Mazón guarda silencio ante el Congreso por la DANA

Carlos Mazón volvió a comparecer ante la comisión del Congreso que examina la respuesta a la DANA del 29 de octubre de 2024, pero evitó contestar a las preguntas centrales sobre su actuación como presidente de la Generalitat Valenciana. Sostuvo que no hará declaraciones públicas sobre los hechos mientras siga abierta la instrucción judicial y defendió que un tribunal ya había decidido no investigarlo. Su intervención, por tanto, no fue un relato detallado de aquella jornada, sino una negativa a entrar en sus aspectos más controvertidos, acompañada de reproches a los grupos que lo interrogaban.

El expresidente sí habló para recordar su situación judicial y discutir algunas acusaciones, pero mantuvo el silencio sobre cuestiones concretas que los diputados querían aclarar. La diferencia importa: no respondió de forma sustantiva sobre las decisiones y comunicaciones durante la emergencia, aunque no permaneció callado durante toda la sesión. La comisión terminó convertida en un nuevo choque político sobre responsabilidades, mensajes y competencias, sin que la comparecencia despejara las preguntas que siguen pesando sobre la gestión de la catástrofe.

Una comparecencia marcada por la negativa a responder

Mazón explicó ante los diputados que, a su juicio, lo procedente era no hacer declaraciones públicas hasta que terminara la instrucción de la causa. Presentó esa decisión como una cautela vinculada al procedimiento judicial y no como una falta de disposición a comparecer. Sin embargo, la comisión parlamentaria tenía precisamente el propósito de interrogarlo sobre su actuación política, de modo que su argumento no satisfizo a quienes esperaban respuestas sobre la coordinación de la emergencia y la información que recibió durante el día.

El exdirigente comenzó recordando que el Tribunal Superior de Justicia había decidido no investigarlo en la causa. También aludió a una denuncia del PSOE ante el Supremo y sostuvo que esta había desembocado en una resolución unánime que, según su lectura, lo exoneraba de responsabilidad. Esa fue la base de su defensa pública: invocar las decisiones judiciales y cuestionar el planteamiento de sus interrogadores, en lugar de reconstruir las decisiones que tomó durante las horas críticas.

La sesión dejó así una distinción esencial para entender el episodio. Mazón compareció ante un órgano parlamentario y habló de su posición ante los tribunales, pero no ofreció una explicación detallada de los hechos que la comisión pretende examinar. La invocación de una decisión judicial puede servirle como argumento en el debate político, aunque no reemplaza una respuesta sobre qué información tenía, cómo la valoró y qué instrucciones dio o dejó de dar. El silencio sobre esos puntos fue el rasgo dominante de la comparecencia.

La segunda comparecencia no cerró las preguntas

La nueva citación llegaba después de una comparecencia anterior, celebrada en noviembre de 2025. Los grupos que impulsaron su regreso querían volver sobre aspectos que consideraban pendientes, entre ellos los mensajes intercambiados el día de la riada en un grupo de WhatsApp con miembros de su Gobierno. El interés no estaba únicamente en saber si hubo comunicaciones, sino en aclarar qué mostraban sobre la percepción del peligro y la respuesta de las autoridades autonómicas.

La sesión también tenía un contexto más amplio: la comisión había previsto escuchar ese mismo día a Emilio Argüeso, antiguo secretario autonómico de Emergencias y uno de los responsables de esa área durante la tragedia. Argüeso ya había sido citado en enero, pero entonces no acudió porque, según se informó, estaba de baja. Su comparecencia estaba convocada para la tarde, después de la de Mazón. El interrogatorio al expresidente formaba parte de una investigación parlamentaria más extensa, aunque la atención se concentró en su negativa a responder.

La repetición de una citación no garantiza que una comisión obtenga información nueva. En este caso, la expectativa de los grupos críticos era que el regreso permitiera insistir en asuntos que habían quedado sin aclarar, pero Mazón optó por remitirse a su comparecencia inicial y a su posición judicial. El resultado fue una sesión de confrontación, no una reconstrucción compartida de la secuencia de decisiones. Esa diferencia explica por qué la segunda intervención no apaciguó el debate: la comparecencia añadió tensión política, pero no el detalle que buscaban los diputados.

Qué significa invocar la causa judicial

La causa judicial y la comisión parlamentaria son espacios distintos. La primera examina posibles responsabilidades conforme a un procedimiento judicial; la segunda reúne a diputados para pedir explicaciones políticas y analizar cómo actuaron las instituciones. Que Mazón invoque la instrucción para no pronunciarse sobre determinados hechos no convierte automáticamente su silencio en una respuesta a la comisión, del mismo modo que una sesión parlamentaria no equivale a una sentencia ni determina por sí sola una responsabilidad penal.

El expresidente sostuvo que el tribunal había decidido no investigarlo y utilizó esa resolución para cuestionar las acusaciones dirigidas contra él. Pero ese argumento, por sí solo, no aclara la secuencia de decisiones administrativas ni responde a las preguntas sobre la información disponible durante la emergencia. La ausencia de una investigación judicial sobre una persona no reconstruye lo ocurrido dentro de un Gobierno; son cuestiones relacionadas, pero no intercambiables.

También conviene distinguir entre las afirmaciones de los diputados y los hechos establecidos por una resolución judicial. En la comisión se formularon acusaciones severas sobre la conducta de Mazón, la veracidad de sus declaraciones y su conocimiento de la gravedad de la situación. Son parte del enfrentamiento político y deben atribuirse a quienes las expresaron, no presentarse como conclusiones probadas. La propia insistencia del expresidente en la causa revela hasta qué punto la discusión pública está atravesada por el proceso judicial, pero la instrucción pendiente y el escrutinio parlamentario siguen caminos diferentes.

Los mensajes y la discusión sobre lo que sabía

Uno de los asuntos más disputados fue el contenido de los mensajes intercambiados durante la jornada de la riada. La diputada de Compromís Àgueda Micó sostuvo que las comunicaciones conocidas demostraban que Mazón sabía que había víctimas y le reprochó que, en su comparecencia anterior, hubiera afirmado que desconocía que hubiera muertos. Esa interpretación fue planteada como una acusación política durante la sesión; el expresidente no ofreció entonces una explicación pormenorizada que resolviera la discrepancia.

El diputado socialista Sánchez Serna también preguntó por la negativa de Mazón a entregar sus mensajes de WhatsApp. La cuestión no se limitaba a la existencia de conversaciones, sino a si su contenido podía contribuir a fijar qué información circuló y cuándo. Mazón respondió cuestionando la premisa de los reproches y preguntó si se le consideraba ausente o si se le atribuía haber dado órdenes, al sostener que ambas cosas no podían afirmarse a la vez. La disputa sobre los mensajes se convirtió en una discusión sobre su papel efectivo en la respuesta.

En ese cruce quedaron sin aclarar los detalles que habrían permitido seguir la secuencia con mayor precisión: qué comunicaciones se consideraban relevantes, qué conocimiento aportaban y cómo se relacionaban con las decisiones adoptadas. La comisión no obtuvo de Mazón una explicación completa sobre esos intercambios. Tampoco basta con afirmar que un mensaje prueba por sí solo una responsabilidad: su significado depende del contexto, de la hora y de las decisiones a las que se vincule. El desacuerdo sobre los WhatsApp continúa siendo, en buena medida, un desacuerdo sobre cómo interpretar la información disponible.

La discusión sobre las competencias de emergencia

Otro choque se produjo cuando Mikel Otero, de EH Bildu, cuestionó a Mazón por la facultad de declarar la situación de emergencia. El expresidente negó que tuviera esa competencia y respondió que ya había contestado ampliamente a ese asunto en otra ocasión. La réplica provocó una reacción de Alberto Ibáñez, de Compromís, que expresó su indignación ante lo que entendía como una evasiva. El intercambio mostró que parte de la controversia no gira solo en torno a lo que se hizo, sino también a quién correspondía cada decisión.

La distribución de competencias es central en una emergencia porque las actuaciones dependen de responsabilidades institucionales diferentes. Pero el cruce parlamentario no resolvió por sí mismo dónde terminaba la autoridad de un cargo y dónde empezaba la de los órganos técnicos o de otros niveles de la Administración. Negar una competencia concreta no responde automáticamente a la pregunta política sobre la actuación general: puede aclarar un aspecto formal y dejar intacta la discusión sobre el liderazgo, la coordinación y la reacción ante el riesgo.

La comparecencia tampoco permitió separar con claridad las decisiones que Mazón atribuye a otros organismos de aquellas que correspondían a su Gobierno. Esa separación requiere una cronología precisa y la explicación de qué información recibió cada responsable, no solo un intercambio de reproches. Mientras el expresidente insistió en que ya había contestado y negó tener determinadas facultades, los diputados críticos sostuvieron que seguían faltando respuestas. La cuestión de las competencias quedó planteada, pero no aclarada en la sesión.

Rufián endurece el tono y la sesión se convierte en pulso político

Gabriel Rufián, diputado de ERC, protagonizó uno de los ataques más duros. Dijo que la comparecencia le parecía una pérdida de tiempo y reclamó que Mazón afrontara las consecuencias judiciales que, a su juicio, correspondían. También lo calificó con insultos y expresiones acusatorias. La dureza del lenguaje marcó el tono del enfrentamiento, aunque esas descalificaciones pertenecen a la intervención política del diputado y no constituyen una resolución judicial.

El choque no se limitó a la responsabilidad personal del expresidente. Rufián criticó asimismo la actitud de parlamentarios del PP durante la sesión, a quienes acusó de interrumpirle y de reaccionar con risas. En una comisión ya cargada de tensión, esos reproches reforzaron la impresión de que los diputados no solo buscaban respuestas, sino que también disputaban ante las cámaras el relato de la tragedia. La confrontación verbal ocupó espacio que podía haberse dedicado a precisar hechos, aunque también reflejó la magnitud del desacuerdo entre los grupos.

Micó adoptó igualmente un tono muy crítico y sostuvo que Mazón no había dicho la verdad sobre su conocimiento de las muertes, apoyándose en la lectura que hizo de mensajes conocidos. Otros diputados exigieron explicaciones por el contenido de las conversaciones y por la ausencia de respuestas directas. Frente a esas acusaciones, el expresidente desacreditó el planteamiento de sus interlocutores y se remitió a lo que ya había declarado. El intercambio dibujó dos posiciones enfrentadas, sin una síntesis factual aceptada por ambas partes. La sesión dejó claro el conflicto político, pero no resolvió el desacuerdo sobre los hechos.

La responsabilidad política no se agota en la situación judicial

La defensa de Mazón se apoyó en su interpretación de las decisiones judiciales y en la idea de que no debía hacer declaraciones hasta que concluyera la instrucción. Sus críticos, en cambio, reclamaron que respondiera ante los representantes públicos con independencia del curso de la causa. El desacuerdo no es solo táctico: expresa dos maneras de entender qué debe una figura política a una comisión que examina su actuación cuando una investigación judicial sigue abierta.

Una resolución que determine si procede investigar a una persona no contesta necesariamente a todas las preguntas sobre su desempeño político. Los diputados pueden analizar decisiones institucionales, la coordinación y la comunicación pública, mientras que los tribunales se ocupan de las responsabilidades que les corresponden. A la inversa, las acusaciones formuladas en una comisión tampoco prueban por sí mismas una conducta delictiva. Confundir ambos planos conduce a presentar como sentencia lo que es una acusación o como explicación completa lo que es una decisión procesal.

En este caso, Mazón utilizó su situación judicial para justificar que no entraría en detalles, mientras sus interrogadores consideraron que esa postura impedía fiscalizar su gestión. Ninguna de las dos posiciones elimina la necesidad de distinguir entre hechos comprobados, alegaciones de los grupos y argumentos del compareciente. Esa cautela resulta especialmente importante cuando se trata de una catástrofe con víctimas y familias que reclaman verdad y rendición de cuentas. El debate político puede señalar responsabilidades, pero no debe sustituir la comprobación de cada afirmación.

Las víctimas, fuera del hemiciclo y en el centro del debate

Las asociaciones de víctimas anunciaron concentraciones junto al Congreso coincidiendo con las comparecencias de Mazón y Argüeso. Entre ellas estaban la Associació de Víctimes de la Dana 29 d’Octubre 2024, la Asociación de Víctimas Mortales 29-O y la Asociación de Víctimas y Damnificados de la DANA de Valencia. Su presencia trasladó al exterior de la Cámara una exigencia que atravesó la sesión: conocer qué ocurrió, obtener justicia y lograr reparación para las personas afectadas.

La protesta de las asociaciones tenía un significado distinto al de los enfrentamientos entre partidos. Mientras los diputados discutían sobre competencias, mensajes y responsabilidades políticas, las entidades recordaban que la investigación no es un ejercicio abstracto. La riada del 29 de octubre de 2024 dejó una huella humana que no queda representada por el intercambio parlamentario ni por la estrategia de cada grupo. La rendición de cuentas importa también por el derecho de las familias a comprender cómo se respondió a la emergencia.

La presencia de las víctimas obliga a medir con cuidado el lenguaje empleado en la comisión. Las descalificaciones pueden expresar indignación, pero no sustituyen una cronología fiable ni contestan por sí mismas a las preguntas que las familias consideran esenciales. Del mismo modo, invocar el proceso judicial no borra la dimensión pública de las decisiones de gobierno. Entre el ruido de la sesión y la investigación pendiente, permanece una exigencia más concreta: que las instituciones expliquen cómo actuaron y con qué información. La claridad sobre la respuesta oficial es parte de la reparación pública que reclaman las asociaciones.

Una comisión que sigue pendiente de reconstruir la jornada

La comparecencia de Mazón dejó sobre la mesa asuntos que los grupos habían anunciado como motivo de su nueva citación: los mensajes del día de la tragedia, el alcance de su conocimiento y las decisiones vinculadas a la emergencia. También estaba prevista la intervención de Argüeso, antiguo responsable autonómico de Emergencias, cuya aportación podía ofrecer otra perspectiva institucional. La convocatoria de ambos no implica que sus versiones vayan a coincidir ni que una comparecencia, por sí sola, cierre el análisis.

La comisión tenía asimismo previstas nuevas sesiones, con comparecencias del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y de la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas. Estas citaciones amplían el examen a distintos niveles de responsabilidad y permiten contrastar relatos, aunque el valor de ese trabajo dependerá de que las respuestas se acompañen de hechos y documentos verificables. La reconstrucción de una emergencia exige conectar las decisiones de cada cargo, no examinar cada declaración de forma aislada.

La jornada parlamentaria no aportó una explicación completa de por qué se actuó como se actuó en las horas decisivas. Sí dejó a la vista la estrategia de Mazón: no declarar públicamente sobre el fondo mientras siga la instrucción y apoyarse en la decisión judicial que, según él, lo exonera. Frente a ello, los diputados críticos insistieron en que el control político no puede quedar suspendido por la controversia judicial. La verdad sobre la respuesta a la DANA dependerá de que las preguntas pendientes encuentren respuestas concretas, no solo nuevos enfrentamientos.