¿Por qué Europa cuestiona la lucha contra la corrupción en España?

La Comisión Europea ha lanzado una advertencia incómoda sobre España: el país ha levantado una amplia estructura legal contra la corrupción, pero algunas de sus piezas esenciales funcionan con presupuestos provisionales, plantillas incompletas y facultades limitadas. El problema no es la ausencia absoluta de organismos, sino la distancia —cada vez más visible— entre lo que anuncian las leyes y lo que las instituciones pueden hacer cuando llega una denuncia real, una puerta giratoria o una reclamación de transparencia.

El Informe sobre el Estado de Derecho de 2026 no afirma que España sea un Estado corrupto ni anuncia multas contra el Gobierno. El diagnóstico es menos aparatoso y bastante más serio: persisten retrasos en las investigaciones, controles débiles sobre los altos cargos, una regulación de los grupos de presión todavía pendiente y autoridades que empiezan a trabajar sin los recursos necesarios. La arquitectura está dibujada. Faltan ladrillos, funcionarios y, en algunos despachos, algo parecido a unos dientes.

Europa no denuncia un colapso, pero sí una maquinaria a medio gas

El documento europeo, publicado el 17 de julio, reconoce avances. El Gobierno aprobó un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, puso en marcha la Autoridad Independiente de Protección del Informante y promovió varios proyectos legislativos sobre integridad pública, transparencia, conflictos de intereses y recuperación de activos. También aumentó plazas de jueces y fiscales e impulsó cambios para reducir la duración de las causas complejas. No es una fotografía en negro. Tampoco permite brindar con champán.

Bruselas considera que el progreso sigue siendo limitado en los controles patrimoniales y en la vigilancia de los intereses de quienes ocupan altos cargos. También reclama que el órgano supervisor sea independiente y disponga de una capacidad sancionadora efectiva. En paralelo, pide acelerar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para abreviar unas investigaciones que pueden alargarse durante años entre recursos, peritajes, cooperación internacional y juzgados saturados.

Conviene afinar el lenguaje político. El Consejo de Transparencia o la Autoridad del Informante no son, en sentido estricto, «organismos de Sánchez», aunque su dotación y su desarrollo normativo dependan de decisiones del Ejecutivo y del Parlamento. Son instituciones públicas llamadas a vigilar a cualquier Gobierno, también al que las pone en marcha. Reducirlas a una propiedad presidencial sirve para el titular de trinchera, pero explica bastante poco.

El agujero más visible: denunciantes con presupuesto provisional

La Autoridad Independiente de Protección del Informante, conocida por las siglas AIPI, comenzó a funcionar en septiembre de 2025. Su tarea es delicada: recibir comunicaciones confidenciales, tramitar solicitudes de protección y evitar represalias contra quienes alertan de infracciones o posibles casos de corrupción. Debería ser una puerta blindada. De momento se parece más a una oficina recién inaugurada, con cajas todavía en el pasillo.

La Comisión Europea señala que la AIPI dispone de un acuerdo presupuestario temporal y no ha completado su plantilla. El informe detalla 23 puestos oficiales, de los cuales estaban cubiertos 14. Desde diciembre de 2025 había recibido más de 400 comunicaciones —unas cuatro diarias— y expedido más de 20 certificados de protección. La propia autoridad considera insuficientes sus medios ante una carga de trabajo que crece deprisa.

El presupuesto no es un asunto ornamental. Una denuncia puede exigir análisis jurídico, protección laboral, coordinación con fiscalías, revisión documental y seguimiento durante meses. Una autoridad con personal escaso corre el riesgo de acumular expedientes, responder tarde o convertirse en un buzón muy solemne. Y un informante que espera demasiado aprende una lección poco edificante: denunciar puede ser más rápido que obtener amparo.

La situación está relacionada con la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. España continúa en 2026 con las cuentas de 2023 prorrogadas, una solución constitucionalmente posible, pero torpe para financiar organismos nuevos que ni siquiera existían con su estructura actual cuando se aprobaron aquellas partidas. El Gobierno ha tenido que recurrir a acuerdos provisionales, suplementos y extensiones de servicios administrativos para mantener en funcionamiento determinadas áreas.

Una autoridad estatal en un mapa fragmentado

La AIPI tampoco actúa en un terreno limpio y uniforme. Varias comunidades autónomas cuentan con autoridades propias, con naturalezas, competencias y procedimientos diferentes. La coexistencia puede acercar la protección al territorio, pero también genera fronteras administrativas poco visibles para el denunciante: quién tramita el caso, qué órgano protege, dónde termina una competencia y empieza otra.

Bruselas recoge asimismo las dudas planteadas por organizaciones civiles sobre los servicios de apoyo a los informantes. No basta con esconder el nombre en un formulario. Hay que garantizar asesoramiento, confidencialidad, protección profesional y una respuesta comprensible. La corrupción suele moverse en pasillos conocidos; quien la denuncia, en cambio, entra casi siempre en una habitación oscura.

Transparencia: más reclamaciones, casi el mismo músculo

El segundo foco está sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, encargado de resolver reclamaciones cuando una administración niega información pública o guarda silencio. El futuro proyecto de Administración Abierta pretende reconocerlo por primera vez como autoridad administrativa independiente y otorgarle nuevas competencias sancionadoras. Sobre el papel, un salto considerable.

La realidad presupuestaria avanza a otra velocidad. El Consejo comunicó a la Comisión que sus recursos actuales, unos 3,9 millones de euros, dificultan el funcionamiento ordinario. Calcula que necesitaría incrementos anuales constantes de entre el 12 % y el 15 % para asumir expedientes cada vez más numerosos y complejos. En 2025 recibió 2.767 reclamaciones, frente a 1.973 durante 2024: un crecimiento del 40 % en un solo año.

Mientras las entradas se dispararon, las resoluciones apenas variaron: 2.234 en 2025 frente a 2.231 el año anterior. El dato no demuestra dejación; muestra una institución trabajando cerca de su techo operativo. Darle más competencias sin reforzar la plantilla sería como ampliar una línea de metro sin comprar trenes. El mapa queda precioso. Los viajeros siguen esperando en el andén.

La futura ley podría mejorar su independencia, reducir algunos plazos y permitir sanciones. Pero continúa en fase de anteproyecto. Hasta que sea aprobada y dotada económicamente, el Consejo seguirá enfrentándose al aumento de reclamaciones con el marco existente y unos recursos insuficientes para asumir la carga que se le avecina.

Conflictos de intereses, lobbies y sanciones pendientes

La Comisión también detecta un progreso escaso en la supervisión de los conflictos de intereses y las declaraciones patrimoniales de quienes ocupan altos cargos. La actual Oficina de Conflictos de Intereses puede revisar incompatibilidades, puertas giratorias y determinadas actividades posteriores al cese, pero su capacidad para descubrir, desincentivar y sancionar conductas indebidas sigue siendo limitada.

Entre 2014 y abril de 2025, la oficina autorizó 597 solicitudes de actividad tras el cese presentadas por 323 antiguos altos cargos. Solo rechazó el 3,3 %. Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2025 abrió 53 diligencias preliminares a partir de denuncias externas, mientras las sanciones fueron escasas. Estos números no prueban por sí mismos que las autorizaciones fueran incorrectas; sí alimentan la duda sobre si el sistema examina con suficiente profundidad las puertas giratorias y esa zona gris que separa una carrera profesional legítima de una influencia demasiado bien engrasada.

El proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública prevé crear una Agencia Independiente de Integridad Pública que reuniría funciones actualmente dispersas entre la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. El Gobierno aprobó el texto en segunda vuelta el 28 de julio y acordó remitirlo a las Cortes. Es un avance posterior a la elaboración del informe europeo, aunque la norma todavía debe superar una tramitación parlamentaria incierta.

La regulación de los grupos de presión sigue atravesando otro largo pasillo legislativo. El proyecto establece un registro público obligatorio y un código de conducta para quienes tratan de influir en las decisiones públicas, pero aún no ha recibido la aprobación definitiva del Parlamento. El informe europeo describe avances limitados y recuerda que la ausencia de reglas claras deja fragmentado el control de reuniones, contactos e intereses privados.

Una percepción social que empeora, aunque no mida delitos

El contexto explica la severidad de Bruselas. España obtuvo 55 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 y quedó en el puesto 49 de 182 países, además del lugar 17 dentro de la Unión Europea. En 2021 había obtenido 61 puntos. El descenso no contabiliza condenas ni dinero desviado; mide cómo expertos y actores económicos perciben la integridad del sector público. Es un termómetro, no una sentencia judicial. Pero cuando baja seis grados conviene mirar la caldera.

El Eurobarómetro de 2026 dibuja un malestar todavía más áspero: el 92 % de los españoles consultados cree que la corrupción está extendida en el país, frente al 71 % de media europea. Un 53 % considera que afecta a su vida cotidiana; entre las empresas, el 85 % la ve generalizada y el 62 % cree que perjudica la actividad empresarial. Son percepciones, insistamos. También son política, confianza y reputación institucional.

La paradoja española es reconocible. Existen investigaciones, juicios y condenas; no estamos ante un sistema de impunidad absoluta. En 2025, 19 nuevos asuntos de corrupción fueron remitidos al órgano judicial competente y 52 juicios terminaron con condena total o parcial, mientras 19 acabaron en absolución. La Fiscalía Anticorrupción logró contener su carga de diligencias preliminares y se crearon nuevas estructuras de coordinación. El problema aparece en la lentitud, la complejidad y la sensación de que la reacción institucional llega varios años después del escándalo.

Lo que ha hecho el Gobierno y lo que continúa en el aire

El Ejecutivo aprobó en agosto de 2025 un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con 15 medidas orientadas a prevenir riesgos, proteger a los denunciantes, endurecer sanciones, recuperar activos e impulsar la integridad pública. Posteriormente presentó la Ley de Administración Abierta, el proyecto de Integridad Pública y cambios relacionados con la investigación penal. Bruselas reconoce estos movimientos. Sería inexacto sostener que no se ha hecho nada.

También sería ingenuo confundir un anteproyecto con una transformación efectiva. Varias reformas continúan pendientes de las Cortes, mientras otras necesitarán reglamentos, sedes, aplicaciones informáticas, inspectores y presupuesto. El BOE no investiga expedientes por sí solo. Mucho menos protege a quien teme perder su empleo por señalar una irregularidad.

La responsabilidad, además, no tiene un único color. El Gobierno propone leyes, nombra estructuras y prepara las dotaciones; las Cortes deben aprobarlas; los grupos parlamentarios negocian, enmiendan o bloquean; las instituciones aplican después las normas. La fragmentación política explica parte de la demora, pero no convierte la demora en irrelevante. Cuando una reforma anticorrupción envejece en una ponencia parlamentaria, el tiempo no queda suspendido: siguen celebrándose contratos, reuniones y nombramientos.

Una democracia no se audita con promesas

La advertencia europea puede reducirse a una idea bastante elemental: combatir la corrupción cuesta dinero. Requiere organismos independientes, personal especializado, sanciones ejecutables, canales seguros y tribunales capaces de resolver antes de que una causa se convierta en arqueología judicial. Crear una autoridad sin plantilla suficiente o ampliar competencias sin presupuesto no fortalece el Estado; multiplica los membretes.

España ha iniciado reformas relevantes y la Comisión las reconoce. Sin embargo, el país continúa atrapado entre una inflación legislativa muy española —planes, anteproyectos, comisiones, estrategias— y una capacidad administrativa que avanza con los bolsillos vueltos del revés. Europa no ha dictado una condena contra Pedro Sánchez ni ha colocado a España fuera del Estado de derecho. Ha hecho algo más incómodo: medir la distancia entre las promesas y los resultados.

La fortaleza democrática no se demuestra anunciando el próximo organismo independiente, sino permitiendo que el actual responda a tiempo, investigue sin interferencias y sancione cuando corresponda. Lo demás es escenografía institucional: mármol brillante en la entrada y, al fondo, una bombilla fundida.