Por qué España participa en el tráfico de aletas de tiburones

El comercio ilegal de aletas persiste pese a CITES: genética en Hong Kong lo prueba, precios altos lo sostienen y España entra en el debate.

La respuesta directa cabe en pocas líneas: bastante más de lo que reflejan las estadísticas oficiales y con márgenes todavía muy jugosos. Pese a una década de restricciones internacionales, análisis genéticos en el mayor mercado del mundo —Hong Kong— confirman que aletas de especies protegidas siguen entrando de forma sostenida. Los registros oficiales hablan de un comercio mínimo; los muestreos de mercado dicen lo contrario. La economía tira fuerte: donde hay precios altos y controles con grietas, el negocio se mantiene.

El motor no es un misterio. La aleta de tiburón se paga como un bien de estatus. En los escaparates de Hong Kong, las categorías más cotizadas superan con holgura el millar de dólares por kilo; las gamas medias —como las asociadas al omnipresente tiburón azul— se mueven en rangos de varios cientos por kilo. Con esas cifras, los incentivos para maquillar orígenes o “perder” papeles sobreviven a cualquier formulario. Y eso es lo que el nuevo estudio, firmado por un equipo de la Universidad de Florida y publicado esta semana, vuelve a poner sobre la mesa con nombres y apellidos de especies cuya exportación debe estar certificada: tiburón martillo festoneado (Sphyrna lewini), martillo liso (S. zygaena), martillo gigante (S. mokarran), oceánico de puntas blancas (Carcharhinus longimanus) y marrajo sardinero o cailón (Lamna nasus). Cuatro de las cinco aparecen “muy presentes” en Hong Kong entre 2015 y 2021. El debate vuelve con fuerza.

El estudio que reabre el debate

La investigación arranca en un punto claro: desde 2013, esas cinco especies figuran en el Apéndice II de CITES, lo que no prohíbe su comercio, pero sí lo sujeta a permisos y a un dictamen de que la exportación no daña a la población. Sobre el papel, el sistema funciona: lo declarado a CITES entre 2015 y 2021 es marginal. Sin embargo, el equipo científico lleva el foco al mercado final y procesa recortes de aletas recogidos durante casi una década en Hong Kong. Ahí entra la genética forense: un “código postal” de ADN capaz de identificar la especie incluso en fragmentos secos o procesados. Resultado: cuatro especies protegidas aparecen una y otra vez, a pesar de que decenas de países exportadores no notifican ningún comercio de esas especies.

El trabajo, además, intenta algo más ambicioso: estimar qué países que no reportan exportaciones podrían estar contribuyendo al flujo real. Para ello, usa modelos estadísticos que cruzan la identidad genética de las aletas con regiones de origen probables. De ese cruce salen sospechosos recurrentes, entre ellos España, China y Taiwán, señalados no como autores de “finning” en cubierta, sino como piezas de una cadena logística y comercial por la que seguirían saliendo aletas de especies listadas sin constar en los informes oficiales. La conclusión de los autores es incómoda, pero sencilla: el subregistro no es puntual; es estructural.

La respuesta crítica tampoco se ha hecho esperar. Desde Canarias, el investigador Pedro Pascual cuestiona con dureza no la genética —herramienta ya consolidada— sino la lectura final: recuerda que en la Unión Europea está prohibida la práctica del “finning” y que la normativa obliga a desembarcar los tiburones con las aletas naturalmente adheridas (fins naturally attached), lo que dificulta el fraude clásico de cortar aletas y arrojar el cuerpo al mar. Añade que la flota palangrera española tiene observación científica muy alta y que el pez espada es su especie objetivo, con los tiburones entrando como captura accesoria gestionada por cupos. En suma: si hay una brecha entre lo que dicen los formularios y lo que se detecta en tienda, no tiene por qué incubarse en la cubierta de un barco español. Puede estar más adelante, en transbordos, reexportaciones o aduanas de terceros países.

Esa fricción define el momento. Un estudio que pone datos forenses sobre el mostrador; un sector que defiende que cumple y que paga el precio reputacional de lo que hagan otros eslabones. Y, al fondo, consumidores que siguen abonando precios altos por una mercancía que, en la mesa, vale más por lo que representa que por lo que sabe.

Un negocio que paga demasiado bien

El precio manda. La aleta de tiburón es una materia prima de lujo para una receta simbólica —la sopa—, donde el sabor lo pone el caldo y la aleta aporta textura y estatus. Esa señal social sostiene un mercado dispuesto a pagar cifras que, convertidas a contenedores, desorbitan. Las categorías de mayor prestigio —asociadas a especies raras o a tamaños concretos— multiplican su cotización; incluso las aletas de especies abundantes y legales —como el tiburón azul (Prionace glauca)— mantienen un valor medio alto, tratándose de producto seco que se almacena y rehidrata con relativa facilidad.

A esa ecuación se suma otra capa: márgenes por eslabón. Quien compra en origen a precio de barco revende a un consolidado; el consolidado agrupa, seca, clasifica y empaca; un transitario mueve la carga; un mayorista urbano la trocea por calidades; una tienda de barrio la exhibe en frascos de vidrio o en bandejas de metacrilato. Cada paso retiene su margen. Y donde el control es débil —un muelle sin suficientes inspectores, una aduana sin medios para identificar especies, un punto de venta sin muestreos aleatorios— el riesgo percibido es bajo en comparación con el premio.

La etiqueta arancelaria refuerza el problema. En la mayor parte del mundo, las partidas HS describen “aletas de tiburón” de forma genérica. El papel no distingue entre una especie listada en CITES y un tiburón comercial común. Para un inspector, esa línea ambigua se traduce en dudas: ¿retener toda la partida a la espera de un análisis? ¿dejarla pasar si nadie presenta un permiso CITES? Cuando a ese dilema se le superpone una reexportación —entra por un puerto, sale por otro con distinto país de origen en el papel—, la trazabilidad se diluye. Ahí prospera el blanqueo.

Rutas, puertos y países: dónde se hace

El epicentro comercial continua en Hong Kong, histórica puerta de entrada, redistribución y venta al por menor. Singapur juega como nodo secundario. Shenzhen y Guangzhou mantienen mercados mayoristas que conectan con el canal minorista, mientras que los almacenes de secos en la excolonia conservan su tradición y su saber hacer. La mercancía llega por aire y por mar. El avión gana terreno por velocidad, menor riesgo de humedad y facilidad para disimular bultos; el barco sigue siendo clave para volúmenes altos y partidas mixtas.

En origen aparecen América Latina, África y Asia con distintos pesos. Ecuador, Perú, México, Costa Rica han figurado en incautaciones y estadísticas de comercio; Senegal, Ghana, Sudáfrica, Seychelles también; India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, China continental completan el mapa. Taiwán destaca por su flota de altura y su papel en la transformación. España y Portugal entran por la vertiente atlántica, con palangreros de pez espada que capturan tiburones pelágicos como accesorio, y con rutas logísticas que pasan por puertos europeos antes de saltar a Asia. El mosaico no es estático: cuando un país aprieta controles, la ruta se desplaza al vecino. Por eso, lo que en los papeles aparece como “cambios de tendencia” muchas veces refleja cambios de itinerario.

España, foco y controversia

España aparece citada en el estudio como gran exportador en términos absolutos, al nivel de China y Taiwán, no por prácticas a bordo sino por volumen y alcance histórico de su flota palangrera. Desde el sector y desde parte de la comunidad científica nacional se recuerda que la legislación europea es de las más estrictas del mundo en materia de tiburones: prohibición del finning, aletas unidas al cuerpo en desembarque y programas de observación muy por encima de la media global. También se subraya que, en puerto, la identificación de especies en canal de primera venta, los diarios electrónicos y el trazado documental ofrecen un rastro verificable.

La fricción, sin embargo, no se resuelve en los muelles españoles. El cuello de botella está donde el papel viaja: transbordos en alta mar, reevaluaciones de origen al entrar a un tercer país, aduanas con códigos genéricos y mercados que rara vez certifican especie a pie de mostrador. Ahí es donde la genética abre una ventana: si el muestrario dice que las aletas de martillo y oceánico siguen apareciendo con fuerza, entonces alguien —o varios eslabones— están fallando en los filtros de CITES, ya sea por defecto de controles o por fraude consciente. La clave será más transparencia pública y muestreo independiente que permita discernir responsabilidades por eslabón, sin convertir el debate en un cruce de acusaciones genéricas.

Las normas que existen y cómo se aplican

CITES es el primer pilar. Su Apéndice II obliga a que cada exportación de especies listadas vaya acompañada de permisos y dictámenes científicos que acrediten que la operación no daña a la población. No es una prohibición, sino un sistema de licencias que, bien aplicado, desincentiva el comercio con especies vulnerables. El problema es la aplicación desigual: hay países con equipos fuertes de autoridades científicas y de gestión; otros apenas pueden tramitar papeles y verificar especies en la aduana.

La Unión Europea añadió un segundo pilar: prohibición del “finning” desde 2003, reforzada en 2013 con la obligación de aletas naturalmente adheridas en todos los desembarques. Esta medida cerró la puerta a amputar a bordo y comercializar aletas sueltas sin el cuerpo. En paralelo, los reglamentos comunitarios han ido ajustando cupos y reglas de retención para especies sensibles. La iniciativa ciudadana “Stop Finning – Stop the Trade”, registrada en Bruselas, reclamó prohibir la importación y exportación de aletas sueltas; la Comisión respondió con refuerzo de controles y evaluación de impactos, sin llegar a un veto total del comercio de aletas sueltas en aquel momento. El debate, por tanto, sigue abierto.

Las organizaciones regionales de pesca aportan el tercer pilar. En el Atlántico, ICCAT ha aprobado planes para tiburones pelágicos con especial atención al marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus) —otra especie en problemas—, incluyendo cierres a la retención en determinados periodos y zonas. Aunque no forma parte del quinteto del estudio, su caso retrata el cambio de sensibilidad: los tiburones han pasado del “accesorio” a la primera línea regulatoria. El efecto combinado —CITES, UE, ORP— configura un tablero más estricto que hace una década. Pero el campo de batalla hoy se ha desplazado: menos en cubierta, más en documentos y mercados.

Brechas que aprovecha el tráfico

El lenguaje de las aduanas es el primer agujero. Mientras las partidas arancelarias sigan describiendo “aletas de tiburón” como un todo indiferenciado, el fraude tiene autopista. Un permiso CITES para una exportación de especie listada parece fácil en teoría; en la práctica, no todos los países tienen capacidad para verificar especie y origen de una partida seca en tiempo real. Ahí entra el segundo agujero: el laboratorio. Enviar muestras para análisis de ADN requiere personal, tiempo y presupuesto. Si esos recursos faltan, el contenedor sigue viaje.

Los transbordos complican el mapa. Un barco descarga a otro fuera de aguas con presencia de inspectores; el nuevo barco entra a un puerto con controles laxos; la reexportación enmascara el origen; el comprador final adquiere una mercancía con papeles en regla que, a nivel de especie, podrían no cuadrar. A veces no hay malicia: errores de clasificación, traducciones dudosas, códigos HS aplicados por costumbre. Pero el resultado es el mismo: la estadística oficial muestra una lámina de agua mucho más tranquila que la corriente real.

El tercer agujero es cultural. En los mercados de secos de Hong Kong, Singapur o Guangzhou se ha templado el consumo, pero no ha desaparecido. Bodas, banquetes y regalos de negocio sostienen la demanda de las mejores calidades. La pieza de vitrina hace señal; el anfitrión refuerza su prestigio. Mientras esa función social siga en pie, el precio seguirá tenso y la tentación de trampear, alta.

Qué está funcionando y qué no

La experiencia acumulada deja lecciones. Funciona exigir aletas naturalmente adheridas en los desembarques: desincentiva el finning clásico, facilita identificar especie en puerto y abarata la inspección. Funciona ampliar la observación independiente a bordo, tanto humana como con vídeo, con protocolos que eviten conflictos de interés. Funciona, cuando se aplica, el muestreo genético aleatorio en frontera y en mercado, porque eleva el riesgo de ser detectado después del papeleo.

Falla, en cambio, el código arancelario genérico. La solución pasa por códigos a nivel de especie para todo producto de tiburón y raya, frescos, secos o procesados. No se trata de reinventar la rueda, sino de afinar el deporte favorito de los delincuentes ambientales: jugar con la estadística. Falla también la opacidad de los permisos CITES: su publicación proactiva permitiría cruce de datos con mercados y con puertos de reexportación, detectando anomalías antes de que se hagan crónicas. Y falla la asimetría entre lo que exige la UE y lo que se aplica en terceros países claves del itinerario. Para eso están las medidas de Estado rector del puerto: denegar entrada a buques y contenedores con historial de infracciones y exigir documentación reforzada a banderas con mal desempeño.

Hay margen para innovar. Etiquetas digitales desde el lance a la venta, diarios electrónicos con sellos de tiempo, plataformas públicas que admitan auditoría ciudadana y alertas cuando un volumen exportado no cuadra con lo que aparece en tiendas. Las pruebas de ADN portátiles ya existen; integrarlas en controles aleatorios de mercado y en auditorías periódicas —con garantías de cadena de custodia— es cuestión de voluntad y de presupuesto. El fraude no se combate con un único martillo; se fatiga con muchos tornillos bien ajustados.

El coste ecológico detrás del negocio

La economía del aleteo ilegal se sostiene sobre especies con biología frágil. Los grandes pelágicos —martillos, oceánicos de puntas blancas, marrajos— maduran tarde, tienen pocas crías y crecen despacio. Esa combinación los hace vulnerables a cualquier exceso de mortalidad, da igual que provenga de pesca dirigida o de captura accesoria. Cuando el precio de su parte más valiosa sube y el control en frontera flaquea, la presión se mantiene. La ciencia lleva años alertando sobre la erosión de sus poblaciones en varios océanos. ICCAT y otras ORP han tenido que reaccionar con cierres y planes de recuperación que, en el mejor de los casos, tardarán años en notarse.

Hay efectos colaterales. La retirada masiva de depredadores tope altera cadenas tróficas enteras; rebota en pesquerías comerciales y en la resiliencia de los ecosistemas. Para el caso concreto del tiburón martillo, por ejemplo, la agregación en cardúmenes —que tanto impresiona a buceadores— facilita que un solo lance cause mucho daño si coincide en tiempo y zona. El oceánico de puntas blancas, que se mueve a gran distancia y asocia a barcos, cae con facilidad en anzuelos palangreros. El marrajo sardinero, más templado, resiste peor la sobrepesca por su ciclo vital. No son detalles técnicos: son alarmas con traducción económica y social a medio plazo.

Cerrar el grifo: del papel al control real

Los hechos de esta semana dejan una conclusión simple: el comercio ilegal de aletas de tiburón persiste allí donde el precio lo sostiene y los controles no alcanzan. La genética forense ha terminado de desnudar una brecha entre lo que se declara y lo que se vende. El choque de narrativas —ciencia que detecta, sector que alega cumplimiento— sólo se resolverá con datos abiertos, controles inteligentes y coordinación internacional. Códigos arancelarios por especie, muestreos aleatorios en frontera y mercado, medidas estrictas de Estado rector de puerto y trazabilidad digital a prueba de trucos. España y la UE, con un andamiaje regulatorio avanzado, pueden empujar ese cambio si convierten su ventaja normativa en prácticas exportables: más observación independiente, más publicación proactiva de datos y auditorías genéticas periódicas en los grandes mercados.

Cuando el papel y la prueba digan lo mismo, el margen de tráfico se hará pequeño y los incentivos empezarán a cambiar de signo. Hasta entonces, el negocio seguirá mirando el mapa en busca de la próxima grieta. La noticia de hoy no condena a una flota; señala una cadena entera. Y esa cadena sólo se arregla eslabón a eslabón, con precio al fraude y premio a quien lo hace bien.