¿Cuánto franquismo late en la corrupción de PSOE y PP?

El 20 de noviembre, cuando se cumplen cincuenta años de la muerte de Francisco Franco, la política española vuelve a estar pendiente de los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, por los presuntos delitos investigados en la trama de contratos de mascarillas durante la pandemia. También reclama casi veinte años para su antiguo asesor Koldo García. En la misma causa, el Tribunal Supremo ha dejado en libertad provisional a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión preventiva, aunque mantiene la investigación sobre su presunta relación con comisiones en adjudicaciones públicas.

La corrupción que afecta hoy a PSOE y PP no es una prolongación directa de la dictadura. España tiene elecciones libres, prensa independiente y tribunales capaces de investigar a quienes gobiernan. Pero el franquismo asentó una cultura de favores, opacidad y proximidad entre el poder político y determinados negocios que no desapareció de golpe con la democracia. Esa herencia ayuda a explicar el terreno en el que prosperaron algunas redes; no absuelve a quienes, décadas después, las organizaron, toleraron o no supieron impedirlas.

Cincuenta años después: un país aún marcado por los casos

El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional sitúa a España en 56 puntos sobre 100 y en el puesto 46 de 180 países. Son cuatro puntos y diez posiciones menos que el año anterior. El indicador recoge percepciones sobre la corrupción en el sector público: sirve para observar una tendencia, pero no permite calcular cuántos delitos se cometen ni atribuir el retroceso a un caso concreto. La organización advierte, además, del debilitamiento o desaparición de agencias autonómicas antifraude.

Los grandes sumarios ofrecen una imagen más tangible, aunque cada uno exige sus propios matices. El caso ERE examinó la gestión irregular de 679 millones de euros en ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía; esa cifra corresponde al volumen del sistema investigado, no al dinero que se haya acreditado como robado. Entre los antiguos responsables condenados figuraron los expresidentes socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Después, el Tribunal Constitucional anuló aspectos esenciales de varias condenas y ordenó revisar las sentencias, incluida la que imponía prisión a Griñán. El alcance penal de cada responsabilidad debe leerse a la luz de esas decisiones posteriores.

En el PP, Gürtel mostró cómo una red empresarial obtuvo contratos de administraciones gobernadas por el partido y dispensó favores a dirigentes políticos. Los papeles de su extesorero Luis Bárcenas abrieron otro frente sobre la contabilidad opaca y la financiación irregular. La sentencia de la primera época de Gürtel declaró al partido partícipe a título lucrativo por beneficios recibidos en determinados municipios. Su repercusión política fue decisiva: en 2018, una moción de censura sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa.

La investigación de Kitchen añadió una cuestión distinta y especialmente grave: el presunto empleo de medios policiales y fondos reservados desde el Ministerio del Interior de un Gobierno del PP para obtener documentación de Bárcenas y dificultar las pesquisas sobre la financiación del partido. Una acusación sobre el uso del aparato del Estado no puede confundirse con una condena firme mientras la causa sigue su curso, pero muestra hasta dónde puede llegar el daño institucional cuando una organización intenta protegerse de un escándalo.

Junto a esos casos aparecen Púnica y Lezo en Madrid, las investigaciones sobre comisiones vinculadas a contratos de Convergència en Cataluña y los negocios surgidos durante la emergencia sanitaria. El contrato de mascarillas de la Comunidad de Madrid por el que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, cobró 234.000 euros por su intermediación fue archivado por la Fiscalía al no apreciar delito. Su inclusión en este panorama no equipara jurídicamente esa operación con las tramas condenadas: recuerda que un negocio puede abrir un debate sobre conflictos de intereses sin constituir por ello una infracción penal.

La maquinaria del franquismo: clientelas, favores y opacidad

La imagen de un franquismo austero resiste mal el examen de su economía cotidiana. La investigación histórica sobre la posguerra, incluida la de Miguel Ángel del Arco Blanco, describe un sistema en el que la cercanía al poder facilitaba alimentos, permisos y oportunidades. La escasez multiplicaba el valor de una autorización administrativa. Quien decidía el destino de un cargamento, concedía una licencia o controlaba el reparto de recursos podía condicionar la vida de familias enteras.

El estraperlo tenía una dimensión de supervivencia, pero no se agotaba en los intercambios clandestinos de quienes trataban de comer. También favorecía a quienes disponían de contactos, transporte, almacenes o protección política. El acceso desigual a los bienes básicos permitía premiar lealtades y castigar disidencias. No era simplemente un mercado negro al margen del Estado: una parte de sus ventajas dependía precisamente de la capacidad de algunos cargos para aplicar las normas a unos y dispensar a otros.

Más arriba operaba una alianza entre autoridades y empresarios próximos al régimen. Concesiones, monopolios, obras y asientos en consejos de empresas públicas o semipúblicas podían recompensar la fidelidad política. La trayectoria de algunos empresarios vinculados a la dictadura muestra que el negocio y la posición ante el poder se reforzaban mutuamente. Eso no significa que toda actividad económica dependiera de un favor ni que cada contrato fuese irregular; significa que las decisiones importantes se tomaban en un entorno sin competencia política ni controles independientes capaces de revisar sus motivos.

La falta de libertades reducía también la posibilidad de conocer los abusos. El caso Matesa, a finales de los años sesenta, expuso la combinación de créditos oficiales, exportaciones infladas y protección política, pero fue excepcional que una trama alcanzara semejante visibilidad. Denunciar tenía un coste que investigar al poder no tenía para el propio poder: la prensa estaba sometida a restricciones y los tribunales no actuaban como contrapeso de una democracia. La opacidad no era un fallo pasajero de funcionamiento, sino una característica del régimen.

La huella más difícil de medir no es una lista de funcionarios o empresas que sobrevivieron a Franco, aunque hubo continuidades personales. Es la idea de que una relación bien situada puede abrir puertas cerradas para otros. Esa costumbre confunde un derecho con un favor y convierte la discrecionalidad administrativa en ventaja privada. Su persistencia no prueba que cada corrupto democrático aprendiera del franquismo; señala un entorno histórico en el que ciertas prácticas adquirieron apariencia de normalidad.

Estraperlo y privilegios como escuela de poder

Los estudios sobre los años del hambre estiman en torno a 200.000 muertes adicionales por hambre y enfermedades asociadas entre 1939 y 1942. En una sociedad sometida a esa presión, conseguir alimentos, un trabajo o permiso para comerciar podía depender tanto de una necesidad real como de la posición social y política de quien lo solicitaba. La corrupción no afectaba únicamente a las cuentas públicas: intervenía en el control de la población y en la distribución de posibilidades de vivir con seguridad.

El contacto adecuado pasaba a ser, para muchos, una herramienta de supervivencia. Ese dato importa porque ayuda a entender por qué el favor no siempre se percibía como un abuso. Quien lograba resolver un trámite mediante un conocido veía el resultado inmediato; quedaba menos visible el perjuicio a quien debía esperar o no tenía acceso a nadie. El privilegio se volvía costumbre cuando la regla escrita parecía menos eficaz que la relación personal.

Décadas después, una licencia urbanística o una adjudicación no son comparables a conseguir comida en la posguerra. Las instituciones, las necesidades y la responsabilidad de los implicados son otras. La semejanza está en el mecanismo: una decisión pública que favorece a quien tiene acceso privilegiado y desplaza criterios que deberían valer para todos. Reconocer esa continuidad cultural no exige borrar la distancia moral e histórica entre una dictadura y una democracia.

La Transición y el bipartidismo: lo que cambió y lo que no

La Transición transformó las reglas fundamentales del país. Hubo elecciones, partidos legales, libertades civiles y una Constitución que reconoció derechos y límites al poder. Pero el cambio político no supuso sustituir en bloque el aparato administrativo ni las élites económicas. Muchos profesionales y altos cargos continuaron sus carreras, mientras las nuevas instituciones aprendían a supervisar estructuras que habían funcionado durante décadas bajo jerarquías poco transparentes.

En los años ochenta, con los gobiernos de Felipe González, y después con los de José María Aznar, PSOE y PP consolidaron su predominio en numerosos niveles de poder. Gestionaron un Estado con grandes presupuestos de obra pública, procesos de privatización, cajas de ahorro de fuerte arraigo territorial y administraciones capaces de adjudicar contratos decisivos para muchas empresas. Al mismo tiempo, las campañas y las organizaciones partidarias necesitaban recursos. Esa combinación no hizo inevitable la corrupción, pero multiplicó las ocasiones de negociar influencias y dinero fuera de los cauces legales.

Los controles democráticos existían, aunque sus límites se hicieron visibles. La fiscalización del Tribunal de Cuentas, las dificultades para proteger a denunciantes, la dependencia de nombramientos políticos en órganos de control y la lentitud de causas complejas han aparecido una y otra vez en el debate público. Una ley puede prohibir una comisión sin impedirla por sí sola cuando una red conoce los puntos débiles de la contratación y dispone de años para operar antes de que se reconstruya el recorrido del dinero.

También pesó lo que no se investigó al estrenarse la democracia. La prioridad de asegurar una salida pactada del franquismo dejó la corrupción de la dictadura sin un examen público y judicial comparable al realizado en otros procesos de cambio político. De ahí no se deduce que una pesquisa entonces hubiera evitado Gürtel o los ERE décadas más tarde. Sí permite plantear una cuestión: las prácticas de poder heredadas recibieron menos escrutinio que las nuevas reglas escritas, y la distancia entre unas y otras tardó en hacerse visible.

PSOE y PP ante el espejo: de Filesa a Koldo, de Gürtel a Kitchen

En el PSOE, Filesa, Malesa y Time-Export revelaron a comienzos de los noventa una trama de empresas pantalla y facturas falsas destinada a financiar al partido. El caso mostró que las necesidades económicas de una organización podían acabar trasladándose a negocios simulados. Poco después, el caso GAL llevó a prisión al exministro del Interior José Barrionuevo y al exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Vera por su papel en la guerra sucia contra ETA. No fue una trama de comisiones, pero sí un ejemplo extremo de utilización ilegal de recursos y estructuras estatales.

Los ERE andaluces obedecen a otro mecanismo. Las ayudas para trabajadores y empresas en crisis se articularon mediante un sistema cuestionado por la ausencia de controles suficientes y por decisiones arbitrarias. Las primeras sentencias castigaron a responsables de la Junta, pero el Tribunal Constitucional corrigió después elementos centrales de aquellas condenas. Ese recorrido obliga a separar tres planos: las deficiencias en la gestión del dinero, las responsabilidades políticas por mantener el sistema y los delitos que finalmente puedan considerarse acreditados tras la revisión judicial.

Gürtel expuso, en el PP, una red encabezada por Francisco Correa que se benefició de relaciones con administraciones gobernadas por los populares. A cambio de contratos y favores, hubo pagos y servicios que acabaron afectando a cargos y a la organización. Los papeles de Bárcenas dibujaron además una contabilidad paralela alimentada con aportaciones empresariales. Las distintas piezas no forman una única sentencia, pero juntas retratan la facilidad con la que dinero privado, contratación pública y necesidades del partido podían cruzarse.

Kitchen desplaza el foco del beneficio económico a la posible protección de quienes podían quedar expuestos por esas investigaciones. La causa examina si se emplearon policías y fondos reservados para espiar a Bárcenas y hacerse con documentos comprometidos, al margen del control judicial. Que una democracia pueda investigar esos hechos es una diferencia esencial respecto al franquismo. Que los hechos se atribuyan a personas situadas en instituciones llamadas a proteger la legalidad explica la gravedad política de la sospecha.

En Madrid, Púnica ha investigado adjudicaciones de servicios municipales, contratos de eficiencia energética y presuntas comisiones a dirigentes o redes próximas al PP. Lezo se centra, entre otras operaciones, en la gestión del Canal de Isabel II y en compras empresariales bajo sospecha. Son causas distintas, con hechos y situaciones procesales que no se deben mezclar. Las conecta el peso del poder territorial en decisiones económicas de gran valor: ayuntamientos, comunidades y empresas públicas pueden ser tan relevantes para una trama como un ministerio.

La investigación que afecta a Ábalos, Koldo García y Cerdán nació de contratos de mascarillas durante la emergencia sanitaria y se ha ampliado a presuntas comisiones relacionadas con obra pública. La Fiscalía pide penas de prisión para Ábalos y García; Cerdán sigue investigado tras salir de prisión provisional. Las acusaciones y los indicios no equivalen a culpabilidad probada. Su importancia pública reside, además de en el posible alcance penal, en la posición que los investigados ocuparon dentro de un partido que gobierna España.

Obra pública y contratos sanitarios como autopista de comisiones

La contratación pública concentra buena parte de estos episodios porque pone en contacto grandes presupuestos, decisiones administrativas y empresas que dependen de ellas. Una carretera, un servicio municipal o una compra urgente requieren valorar ofertas, fijar condiciones y supervisar resultados. La trampa puede introducirse en cualquiera de esas fases: un pliego adaptado a un licitador, una valoración sesgada, un sobreprecio o una intermediación que no añade valor al contrato.

En investigaciones como Púnica y la trama del 3 % en Cataluña aparecen porcentajes de presuntas comisiones de alrededor del 2 % o el 3 % del valor de adjudicaciones. Las pesquisas sobre el entorno de Cerdán también apuntan a un supuesto porcentaje cercano al 2 % en contratos de obra pública. La similitud numérica no demuestra que exista una red común ni que todas las adjudicaciones investigadas fueran amañadas. Describe un modo recurrente de transformar contratos cuantiosos en pagos aparentemente asumibles para quienes los obtienen.

La pandemia añadió una circunstancia excepcional. Las administraciones necesitaban comprar material sanitario con rapidez, en un mercado sometido a escasez y fuertes oscilaciones de precios. La urgencia facilitó contratos difíciles de comparar con compras ordinarias y abrió espacio a intermediarios. Un margen comercial elevado no prueba por sí mismo una mordida: importa si hubo contraprestaciones reales, vínculos ocultos, trato de favor o decisiones administrativas irregulares. Esa distinción resulta imprescindible para juzgar operaciones muy diferentes.

El contrato de mascarillas de la Comunidad de Madrid ilustra el límite entre el reproche político y la responsabilidad penal. Tomás Díaz Ayuso cobró 234.000 euros por intermediar en una operación cuyo precio de venta a la administración superó ampliamente el coste de adquisición del material. La Fiscalía archivó la investigación al no apreciar delito. En cambio, en el caso Koldo los investigadores siguen el rastro de presuntos pagos y beneficios vinculados a adjudicaciones de instituciones como Puertos del Estado o Correos. La decisión judicial depende de pruebas sobre cada operación, no de que todas se desarrollaran en la misma emergencia.

Los números actuales: percepción, instituciones y retrocesos

El descenso de España a 56 puntos en el índice de Transparencia Internacional es una señal sobre la confianza en el sector público, no una medida exacta del dinero perdido. Leerlo así evita dos errores: presentar el país como si careciera de controles o descartar el retroceso porque existen sentencias y periodistas que investigan. Las dos realidades conviven. Hay mecanismos capaces de destapar redes complejas y, al mismo tiempo, una percepción de que las instituciones no previenen suficientemente su aparición.

Los informes sobre corrupción mencionan el debilitamiento de agencias antifraude, la escasez de medios para algunos órganos de vigilancia y las dificultades para aplicar la protección de denunciantes. La prolongada parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial también dañó la confianza en la capacidad de los partidos para preservar a los órganos de control de sus disputas. La independencia no depende solo de que un juez pueda condenar; necesita procedimientos de nombramiento y recursos que resulten creíbles antes de que estalle un caso.

Los barómetros europeos recogidos en la información disponible sitúan por encima del 80 % la proporción de españoles que perciben la corrupción como un problema grave y extendido en la política. Es una valoración ciudadana, no un porcentaje de cargos corruptos. Alimentan esa desconfianza tanto las causas penales como la distancia entre responsabilidad judicial y responsabilidad política: un dirigente puede no haber cometido un delito y aun así tener que explicar por qué toleró controles débiles o ignoró advertencias.

La diferencia con la dictadura sigue siendo decisiva. Hoy hay acceso a sumarios, investigaciones periodísticas, debate público y condenas a figuras de alto rango. También hay resoluciones que corrigen sentencias anteriores y archivos que impiden convertir una sospecha en delito por presión política. El Estado de derecho protege ambas posibilidades: perseguir los abusos y exigir pruebas suficientes antes de atribuirlos. Esa capacidad de revisión es una fortaleza democrática, incluso cuando deja respuestas incómodas para unos u otros.

Una herencia que no exime a quienes gobiernan

El franquismo ayuda a entender por qué las relaciones personales, las clientelas territoriales y la mezcla de intereses públicos y privados encontraron arraigo en España. La Transición cambió el sistema político sin romper de inmediato todas esas relaciones. Pero sería una explicación incompleta, y demasiado indulgente con los protagonistas actuales, atribuir a aquella herencia decisiones tomadas libremente en democracia. Las cajas opacas, los contratos manipulados o el uso indebido de recursos públicos requieren personas concretas que actúen y otras que no ejerzan los controles a su alcance.

PSOE y PP han dispuesto de décadas para conocer los riesgos de la financiación irregular y de la contratación pública. Gobernaron mientras salían a la luz Filesa, Gürtel, los ERE o Púnica; promovieron reformas y también nombraron responsables de instituciones encargadas de vigilar el poder. La pregunta histórica no sustituye a la rendición de cuentas presente. Permite observar de dónde vienen ciertas prácticas, pero la continuidad depende de los incentivos y las decisiones que cada generación política mantiene.

Los casos tampoco admiten una equivalencia automática entre partidos, delitos y épocas. Un archivo fiscal no es una condena; una investigación abierta no es un hecho probado; el uso ilegal de fondos reservados no responde al mismo mecanismo que una comisión sobre una obra. Pese a esas diferencias, emerge un problema compartido: la tentación de tratar la administración como un espacio de lealtades antes que como una estructura obligada a servir con las mismas reglas a todos los ciudadanos.

Las causas pendientes, entre ellas la que afecta a Ábalos, García y Cerdán y la investigación de Kitchen, seguirán su recorrido judicial. Sus desenlaces fijarán responsabilidades individuales, no una explicación definitiva de medio siglo de democracia. Lo que sí permite observar el conjunto de escándalos es dónde aparecen las grietas: financiación política, adjudicaciones de gran importe, contratos urgentes y órganos de control expuestos a las disputas partidistas. La persistencia de esas grietas no es una fatalidad histórica.

Cincuenta años después de la muerte de Franco, España ya no es un país donde denunciar al poder dependa de la protección del propio poder. Esa ruptura importa y explica que se conozcan hechos antes ocultos. También obliga a una exigencia mayor: cuando existen prensa libre, tribunales y controles públicos, la herencia deja de ser una excusa. El pasado ilumina el origen de algunas costumbres; la forma en que PSOE, PP y las instituciones respondan a ellas pertenece enteramente al presente.