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¿Por qué España construye diez veces menos VPO que antes?

España levanta 8.600 VPO al año: cifras, causas y el choque con el mito de pisos vacíos alquiler y suelo caro, en grandes ciudades españolas. España ha pasado de levantar vivienda protegida a un ritmo casi industrial a construirla con cuentagotas.

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España construye diez veces menos VPO

España levanta 8.600 VPO al año: cifras, causas y el choque con el mito de pisos vacíos alquiler y suelo caro, en grandes ciudades españolas.

España ha pasado de levantar vivienda protegida a un ritmo casi industrial a construirla con cuentagotas. El dato resume el cambio de época: en los últimos años se han terminado en torno a 8.600 viviendas de VPO al año —una cifra que, en la práctica, deja la producción actual en mínimos— mientras el país arrastra una necesidad acumulada que el Banco de España ha situado alrededor de 700.000 viviendas para absorber la demanda que se ha ido quedando fuera. La comparación con etapas anteriores es lo que hace saltar la alarma: hubo periodos, no tan lejanos, en los que España superaba las 60.000 viviendas protegidas anuales y, en un año como 1997, llegó a moverse cerca de las 85.000.

El problema no es solo “que falten pisos”. Es que falta piso asequible donde más se necesita, y falta un parque público que actúe como cortafuegos cuando el mercado se calienta. Y mientras tanto, en la conversación pública sigue colándose un cuento que suena redondo pero encaja mal con los datos: el de “los trillones de viviendas vacías” que resolverían todo si alguien, por fin, “abriera la puerta”. España sí tiene vivienda vacía, muchísima, pero su reparto, su estado y la forma de medirla convierten esa frase en una solución de cartón piedra: aguanta el titular, se deshace en cuanto llueve un poco.

El desplome en números: del “se hacía” al “no sale”

La caída de la VPO se ve mejor si se mira la serie con el dedo, como quien recorre una grieta en una pared. Tras el estallido de la burbuja, la vivienda protegida se fue apagando y no ha vuelto al nivel que tuvo. En 2012 todavía se terminaron más de 53.000 viviendas protegidas; en 2013, el número bajó a algo más de 17.000; en 2015, ya estaba en 7.931. Lo que vino después es esa meseta baja que hoy se repite como un estribillo cansado: desde 2015 se han construido apenas unas 8.000–9.000 viviendas protegidas al año, con años como 2023 en el entorno de 8.847, y con un primer semestre de 2024 que dejó 4.551 viviendas con algún tipo de protección terminadas o en producción, según la estadística oficial que suelen manejar administraciones y sector.

Esa cifra, vista sola, parece “un número”. Vista al lado del pasado, es otra cosa: una renuncia de facto a la VPO como política de escala. En el ciclo anterior, se llegó a construir más de 60.000 pisos protegidos al año, y ese salto no era un milagro: se apoyaba en suelo, financiación, planificación urbanística y una lógica que, con todos sus defectos, empujaba volumen. Hoy el volumen se escurre. Incluso cuando la construcción de vivienda libre vuelve a moverse, la protegida no despega al mismo ritmo, como si el motor estuviera ahí pero faltara la transmisión.

La consecuencia es que se ha abierto una brecha temporal absurda. Si el desajuste ronda las 700.000 viviendas y el país produce vivienda protegida a 8.600 al año, la cuenta sale sola y da vértigo: harían falta décadas, y eso suponiendo que la necesidad se quedara quieta, que no crezcan hogares, que no se concentre empleo, que no cambie la demografía. Pero la necesidad no se queda quieta: se mueve, se concentra, se acelera. Y lo hace sobre todo en las ciudades donde ya cuesta respirar en el mercado del alquiler.

Por qué no se construye VPO: cuando el suelo y la cuenta se cruzan mal

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, lo dijo con palabras de economista y tono de advertencia: el déficit “puede ir a peor” si la oferta no crece por encima de la demanda. Y señaló razones muy concretas, de esas que no caben en una pancarta: aumento del número de hogares, falta de suelo finalista, incertidumbre regulatoria y falta de inversión. “Suelo finalista” suena a jerga, pero es bastante mundano: es el suelo listo para construir, el que ya ha pasado por el laberinto de planeamiento, cesiones, urbanización y permisos. Sin eso, la promoción se atasca antes de empezar, como un tren parado en un túnel.

A ese cuello de botella se le suma una realidad menos comentada pero igual de determinante: la VPO exige que los números cuadren con un precio máximo o con módulos que, en muchos lugares, han quedado “fuera del mercado”. Si el coste de levantar un edificio sube —materiales, energía, mano de obra, financiación— y el precio al que puedes vender o alquilar está topado, la operación solo se sostiene con tres muletas: suelo más barato, subvención o rentabilidad más baja aceptada por quien promueve. Y ahí entra un elemento incómodo: durante años se pidió vivienda protegida, pero no siempre se pagó el coste real de producirla.

Hay expertos que lo dicen sin rodeos. El catedrático Josep Maria Raya, especializado en mercado inmobiliario, ha descrito la caída de la vivienda pública en términos casi físicos: se desploma toda la construcción, sí, pero la pública queda “prácticamente nula” si no hay inversión sostenida y si para el promotor privado la rentabilidad no compensa. El consultor Alejandro Inurrieta ha insistido en otro punto que explica muchas licitaciones desiertas y muchos proyectos que se quedan en maqueta: con módulos demasiado bajos, la VPO se vuelve poco atractiva para quien tiene que poner dinero y esperar años.

Y luego está la geografía de la presión. Escrivá también apuntó algo que ayuda a entender por qué el debate se vuelve bronca: alrededor de la mitad de la demanda desatendida se concentra en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. No es casualidad: son ciudades con empleo, con atracción demográfica, con movilidad, con actividad. En esos lugares, el precio de la vivienda ha subido hasta niveles que, en términos reales, se han comparado con los de 2004, en plena fase ascendente de la burbuja anterior, aunque sin los mismos desequilibrios de deuda masiva en hogares y empresas. Lo que cambia es el paisaje financiero; lo que no cambia es el resultado en la calle: si la oferta no acompaña, el precio manda.

Suelo finalista: el tapón que nadie ve desde la acera

La política de vivienda se suele discutir en términos de “hacer pisos”, pero la pelea está antes: en la fábrica invisible del suelo. Planes generales que tardan años, modificaciones que se eternizan, informes sectoriales, recursos, trámites, y, al final, una paradoja que se repite: sobra suelo sobre el mapa, pero falta suelo realmente disponible donde el mercado aprieta. Y cuando el suelo listo escasea, se encarece, y ese encarecimiento es veneno para la VPO porque empuja los costes base hacia arriba.

A esto se le pega un problema de calendario: una promoción pública —o una promoción protegida con participación pública— no se decide en enero y se entrega en junio. Entre el anuncio y las llaves, pasan licitaciones, redacción de proyectos, adjudicaciones, obra, certificaciones, y los tiempos administrativos que a veces se viven como un segundo clima: no llueve ni hace sol, simplemente pasa el tiempo. En un mercado tensionado, el tiempo es precio.

La burocracia y la incertidumbre: el ruido que enfría inversión

Otra pieza es más sutil y, por eso, más difícil de gestionar: la incertidumbre regulatoria. Cuando se cambian reglas, cuando se anuncian topes, cuando se discute el marco fiscal o la seguridad jurídica del alquiler, parte de la inversión —especialmente la que no es pública— se vuelve prudente o se va a otro sitio. Prudente significa menos oferta futura. Y como la VPO, en España, ha dependido históricamente en buena medida de promotores privados —con obligaciones y condiciones—, ese enfriamiento también impacta. No es una discusión ideológica; es una cadena de efectos.

La VPO que se construye… y la que desaparece del mapa

Aquí está el punto que más enfada cuando se pone encima de la mesa: España no solo construye poco, también pierde mucho de lo que construyó. Durante décadas se priorizó un modelo de VPO en régimen de compra, con una idea social clara —facilitar acceso a la propiedad— pero con un efecto secundario enorme: muchas de esas viviendas, pasado un plazo, podían descalificarse y entrar en el mercado libre. El resultado, años después, es un parque que no crece: se vacía desde dentro.

Un estudio citado con frecuencia por organizaciones sindicales como CCOO habla de una descalificación anual de entre 40.000 y 50.000 viviendas protegidas, y calcula que en la última década unas 368.000 han pasado a manos privadas, una cifra que multiplica varias veces lo construido en el mismo periodo. No hace falta exagerar: con esas magnitudes, cualquier esfuerzo de obra nueva queda parcialmente neutralizado por una fuga constante.

Esa fuga también explica por qué en España se habla tanto de vivienda y se nota tan poco el músculo público. La vivienda protegida que acaba en mercado libre deja de ser herramienta. Ya no “amortigua” precios, ya no te permite rotación, ya no protege a quienes vienen después. Se convierte, en el mejor de los casos, en el primer peldaño de una familia que pudo comprar; en el peor, en un activo que se revaloriza y alimenta la misma rueda que pretendía frenar.

En ese contexto se entiende el giro, lento pero visible, hacia el alquiler protegido. En 2023, por ejemplo, una parte mayor de la vivienda social se destinó a alquiler sin opción de compra que hace una década, señal de que algunas comunidades y programas están cambiando el chip. Pero el cambio choca con el legado: demasiada VPO se concibió como puerta a la propiedad, no como parque estable.

De la compra al alquiler: el viraje que llega tarde

La discusión ahora es casi un consenso técnico, aunque no siempre político: si se quiere un parque que funcione como red, la vivienda protegida debe ser, sobre todo, alquiler y, además, para siempre o con mecanismos fuertes que impidan la salida masiva al mercado. Ahí se mueven propuestas del Gobierno central y de algunas autonomías para blindar el parque público y evitar que lo pagado con suelo o dinero público termine privatizado con el paso de los años.

En esa línea se enmarca la idea, repetida en distintos momentos por la ministra Isabel Rodríguez, de “vivienda pública, asequible y para siempre”, y la voluntad del Ejecutivo de reforzar una gran estructura estatal de vivienda a partir de Sepes. El debate no es menor: no se trata solo de construir, sino de decidir qué parte de lo construido se queda como infraestructura social, como si fueran hospitales o colegios. Porque, cuando la vivienda pública se trata como mercancía “temporal”, la política de vivienda vive condenada a empezar de cero cada pocos años.

Un parque público pequeño, y encima con cifras que no siempre hablan igual

Aquí conviene afinar, porque en España las cifras bailan según el marco. Hay estimaciones que sitúan el parque público en torno al 2,5% de las viviendas principales, apoyadas en recuentos como los del Observatorio de Vivienda y Suelo, que hablan de un parque social de alrededor de 290.000 viviendas —con gran peso de comunidades autónomas y ayuntamientos—. El Ministerio, por su parte, ha defendido que el parque público ronda el 3,4% y ha señalado datos de Eurostat que sitúan la vivienda social por encima del medio millón. No es necesariamente una contradicción: son definiciones distintas, perímetros diferentes, y un sector donde el registro histórico es fragmentado. Pero el mensaje, en cualquiera de las versiones, es el mismo: el parque es muy pequeño para la escala del problema.

En Europa, la comparación se vuelve incómoda. La media de vivienda social se sitúa en torno al 9%, con países que superan holgadamente el 15% y casos emblemáticos como Países Bajos, Austria, Dinamarca o Suecia con parques mucho más robustos. Y luego está el “modelo Viena”, que aparece siempre como espejo: no porque sea copi-and-peg, sino porque demuestra que un parque grande cambia el tono del mercado. En una ciudad donde una parte enorme de la oferta es pública o regulada, la especulación tiene menos espacio para hacer de las suyas.

En España, además, el parque está disperso y con gestión desigual. Hay comunidades que han intentado blindar la vivienda protegida para que no se descalifique con facilidad; otras han mantenido esquemas más permeables. Y esa heterogeneidad se nota: el mismo país que se queja de alquiler imposible es el que, durante años, permitió que miles de viviendas construidas con apoyo público acabaran en mercado libre, o incluso en operaciones de venta a grandes fondos en etapas de urgencia fiscal.

Aquí aparece otro elemento que no se puede borrar del relato: la privatización de vivienda pública en ciertos momentos y territorios, con casos muy conocidos en Madrid relacionados con ventas de parques a grandes inversores. Más allá del ruido político, el efecto práctico fue claro: menos vivienda pública disponible, menos capacidad de intervención directa, más dependencia del mercado privado.

Viviendas vacías: lo que dicen los datos y lo que se cree en la barra del bar

España tiene, según el INE, 3.837.328 viviendas vacías en 2021, un 14,4% del total de viviendas del país. La cifra impresiona porque es grande de verdad, de las que caben en una frase con eco. Pero el mismo paquete estadístico añade matices que casi nunca viajan con el titular: además de esas vacías, hay 2.514.511 viviendas de uso esporádico (9,4%) y 943.924 con “muy bajo consumo” (3,5%), categorías que nacen de una metodología basada, en buena parte, en el consumo eléctrico. El método es útil para dibujar un mapa nacional, sí, pero también puede atrapar realidades que no equivalen a “piso vacío listo para alquilar mañana”: segundas residencias, viviendas en herencias atascadas, inmuebles con ocupación intermitente, edificios con contadores compartidos o contratos colectivos que distorsionan el consumo.

El detalle más importante no está en el total, sino en el reparto. Los municipios de menos de 10.000 habitantes, que concentran alrededor de una quinta parte de la población, acumulan una parte enorme de la vivienda vacía, cerca del 45%. En cambio, las grandes ciudades —las de más de 250.000 habitantes— concentran alrededor del 10% de esas viviendas vacías. Traducido sin adornos: hay vivienda vacía, sí, pero mucha está donde el mercado no la “pide” con la misma fuerza, o donde la demanda es estacional, o donde faltan servicios y empleo. Pensar que ese stock puede volcarse de golpe sobre Madrid o Barcelona es como pretender apagar un incendio con agua que está en otra provincia y, además, embotellada.

Esto no significa que movilizar vivienda infrautilizada sea inútil. Significa que no es la bala de plata. Hay municipios que han empezado a probar fórmulas para empujar vivienda vacía hacia el alquiler, con recargos, cánones o incentivos, y la experiencia sugiere que puede mover un puñado de pisos allí donde el mercado está seco. Pero incluso en el mejor escenario, la vivienda vacía movilizable en las zonas más tensas suele ser menor de lo que imagina el debate público.

Barcelona, el 9,3% y el 1,22%: dos formas de mirar la misma ciudad

Barcelona es el ejemplo más claro de cómo “vivienda vacía” puede significar cosas distintas según quién mida y para qué. Una estadística basada en consumos eléctricos situó en torno al 9,3% el porcentaje de pisos vacíos en la ciudad. Esa cifra encaja con la idea de que una gran ciudad también tiene bolsa de infrautilización. Pero el Ayuntamiento, con un trabajo de campo específico, presentó un censo que detectó 10.052 viviendas vacías, que el propio informe municipal tradujo a alrededor del 1,22% del parque de la ciudad. Antes, en 2018, cuando Ada Colau estaba en el foco del debate por los pisos vacíos, desde el entorno municipal se defendió que la cifra real era mucho más baja que las estimaciones infladas: la política, en ese punto, se agarraba al dato como a un clavo.

¿Quién tiene razón? En parte, los dos; en parte, ninguno si se usa como dogma. El indicador por consumo eléctrico puede contar como “vacío” lo que está infraocupado, en transición o con consumos atípicos. El censo municipal puede buscar “vacío persistente y accionable”, el que te permite sancionar, negociar, expropiar temporalmente o incorporar a programas. Son universos diferentes. Y esa diferencia es crucial, porque convierte un debate aparentemente técnico en una decisión política: si defines “vacío” de forma amplia, el número crece; si lo defines con exigencia jurídica y capacidad de intervención, el número se encoge.

Lo que sí deja claro Barcelona es otra cosa: incluso si existieran decenas de miles de viviendas infrautilizadas, el mercado puede seguir tensionado porque la presión de demanda es brutal. La ciudad es empleo, es estudios, es turismo, es movilidad internacional. Y ahí la VPO —en alquiler, estable, gestionada— actúa como un contrapeso real, no como una esperanza estadística.

Qué se está moviendo ahora: más dinero, más anuncios, el mismo reloj

En los últimos años, la vivienda ha subido de rango: dejó de ser carpeta sectorial para convertirse en asunto de primer nivel. El Gobierno ha aumentado inversión, ha anunciado medidas para agilizar y ha puesto en primer plano la idea de reforzar una gran estructura pública de vivienda. También se ha discutido la necesidad de blindar el parque y de orientar la producción hacia el alquiler. En 2024, por ejemplo, se habló de un impulso notable en la vivienda protegida iniciada, con una proporción mayor sobre el total de obra nueva que en ejercicios recientes, aunque el volumen absoluto siga pareciendo pequeño cuando se mira el déficit de fondo.

Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con competencias clave, también han ajustado piezas: cambios normativos para que ciertas viviendas no puedan descalificarse con facilidad, programas de alquiler asequible, colaboración público-privada para construir sobre suelo público, intentos de acelerar licencias. En paralelo, el sector insiste en lo mismo que repite el Banco de España con traje distinto: sin suelo preparado y sin menos burocracia, la oferta no despega. Y cuando no despega, el resto de medidas se vuelve maquillaje o parche.

Mientras, el mercado no espera. 2025 cerró con señales claras de actividad alta en compraventas e hipotecas, y con una demanda que, en muchos territorios, está más viva de lo que se pensaba tras el golpe de tipos de interés. Esto no es un detalle: cuando el mercado “se anima” y la oferta es rígida, la presión se traslada a precios. Y si la VPO no sube al mismo tiempo, se queda mirando desde la barrera.

El mapa real: construir, blindar y no perder por el camino

España no está ante un problema abstracto. Tiene nombre, apellidos y códigos postales. El Banco de España habla de 700.000 viviendas de desajuste; la producción de VPO se mueve en torno a 8.600 al año; la demanda desatendida se concentra en cinco grandes áreas urbanas; y la historia reciente demuestra que, aunque se construya, el parque puede evaporarse si el sistema permite la descalificación masiva. En ese escenario, discutir solo sobre “construir más” o solo sobre “movilizar vacías” es como discutir si el barco se hunde por el agujero de proa o por el de popa: los dos importan, pero el agua entra igual.

La fotografía final, a enero de 2026, tiene una claridad casi cruel. La vivienda protegida en España se ha quedado pequeña justo cuando más falta hacía un parque que estabilizara el mercado. El país tiene millones de viviendas vacías en el agregado nacional, sí, pero esa cifra convive con la evidencia de que muchas están lejos del foco de presión o no son fácilmente movilizables. Y, sobre todo, convive con un historial de políticas que construyeron VPO… para después dejarla escapar hacia el mercado libre. Si algo enseña esta década es que la VPO no sirve como gesto: sirve como sistema. Un sistema con suelo, con calendario, con financiación, con alquiler estable, con reglas que no permitan que lo público se convierta en recuerdo. Porque, si no, el país seguirá haciendo lo mismo: contar pisos, discutir porcentajes, y descubrir tarde —otra vez— que el problema no era la falta de titulares, era la falta de vivienda protegida de verdad.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.