Isabel Perelló contra Sánchez ¿por qué defiende a los jueces?

Isabel Perelló defiende a los jueces ante críticas de Sánchez y baja el ruido: claves del acto, reformas y qué se juega la Justicia ahora ya.

La apertura del año judicial venía subrayada en rojo, con aroma de ceremonia solemne… y con pólvora en el ambiente. Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sabía que cada coma de su discurso iba a leerse como un gesto político. Y, sin embargo, lo pronunció como lo que es: la voz institucional de la Justicia cuando la política hace ruido. No citó nombres propios, ni falta que hacía. Había una frase reciente del presidente del Gobierno —“hay jueces haciendo política”— rebotando en tertulias, editoriales, chats de togados y, por supuesto, en la sala del Supremo. Y había, además, un ingrediente incómodo: un fiscal general procesado defendiendo su presencia en el acto porque «la ley lo dispone». Todo al mismo tiempo, como ocurre en España cuando la temporada política y la judicial arrancan a la par.

La pregunta se impone: ¿por qué Perelló sale a defender a los jueces y planta cara a una narrativa que sugiere que parte de la judicatura juega a otra cosa? Porque le toca —sí—, pero también porque intuye que el desgaste de la confianza pública no se corrige con tecnicismos sino con mensajes claros, sencillos y repetibles. Porque una presidenta del Supremo no puede aparecer alineada con ningún poder político, y menos cuando la casa que dirige vive el periodo más complejo en décadas: reformas en vuelo, nombramientos sensibles, una opinión pública fatigada por casos y contracasos. Y porque la escena —el Rey, el fiscal general, el Gobierno, la cúpula judicial— exigía trazar un perímetro. A la Justicia no se la desacredita. Y punto.

Quién es, qué representa y por qué pisa con pies de plomo

Una magistrada de prestigio que encarna una anomalía: la primera mujer

Perelló no es una recién llegada. Magistrada del Supremo desde 2009, forjada en lo contencioso-administrativo, primera mujer que preside el Alto Tribunal y el CGPJ. Su biografía avanza sin estridencias: juzgados de primera instancia, Audiencia Nacional, estancias en órganos de gobierno de la jurisdicción, reputación de jurista minuciosa, de tono sobrio y mano de redactora fina. Su perfil se identifica con la sensibilidad progresista —por trayectoria y afinidades—, pero su elección se cimentó en un consenso amplio tras la renovación del Consejo. Ese dato, que parece meramente procedimental, la condiciona cada día: tiene que gobernar un órgano partido en dos mitades simétricas, con mayorías reforzadas de tres quintos para los nombramientos clave y con una lupa social que confunde reparto con captura. No es lo mismo.

Un Consejo que volvió a moverse… y sigue atrapado en sus equilibrios

Tras el pacto político que desbloqueó la renovación del CGPJ, el nuevo Consejo recuperó su función de designar cargos en la cúpula judicial. El balance, un año después, es mixto: más de un centenar de nombramientos que han aliviado vacantes enquistadas y, a la vez, batallas internas para completar presidencias decisivas del Supremo. La foto más reciente: el Pleno designó a Andrés Martínez Arrieta al frente de la Sala Segunda (Penal) y a Pablo Lucas en la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo), movimientos que cierran una etapa de interinidades y que llegaron tras pulsos, retiradas de candidaturas y votos que no caían siempre donde se esperaba. Así está el tablero: bloques, fatiga negociadora y necesidad de autoridad. La de Perelló no puede ser una autoridad de reflejo partidista; es, por fuerza, una autoridad de contención.

El choque con Moncloa: de una frase incómoda a un problema serio

Pedro Sánchez no improvisó su sentencia de que “algunos jueces hacen política”. La pronunció con una cadencia fría, para repeler el fuego que rodea a su entorno familiar y cuestionar lo que considera procedimientos “defectuosos”. Añadió matices —que son una minoría, que la mayoría trabaja bien—, pero el mensaje nuclear es el que quedó tatuado en la conversación pública. Si el presidente, con toda su potencia simbólica, sugiere un sesgo político en parte de la Justicia, la consecuencia es evidente: la legitimidad del sistema tiembla. No porque sea perfecto —no lo es—, sino porque está diseñado para que los errores y excesos se corrijan dentro: recursos, órganos de cierre, jueces que revisan a jueces. No fuera, a golpe de micrófono.

Perelló reaccionó con bisturí. No se trata de blindar corporativamente a nadie, ni de negar que existan jueces que se equivocan o fiscales que actúan con torpeza, ni de maquillar que las causas mediáticas distorsionan la percepción. Se trata de una idea sencilla y a veces incómoda: el cuestionamiento indiscriminado de la judicatura, especialmente desde el poder político, erosiona la tutela judicial efectiva; y si la ciudadanía empieza a creer que la balanza está inclinada antes de que se ponga la toga, toda resolución parecerá sospechosa. Por eso la presidenta alzaba la voz, pero con guantes: firme con quien desacredita, prudente con los suyos para recordarles que “no es propio del Poder Judicial entrar en polémicas”. Una mano sujeta la independencia; la otra, la contención.

Cuando la independencia se defiende con palabras

Hay días en que la independencia judicial se protege con sentencias; y hay días en que se protege con palabras. Este era de los segundos. “Las descalificaciones a la Justicia son inoportunas y rechazables”, dijo, para bloquear el atajo retórico que convierte cualquier investigación en una conspiración, cualquier auto en un acto militante. Podía hablar más alto; eligió hablar claro. Y al hacerlo, defendió al juez de base que firma resoluciones impopulares, a la magistrada que aguanta titulares hirientes, al presidente de sala que asume el coste de una doctrina garantista o severa. Uno puede discrepar de una resolución, recurrirla, fiscalizarla. Lo que no cabe es atribuir intenciones ajenas al Derecho como régimen de vida. Eso es lo que ella quiso fijar.

La otra pieza del tablero: el fiscal general en el alambre

La polémica habría sido menor si no confluyera con un hecho insólito: un fiscal general del Estado procesado por revelación de secretos y a un paso del banquillo por la difusión de un correo de la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El caso está judicializado, las acusaciones piden penas severas y una parte de la carrera judicial y fiscal le reclamó que no acudiera al acto más solemne del año. Fue, alegando que el artículo 181 de la LOPJ le obliga a presentar la Memoria de la Fiscalía y que su deber es dar la cara. Imagen durísima: el fiscal general, “plenamente consciente” de su situación, subiendo al estrado del Supremo. ¿A quién incomoda más? A casi todos.

Perelló, ahí, midió cada gesto. Permitió —como toca— que la liturgia siguiera su curso, recordó que el respeto a las formas no es una excentricidad sino una regla de supervivencia institucional, y a la vez recordó los límites a las descalificaciones. El PP, por su parte, elevó la apuesta con el plante de su líder al acto —un gesto que el Gobierno tildó de desconsideración—, y convirtió lo solemne en otra trinchera. En días así, todo el mundo gana titulares; nadie gana autoridad.

Reformas, nervios y sospechas: lo que realmente está en juego

Una agenda legislativa que empuja… y levanta ampollas

Mientras se cruzan reproches, la Justicia se está moviendo. La Ley Orgánica de Eficiencia ha iniciado la implantación de los Tribunales de Instancia, sustituyendo miles de juzgados unipersonales por estructuras colegiadas; la reforma de las carreras judicial y fiscal reordena el acceso, la formación y la promoción; se amplían plazas, se blindan becas y se modifica el peso de pruebas prácticas. El Gobierno, además, ha planteado regularizar por concurso-oposición a jueces sustitutos y fiscales suplentes como vía para reducir la temporalidad y cumplir con exigencias europeas. Sobre el papel, suena razonable: más medios, menos interinidades, procesos estandarizados, una red pública de preparación para democratizar el acceso.

Pero el papel lo aguanta todo. Dentro de la carrera hay temor a la improvisación, dudas sobre si los calendarios y los recursos están a la altura, inquietud por cómo se integra a quienes han ocupado plazas de forma temporal sin **erosionar el principio de mérito y capacidad. Y en ese debate, Perelló pisa en el freno cuando percibe riesgo de rebajar la calidad para cubrir vacantes. Su advertencia tiene un subtexto: sin exigencia no hay legitimidad, y sin legitimidad el ciudadano no aceptará resoluciones dolorosas. Más jueces sí, pero bien seleccionados, bien formados, bien evaluados.

¿Temor a la captura o miedo al caos?

Se habla mucho de “captura” del sistema —la tentación de que el poder político colonice a los jueces—, pero, en la práctica, el miedo que hoy late es doble: capturas y caos. Capturas si se relajan controles, si se colonizan comisiones y órganos de gobierno, si se desdibujan las líneas de independencia. Caos si se cambian estructuras sin financiación suficiente, si faltan herramientas tecnológicas, si los concursos se atascan, si los plazos del nuevo modelo colisionan con el calendario real de juzgados ya saturados. Perelló, en sus intervenciones, no compra ni el relato apocalíptico ni el triunfalista. Pide método, datos y previsión. Y recuerda que la Justicia no aguanta más reformas por decreto sin músculo detrás.

Europa como espejo y salvavidas: el dictamen que todos esperan

Hay un movimiento sutil que dice mucho de la estrategia de la presidenta: pedir un dictamen a la Comisión de Venecia sobre el sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ. No es un capricho ni un gesto de debilidad. Es una manera de blindar —técnicamente, comparativamente— un debate envenenado desde hace años. En febrero, el Pleno del CGPJ aprobó dos propuestas contradictorias (la conservadora y la progresista) para reformar el modelo; la ausencia de consenso devolvió la pelota a la política, y Perelló decidió poner un árbitro internacional encima de la mesa. ¿Sirve? Sí, para fijar estándares y restar ruido. No, si se intenta usar como garrote contra el adversario. La clave estará en si el Parlamento escucha y si el Consejo aplica lo que dicten las buenas prácticas europeas. Si no, otro informe a la estantería.

¿Perelló contra Sánchez o a favor del sistema?

La tentación es contar esto como un duelo: una presidenta que le enmienda la plana al presidente del Gobierno y lo deja en evidencia en un acto solemne. A veces el titular muerde la historia. Lo que hace Perelló —y aquí está lo delicado— no es subirse a un ring; es poner un vallado. Su obligación no es proteger a los jueces de las críticas —que son sanas cuando se formulan con argumentos— sino proteger el proceso de la contaminación partidista. Si el presidente afirma que algunos jueces hacen política, la institución responde que no es admisible desacreditar a la Justicia. Si vocales del propio Consejo piden que el fiscal general no aparezca en la foto, Perelló responde que la liturgia no se manosea. Si una parte de la carrera teme que la reforma rebaje estándares, abre la boca para advertir que las soluciones urgentes no pueden destruir lo que funciona. Ese es su papel. Y lo está ejerciendo.

La política hace política: el PP busca su encuadre

Mientras, el principal partido de la oposición decide no acudir a la apertura del año judicial, cargando contra Sánchez y el fiscal general y acusando al Gobierno de “atacar a los jueces”. El gesto es potente en términos simbólicos, moviliza a los convencidos y dibuja un contraste nítido. También tiene costes: rompe la foto institucional, alimenta la idea de que todo es batalla y deja huérfana a una parte del electorado que pide menos barro y más soluciones. No es la primera vez que ocurre: la justicia española se ha convertido en el campo de juego preferido para desgastar al rival. Mal negocio para quien aspira a gobernar después: los conflictos que hoy se explotan son los que mañana hay que gestionar.

Lo que viene, sin épica ni atajos

El calendario manda, nos guste o no. La Comisión de Venecia adoptará su dictamen sobre el modelo de elección del CGPJ; el Parlamento tendrá que tramitar y ajustar la reforma de las carreras judicial y fiscal; el CGPJ seguirá llenando vacantes y afinando perfiles para que el Supremo no funcione a medio gas; el fiscal general enfrentará su juicio si no prosperan recursos y maniobras defensivas; y la política seguirá intentando convertir la Justicia en terreno de campaña. En todos esos frentes, la autoridad de Perelló dependerá menos de sus discursos que de su capacidad para mantener la casa fría. Conservar la temperatura institucional —esa mezcla de respeto a las formas, tiempos razonables y previsibilidad— es, ahora mismo, la mejor medicina contra los relatos que se alimentan del ruido.

Y aquí conviene detenerse un segundo. La independencia judicial no es un dogma ni un talismán, es una práctica diaria que requiere recursos, reglas y cultura. Reglas que impidan interferencias; recursos que eviten retrasos intolerables; cultura que diferencie crítica argumentada de descalificación. No basta con pedir respeto; hay que ganarlo con calidad de resoluciones, transparencia y coherencia. Perelló lo sabe. Cuando advierte contra quienes desacreditan a los jueces, está defendiendo la presunción de imparcialidad que el sistema necesita para respirar. Cuando recuerda a los suyos que no entren en polémicas, está protegiendo la distancia que legitima a la judicatura. Y cuando llama a Europa para que opine, acepta que los estándares comparados ayudan a salir de los callejones nacionales.

Un último giro: por qué sus palabras importan más de lo que parece

Podría pensarse que todo esto son batallas simbólicas. Que las causas penales seguirán su curso con independencia de un speech o un titular, que el día a día de los juzgados no cambia por un gesto solemne. Es una verdad a medias. Los públicos importan: la ciudadanía que mira con recelo, los operadores jurídicos que necesitan señales, los políticos que se acomodan a un marco u otro. Y las palabras también: fijan perímetros, ordenan la conversación, ponen precio al exceso. No arreglan un colapso procesal ni resuelven una vacante, pero crean una atmósfera en la que es más difícil que las hogueras se propaguen.

Perelló no va a gustar a todos. A los más beligerantes con el Gobierno les parecerá que se queda corta, que la Justicia debe responder con dureza a cada agravio. A los más alineados con Moncloa les parecerá que sobreactúa, que alimenta el relato adversario. Es el precio de presidir un poder del Estado en tiempo de trincheras. Lo importante no es si ella gana un pulso dialéctico, sino si el sistema gana tiempo para ordenar sus reformas, reducir su lentitud y mejorar su gobernanza. Sin eso, la próxima crisis será igual. O peor.

Lo que se protege cuando se pronuncia la palabra “juez”

A estas alturas, ya no se discute que el debate público está más bronco, que las redes premian el exabrupto y que la política ha descubierto que la justicia da votos… si se la convierte en villana o en excusa. Justo por eso, la intervención de Isabel Perelló tiene algo de recordatorio básico: el Estado de Derecho se rompe de fuera hacia dentro —con descalificaciones indiscriminadas, con leyes improvisadas, con liturgias despreciadas— y de dentro hacia fuera —con silencios cobardes, con corporativismos cerrados, con “yo también” a cada provocación—. La presidenta ha elegido otra cosa: respeto a los jueces, contención a los jueces; más garantías, menos consignas; Europa como guía, no como coartada; tiempos largos, aunque duelan; calidad, aunque tarde.

No es, por tanto, Perelló contra Sánchez. Es Perelló contra el ruido. Perelló contra la tentación —tan humana— de ganar hoy un titular aunque cueste mañana una institución. Perelló a favor del ciudadano que no conoce a ningún juez, que no milita en ningún partido y que solo quiere que le juzguen sin prejuicios. Si eso exige plantarse ante una frase desafortunada del presidente, se planta. Si exige decirles a los suyos que no entren al barro, lo dice. Si exige pedir ayuda fuera para arreglar lo que aquí no acordamos, se pide. Esa es la defensa. Y por eso, en días como este, cuando se pronuncia la palabra juez en el Salón de Plenos del Supremo, conviene escuchar. Porque de lo que se decía, y de cómo se decía, dependía un poco más que una polémica: estaba en juego la confianza que sostiene, con alfileres pero sostiene, nuestro derecho a que nos juzguen sin miedo y sin etiquetas.

Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables en España, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Poder Judicial, RTVE, RTVE, El País, El País, BOE, BOE, BOE, Fiscalía General del Estado.