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¿Por qué Almaraz seguirá operativa hasta 2030 y qué cambia realmente?
Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: motivos de la prórroga, condiciones y efectos sobre el calendario nuclear previsto en España.

El Gobierno ha autorizado que la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, mantenga en funcionamiento sus dos reactores hasta el 8 de junio de 2030, una fecha que aplaza el cierre previsto pero no desmonta, al menos de momento, el calendario general de abandono de la energía nuclear en España. La decisión figura en la Orden TED/864/2026, fechada el 12 de agosto y publicada este viernes 14 de agosto en el Boletín Oficial del Estado.
El cambio es bastante concreto. La unidad I tenía autorización hasta el 1 de noviembre de 2027 y la unidad II, hasta el 31 de octubre de 2028. Ambas podrán funcionar ahora hasta junio de 2030, lo que supone aproximadamente 31 meses adicionales para Almaraz I y 19 meses para Almaraz II. No se trata, pues, de una reapertura —la central nunca había cerrado— ni de una licencia indefinida, sino de una prolongación limitada de su vida operativa.
Y ahí está buena parte del interés del movimiento. Durante años, Almaraz representó la primera ficha que debía caer en el dominó del cierre nuclear español. Ahora esa ficha se ha desplazado unos metros sobre el tablero. No ha desaparecido.
El Gobierno cambia la fecha, no el plan nuclear completo
La prórroga de Almaraz no significa que España haya renunciado oficialmente al horizonte de cierre del parque nuclear en 2035. La propia orden ministerial insiste en que la ampliación afecta exclusivamente a las dos unidades extremeñas y no modifica por sí sola el resto del calendario establecido para las centrales españolas.
Hasta esta decisión, Almaraz debía abrir el proceso de clausuras en 2027 y 2028. El Gobierno considera que el nuevo permiso prolonga la actividad durante un periodo relativamente pequeño respecto a la vida global del parque nuclear. Ese argumento importa: el Ejecutivo presenta la decisión como una adaptación concreta del calendario, no como la demolición de su política energética.
Las propietarias habían pedido exactamente eso. Iberdrola, Endesa y Naturgy, a través de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, solicitaron formalmente el 30 de octubre de 2025 que los dos reactores pudieran trabajar hasta junio de 2030. Iberdrola controla aproximadamente el 53 % de la instalación, Endesa el 36 % y Naturgy el 11 %.
El expediente pasó después al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Tras estudiar la documentación técnica, el organismo regulador emitió el 16 de julio de 2026 un informe favorable a la renovación durante el periodo solicitado, aunque condicionado al cumplimiento de los límites de seguridad nuclear y protección radiológica fijados para la planta. El Gobierno tenía la última palabra. Y la ha utilizado.
Por qué el Ejecutivo acepta ahora la prórroga
Hay un elemento que atraviesa toda la resolución y que hace unos años ocupaba bastante menos espacio: el gas natural.
El Ministerio para la Transición Ecológica considera que el escenario energético internacional ha cambiado debido a la crisis de Oriente Medio, la incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los combustibles fósiles. Mantener Almaraz unos años más permitiría reducir parcialmente la exposición del sistema eléctrico español a posibles picos internacionales del precio del gas.
No deja de ser una pequeña ironía de la política energética europea. La nuclear llevaba años entrando en muchas conversaciones casi siempre acompañada de la palabra «cierre»; las crisis de suministro, los precios del gas y las dudas sobre la estabilidad de los sistemas eléctricos la han vuelto a colocar en otra frase: quizá todavía no.
Eso no convierte a Almaraz en la solución de todos los problemas de la red. Ni siquiera el Gobierno sostiene algo semejante. El operador del sistema considera que mantener disponible la central aporta ventajas limitadas y subraya que España debe continuar con las inversiones y actuaciones previstas para reforzar la estabilidad y la seguridad del suministro eléctrico. En otras palabras: Almaraz concede margen, no hace magia.
Gas, renovables y un equilibrio bastante incómodo
Una de las cuestiones más delicadas era comprobar si mantener dos reactores nucleares funcionando durante más tiempo desplazaría parte de la generación renovable prevista en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Los cálculos recogidos por el Ministerio estiman que, en 2030, la generación renovable podría reducirse alrededor de un 1,4 % respecto al escenario del PNIEC, mientras que la electricidad producida mediante ciclos combinados de gas natural caería aproximadamente un 7 %. El Ejecutivo considera que la primera variación es suficientemente pequeña como para no comprometer los objetivos europeos de energías renovables.
Es uno de los puntos donde chocan las dos lecturas del debate. Para quienes defienden prolongar la vida de las nucleares, una planta ya construida, capaz de generar electricidad de manera continua y sin quemar gas, funciona como respaldo mientras crecen las renovables y el almacenamiento. Para las principales organizaciones ecologistas, en cambio, alterar el calendario previamente pactado introduce incertidumbre en la transición energética, mantiene durante más tiempo la producción de residuos radiactivos y puede retrasar inversiones en alternativas limpias.
El debate, por tanto, sigue vivo. Lo que ha cambiado este 14 de agosto de 2026 es algo mucho menos filosófico y bastante más tangible: Almaraz no cerrará en 2027 ni en 2028.
Qué condiciones tendrá que cumplir Almaraz hasta 2030
La autorización no consiste simplemente en cambiar dos fechas en un calendario. El CSN mantiene capacidad de supervisión y la Administración puede exigir medidas correctoras o modificar las condiciones de funcionamiento si las inspecciones, la experiencia operativa o nuevas evaluaciones técnicas detectan problemas.
El permiso autoriza a cada unidad a funcionar hasta una potencia térmica máxima de 2.947 MWt y mantiene toda una arquitectura de obligaciones relacionadas con el estudio de seguridad, las especificaciones técnicas de funcionamiento, el plan de emergencia interior, la protección radiológica, la garantía de calidad y la gestión del combustible gastado y de los residuos radiactivos.
Cada año deberán remitirse informes sobre la experiencia operativa de la planta, nueva normativa, vigilancia radiológica ambiental, dosis recibidas por el personal, residuos, combustible irradiado y formación de los trabajadores vinculados a la seguridad nuclear.
Hay otra salvaguarda relevante: la autorización puede dejarse sin efecto si se incumplen sus condiciones, aparecen discrepancias fundamentales en la información utilizada para concederla o surgen factores desfavorables de seguridad nuclear o protección radiológica que actualmente no se conocen. Una licencia hasta 2030, por tanto, no equivale a un cheque firmado y guardado en un cajón.
La protección física aún tiene su propio calendario
El BOE introduce aquí un detalle importante y bastante fácil de pasar por alto. La autorización de explotación llega hasta junio de 2030, pero las actuales autorizaciones de protección física de las instalaciones y materiales nucleares continúan teniendo como fechas límite el 1 de noviembre de 2027 para la unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la unidad II.
Eso significa que deberán renovarse antes de esos vencimientos mediante el procedimiento correspondiente. No invalida la prórroga anunciada, pero muestra que mantener funcionando una central nuclear implica varias capas administrativas y técnicas distintas. La palabra «prórroga» cabe cómodamente en un titular; el expediente real, bastante menos.
El desmantelamiento empezará a prepararse antes del apagado
La orden también mira hacia el día después. Con al menos un año de antelación al 8 de junio de 2030, CNAT tendrá que justificar las condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica aplicables durante el periodo que transcurra entre el cese definitivo de explotación y la autorización formal del desmantelamiento.
Además, el titular deberá colaborar con Enresa en los preparativos correspondientes. Sobre los residuos adicionales producidos durante estos meses de funcionamiento extra, Enresa considera que el incremento será poco significativo, que no obligará a ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes o previstas y que no deberían trasladarse costes adicionales ni a los consumidores ni a los Presupuestos Generales del Estado.
Extremadura gana tiempo, pero no una garantía eterna
La dimensión de Almaraz supera ampliamente el recinto de la propia central. La instalación ha funcionado durante décadas como uno de los grandes polos industriales de Extremadura y alrededor de 4.000 personas trabajan en la planta o dependen de su actividad en la zona de influencia, según las cifras difundidas por su empresa operadora. CNAT sostiene también que los dos reactores aportan más del 7 % de la electricidad consumida en España.
Son datos que permiten entender por qué cada movimiento alrededor del cierre provoca tanta tensión económica y política en Campo Arañuelo. Allí, la fecha de apagado de los reactores no es solo una discusión sobre megavatios o emisiones: afecta a empleo, empresas auxiliares, actividad económica y expectativas de futuro para toda una comarca.
El Gobierno introduce precisamente esa dimensión territorial en la orden. Considera que los años adicionales deben servir para que las empresas propietarias aumenten su implicación en alternativas industriales y de empleo y avancen en el diálogo social vinculado a la transición justa.
Es quizá la parte menos espectacular de la noticia y una de las más importantes. Aplazar un cierre compra tiempo. No sustituye aquello que llegará cuando finalmente se apaguen los reactores.
La discusión tampoco termina en 2030. En mayo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo llegó a reclamar que España reconsiderara el calendario e incluso planteara una continuidad de Almaraz hasta 2040, una posición política que no obliga al Ejecutivo español. La autorización aprobada ahora está muy lejos de llegar hasta ahí: fija con precisión el 8 de junio de 2030 y nada más.
Almaraz deja de ser el primer dominó de 2027
La decisión del Gobierno modifica uno de los símbolos más claros de la política nuclear española de los últimos años. Almaraz seguirá produciendo electricidad hasta junio de 2030, después de que sus propietarias lo solicitaran, el CSN concluyera que podía hacerlo bajo determinadas condiciones y el Ejecutivo considerara que el nuevo escenario energético justificaba prolongar su funcionamiento.
No es una marcha atrás completa en el abandono de la energía nuclear. Tampoco es un gesto menor. España tenía una fecha muy visible para comenzar el apagado de sus reactores —noviembre de 2027— y acaba de moverla.
Durante esos años adicionales habrá inspecciones, nuevas autorizaciones, recargas de combustible, vigilancia radiológica y preparación del futuro desmantelamiento de Almaraz. Y, mientras tanto, seguirá la pelea que realmente está detrás de la central: cuánto espacio debe conservar la energía nuclear en un sistema que quiere depender cada vez más del sol, del viento y del almacenamiento pero que, de vez en cuando, vuelve a mirar de reojo al gas y descubre que la geopolítica también aparece en la factura de la luz.
Junio de 2030 queda todavía lejos. En política energética, sin embargo, cuatro años pasan deprisa. Y esta vez Almaraz llega hasta allí con permiso oficial.












