjuntas y supervisión externa. Abás recalca que no basta la fuerza para lograrlo; se necesita un acuerdo político que fije incentivos y sanciones, y una arquitectura de seguridad que haga irreversible el tránsito de milicia a actor civil. Aquí aparece un elemento de presión: sin desarme, no habría elegibilidad para competir en las urnas bajo la nueva Carta.
La segunda condición, aceptar la solución de dos Estados, no es retórica. Significa reconocer a Israel y asumir la legitimidad internacional acumulada en resoluciones, acuerdos y marcos de paz previos. Traducido a la letra pequeña: renunciar a la violencia como método, respetar fronteras y competencias, y someterse a un orden constitucional donde solo el arma del Estado sea legítima. La fórmula, sencilla de enunciar y difícil de ejecutar, busca mover a Hamás desde un ideario insurgente hacia la contienda programática propia de cualquier partido.
La tercera exigencia es la adhesión al programa de la OLP, que en la práctica constituye el paraguas político del futuro Estado de Palestina. Aquí se incluye el respeto a tratados y obligaciones internacionales, la transparencia financiera y la rendición de cuentas. También se exige internalizar las reglas democráticas básicas: competir, perder o ganar y facilitar la alternancia. Nada de estructuras dobles de poder. Nada de “ala política” con brazo armado en paralelo.
La nueva Constitución de transición como llave de paso
La Constitución de transición se perfila como el filtro decisivo. Regulará la acreditación de partidos, establecerá requisitos para candidaturas y marcará límites a la financiación y a la organización interna, con énfasis en la democracia interna y la no violencia. Abás adelanta que solo participarán en el proceso quienes cumplan esas reglas. Entre las cláusulas que ya se discuten figuran la prohibición de milicias adscritas a formaciones políticas, la obligatoriedad de auditorías y la posibilidad de suspender a un partido si incita a la violencia o mantiene vínculos armados.
El texto constitucional servirá además para reordenar competencias entre la Presidencia, el Gobierno y el Parlamento, y para dar seguridad jurídica a todas las decisiones del período transitorio: desde contratos de reconstrucción hasta reformas en seguridad y administración. También fijará el calendario y las reglas electorales, con observación externa y una autoridad electoral renovada, cuyos integrantes deberán cumplir estándares de independencia y capacidad técnica.
Seguridad y “día después” en Gaza: retiro escalonado y paraguas internacional
El escenario de seguridad que plantea Abás tiene tres plazos. En el corto, retirada escalonada de fuerzas israelíes de áreas previamente estabilizadas. Esta retirada estaría condicionada a que las fuerzas palestinas asuman la custodia del territorio y a la presencia de la misión internacional. En el medio, consolidación de controles fronterizos, protección de corredores humanitarios y custodia de infraestructuras —agua, energía, hospitales— para evitar que queden expuestas a sabotajes. En el largo, transferencia completa de la seguridad interna a la policía y gendarmería palestinas, con apoyo técnico y formación sostenida.
Ese pilar de formación no parte de cero. Abás subraya que unidades palestinas han sido entrenadas en Egipto y Jordania, con módulos de control de disturbios, investigación criminal, gestión de fronteras y cooperación antiterrorista. La fuerza internacional de estabilización —cuyo diseño se negocia en la ONU— funcionaría como multiplicador de capacidades: no reemplaza a las fuerzas palestinas, sino que acompaña y garantiza que no existan vacíos de poder.
La clave operativa será un mando claro y reglas de coordinación conocidas por todas las partes. En territorio tan densamente poblado, cualquier ambigüedad dispara el riesgo de incidentes. De ahí que los negociadores trabajen en un mandato detallado para la misión, con mecanismos de verificación del alto el fuego, protocolos de uso de la fuerza y canales directos con las autoridades civiles palestinas. El éxito del dispositivo no se medirá solo por la ausencia de violencia, sino por la capacidad de abrir espacio político: que escuelas y hospitales funcionen, que las obras de reconstrucción arranquen, que los servicios municipales retomen su rutina.
Calendario de urnas y reforma institucional en Ramala
La promesa de elecciones en el año siguiente al fin de la guerra pretende responder a un reproche recurrente contra la Autoridad Palestina: el agotamiento de su legitimidad. Abás ofrece plazos y metodología. Plazos: doce meses desde el cese de hostilidades, con una ventana para completar la Constitución de transición y actualizar la legislación electoral. Metodología: observación de organismos internacionales, registro limpio de votantes, campaña con garantías y acceso equitativo a medios. El paquete promete renovar el liderazgo y, sobre todo, unificar la representación de un pueblo que lleva años fracturado institucionalmente.
La reforma que acompaña a ese calendario abarca seguridad, finanzas públicas y administración. En seguridad, el eje es la unificación de cadenas de mando y la desmilitarización de facciones. En finanzas, presupuestos auditados, control del gasto y prioridad para servicios básicos y reconstrucción. En administración, profesionalización del funcionariado, digitalización de trámites y mecanismos de anticorrupción. Son piezas que, por sí solas, no resuelven el conflicto; pero, sin ellas, cualquier proceso de normalización se vuelve frágil.
En ese marco, Hamás solo tendría un carril: el político. Si cumple las condiciones y se acredita como partido, podrá presentar listas y pactar como cualquiera. Si se niega, quedará fuera del sistema institucional que Ramala quiere desplegar en Gaza y en el conjunto del territorio bajo su autoridad. No habrá atajos: ni cuotas, ni dobles poderes.
Francia en el tablero: reconocimiento, Elíseo y cooperación judicial
El contexto francés no es un decorado. Emmanuel Macron reconoció el 22 de septiembre el Estado palestino en un discurso ante la Asamblea General de la ONU y desde entonces París empuja una salida multilateral para Gaza. La visita de Abás al Palacio del Elíseo y su entrevista con Le Figaro consolidan esa sintonía. Francia busca sumar apoyos europeos y árabes a la fuerza internacional de estabilización y a la hoja de ruta de reformas en la Autoridad Palestina. Se trata de atar diplomacia, seguridad y reconstrucción en un solo paquete, con condicionalidades claras.
En ese mismo viaje, Abás anunció la extradición a Francia de Hicham Harb, detenido en septiembre en Cisjordania y acusado de haber sido el cerebro del atentado antisemita de 1982 en la calle des Rosiers, en París, que dejó seis muertos. El Estado de Palestina —dijo— ha aceptado la entrega y solo faltan “detalles técnicos”. La cooperación judicial tiene una lectura doméstica y otra externa. Doméstica, porque subraya la voluntad de reforzar el Estado de derecho y colaborar con investigaciones sensibles. Externa, porque fortalece la confianza de socios europeos en la capacidad de Ramala para asumir responsabilidades en seguridad y justicia.
El anuncio sobre Harb dialoga con la promesa de desarme en Gaza. Transmite un mensaje de coherencia: el futuro Estado palestino quiere instituciones que respondan a patrones internacionales, desde la persecución de delitos hasta el control de armas. En la diplomacia estas señales pesan. Alimentan la percepción de que la transición que dibuja Abás no es solo retórica, sino operativa.
Reacciones y resistencias: Israel, Estados Unidos y el entorno árabe
Ninguna hoja de ruta sobre Gaza puede ignorar el factor Israel. El Gobierno israelí ha rechazado de forma insistente cualquier retorno empoderado de la Autoridad Palestina a la Franja si no hay garantías plenas de seguridad. El desarme gradual que plantea Abás puede chocar con quienes defienden neutralizar por completo y sin plazos a Hamás antes de cualquier transferencia. La retirada escalonada de tropas, además, exige coordinación fina para evitar vacíos que puedan explotar grupos residuales o actores externos.
En Estados Unidos, el debate se mueve entre el apoyo a un alto el fuego sostenible y la necesidad de una arquitectura de seguridad que no se quiebre a la primera crisis. Washington evalúa con detalle el mandato de cualquier misión multinacional y sus reglas de coordinación con Israel y con las fuerzas palestinas. En el campo árabe, Egipto y Jordania se han implicado en la formación de personal palestino y en el diseño de protocolos de seguridad; Estados del Golfo han mostrado disponibilidad financiera para la reconstrucción, aunque condicionada a un marco político claro y a controles de gasto.
El bloque de resistencias internas tampoco es menor. Hamás deberá decidir entre disolverse como estructura armada —integrando cuadros en la vida civil— o permanecer como milicia, con el coste de quedar fuera de las instituciones y aislada internacionalmente. La calle palestina, por su parte, exige cambios visibles en la Autoridad Palestina: menos corrupción, más servicios y representación real. Abás ha puesto su nombre y su capital político al frente de un plan que será evaluado por hechos en semanas y meses, no en años.
La letra pequeña del alto el fuego y el papel de la ONU
El alto el fuego actual, basado en un plan estadounidense, se sostiene, pero no está blindado. Para perdurar, Abás insiste en atacar las causas del conflicto: el fin de la ocupación y el ejercicio efectivo de la autoridad palestina en Gaza. Aquí la ONU es clave. No solo por el mandato a la misión de estabilización, también por el seguimiento de derechos humanos, la coordinación humanitaria y la movilización de financiación internacional. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad funcionan como termómetro de apoyos, pero el termómetro por sí solo no baja la fiebre: hacen falta recursos y voluntad política.
En paralelo, las agencias sobre el terreno deberán reprogramar su papel a medida que instituciones palestinas retomen competencias. La policía y los servicios civiles necesitan infraestructura y salarios, y los vecindarios requieren reparaciones inmediatas. La reconstrucción de viviendas, la gestión de residuos, el restablecimiento de líneas eléctricas y redes de agua marcarán la percepción social de la transición. Por eso Abás quiere atar seguridad y gestión en un único paquete, con condiciones y metas auditables.
De milicia a política: la ventana que se abre
El itinerario que plantea Mahmud Abás es exigente y no garantiza el éxito, pero ordena el día después con mojones verificables: alto el fuego vivo, misión internacional en negociación, fuerzas palestinas entrenadas, Constitución de transición en fase final y elecciones comprometidas en un plazo concreto. Para Hamás, la disyuntiva es clara: convertirse en partido —con todos los costes de abandonar el brazo armado— o quedar fuera del sistema. Para Gaza, la promesa es seguridad bajo autoridad civil, reconstrucción con control público y una vida institucional que no dependa de milicias.
La novedad de París —con Abás frente a Emmanuel Macron, 11 de noviembre de 2025— no está en la retórica, sino en cómo se enlazan condiciones, seguridad, reformas y urnas. Si los socios cierran filas y la ONU activa el paraguas adecuado, el plan tiene recorrido. No evita fricciones ni spoilers, y habrá días malos. Pero abre una ventana concreta: transformar la fuerza de una milicia en capital político sometido a la ley y a la rendición de cuentas. Ese, al final, es el salto cualitativo que separa el conflicto armado de una disputa política con reglas conocidas. Y hoy, al menos sobre el papel, esa puerta está entreabierta.












