¿Podrá el Gobierno agotar la legislatura voto a voto?

Montero afirma que el Gobierno agotará la legislatura negociando cada ley voto a voto y prepara nuevos Presupuestos: claves y calendario 2025

El mensaje salió sin rodeos y con todas las letras: el Ejecutivo se propone completar la legislatura y sacar adelante sus proyectos negociando cada iniciativa, una a una, “voto a voto”, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. Lo afirmó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita a la Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches, en Villanueva de Córdoba (Córdoba). A pie de recinto ferial, entre cámaras, ganaderos y autoridades locales, Montero cerró filas en torno al plan de resistencia y gestión: no habrá adelanto electoral y la segunda mitad del mandato se jugará con mayorías de geometría variable y pactos específicos en el Congreso de los Diputados.

La dirigente socialista subrayó que Pedro Sánchez “zanjó hace tiempo” el debate del adelanto y que el Gobierno dispone de “hoja de ruta, capacidad y compromiso” para continuar gobernando hasta el final del mandato. Situó el foco en el terreno práctico: sacar adelante leyes y, sobre todo, presentar y aprobar unas nuevas cuentas públicas. El compromiso se acompañó de una precisión clave que define el tablero actual: Junts no dio apoyo a la legislatura, sino a la investidura, de modo que cada proyecto exigirá una negociación de cero y con objetivos claros. La frase se elevó a doctrina a lo largo de la mañana: “voto a voto”. Sin épica, pero con intención. Y con un dato que Montero reivindicó para sostener su tesis: más de cuarenta iniciativas legislativas superadas pese a la fragmentación del Congreso, prueba —dijo— de que el Gobierno es un socio fiable que cumple los acuerdos que dependen de él.

La aritmética del “voto a voto” en el Congreso

La aritmética parlamentaria manda y la voluntad política la ejecuta, no al revés. La XIV legislatura ya enseñó que sin mayorías absolutas las leyes salen con acuerdos quirúrgicos, a menudo a varias bandas. En la XV legislatura, esa lógica se ha acentuado. La investidura fue un ejercicio de afinado con varios partidos, pero legislar es otra cosa: aquí no basta con un contrato de arranque, sino con quórums que hay que reconstruir en cada texto. Para la mayoría de leyes vale la mayoría simple (más “síes” que “noes”), mientras que las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta en votación final. Los decretos-ley se convalidan también por mayoría simple, y si se tramitan como proyectos de ley abren una segunda fase de enmiendas. Los Presupuestos, por su parte, se aprueban por mayoría simple, pero requieren alinear muchos intereses: política fiscal, inversiones territorializadas, entregas a cuenta a las comunidades, partidas sociales, compromisos sectoriales.

De ahí que la idea de “voto a voto” sea algo más que un eslogan. Es un método. Implica trenzar apoyos con ERC, PNV, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria, UPN y los distintos escaños del Grupo Mixto, sin dar por cerrada —pero tampoco por garantizada— la puerta de Junts. Unos dirán sí a vivienda si hay incentivos al alquiler asequible; otros pedirán calendarizar una transferencia o blindar una inversión ferroviaria; los más fiscalistas vigilarán que la senda de estabilidad no haga aguas. Cada grupo político exige su propio lenguaje y su propia letra pequeña, y el Ministerio de Hacienda está habituado a ese trabajo de orfebrería: disposiciones adicionales milimétricas, anexos de inversiones, cláusulas de revisión, garantías de gobernanza y, no menos importante, fechas.

Qué mayorías necesita cada tipo de ley

Poner orden en las reglas ayuda a entender por qué no es imposible lo que Montero plantea, pero sí exigente. La mayoría simple permite sacar adelante la gran mayoría de iniciativas si se combinan apoyos y abstenciones. Para leyes orgánicas (por ejemplo, modificaciones del régimen electoral o de derechos fundamentales) hace falta mayoría absoluta en la votación final del Pleno: ahí la música cambia, y la partitura requiere más instrumentos. Los Presupuestos siguen el cauce ordinario: techo de gasto y límite de gasto no financiero, proyecto registrado, enmiendas a la totalidad (que de prosperar tumbarían el texto), enmiendas parciales y votación final por secciones. Un solo voto puede inclinar la balanza, tanto en el debate de totalidad como en la aprobación final. En la práctica, esa última curva obliga a cerrar la negociación antes de que el proyecto llegue al Pleno con las líneas esenciales cosidas.

PGE en el centro del tablero: tiempos y llaves

Hacienda lleva semanas afinando el marco macro y los capítulos de gasto para poder presentar los nuevos Presupuestos Generales del Estado. La titular del departamento dejó dos ideas que, juntas, resumen la estrategia: trabajo en marcha y búsqueda de un apoyo lo más amplio posible. Significa que no se improvisará el calendario y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera jugará su papel para encajar la senda de estabilidad con las comunidades autónomas. En esa conversación está la clave de bóveda: un techo de gasto creíble ante Bruselas y asumible por las autonomías, que permita después negociar partidas y políticas sin romper la baraja en el primer compás.

El proceso presupuestario es también una coreografía pública. Primero el techo de gasto y la senda de déficit y deuda, voto parlamentario mediante. Luego, registro del proyecto en el Congreso. Después, debate de totalidad y, si el texto supera esa primera votación, fase de enmiendas parciales, con ponencia y comisión. En paralelo, un segundo carril: reuniones discretas con los grupos que pueden inclinar la balanza para rematar los flecos. El objetivo que verbalizó Montero es claro: “concitar el apoyo de todos los grupos” que estén dispuestos a entrar en el acuerdo, “voto a voto”. Y si algún socio decide quedarse fuera, no bloquear con ese gesto el camino de los que sí quieran sumar.

Techo de gasto y senda de estabilidad

Sin techo de gasto no hay Presupuestos. Es la pieza que fija el límite de gasto no financiero de la Administración Central y que, en la práctica, ordena el resto. La senda de estabilidad acompaña el cuadro, con el reparto de esfuerzos entre Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales. En esta fase se cruzan dos conversaciones: política y técnica. Política, porque los grupos miden la orientación general de las cuentas y el grado de compromiso con sus prioridades territoriales y sectoriales. Técnica, porque el cuadro debe cuadrar con los objetivos fiscales y las expectativas de ingresos y crecimiento. De esa combinación sale la temperatura real de la legislatura. Si el Gobierno consigue un respaldo suficiente al techo, habrá margen para presentar las cuentas y negociar su detalle. Si se bloquea ese primer paso, el camino se estrecha y asoma la prórroga presupuestaria.

Junts en su propio carril, socios en modo calibrar

Montero no ignoró el elefante en la sala. Junts, subrayó, no comprometió apoyo a la legislatura sino a la investidura, de modo que cada iniciativa exige su propia negociación. La vicepresidenta reconoció que no ha sido “fácil desde el inicio” y que el Congreso se ha vuelto un terreno de máxima complejidad, pero reivindicó un logro político: más de cuarenta leyes aprobadas a pesar de todos los pesares. El mensaje a Junts —y, por extensión, al resto— incluyó una doble afirmación: “somos un socio fiable” y “los compromisos que dependían de nosotros están cumplidos; los que no, se están trabajando”. Una forma de decir: hay margen, hay avances y hay asuntos que requieren tiempos de otras administraciones.

La posición de ERC siempre transita entre la disputa catalana y la utilidad práctica de cada medida. El PNV calibra inversión, autogobierno y certezas económicas. EH Bildu pone el acento en la agenda social y laboral. BNG, en la industria —naval, automoción— y en la mejora de infraestructuras. Coalición Canaria mira la financiación singular, los sobrecostes de la insularidad, la energía y el transporte. UPN suele moverse en clave navarra, con atención a alianzas y a la agenda foral. Ninguno de estos actores es un satélite del Gobierno, pero todos han demostrado que negocian elementos concretos cuando ven entregables reales. En ese mapa, Junts opera como bisagra independiente: negocia si hay contraprestación visible y verificable, marca líneas rojas en clave catalana y, llegado el caso, se abstiene para dejar que otros acuerden. Es el terreno más incierto y el que obliga a Hacienda a doblar el trabajo técnico y político para que cada voto encuentre su razón de ser.

Qué ofrece Moncloa: fiabilidad, entregables y calendario

El Ejecutivo ha decidido centrar su relato en tres conceptos: cumplimiento, utilidad y estabilidad. Cumplimiento, porque Montero insiste en que los acuerdos firmados se han ido ejecutando y los que dependen de terceros siguen su curso. Utilidad, porque cada ley que sale refuerza la idea de que gobernar en minoría es gobernar, no sobrevivir. Estabilidad, porque la aprobación de los Presupuestos se traduciría en una señal nítida a Bruselas, a las autonomías y al tejido económico. La “gobernabilidad voto a voto” no es solo una etiqueta; pretende ser una práctica verificable: una rebaja fiscal selectiva aquí, un refuerzo de la política de vivienda allí, un programa de infraestructuras con fechas y licitaciones a pocos meses vista, un capítulo de ciencia y digitalización que no se quede en los titulares.

En esa línea, Hacienda y los ministerios económicos trabajan con listas de proyectos que pueden sumar voluntades. La vivienda aparece en el primer renglón por su impacto social y territorial (alquiler asequible, parque público, rehabilitación con fondos europeos). Transportes pone sobre la mesa compromisos de movilidad ferroviaria y cercanías en varias autonomías. Industria enfoca su apuesta en reindustrialización, baterías, automoción y hidrógeno. Transición Ecológica habla de energía, agua y planificación de redes. Trabajo y Seguridad Social miran el empleo de calidad y los incentivos para convertir contratos temporales en indefinidos. Todas estas piezas se pueden modular por territorio, amarrando apoyos cruzados. El método es conocido en el parlamentarismo europeo: “paquetes” con medidas que benefician a distintos socios al mismo tiempo y evitan que ninguno quede descolgado ante su electorado.

En paralelo, Moncloa cuida la escenografía institucional. La parada en Los Pedroches no fue casual ni meramente costumbrista. Son ferias que concentran alcaldes, empresarios y productores, y que permiten dejar mensajes políticos en escenarios no crispados. A pie de feria, Montero hilvanó la narrativa de “acompañar los tiempos”: “A veces las cosas van más lentas de lo que quisiéramos”, admitió, para subrayar a continuación la constancia del Gobierno. De nuevo, fiabilidad por encima de los golpes de efecto. En una legislatura con mayorías cortas, la credibilidad vale tanto como la aritmética.

La oposición y el relato del desgaste

Mientras el Gobierno se aferra a la utilidad y la estabilidad, la oposición —con el Partido Popular al frente— busca consolidar el relato de que “voto a voto” equivale a debilidad, a “cesión permanente” y a una legislatura atascada. Ese marco empuja a plantear enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, solicitar comparecencias del presidente y convertir cada decreto-ley en un combate. El cálculo es nítido: elevar el coste político de cada acuerdo y forzar la sensación de fin de ciclo. Vox acostumbra a moverse en un carril paralelo de oposición frontal, mientras los actores autonómicos del PP aprietan en sus territorios con la premisa de maximizar la presión.

Pero también hay riesgos para la oposición. Cuando las votaciones versan sobre inversiones evidentes o políticas socialmente bien aceptadas, un “no” sistemático puede girar contra quien lo emite si otros partidos autonómicos, empresariales o sindicales reclaman acuerdos útiles. El Senado, donde el PP tiene ventaja, opera en otra clave: puede retrasar, vetar o enmendar, pero no tumba definitivamente. El termómetro está en el Congreso, y el PP lo sabe. Si el Gobierno hilvana un par de victorias relevantes, el relato de parálisis pierde pegada. Si, por el contrario, encadena tropiezos, la idea de legislatura al ralentí se instala.

Lo que se juega con las nuevas cuentas públicas

No es un expediente técnico. Los Presupuestos son la ley de leyes y determinan densidad política durante meses. Una aprobación ofrece medio año de oxígeno y visibilidad; una prórroga mantiene el Gobierno en pie, sí, pero estrecha el margen para desplegar nuevas políticas y debilita el mensaje. Con cuentas nuevas, el Ejecutivo puede marcar prioridades en vivienda, sanidad, educación, ciencia, industria, transición energética y digitalización, al tiempo que territorializa inversiones y mima a los socios que hagan falta para sumar la mayoría. Con prórroga, el tablero se vuelve más táctico: decretos y leyes sectoriales pasan a ser finales semanales, con un coste de negociación más alto.

También está en juego la credibilidad externa. Bruselas observa los planes fiscales y el cumplimiento de la senda. Los mercados valoran la previsibilidad. Las comunidades autónomas planifican sanidad y educación con las transferencias definidas. Los ayuntamientos miran su regla de gasto y las inversiones sostenibles. El tejido empresarial mide señales sobre energía, industria y seguridad regulatoria. No es retórica: un voto clave en el Congreso puede abaratar o encarecer decisiones de inversión y activar o frenar licitaciones que afectan a miles de empleos.

Lo que puede mover votos: políticas con impacto rápido

El margen político en una legislatura a tirones suele ampliarse con medidas de impacto perceptible. En vivienda, alquiler asequible y rehabilitación son dos palancas con retorno rápido si se orquestan con autonomías y ayuntamientos. En transporte, cercanías fiables, bonos y mejoras de frecuencias abren puertas a acuerdos con grupos con fuerte base territorial. En industria, las convocatorias y permisos acelerados para nuevos polos —baterías, hidrógeno, componentes de automoción, microelectrónica— casan con la agenda de PNV y BNG, entre otros. En transición energética, infraestructuras de red y almacenamiento dan solidez a la narrativa de modernización. En empleo, incentivos a la contratación indefinida y formación para perfiles técnicos muy demandados tejen apoyos transversales. Todo ello, distribuido territorialmente con una dosificación realista de plazos y licitaciones, aporta votos.

En paralelo, políticas sociales que no disparen el gasto estructural pueden encontrar hueco: dependencia, cuidados, infancia, discapacidad, salud mental. Son capítulos donde EH Bildu, ERC y Sumar suelen querer dejar huella y donde PNV y BNG aceptan transacciones si no erosionan sus prioridades fiscales. Coalición Canaria y UPN valoran soluciones singulares a problemas muy concretos de sus territorios, y esos vectores pueden delimitar votos útiles en momentos puntuales.

Lo que marcará el desenlace inmediato

El primer hito será el techo de gasto. Si sale, el Gobierno dispondrá de una pista para registrar los Presupuestos y negociar su aprobación con un relato de viabilidad. Si no, tocará reordenar la estrategia hacia un año de prórroga y microacuerdos. María Jesús Montero ha fijado el marco: agotar la legislatura y negociar voto a voto. Pedro Sánchez mantiene cerrado el debate de elecciones anticipadas y empuja a su equipo a coser apoyos. Junts conserva la llave de la incertidumbre: no dio apoyo a la legislatura, sí a la investidura. ERC, PNV, EH Bildu, BNG, CC y UPN sopesan el valor del acuerdo frente al coste político de darlo. Y la oposición buscará elevar el precio de cada voto, vinculando “voto a voto” con fragilidad.

El camino está descrito y no requiere milagros, sino oficio. Aritmética y credibilidad. Entregables con calendario. Silencio en algunas reuniones y anuncios donde corresponda. Si Hacienda logra que las cifras encajen con las voluntades, habrá Presupuestos y la legislatura ganará meses de estabilidad. Si falla el primer movimiento, el Gobierno seguirá teniendo instrumentos —decretos, leyes sectoriales, pactos puntuales—, pero cada martes se parecerá a una final. Villanueva de Córdoba habrá sido entonces algo más que un marco pintoresco: el lugar donde Montero fijó la brújula política de los próximos meses con una frase sencilla, “voto a voto”, que define el método y acota la ambición.

En esa sencillez reside el diagnóstico: España no vive una legislatura para grandes mayorías estables, sino para acuerdos precisos y políticas verificables. Ahí, el Gobierno cree tener oficio y piedra de toque. La oposición cree ver un desgaste inevitable. Entre ambos relatos se jugará cada votación. Techo de gasto, Presupuestos, medidas sociales y acuerdos territoriales serán el campo de pruebas. El desenlace no vendrá de un giro súbito, sino de sumas cortas repetidas. Voto a voto, como repitió María Jesús Montero ante los micrófonos, con la vista puesta en agotar la legislatura y con el coste calculado de cada concesión. La política, al final, se medirá en números pequeños y decisiones puntuales. Y en quién sepa convertir esa minuciosa artesanía en resultado.