La inflación también engorda el IRPF: quién gana y quién paga

El Gobierno mantiene sin actualizar buena parte de los parámetros del IRPF porque la decisión eleva la recaudación sin modificar los tipos nominales y forma parte de su estrategia fiscal a medio plazo. Cuando los salarios aumentan para compensar los precios, pero los tramos del impuesto permanecen iguales, una parte de esa subida puede tributar a tipos más altos. El contribuyente cobra más euros, aunque no necesariamente tenga más poder adquisitivo.

El efecto no es menor: las estimaciones difundidas para 2025 sitúan en torno a 2.300 millones de euros el ingreso adicional atribuible a esta vía, cerca del 0,14% del PIB. El Ejecutivo prevé mantener la medida, al menos, hasta 2028, con una aportación anual superior a los 2.200 millones según las previsiones recogidas en sus planes fiscales. No se trata de una subida formal de los tipos, sino de una decisión política con consecuencias sobre la factura efectiva.

Una decisión fiscal que aumenta los ingresos sin subir los tipos

El IRPF es progresivo: a medida que crece la renta, aumenta el tipo aplicable a la parte que cae en cada tramo. Si los umbrales no se actualizan y los ingresos nominales suben con los precios, más renta puede quedar gravada en escalones superiores. Así funciona la llamada progresividad en frío, también conocida como arrastre fiscal: la inflación empuja los salarios hacia arriba en euros, mientras la escala impositiva se queda quieta.

Eso no significa que todo el sueldo pase a tributar al tipo superior ni que una pequeña subida provoque por sí sola un salto brusco en la cuota. El impuesto se calcula por partes y depende de la base liquidable, las circunstancias personales y familiares, las reducciones y la comunidad autónoma. La consecuencia suele ser más gradual: la carga fiscal efectiva aumenta, aunque los tipos legales publicados no hayan cambiado.

La inflación tampoco afecta de manera idéntica a todas las nóminas. Si el salario sube por encima de los precios, puede haber una mejora real de ingresos, aunque el impuesto reduzca parte de ella. Si solo acompaña al coste de la vida, el aumento puede ser nominal: hay más euros en la nómina, pero no alcanzan para comprar mucho más. En ese caso, la tributación puede crecer sin que la capacidad económica haya mejorado en la misma proporción.

Qué muestran las cifras de recaudación

Los datos de cierre de 2025 sitúan la recaudación tributaria de la Administración General del Estado en 325.000 millones de euros, 30.622 millones más que en 2024. El IRPF aportó 142.466 millones, un incremento interanual de 13.058 millones. Es una parte central de los ingresos públicos y, por eso, incluso cambios pequeños en los parámetros del impuesto pueden tener un efecto agregado considerable.

La AIReF atribuyó al factor precios el 73% del aumento esperado de la recaudación del IRPF en 2025. Aplicado al crecimiento de unos 13.000 millones, ese cálculo equivale a alrededor de 9.532 millones vinculados al efecto de los precios y al aumento de los tipos efectivos. Pero esa cifra no debe confundirse automáticamente con el coste fiscal de no deflactar: mide el peso del factor precios en la evolución de los ingresos, mientras que las estimaciones de unos 2.300 millones aíslan el efecto asociado a mantener sin ajuste los parámetros del impuesto. Son cálculos distintos, construidos con criterios diferentes.

Otra aproximación divide esos 9.532 millones entre las 24,57 millones de declaraciones presentadas en 2025 y obtiene cerca de 388 euros por declaración. Es un promedio estadístico, no una factura idéntica para cada persona ni una devolución que cada contribuyente pudiera reclamar. El impacto real depende de la renta, de cuánto haya variado, de la composición familiar, de las retenciones y de las reglas autonómicas aplicables.

La diferencia entre una media agregada y el efecto individual importa porque puede esconder situaciones muy dispares. Una persona con ingresos estables no experimenta el mismo cambio que otra cuya nómina aumenta, y una familia con hijos puede tener una cuota distinta de la de una persona sin cargas familiares aunque ambos perciban ingresos parecidos. Los 388 euros describen una magnitud total repartida de forma teórica; no permiten saber, por sí solos, cuánto ha pagado de más un hogar concreto.

Por qué el Ejecutivo opta por no deflactarlo

La explicación más directa es presupuestaria. El Gobierno ha incluido la falta de actualización del IRPF entre las medidas que aportan ingresos estructurales en sus compromisos fiscales. En las previsiones remitidas a Bruselas, la medida aparece como una fuente de recursos adicional, estimada en torno al 0,1% del PIB anual. Las cifras para 2025 superaron esa referencia y el Ejecutivo prevé conservar esta vía, al menos, hasta 2028.

Ese ingreso facilita financiar gasto público y cumplir una senda de déficit y deuda sin anunciar una subida explícita de los tipos. El IRPF recauda más cuando crecen las bases imponibles, y la inflación puede hacer que aumenten aunque los hogares no hayan ganado poder de compra. Desde la perspectiva de Hacienda, mantener la escala sin cambios es una forma de sostener los ingresos sin aprobar una reforma que eleve directamente los porcentajes del impuesto.

La decisión también evita el coste político de una subida fiscal declarada. Aumentar un tipo exige exponer la medida, justificar quién pagará más y explicar a qué se destinará el dinero. No actualizar los umbrales produce parte de ese resultado de manera menos visible. No es una maniobra fuera de la ley: el impuesto se aplica conforme a sus normas. Pero sí es una elección con efectos distributivos, y la falta de una subida formal no equivale a que la presión fiscal permanezca intacta.

El argumento oficial en favor de conservar los ingresos convive con otra discusión: cómo repartir el coste entre los contribuyentes y qué servicios se financian con la recaudación. El Estado necesita recursos para sostener sus políticas públicas y atender sus compromisos presupuestarios. La controversia no desaparece por reconocer esa necesidad; se desplaza a si resulta transparente y equitativo obtener más ingresos dejando que los precios alteren el peso efectivo del impuesto.

Lo que puede cambiar en una nómina y en una familia

Un ejemplo de Fedea permite ver cómo los parámetros congelados afectan a un hogar concreto. Para una familia formada por dos adultos y dos menores con 50.000 euros de ingresos brutos anuales, el estudio calcula que la cuota del IRPF aumentó un 30% por la falta de actualización de distintos elementos del impuesto desde 2015, entre ellos los tramos y los mínimos personales y familiares.

Según ese ejercicio, en 2024 la familia habría pagado 3.170,75 euros. Si los parámetros se hubieran actualizado con la inflación, la cuota habría sido de 2.434,36 euros: una diferencia de 736,39 euros. El resultado depende de las hipótesis del cálculo y de la situación familiar descrita; no es una cantidad universal que pueda atribuirse a todas las familias con esos ingresos. Sí muestra que el efecto puede acumularse y que no se limita a los tipos marginales.

El mismo análisis separa los ingresos de los dos adultos y observa una diferencia en el impacto proporcional. Con rentas individuales de 30.000 y 20.000 euros, la cuota habría aumentado un 25% para quien percibía 30.000 y un 44% para quien ingresaba 20.000, si presentaban la declaración por separado. El perjuicio porcentual puede ser mayor para quien gana menos, aunque la cantidad absoluta pagada de más no tenga por qué ser mayor en todos los casos.

El ejemplo ayuda a entender por qué no basta con observar el tipo máximo o la subida bruta del salario. También cuentan los mínimos personales y familiares, que reducen la parte de renta sometida al impuesto, y las reducciones ligadas a determinadas circunstancias. Si sus cuantías permanecen sin cambios mientras suben los precios, pierden capacidad para proteger el poder adquisitivo. En el material de referencia, el mínimo personal general figura en 5.550 euros anuales, una cantidad cuyo valor real se erosiona cuando no se revisa con el coste de la vida.

El ajuste no es automático y tampoco tiene una única forma

Deflactar el IRPF significa actualizar los elementos del impuesto para compensar, total o parcialmente, la inflación. Puede afectar a los tramos de la tarifa, a los mínimos personales y familiares, a reducciones o a otros límites fiscales. No hay una única fórmula: un Gobierno puede revisar todos los parámetros, ajustar solo algunos o concentrar el alivio en determinados niveles de renta. La decisión de no actualizar no responde a un mecanismo automático; depende de cambios normativos y de prioridades presupuestarias.

El impuesto combina una parte estatal con otra autonómica, por lo que el resultado también depende del territorio. Algunas comunidades han aplicado ajustes en sus tramos autonómicos en distintos momentos, entre ellas Madrid, Aragón, Canarias, el País Vasco y Navarra. Eso no significa que exista una regla idéntica ni que todas hayan actualizado los mismos componentes: la política autonómica puede modificar el efecto final, y las circunstancias concretas de cada ejercicio cuentan.

También conviene separar la retención mensual de la cuota definitiva. La retención es un anticipo que se descuenta de la nómina durante el año; el resultado final se calcula en la declaración con los ingresos y las circunstancias fiscales del ejercicio. Una nómina puede reflejar cambios en la retención sin que eso determine por sí solo cuánto se ha pagado finalmente. La progresividad en frío puede afectar al resultado global, pero no permite deducir la factura individual mirando únicamente el sueldo neto de un mes.

La falta de actualización se ha prolongado durante años y afecta a más elementos que los tramos. El informe de Fedea citado toma 2015 como referencia para la inflación acumulada y señala que esa ausencia de revisión incrementa la carga fiscal. Por separado, estimaciones divulgadas por asesores fiscales sitúan el impacto para rentas bajas y medias en una horquilla de 250 a 770 euros, según los supuestos empleados. Las diferencias entre estudios no son necesariamente una contradicción: cambian el periodo, el perfil del contribuyente y los parámetros que se comparan.

El debate sobre quién soporta el coste

Los defensores de actualizar la tarifa sostienen que el impuesto debería medir la capacidad económica real y no confundir inflación con enriquecimiento. Si una subida salarial solo compensa el encarecimiento de la vida, una mayor cuota puede recortar todavía más el ingreso disponible. La crítica cobra fuerza cuando el peso del IRPF crece sobre las rentas del trabajo, que constituyen una parte importante de los ingresos tributarios y ofrecen menos margen para reorganizarse que otras fuentes de renta.

La Comisión Europea ha señalado que el aumento de los ingresos procedentes de los rendimientos del trabajo explica el 90% del incremento de la carga fiscal española en la última década. También sitúa el peso de esos impuestos en el 51,8% de los ingresos fiscales de España, frente al 51,4% de media europea. Estos datos aportan contexto al debate sobre la dependencia creciente de la fiscalidad del trabajo, aunque no demuestran por sí solos qué medida concreta sería más justa ni cómo debería repartirse el ajuste.

Quienes cuestionan una deflactación general advierten que el alivio en euros puede ser mayor para quienes tienen rentas altas, porque su base imponible y su cuota suelen ser mayores. Ese punto no resuelve, sin embargo, qué ocurre con las rentas medias y medias-bajas, que pueden perder poder adquisitivo aunque no sean las más beneficiadas por una rebaja lineal. La discusión relevante no es solo si se actualiza, sino qué parámetros se revisan y a quién llega el alivio.

Una alternativa es dirigir los cambios a los tramos bajos, los mínimos o las reducciones, en vez de actualizar toda la escala por igual. El diseño puede limitar el beneficio en la parte alta, pero también añade complejidad y exige decidir qué contribuyentes quedan protegidos. No existe una solución neutral: cada fórmula distribuye de manera distinta el coste entre hogares y presupuesto público. Por eso, el debate combina una cuestión técnica con otra política sobre quién debe conservar la recaudación que genera la inflación.

Una presión que vuelve con cada subida de precios

Las cifras de inflación ayudan a explicar por qué el asunto sigue abierto. La previsión trasladada por el Gobierno situaba el aumento de los precios en el 2,7% en 2025 y anticipaba un 3,1% para 2026. El indicador adelantado citado para abril de 2026 marcó un 3,2% interanual, con una inflación subyacente del 2,8%. Son referencias de momentos y cálculos distintos, pero todas apuntan a que los precios no habían dejado de crecer.

Si los salarios se revisan para responder a ese encarecimiento y los parámetros fiscales continúan quietos, el efecto puede repetirse año tras año. No tiene por qué ser idéntico en cada ejercicio: depende de la evolución salarial, del empleo, de la composición de las rentas y de las decisiones fiscales estatales y autonómicas. Pero la acumulación importa. Una diferencia modesta en un año puede convertirse en una brecha más visible cuando se prolonga, mientras los mínimos y límites pierden valor real.

El Gobierno podría cambiar de criterio mediante una reforma y elegir qué partes del impuesto actualizar. También podría mantener la estrategia recaudatoria actual y defenderla como necesaria para financiar el gasto y cumplir sus compromisos presupuestarios. En ambos casos, lo esencial es reconocer que no mover los umbrales no es una ausencia de política: es una decisión que aumenta los ingresos y modifica la carga efectiva aunque los tipos oficiales sigan escritos igual.

La tensión queda entre dos maneras de mirar el mismo impuesto. Para las cuentas públicas, la falta de ajuste aporta recursos previsibles en un periodo de inflación y permite cuadrar parte de la senda fiscal. Para quien cobra una nómina, la pregunta decisiva es cuánto queda después de que suban los precios y se calcule la cuota. El debate no se agota en si los tipos han cambiado: también trata de cómo se reparte el coste de una inflación que eleva los ingresos nominales sin garantizar una vida más holgada.