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¿Qué piden las madres de presos políticos de Venezuela?

Madres y familiares marchan hasta la Nunciatura en Caracas para exigir al Vaticano presión, liberaciones y justicia por los presos políticos.
En Caracas no se ha convocado una manifestación cualquiera, ni una marcha de partido, ni una liturgia vacía de esas que a veces parecen diseñadas para la foto y se evaporan al día siguiente. Madres, familiares, amigos y activistas de derechos humanos han llamado a una procesión silenciosa este viernes 27 de marzo, con salida a las 11.00 horas desde las inmediaciones de Plaza Venezuela y llegada a la Nunciatura Apostólica, en la avenida La Salle, para pedir a la Iglesia venezolana que actúe como intermediaria ante el Vaticano y empuje la liberación de los presos políticos en el país. La imagen prevista ya lo dice casi todo: velas, fotografías, silencio, duelo y exigencia de justicia.
Eso significa, dicho sin rodeos y sin el italianismo del teletipo, que las madres de los presos políticos venezolanos no están reclamando un gesto retórico ni una compasión abstracta. Piden excarcelaciones, garantías, visibilidad y presión moral internacional. Piden que la Iglesia no se limite a acompañar desde la distancia, sino que denuncie, interceda y mantenga el foco sobre una realidad que en Venezuela lleva demasiado tiempo atrapada entre cifras, opacidad y versiones oficiales incompletas. El mensaje central de la convocatoria resume bien el fondo del asunto: no hablan de números, hablan de vidas.
Quién está detrás de la marcha hacia la Nunciatura
La movilización está impulsada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, conocido como Clippve, una plataforma que en los últimos meses ha articulado buena parte de las protestas, denuncias públicas y acciones de apoyo a familiares de detenidos por razones políticas. No se trata de una etiqueta ornamental. Clippve ha ido apareciendo una y otra vez en la calle, frente a ministerios, tribunales, cárceles y ahora ante la representación de la Santa Sede, con una insistencia casi física, agotada pero obstinada. En torno a ese comité orbitan madres, esposas, hermanas, padres, amigos y defensores de derechos humanos que llevan semanas, y en algunos casos meses, sosteniendo vigilias, colectas y concentraciones para impedir que los detenidos desaparezcan también del debate público.
Conviene aclarar algo, porque la expresión “madres de presos políticos” tiene un peso simbólico enorme y a la vez puede inducir a error. No describe necesariamente a una asociación única, cerrada y con carné, sino a un sujeto social reconocible: mujeres y familias que han convertido la búsqueda de sus hijos o allegados en una forma de resistencia pública. En América Latina esa escena tiene una fuerza particular. Una madre con la foto de un hijo detenido no ocupa el espacio del dirigente ni del analista; ocupa otro, más difícil de desmontar, más áspero para el poder. No discute una teoría: muestra una ausencia. Por eso la convocatoria insiste en el silencio, en la memoria y en la presencia de retratos. La marcha busca que cada detenido vuelva a tener rostro, nombre y biografía.
La elección de la Nunciatura Apostólica tampoco es casual. La sede representa diplomáticamente a la Santa Sede en Venezuela y hoy está encabezada por monseñor Alberto Ortega Martín, un diplomático español nombrado nuncio para el país en 2024. Llevar la protesta hasta allí equivale a colocar el problema de los presos políticos ante uno de los pocos actores con capacidad de interlocución moral y diplomática dentro y fuera de Venezuela. No es un gesto decorativo. Es una manera de pedir que Roma escuche, que la Iglesia venezolana sostenga su acompañamiento y que el caso no se diluya en el ruido geopolítico o en la rutina del país.
Lo que piden, más allá de una liberación puntual
El núcleo de la exigencia es claro: libertad para los presos políticos. Pero si se mira con algo más de atención, la demanda es bastante más amplia. Las familias no solo reclaman que se abran celdas, también exigen justicia, algo que en este contexto incluye varias cosas a la vez: transparencia sobre quién sigue detenido, información fiable sobre los traslados, fin de la opacidad judicial, respeto al debido proceso, acceso real a la defensa y cese de las prácticas que organizaciones y familiares describen como tratos crueles, torturas o malos tratos. La palabra liberación es el primer escalón; detrás aparece un edificio mucho mayor, hecho de garantías, verdad y reparación.
Hay además un detalle decisivo: estas familias no se conforman con anuncios ambiguos o con balances sueltos. En marzo, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, indicó que su oficina no había recibido una lista oficial de presos políticos liberados y que tampoco había tenido acceso sin restricciones a centros de detención, pese a haberlo solicitado. Ese dato, seco y demoledor, explica buena parte de la desconfianza. En un terreno donde faltan listados completos y sobra opacidad, la exigencia de las madres adquiere otra densidad: no piden solo libertad, piden también certeza documental y control público sobre lo que está ocurriendo.
La forma elegida para la protesta encaja con esa lógica. Caminar en silencio con velas y fotografías no es una decisión estética ni un recurso sentimental fácil. Es, en realidad, una impugnación muy seria del lenguaje burocrático con el que suelen administrarse estas crisis. Frente a los expedientes, las familias exhiben caras. Frente al número redondo, colocan una imagen. Frente al trámite, el duelo. Y frente a la tentación de normalizarlo todo, recuerdan que detrás de cada detenido hay una casa descolocada, un cuerpo que envejece fuera de tiempo y una familia entera viviendo en suspensión.
El mapa real de los presos políticos en Venezuela
La magnitud del problema no se mueve ya en el terreno de la sospecha difusa. Según el balance publicado por Foro Penal con fecha 23 de marzo de 2026, en Venezuela había 503 presos políticos. De ellos, 452 eran hombres y 51 mujeres; 315 civiles y 188 militares; 502 adultos y un adolescente. El mismo recuento hablaba de 166 condenados y 337 sin condena, además de 44 personas con nacionalidad extranjera y tres detenidos cuyo paradero se desconoce. La cifra, vista así, tiene algo de radiografía fría. Leída con calma, retrata otra cosa: un sistema represivo que alcanza perfiles muy distintos y que sigue teniendo un tamaño imposible de despachar como anomalía marginal.
Lo que cuentan esas cifras cuando se leen despacio
Hay varios elementos especialmente reveladores en ese balance. El primero es que el fenómeno no afecta solo a dirigentes visibles de oposición. La presencia de civiles, militares, mujeres, extranjeros y hasta un menor indica una extensión mucho más amplia. El segundo es que la mayoría no tiene condena, lo que sitúa el problema no solo en el encarcelamiento, sino en el uso del proceso penal como castigo en sí mismo. El tercero, quizá el más inquietante, es la existencia de personas cuyo paradero no está claro, un dato que en el contexto venezolano conecta enseguida con las denuncias sobre desapariciones forzadas temporales y ocultamiento de información a los familiares.
Foro Penal añade además otro dato que ensancha la perspectiva: desde 2014 ha registrado 19.060 detenciones por motivos políticos en Venezuela. Junto a eso, la organización señala que ha asistido a más de 14.000 personas excarceladas y que más de 11.000 siguen sometidas arbitrariamente a medidas restrictivas de libertad. Ese contexto explica por qué las familias hablan de una herida prolongada, no de un episodio aislado. El país arrastra desde hace más de una década una mecánica de detención, excarcelación parcial, restricciones posteriores y miedo persistente que ha ido dejando capas sucesivas de desgaste humano y político.
De las vigilias a las denuncias por torturas
La marcha hacia la Nunciatura no aparece en el vacío. Llega después de otras acciones recientes del mismo entorno. El 19 de marzo, familiares de presos políticos se concentraron frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario para denunciar las condiciones de reclusión y exigir respuestas del Estado. En esos días, Clippve también impulsó una recolecta de insumos en la Universidad Central de Venezuela para apoyar a los familiares que permanecen en vigilia a las puertas de distintas cárceles. Según la propia organización, esas familias llevaban entonces 73 días sosteniendo esa espera, entre medicamentos, alimentos, gastos imposibles y una mezcla de desgaste físico, mental, emocional y económico que ya forma parte de la noticia, aunque a menudo quede fuera del titular.
Una de las voces más visibles en ese pulso ha sido Andreína Baduel, integrante de Clippve, que ha denunciado públicamente no solo la situación de los detenidos, sino también el trato a sus allegados. En la protesta de marzo ante el ministerio, Baduel aseguró que los familiares acuden semana tras semana a denunciar trato cruel sin obtener respuesta efectiva. Ya antes había resumido el cansancio acumulado de las familias al hablar de burla, desgaste y determinación de seguir. Esa persistencia da medida del momento: aquí no hay fogonazo, hay resistencia larga. Una, además, sostenida por personas que se han visto obligadas a convertir el acompañamiento familiar en una forma de militancia civil casi diaria.
Las denuncias que han acompañado esas concentraciones son especialmente graves. En una protesta recogida por distintos medios, familiares de presos políticos acusaron a funcionarios de la DGCIM y a estructuras de seguridad del sistema penitenciario de someter a sus parientes a torturas y condiciones infrahumanas. Baduel afirmó que su hermano, Josnar Baduel, preso en Rodeo I, se encontraba en riesgo inminente de muerte por las condiciones sufridas y por antecedentes de tortura. En la misma concentración, Mayra Morales denunció que su hermano, Carlos Fonseca, presentaba signos de desnutrición. También describió escenas de un deterioro físico muy concreto, casi brutal por lo concreto: dientes que se caen, cuerpos debilitados, salud quebrada. Son denuncias de parte, sí; pero son también un retrato insistente de lo que las familias dicen estar viendo.
Ese es el punto exacto en el que la noticia deja de ser solo política y entra de lleno en el terreno de los derechos humanos. Porque una cosa es discutir la naturaleza jurídica o política de una detención, y otra muy distinta es que los familiares hablen de hambre, encapuchamiento, incomunicación, cristal de por medio en las visitas y deterioro físico evidente. Cuando esas denuncias se repiten en distintos lugares y semanas, la marcha ya no se entiende solo como una demanda de libertad. Se entiende como una denuncia contra un sistema de encierro que, según quienes lo padecen alrededor, castiga también a las familias.
La Iglesia venezolana y el papel del Vaticano
La apelación al Vaticano tiene una base inmediata. En febrero de 2026, al término de su 125ª Asamblea Plenaria Ordinaria, los obispos venezolanos reclamaron una reconciliación nacional basada en el respeto a la soberanía popular, la liberación de presos políticos y la atención urgente a la crisis humanitaria. No fue una frase lateral ni una alusión de compromiso. La Conferencia Episcopal Venezolana colocó expresamente el asunto de los presos políticos entre los elementos centrales del momento nacional. Eso explica por qué las familias sienten que acudir a la Nunciatura no es hablarle a una pared. La Iglesia venezolana ya ha dicho públicamente que ese problema existe y que requiere respuesta.
Ahí entra la dimensión vaticana. La Santa Sede conserva en muchos conflictos una capacidad singular: puede moverse en el terreno de la diplomacia, pero también en el de la legitimidad moral, sin quedar reducida del todo a la lógica de bloque contra bloque. En Venezuela, donde la confianza en las instituciones estatales está severamente erosionada, esa doble condición pesa mucho. Monseñor Alberto Ortega Martín, actual nuncio, encarna esa puerta de entrada diplomática. Que además sea español, nacido en Madrid, es un dato biográfico; lo relevante es otra cosa: que representa a una institución a la que las familias aún consideran capaz de interceder, escuchar y presionar con discreción.
La Iglesia, además, ocupa en Venezuela un lugar que va más allá de lo estrictamente religioso. Sigue siendo, para una parte considerable de la sociedad, uno de los pocos espacios con capacidad para nombrar el daño, acompañar a las víctimas y sostener cierta conversación pública cuando otras instancias se agotan o se pliegan. Por eso la convocatoria de Clippve no pide solo una bendición o una fotografía protocolaria. Pide que la Iglesia mantenga su acompañamiento, que siga denunciando el sufrimiento de las víctimas y que utilice su red e influencia para que la situación de los presos políticos no desaparezca del radar internacional. En otras palabras: pide que no se retire del tablero precisamente cuando las familias más la necesitan.
La marcha que intenta romper la costumbre del horror
La escena de Caracas se entiende mejor si se coloca sobre el fondo de la represión postelectoral documentada por organizaciones internacionales. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, distintas entidades han denunciado abusos generalizados, detenciones arbitrarias, acusaciones vagas por delitos como terrorismo o incitación al odio, y episodios de ocultamiento del paradero de los detenidos que, según el derecho internacional, pueden equivaler a desapariciones forzadas. Ese es el paisaje de fondo sobre el que caminan ahora estas madres.
En ese paisaje, la procesión silenciosa tiene una potencia particular porque choca contra la costumbre. Venezuela lleva tantos años conviviendo con crisis superpuestas que existe el riesgo de que incluso lo intolerable se vuelva rutina. La marcha intenta romper precisamente ese mecanismo. No lo hace con una escenografía maximalista, sino con algo más austero y más difícil de neutralizar: una fila de familiares con velas y fotos. Es una protesta sobria, sí, pero también feroz en su sentido. Porque obliga a mirar de frente un hecho que demasiadas veces se difumina entre titulares en serie: aún hay centenares de personas encarceladas por razones políticas y detrás de cada una hay alguien esperando afuera.
También importa entender que no son solo madres, aunque las madres concentren buena parte de la carga simbólica y pública. Alrededor de la marcha aparecen padres, hermanos, parejas, amistades, abogados, activistas. Esa composición explica por qué el movimiento no se reduce a la imagen, potentísima, de la maternidad doliente. Estamos ante una red civil de afectos y resistencia que ha ido organizándose al calor de las detenciones, los traslados, las vigilias en las cárceles y la desinformación oficial. Dicho de otra manera: la cárcel no encierra solo al detenido; desordena una comunidad entera. La procesión hacia la Nunciatura visualiza exactamente eso.
Caracas ante una foto incómoda
Es improbable que una sola marcha resuelva de golpe el destino de los 503 presos políticos que contabiliza Foro Penal. Nadie serio vendería esa fantasía. Pero sería un error medir esta convocatoria solo por su capacidad de producir un resultado inmediato. Su valor está también en otra parte: en devolver centralidad pública a una herida que no se ha cerrado, en obligar a la Iglesia a escuchar el reclamo en su propia puerta, en recordar que las liberaciones parciales no agotan la discusión y en subrayar que sin información clara, sin garantías y sin justicia, cualquier relato de normalización queda, como poco, incompleto.
Al final, la noticia significa algo muy preciso. En la Caracas de marzo de 2026, un grupo de madres, familiares y activistas ha decidido caminar hasta la Nunciatura Apostólica para decir que el problema de los presos políticos sigue abierto, que el silencio oficial no basta, que las excarcelaciones sin transparencia no resuelven el fondo y que la Iglesia todavía tiene un papel que jugar. Piden libertad, sí; pero también verdad, acompañamiento y una presión moral que evite que el dolor se archive. Ahí está la clave. No es una marcha piadosa. Es una acusación civil formulada en voz baja. Y precisamente por eso, por esa sobriedad sin teatro, resulta tan incómoda.












