¿Por qué la inmigración sostiene el 75% del crecimiento de España?

La inmigración sostiene cerca de tres cuartas partes del crecimiento económico acumulado por España desde 2018 porque ha aportado trabajadores, consumidores y nuevos hogares durante una etapa marcada por el envejecimiento y la reducción de la población nacida en el país. Entre 2018 y 2025, el PIB real aumentó un 12,3%; de ese avance, 9,1 puntos porcentuales se atribuyen a la población de origen extranjero y 3,2 puntos a la población nacida en España.

El porcentaje, calculado por el Instituto de Estudios Económicos, centro vinculado a la CEOE, no significa que los inmigrantes produzcan el 75% de toda la riqueza nacional. Ni mucho menos. Indica que explican aproximadamente el 73,9% del incremento del PIB registrado durante ese periodo concreto. La diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la interpretación: hablamos del crecimiento añadido, no del tamaño total de la economía.

El mecanismo resulta bastante terrenal. España ha sumado población en edad laboral mientras se jubilaban numerosas cohortes nacionales, ha creado empleo en sectores que necesitaban manos y ha incorporado millones de personas que pagan alquileres, compran alimentos, utilizan transporte y consumen servicios. El PIB, esa máquina fría que convierte la vida cotidiana en decimales, registra todo ese movimiento.

De dónde sale realmente el famoso 75%

La población nacida en el extranjero pasó de unos 6,2 millones en 2018 a 9,5 millones en 2025, un aumento del 52,5%. En el mismo intervalo, la nacida en España descendió de 40,4 a 39,6 millones, alrededor de un 1,9%. Sin el saldo migratorio positivo, el país habría perdido habitantes y habría contado con una base mucho más estrecha para ampliar el empleo, la producción y el consumo.

La fotografía más reciente prolonga esa tendencia. España alcanzó los 49,69 millones de residentes a 1 de abril de 2026, máximo histórico, después de ganar 97.021 habitantes durante el primer trimestre. El Instituto Nacional de Estadística señala que todo el avance volvió a proceder de las personas nacidas fuera del país, cuyo número superó los 10,15 millones, mientras disminuía la población nacida en España.

Conviene detenerse aquí porque el lenguaje político suele meterlo todo en la misma maleta. Una persona nacida en Colombia que ha adquirido la nacionalidad española ya no figura como extranjera, pero continúa apareciendo en las estadísticas según su lugar de nacimiento. Por eso hay más residentes nacidos en el extranjero que ciudadanos de nacionalidad extranjera: 10,15 millones frente a 7,35 millones en abril de 2026.

Una atribución económica, no una ley de la naturaleza

El 75% procede de una descomposición estadística. El estudio observa cuánto creció la producción y qué parte de ese avance está asociada a la incorporación de población extranjera al trabajo y al consumo. Es una estimación razonada, no una factura individual que permita adjudicar cada euro de PIB a una persona concreta.

La economía funciona mediante engranajes compartidos. El camarero llegado de Perú necesita un restaurante, un proveedor, una red eléctrica y clientes; la empresa tecnológica que contrata a una ingeniera argentina se beneficia de una universidad que quizá la formó fuera y de infraestructuras financiadas aquí. Separar las aportaciones con precisión quirúrgica es imposible. El cálculo sirve para medir órdenes de magnitud, no para repartir medallas.

Tampoco es correcto confundir esta cifra con el efecto de la inmigración sobre el PIB por habitante, los salarios o la productividad. Una economía puede crecer mucho porque incorpora población y, al mismo tiempo, repartir ese crecimiento entre más residentes. El pastel aumenta, sí, pero también hay más comensales alrededor de la mesa.

El Banco de España calculó que entre 2022 y 2024 el PIB por habitante avanzó a un ritmo medio anual del 2,9% y que la contribución directa de la población extranjera se situó entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales cada año. Es una aportación relevante, aunque bastante distinta del 75%, porque mide otra cosa y utiliza otro periodo.

Ahí aparece una de las grandes paradojas españolas. El país crece con más fuerza que muchas economías europeas, pero esa ventaja no se transforma automáticamente en una mejora equivalente de la renta individual. La escasa productividad, el reducido tamaño de muchas empresas y la concentración del empleo en actividades de valor añadido modesto siguen pesando como una mochila mojada.

Dos millones más de personas activas y un relevo silencioso

Entre 2018 y 2025, la población activa española —quienes trabajan o buscan empleo— aumentó en unos dos millones de personas. Cerca del 97% de ese incremento correspondió a extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. La población activa exclusivamente española permaneció prácticamente estable, alrededor de los 19,3 millones, mientras la de origen extranjero o doble nacionalidad pasó de 3,6 a 5,5 millones.

La explicación es, ante todo, demográfica. Ocho de cada diez migrantes se encuentran en edad de trabajar, entre los 16 y los 64 años, frente a seis de cada diez personas nacidas en España. Cuando una sociedad envejece y acumula jubilaciones, la llegada de población joven no es un adorno estadístico: ensancha la oferta laboral y permite que empresas con vacantes continúen produciendo.

Los trabajadores de origen extranjero han cubierto casi dos tercios del empleo creado desde 2018 y representan alrededor del 21% de los ocupados. Su presencia destaca en hostelería, construcción, agricultura, comercio, transporte, cuidados y servicio doméstico, aunque el mapa es bastante más amplio de lo que sugiere el estereotipo. También crece en sanidad, ingeniería, investigación, enseñanza y actividades digitales.

España, sin embargo, desperdicia parte de ese capital humano. Médicos conduciendo vehículos de reparto, arquitectas limpiando apartamentos, enfermeros atrapados durante años en una homologación. No son escenas excepcionales. La burocracia convierte títulos y experiencia en papel mojado, y después el país se sorprende de que la productividad avance con una pereza casi funcionarial.

Más consumo, más negocios y más movimiento económico

Trabajar no es la única vía de aportación. Los nuevos residentes alquilan o compran viviendas, llenan supermercados, utilizan telecomunicaciones, contratan seguros, envían a sus hijos al colegio y abren pequeños negocios. Entre 2018 y 2025, el consumo de los hogares de origen extranjero aumentó alrededor de un 66%, mientras el de los hogares nacionales apenas avanzó un 1%.

La distancia responde en parte al fuerte aumento del número de familias inmigrantes. No implica necesariamente que cada hogar extranjero gaste mucho más, sino que hay bastantes más hogares participando en la economía. En conjunto, su consumo habría explicado aproximadamente el 86% del crecimiento del gasto familiar durante el periodo analizado.

También existe una aportación fiscal. Quien trabaja legalmente paga cotizaciones sociales, IRPF e impuestos indirectos cada vez que consume. Al tratarse de una población comparativamente joven, su uso inmediato de pensiones y de determinados servicios asociados a la vejez es menor. Eso mejora temporalmente la relación entre cotizantes y jubilados.

Temporalmente: esa palabra importa. La inmigración puede aliviar el envejecimiento y retrasar algunos desequilibrios, pero no vuelve inmortal el sistema de pensiones. Los trabajadores extranjeros también envejecen, generan derechos y necesitan salarios suficientemente altos para realizar aportaciones sólidas. Sumar cotizantes precarios no equivale a resolver una ecuación fiscal de varias décadas.

La vivienda muestra el reverso del crecimiento

Cuando la población aumenta deprisa y la construcción permanece medio dormida, el resultado no necesita un premio Nobel: suben los precios. Durante 2025 se formaron en España alrededor de 230.000 nuevos hogares, mientras la vivienda terminada se mantuvo cerca de las 80.000 unidades. Casi tres familias nuevas por cada casa añadida al mercado.

La inmigración eleva la demanda residencial porque los inmigrantes, detalle que a veces parece olvidarse, también necesitan techo. Pero responsabilizarlos de la crisis de vivienda sería confundir al pasajero con la avería del tren. El problema principal es una oferta incapaz de responder: falta de suelo finalista, licencias lentas, escaso parque público, costes de construcción elevados y años de inversión insuficiente.

La presión tampoco se reparte por igual. Se concentra en Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Valencia y Baleares, además de otros territorios con empleo abundante, turismo o servicios internacionales. En muchas zonas rurales, en cambio, la llegada de familias extranjeras mantiene abiertos colegios, comercios y consultas que la despoblación amenazaba con apagar. La misma corriente que encarece un barrio puede sostener un pueblo. España, siempre tan dada a las contradicciones.

Los servicios públicos afrontan un desafío similar. Más población exige más transporte, sanidad, educación y administración, especialmente allí donde se acumulan las llegadas. El crecimiento aporta ingresos fiscales, pero estos no aterrizan automáticamente en el municipio que necesita otra aula o un centro de salud más grande. Sin planificación, la prosperidad macroeconómica puede sentirse como saturación en la acera.

Crecer por cantidad no basta

La aportación migratoria ha permitido a España crecer pese al invierno demográfico, pero también ha dejado al descubierto las costuras del modelo. Buena parte del empleo se crea en sectores intensivos en mano de obra, con salarios bajos y productividad limitada. La inmigración no causa ese patrón; entra en una economía que ya lo tenía y, con frecuencia, queda atrapada en sus peldaños inferiores.

El reto consiste en transformar el aumento de trabajadores en más productividad, mejores salarios y empresas capaces de innovar. Para ello hacen falta formación, reconocimiento ágil de titulaciones, acceso al idioma, movilidad residencial y menos barreras para emprender. Integrar no es colocar a una persona en la primera vacante disponible y olvidarse. Es permitir que aproveche su experiencia y que sus hijos no hereden el mismo techo laboral.

También hay que evitar el otro espejismo: presentar la inmigración como una fuente inagotable de trabajadores baratos. Una economía que necesita llegadas permanentes para sostener empleos mal pagados puede crecer en las estadísticas mientras el bienestar permanece quieto. El éxito no debería medirse solo por cuántas personas trabajan, sino por cuánto valor generan y qué vida pueden construir con su salario.

España crece más, pero debe crecer mejor

Los datos desmontan la idea de que la inmigración ocupa un rincón marginal de la economía española. Ha compensado la pérdida de población nacida en el país, ha renovado el mercado laboral y ha sostenido una parte decisiva del consumo. Sin ese impulso, el crecimiento desde 2018 habría sido mucho más débil y numerosos sectores habrían encontrado serias dificultades para cubrir puestos.

Eso no convierte cada llegada en un beneficio automático ni borra los costes de adaptación. Vivienda, escuelas, hospitales, transporte e integración requieren inversión. También existen desempleo, precariedad y economía sumergida entre la población extranjera. Negarlo sería tan torpe como negar su aportación económica.

La cifra del 75% encierra, en realidad, una advertencia. España depende cada vez más de la inmigración para mantener su población activa y su ritmo económico, pero aún no ha construido políticas públicas a la altura de esa dependencia. Se beneficia de los nuevos trabajadores mientras tarda meses en darles una cita, años en homologar sus títulos y décadas en levantar vivienda suficiente.

La inmigración sostiene buena parte del crecimiento porque ocupa el espacio dejado por una natalidad baja, una población envejecida y un mercado laboral necesitado de relevo. El dato no exige incienso ni alarmas. Exige asumir que la España que produce, consume y cotiza es bastante más mestiza de lo que algunos discursos admiten. Y que crecer sumando habitantes, sin mejorar productividad ni servicios públicos, sería limitarse a hacer más grande la casa sin reforzar los cimientos.