Qué se sabe de las acusaciones contra Julio Iglesias

Dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias sostienen que sufrieron agresiones sexuales y abusos de poder mientras trabajaban en residencias del cantante en el Caribe. Sus relatos, publicados tras una investigación de tres años de elDiario.es y Univisión Noticias, describen hechos ocurridos en 2021 en Punta Cana, en República Dominicana, y Lyford Cay, en Bahamas. Las acusaciones se refieren a una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta, y forman parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional española. Son testimonios y acusaciones que deben distinguirse de hechos probados judicialmente.

La Fiscalía abrió diligencias preprocesales tras recibir la denuncia, presentada el 5 de enero de 2026 por medio de Women’s Link Worldwide. En ella se señalan presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos, vinculada a acusaciones de trabajo forzado y servidumbre. Esa actuación significa que el Ministerio Público examina la denuncia; no equivale por sí sola a una investigación judicial formal ni a una declaración de culpabilidad. La información publicada permite reconstruir qué relatan las mujeres, qué elementos dice haber contrastado la investigación periodística y qué permanece pendiente de esclarecerse.

Qué relatan las dos antiguas trabajadoras

Una de las mujeres trabajaba en el servicio doméstico y afirma que, al terminar su jornada, recibía llamadas para acudir a la habitación del cantante. Según su versión, aquello derivaba en encuentros sexuales que no consentía, además de agresiones físicas, insultos y humillaciones. La exempleada describió una situación de presión sostenida y dijo sentirse tratada como un objeto. Los episodios que relata habrían ocurrido repetidamente en 2021, cuando ella tenía 22 años y el artista, 77. La frecuencia y la falta de consentimiento son elementos centrales de su acusación.

La segunda denunciante era fisioterapeuta. Sostiene que Julio Iglesias la tocó sin su consentimiento y que también hubo besos forzados, comentarios degradantes y presiones de carácter sexual. Parte de los episodios que describe habrían sucedido en espacios comunes de una propiedad de Punta Cana, como la playa o la piscina, dentro de su jornada de trabajo. La mujer presenta esos gestos no como incidentes aislados, sino como parte de una relación laboral que, según su testimonio, estaba marcada por el control y la intimidación. Su relato es diferente al de la trabajadora doméstica, aunque ambas denuncian conductas sexuales no consentidas.

Las dos mujeres aseguran que su posición como empleadas internas las colocaba en una relación desigual frente al cantante y frente a quienes organizaban el funcionamiento de las casas. Una de ellas describe que otra trabajadora de mayor rango la avisaba para que acudiera a la habitación. La investigación periodística recoge también versiones sobre la presencia o intervención de personal jerárquico en algunos encuentros. Ese aspecto forma parte de los testimonios divulgados y no constituye, por sí mismo, una conclusión de las autoridades. La estructura de mando es relevante porque las denunciantes describen una dependencia que iba más allá de una relación laboral ordinaria.

El contexto de trabajo que describen los testimonios

La investigación de elDiario.es y Univisión Noticias no se limita a las dos acusaciones sexuales. Según los testimonios recogidos, algunas trabajadoras vivían en las propias residencias y describen jornadas extensas, aislamiento y restricciones en su vida cotidiana. Varias antiguas empleadas hablaron de límites sobre el uso del teléfono, la alimentación o las relaciones personales, además de dificultades para disponer de días libres. Otras señalaron que no siempre había contrato escrito y que las libranzas podían retrasarse. Son relatos atribuidos a antiguas trabajadoras, no una descripción acreditada de todas las condiciones de empleo en esas propiedades.

Las mujeres entrevistadas también describen un ambiente jerárquico: por un lado, personal dedicado al servicio doméstico; por otro, profesionales con tareas específicas, como fisioterapeutas, y personas encargadas de gestionar la casa y transmitir órdenes. Según algunos relatos, esas responsables intervenían en la selección del personal y podían llamar a las empleadas para que acudieran a la habitación del cantante. La investigación presenta esa organización como un factor que podía aumentar la dependencia de quienes vivían y trabajaban allí. La posible presión no se analiza solo a partir de un episodio, sino también desde el marco laboral en que habría ocurrido.

Las versiones sobre la contratación apuntan a que, en ciertos casos, se pedían fotografías del rostro y del cuerpo antes de cerrar el acuerdo, y que algunas incorporaciones se pactaban sin una entrevista presencial. Varias mujeres afirmaron que se les planteaban preguntas íntimas sobre su vida sexual, sus parejas o posibles operaciones estéticas; algunas también dijeron que se les pidió mostrar el pecho o que fueron tocadas con el argumento de comprobar el resultado de una cirugía. Esos detalles proceden de los testimonios citados en la investigación, no de una resolución judicial. La selección del personal y las preguntas personales forman parte de la denuncia de un entorno de control.

Una investigación periodística de tres años

ElDiario.es y Univisión Noticias desarrollaron durante tres años la investigación que dio a conocer las acusaciones. En ese periodo contactaron con 15 antiguas trabajadoras y profesionales que habían prestado servicios para Iglesias entre 1990 y 2023 en propiedades de República Dominicana, Bahamas y España. No todas denunciaron agresiones sexuales ni todas describieron las mismas experiencias. Algunas aportaron información sobre la organización del trabajo, las relaciones jerárquicas y el clima en las residencias. El número de personas consultadas amplía el contexto, pero no significa que las 15 respalden cada acusación.

Según los medios que publicaron el reportaje, las dos mujeres que denuncian agresiones sexuales fueron entrevistadas en repetidas ocasiones durante más de un año. La investigación sostiene que sus versiones se mantuvieron estables y que se contrastaron con documentación, entre ella fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados e informes médicos. La existencia de esos materiales y el trabajo de verificación son relevantes para entender cómo se construyó la publicación, aunque no permiten concluir por sí solos que cada hecho denunciado haya quedado probado ante un tribunal. La comprobación periodística y la valoración judicial responden a procesos distintos.

También se recogieron testimonios de otras personas que trabajaron o visitaron las residencias. Algunas coincidieron en describir tensión, control y una estructura laboral rígida; otras aportaron relatos distintos o no respondieron a las consultas. La investigación expone así un conjunto de experiencias que ayudan a situar las acusaciones, pero no convierte automáticamente en testigo directo a cada persona entrevistada. Tampoco todos los documentos mencionados acreditan necesariamente el mismo aspecto de los hechos. El alcance de cada prueba depende de qué demuestra y de cómo se valore en el procedimiento correspondiente.

Qué significa que la Fiscalía haya abierto diligencias

La denuncia fue presentada el 5 de enero de 2026 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por Women’s Link Worldwide en nombre de las dos mujeres. Después, la Fiscalía abrió diligencias preprocesales para examinarla. Ese paso permite al Ministerio Público valorar la información recibida y decidir cómo proceder, pero no debe confundirse con una sentencia ni con una confirmación oficial de que los delitos ocurrieron. La apertura de diligencias indica que la denuncia está siendo analizada, no que las acusaciones hayan sido probadas.

La denuncia incluye presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos, y vincula esta última acusación con posibles situaciones de trabajo forzado y servidumbre. Esas calificaciones forman parte de lo planteado por las denunciantes y de la materia que las autoridades tendrían que examinar. La información disponible en los reportajes no permite afirmar que un juzgado haya dictado una resolución definitiva sobre el fondo del caso. Tampoco permite anticipar qué decisiones adoptará la Fiscalía después de revisar los elementos presentados. La diferencia entre presentar una denuncia y que un tribunal declare probados unos hechos es esencial para informar con rigor.

El caso tiene además una dimensión internacional: los hechos relatados habrían ocurrido en viviendas situadas en República Dominicana y Bahamas, mientras que la denuncia se presentó en España. La información de referencia no detalla cómo se resolverán las cuestiones de competencia ni qué actuaciones concretas podrían realizarse en cada país. Por eso, no cabe dar por sentado que la apertura de diligencias determine ya dónde se juzgarían los hechos o qué jurisdicción sería finalmente competente. La localización de los episodios y la vía procesal son cuestiones distintas que todavía requieren valoración oficial.

La respuesta de Iglesias y las versiones discrepantes

Los medios que publicaron la investigación señalaron que intentaron obtener la versión de Julio Iglesias y de su entorno mediante distintos canales, pero no recibieron respuesta a sus consultas antes de publicar la información. Ese silencio no confirma las acusaciones ni permite extraer una conclusión sobre su veracidad. En una investigación periodística sobre hechos graves, la posibilidad de responder forma parte del contraste informativo, pero corresponde a las autoridades valorar las pruebas y escuchar a las partes dentro del procedimiento que corresponda. La falta de respuesta a los medios no sustituye la posición que pueda presentarse ante la Fiscalía o un tribunal.

Una antigua empleada con responsabilidades en la gestión de la casa rechazó las acusaciones y expresó una valoración favorable del cantante, según la información publicada. Esa versión discrepante debe constar junto a los testimonios de las denunciantes, aunque tampoco resuelve por sí sola lo ocurrido. La existencia de relatos enfrentados es precisamente una de las razones por las que resulta importante atribuir cada afirmación a quien la formula y evitar presentar como hechos acreditados aquello que aún está bajo examen. El contraste público no equivale a una decisión judicial sobre la credibilidad de cada persona.

El debate público también ha mezclado la dimensión judicial con reacciones políticas y discusiones sobre la vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar frente a quienes controlan su empleo y alojamiento. Esa conversación ayuda a explicar por qué el caso ha tenido repercusión, pero no debe desplazar la cuestión principal: qué sucedió, qué elementos pueden acreditarlo y qué responsabilidad, si alguna, determina la justicia. La relevancia social de una denuncia y su resultado legal son planos relacionados, pero no idénticos.

Lo que se sabe y lo que aún está por determinar

Por ahora, la información publicada permite afirmar que dos antiguas trabajadoras han denunciado agresiones sexuales y abusos en el marco de su empleo, que los hechos que relatan se sitúan en 2021 y que los medios documentaron una investigación de tres años con entrevistas y materiales de contraste. También consta que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 5 de enero de 2026 y que se abrieron diligencias preprocesales. Ese es el núcleo verificable del estado conocido del caso.

En cambio, no puede darse por establecido que los episodios ocurrieran exactamente como los describen las denunciantes, ni atribuir responsabilidad penal al cantante sin una resolución de las autoridades. Tampoco hay base en la información disponible para presentar a todas las personas que trabajaron en las residencias como afectadas por las mismas conductas. Mantener esa precisión no resta importancia a los relatos: evita que la cobertura confunda una acusación grave con un hecho ya juzgado. Tomar en serio una denuncia exige informar de su contenido y, al mismo tiempo, respetar la presunción de inocencia.

La investigación periodística ha sacado a la luz testimonios que describen no solo presuntos ataques, sino una relación laboral donde el poder del empleador, el alojamiento y la jerarquía habrían condicionado la posibilidad de negarse o alejarse. La Fiscalía deberá determinar qué recorrido tiene la denuncia y qué elementos pueden sostenerla. Hasta que exista una decisión, el caso permanece abierto en un terreno donde conviven relatos detallados, documentación citada por los periodistas y aspectos todavía sin resolver. La distinción entre lo denunciado, lo investigado y lo probado marcará la comprensión pública de este proceso.