Quién es Jasveen Sangha: podría haber matado a Matthew Perry

Ketamina traicionera, redes clandestinas y Jasveen Sangha apodada “Reina de la Ketamina” vinculada a la muerte de Matthew Perry.

La historia arranca como un rumor de Hollywood y acaba —o casi— en una sala federal, con una mujer apodada “Ketamine Queen”, un actor que todo el mundo conocía y un itinerario de viales, mensajes borrados y fechas que ya están en negro sobre blanco. Jasveen Sangha, 42 años, ha aceptado declararse culpable por varios delitos de tráfico de ketamina, incluido uno clave: distribución que resultó en muerte o lesiones graves. El nombre de Matthew Perry, muerto el 28 de octubre de 2023 con efectos agudos de ketamina registrados por el forense, aparece en esa ecuación por una razón simple y, a la vez, devastadora: la fiscalía dice que la ketamina que le inyectaron aquel día salió de la red de Sangha. No hay poesía aquí. Hay trazabilidad, testimonios y acuerdos de culpabilidad.

La pregunta obvia —¿quién es ella y por qué podría haber matado a Perry?— tiene dos niveles. Uno, biográfico y operativo: de dónde surge esa mujer a la que algunos clientes llamaban “reina” y cómo funcionaba su engranaje. Otro, jurídico y médico: por qué la ley no habla de “asesinato” en sentido estricto y, sin embargo, enlaza suministro con resultado fatal. A partir de ahí, el resto: actores secundarios con nombre y apellido, médicos implicados, un asistente personal que inyectó tres veces aquella tarde, y una cadena que —mirada de frente— combina clínica, calle y negocio.

La mujer detrás del apodo

Sangha no es una sombra. Es estadounidense y británica, vivía en el área de North Hollywood y, según los expedientes, operaba desde una casa utilizada como “stash house”: un lugar para almacenar, empaquetar y distribuir sustancias. La escena —casi doméstica, pero con ventanas oscurecidas— incluye viales de ketamina líquida, ketamina en polvo, MDMA, píldoras falsificadas, bolsas de cocaína y una contadora de dinero. Nada de glamur. Logística pura.

El apodo “Ketamine Queen” no nace de un barrio chismoso, sino del perfil de clientela y del producto estrella. La ketamina, anestésico disociativo con usos médicos muy definidos, se desplazó aquí a un mercado paralelo donde las dosis no las marca un protocolo, sino la demanda. Ese es el puente entre la consulta legítima y la noche que se tuerce.

De la consulta al jacuzzi: la ruta hasta Perry

La fiscalía dibuja una cadena con eslabones concretos. Sangha vendía ketamina a Erik Fleming (55), un intermediario. Fleming la hacía llegar al asistente personal de Perry, Kenneth Iwamasa (60). En octubre de 2023, esa línea movió 51 viales que acabaron —esta es la palabra que repiten los documentos— en manos del asistente. El día de la muerte, Iwamasa inyectó al menos tres dosis al actor.

Ese “tres” no es una cifra literaria ni una exageración de titular; es un dato. Y marca la diferencia. Porque no se discute solo qué se le administró a Perry, sino cuánto y con qué frecuencia en un lapso corto. En términos fisiológicos, la ketamina a dosis altas o repetidas desconecta: puede provocar pérdida de conciencia, depresión respiratoria y —en un contexto con agua caliente y un cuerpo exhausto— un final que todavía duele escribir.

Un rastro de mensajes… y un gesto revelador

Un detalle que siempre llama la atención del lector —y del juez—: tras conocerse la muerte de Perry, Sangha contactó con Fleming por Signal y activó el borrado automático. “Delete all our messages”, le indicó. ¿Es, por sí solo, un delito? No. ¿Pesa a la hora de valorar conciencia de riesgo y voluntad de ocultación? Mucho.

Es el tipo de acción que, en cualquier otra historia, parecería guion. Aquí, simplemente consta.

Qué delitos admite y qué pena enfrenta

El acuerdo de culpabilidad de Sangha incluye mantener un local para delitos de drogas, tres cargos de distribución de ketamina y uno de distribución que resultó en muerte o lesiones graves. Traducido al mapa penal: hasta 20 años por el primero, hasta 10 años por cada uno de los tres de distribución y hasta 15 por el de resultado. Son máximos legales; no significan una suma automática. La sentencia llegará tras la formalización de la declaración, con un cálculo en el que cuentan historial, cooperación, volumen y —sí— daño causado.

Aquí conviene una precisión que evita titulares tramposos: no se le imputa “asesinato” en el sentido clásico; sí se acepta que distribuyó una sustancia peligrosa cuya administración condujo —en el caso Perry— a un desenlace fatal. La ley, cuando aborda opioides o disociativos como la ketamina fuera de protocolo, coloca el foco en el nexo causal. Y ese nexo, a juicio del gobierno y admitido por la acusada, existe.

No fue solo una persona: toda la cadena se ha declarado culpable

La historia se entiende mejor entera. Son cinco acusados en total y los cinco han pactado culpabilidad. Kenneth Iwamasa, el asistente, admitió su papel en una conspiración para distribuir ketamina causando muerte. Erik Fleming aceptó conspiración y distribución que resultó en muerte. El doctor Salvador Plasencia se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina. El doctor Mark Chávez aceptó conspiración para distribuir ketamina. Las fechas de sentencia están fijadas entre septiembre y diciembre de 2025. La última pieza en moverse ha sido, precisamente, Sangha.

Lo que cuenta esa secuencia —más allá del morbo— es que el camino de los viales cruza dos mundos: consulta y calle. Cuando ambos se mezclan sin controles, todo se vuelve borroso: lo que se vende como tratamiento acaba funcionando como mercancía, y la seguridad se degrada en costumbre.

Ketamina: fármaco, terapia y riesgo real

Un recordatorio que quizá parezca obvio, pero que conviene tener a mano: la ketamina es un anestésico disociativo usado en quirófanos y veterinaria. En los últimos años, en manos expertas, ha ganado terreno como opción off-label para depresión resistente y dolor. En ese marco, se monitoriza la dosis, se vigilan constantes, se pauta la frecuencia. Fuera de ahí, cuando aparecen viales por docenas y jeringas sin criterio clínico, el riesgo se dispara.

Perry —y esto está documentado— llevaba años batallando con adicciones y había hablado en público de su recuperación, con vaivenes, pasos adelante y recaídas. La ketamina puede ayudar a ciertas personas en condiciones muy estrictas; mal administrada, mata. Lo humano —y lo trágico— es que los límites que en papel son nítidos, en la vida real se vuelven porosos. Más si hay fama, dinero y un entorno que abre puertas sin hacer demasiadas preguntas.

Fechas clave para entender el caso sin perderse

Hay una línea temporal que ordena la cabeza.

• Octubre de 2023: muere Matthew Perry y el forense registra efectos agudos de ketamina con otras circunstancias que desembocan en ahogamiento.
• Agosto de 2024: se imputa a cinco personas; Iwamasa y Fleming aceptan culpabilidad ese mismo mes.
• Octubre de 2024: el doctor Mark Chávez se declara culpable.
• 23 de julio de 2025: el doctor Salvador Plasencia admite cuatro cargos de distribución.
• 18 de agosto de 2025: Jasveen Sangha comunica que se declarará culpable y cierra el círculo.

Desde ahí, la causa entra en fase de sentencias. No es un calendario frío. Es la cronología de un caso complejo que durante meses pareció un rompecabezas con fichas en mesas distintas. Hoy ya no: todas las piezas —proveedoras, intermediario, asistente— aceptan responsabilidad.

Lo que revelan los números… y lo que no

Los números ayudan a ver la escala: 51 viales vendidos en octubre, decenas de viales incautados en registro, dinero en efectivo, material de empaquetado, dispositivos de vigilancia.

Dicen volumen, constancia, método. Lo que no enseñan es la intimidad del adicto cuando se vuelve cliente, ni el hueco que queda cuando una persona —famosa, sí, pero persona— cree estar controlando y, de repente, se apaga. Ahí entra la parte que no cabe en un inventario.

La pregunta legal que muchos se hacen

“Si no es asesinato, ¿por qué se dice que podría haber matado a Matthew Perry?” Porque el lenguaje común y el lenguaje penal no siempre coinciden.

Un periodista —este— debe sostenerse en la precisión: Sangha no está admitiendo un homicidio doloso; sí está aceptando que distribuyó la sustancia cuya administración terminó en una muerte. Es esa causalidad lo que se penaliza con dureza. Y esa es la razón por la que su nombre aparece indisolublemente pegado al de Perry.

Lo que falta, lo que viene

Quedan dos estaciones. La primera, la formalización de la declaración de culpabilidad ante el juez, un trámite que —aunque pueda sonar rutinario— importa: ahí se admiten hechos con voz alta, sin matices. La segunda, la sentencia, que añadirá un número a una vida. El tribunal valorará cooperación, trayectoria, alcance de la actividad y daño. En el expediente figura, además, un caso mortal anterior (2019) vinculado a la ketamina de su red. No es un pie de página, es contexto.

¿Habrá una pena ejemplar? ¿Se traducirá en protocolos más estrictos para las clínicas que trabajan con ketamina en el ámbito de la salud mental? Las respuestas no llegan con una rueda de prensa. Llegan con sentencias y con cambios regulatorios que —seamos francos— tardan más de lo que quisiéramos. Pero algo ya es obvio: cuando la terapia emergente se convierte en mercado y entra un intermediario con viales por cajas, lo que era tratamiento pasa a ser riesgo.

Una capa incómoda pero necesaria

Detrás de cada titular hay sistemas. El de salud, que amplió el uso de ketamina con beneficios realísimos para algunos pacientes, pero quizá sin controles homogéneos. El penal, que reacciona con castigos severos cuando el suministro sale de ese marco. Y el mediático, que tiende a convertir a una persona en símbolo.

No es sencillo escapar de esas inercias. Lo que sí es posible —y aquí este texto toma partido— es nombrar la responsabilidad individual de quienes vendieron, intermediaron y administraron; y también la responsabilidad colectiva de un ecosistema que abrió puertas donde debían existir candados.

Por qué esta historia importa, incluso si Friends no fue lo tuyo

Importa porque separa lo que muchas veces confundimos: salud mental y mercado de sustancias no son lo mismo, aunque se toquen. Importa porque explica con claridad por qué Jasveen Sangha —y no un fantasma anónimo— aparece vinculada a la muerte de Matthew Perry: por distribuir el fármaco que, inyectado tres veces ese día, derivó en un desenlace fatal. Importa porque nombra a todos los eslabones que se declararon culpables, desde la proveedora a los médicos y el intermediario, y eso dibuja una cadena real, no una leyenda.

Y, sobre todo, importa porque recuerda algo antipático pero cierto: no hay atajos seguros. La ketamina puede ser herramienta clínica en manos expertas y veneno en un salón con luces bajas. Controlar el suministro salva vidas. Poner límites también. Perry no “murió por ser famoso”; murió en un punto ciego donde la terapia y el tráfico se tocaron. Y hoy sabemos quién vendía, quién llevaba y quién inyectaba. Esa claridad —antes de la sentencia— ya es un paso. Un paso doloroso, sí, pero necesario.