¿Efecto Milei? 276.000 despidos y 19.000 empresas cerradas

Radiografía de la Argentina con Milei: 276.624 empleos menos y 19.164 empresas sin nómina; causas, sectores golpeados y perspectivas de 2026.

Argentina encadenó, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, 276.624 puestos de trabajo registrados menos y 19.164 empleadores con personal que dejaron de figurar como activos. La combinación que lo explica es conocida, aunque en esta ocasión se volvió excepcionalmente intensa: ajuste fiscal severo, devaluación inicial, reordenamiento de precios relativos, tarifas al alza, caída del consumo y un crédito encarecido que secó la caja de las pymes. El resultado fue un mercado laboral formal en retroceso casi ininterrumpido durante 21 meses, con particular daño en construcción, transporte y administración pública. La estadística incluye, además, un salto “técnico” por cambios administrativos a fines de 2024, pero incluso descontando ese efecto, el deterioro del empleo asalariado y del número de empleadores se mantiene.

El derrumbe no fue homogéneo: la administración pública recortó alrededor de 86.982 puestos registrados; la construcción, 76.292; transporte y almacenamiento, 59.838; la industria manufacturera, 55.941. El tejido empresarial se adelgazó por su parte en compañías pequeñas y medianas: el 99,63% de las bajas de empleadores se concentró en firmas de hasta 500 trabajadores, mientras que apenas 70 grandes compañías salieron del padrón como empleadoras. Que “haya menos empleadores” no significa inevitablemente persianas definitivamente bajadas, pero sí que miles de sociedades dejaron de tener asalariados en nómina. La foto es nítida: menos empresas con personal, menos puestos formales, menos pesos en la calle.

Los números, a escala nacional

El período que va de noviembre de 2023 a agosto de 2025 muestra una caída de 9.857.173 a 9.580.549 en trabajadores registrados en unidades productivas, lo que arroja los 276.624 menos que hoy marcan la discusión. En paralelo, el total de empleadores con personal pasó de 512.357 a 493.193, con 19.164 firmas fuera del universo de empresas que declaran trabajadores en relación de dependencia y cotizan por riesgos del trabajo. Son cifras surgidas de bases administrativas: SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) para el conteo de personas que aportan a la seguridad social y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para los empleadores con asalariados asegurados. No son encuestas ni proyecciones; son altas y bajas efectivas.

La distinción es relevante porque evita confusiones. El SIPA registra un universo más amplio de “trabajo registrado”: asalariados públicos y privados, trabajadoras de casas particulares, autónomos y monotributistas. La SRT, en cambio, capta a los empleadores que mantienen personal en nómina bajo cobertura de riesgos del trabajo, es decir, las unidades productivas que sostienen empleo asalariado formal. En la discusión sobre “empresas cerradas”, lo preciso es hablar de empleadores activos ante el sistema: si una sociedad deja de tener trabajadores registrados, desaparece de ese padrón. Puede tratarse de un cierre definitivo, una fusión, un traspaso a esquemas sin asalariados o una suspensión prolongada; en todos los casos, el dato señala menor densidad de empleo formal.

La foto nacional también muestra un patrón temporal: meses de pequeñas recuperaciones salpicados por nuevas caídas. Ese “serrucho” no altera el saldo acumulado: Argentina llega al final del invierno de 2025 con menos empleo asalariado que al inicio del Gobierno de Javier Milei y menos empresas con personal aportando al sistema. Lejos de un bache de semanas, se trata de una tendencia.

Sectores que más retroceden

Construcción encarna mejor que ningún otro rubro la sensibilidad del empleo ante el ciclo económico. La combinación de freno en la obra pública, encarecimiento de materiales y menor acceso al crédito hipotecario derivó en un retroceso del 16% en personal registrado del sector en el período analizado. Obras paralizadas, otras renegociadas y muchas directamente canceladas. En el día a día, se traduce en cuadrillas más cortas, turnos que desaparecen y una cadena de oficios —desde corralones a transportistas— que perdió volumen.

Transporte y almacenamiento también sangró nómina: –11,2% en personal, con casi 60.000 empleos menos. Menos carga para mover, combustible más caro, rutas con demanda intermitente y costos logísticos que subieron antes de estabilizarse. Es un rubro que funciona como termómetro del comercio interno y externo; cuando las ventas minoristas y mayoristas ceden, el camión recorre menos kilómetros, los depósitos rotan menos y el empleo se ajusta.

La industria manufacturera recortó 55.941 puestos. La secuencia es clara: devaluación y reacomodamiento de precios relativos a finales de 2023, costos en alza, consumo retraído y una producción que en 2025 encadenó varios meses de caídas interanuales. Hubo ramas con mejor desempeño —alimentos y bebidas en segmentos específicos, farmacéutica— y otras con tropiezos persistentes —textil, metalmecánica, insumos para la construcción—. Si el tipo de cambio real se estabiliza y el financiamiento para capital de trabajo reaparece, parte de esa merma podría revertirse en 2026. Hoy, el balance sigue en rojo.

En administración pública —que incluye administración central, defensa y seguridad social obligatoria— la reducción de casi 87.000 puestos responde a la contención del gasto y a reorganizaciones internas que, en muchos casos, se tradujeron en congelamiento de vacantes y no renovación de contratos. El número no puede leerse de manera aislada: impacta en provincias y municipios con fuerte dependencia del empleo estatal y tiene efectos de arrastre en comercios y servicios locales.

El deterioro empresarial se entiende mejor mirando a las pymes. El 99,63% de las bajas de empleadores se concentró en compañías de hasta 500 trabajadores. Es el segmento que primero sufre cuando se seca el crédito, la demanda se enfría y la factura energética pesa más. Un taller que perdía dos clientes grandes no tenía margen para aguantar seis meses; una fábrica mediana ajustó turnos y, al quitar el turno noche, redujo plantilla y dejó de figurar como “empleador activo” temporalmente. El volumen de casos sugiere que no hablamos de episodios esporádicos, sino de una contracción extendida.

Territorio y mapa del impacto

El mapa provincial es heterogéneo. Donde la construcción y la obra pública explicaban buena parte del empleo, el frenazo se notó más. En polos industriales tradicionales, la merma se repartió entre manufacturas y logística. Hubs hidrocarburíferos y agrícolas amortiguaron parte del golpe, aunque con altibajos marcados por precios internacionales y restricciones internas. En varias provincias del norte y en la Patagonia, las caídas interanuales del empleo asalariado privado se volvieron recurrentes en 2025. El comercio de cercanía, muy atado al ingreso disponible, mostró altibajos con una leve mejora en algunos meses del segundo semestre, insuficiente para recuperar lo perdido.

La densidad empresarial —cantidad de empleadores con personal por cada mil habitantes— también se redujo, lo que complica la capacidad de rebote: cuantas menos empresas quedan en pie, más difícil es recomponer rápidamente el empleo formal cuando la macro se estabiliza. En algunos corredores, la salida de pequeños empleadores se tradujo en mayor concentración en pocas firmas medianas que aguantaron el tirón. Eso mejora productividad en el corto plazo, pero reduce la capilaridad del tejido productivo y el entramado de proveedores locales.

El contexto macro y las decisiones oficiales

El programa económico del Gobierno de Javier Milei, con Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, arrancó con una devaluación fuerte y un ajuste fiscal para abatir una inflación que venía de niveles extraordinarios. A lo largo de 2025, la inflación mensual se moderó de forma sostenida y el equipo económico exhibió la desaceleración como prueba de que el rumbo era el correcto. Con la estabilidad de precios, sin embargo, no alcanza por sí sola para recomponer el empleo formal en el corto plazo: el consumo interno tarda en reaccionar cuando los salarios reales vienen golpeados y el crédito sigue caro.

El costo financiero fue un obstáculo repetido en testimonios de fabricantes, comerciantes y transportistas. La financiación de capital de trabajo —lo básico para comprar insumos, pagar nóminas, sostener stock— apareció de forma intermitente y a tasas que muchas pymes consideraron prohibitivas. Recién en el segundo semestre de 2025, con una inflación más baja, comenzaron a verse señales tenues de reaparición del crédito, aún lejos de un nivel que empuje empleo.

Otro frente que pesó fue el de las tarifas. La recomposición de precios regulados —energía, transporte, combustibles— impactó en la estructura de costes, especialmente en sectores intensivos en consumo energético y en la logística de larga distancia. Con ventas planas, cualquier salto en costes fijos obliga a revisar plantillas. Y cuando el margen es mínimo, la decisión frecuente fue no reemplazar bajas y “achicar” turnos.

En la agenda regulatoria, el Gobierno empujó desregulaciones y cambios laborales parciales. En el mundo pyme, lo que más se oyó fue la demanda por previsibilidad. Menos volantazos. Reglas claras para inversión. Y, sobre todo, una mejora palpable del ingreso de los hogares que se traduzca en más ventas.

La anomalía estadística de diciembre de 2024

En el SIPA se registró en diciembre de 2024 una caída “atípica” de aproximadamente 400.000 personas dentro del total de trabajo registrado por un cambio administrativo en el monotributo social: reempadronamiento, requisitos y bajas que recortaron un conjunto específico que no se corresponde estrictamente con empleo asalariado en empresas. Ese salto deforma la lectura de la serie total si se la toma como sinónimo de “puestos en relación de dependencia”. Por eso, para radiografiar el empleo formal, conviene focalizar en asalariados de unidades productivas y en el padrón de empleadores activos de la SRT, que es donde se mira, de verdad, cuántas empresas mantienen nómina.

La distinción no es un tecnicismo: evita atribuir a una destrucción de empleo lo que en parte fue depuración de padrones. Aun con ese matiz, el saldo que importa —empleo asalariado en empresas y cantidad de empleadores con personal— confirma el deterioro. Es decir, sin el “ruido” del monotributo social, la tendencia de fondo sigue mostrando menos compañías con plantillas y menos trabajadores en blanco que al inicio del mandato.

Qué queda por delante en 2026

Con una inflación bastante más baja que en 2024, el desafío pasa por encender el motor de la actividad. La experiencia comparada y la propia historia argentina sugieren que el empleo formal suele reaccionar con rezago respecto del ciclo: primero llega la estabilización, después la inversión, más tarde las nuevas contrataciones. Para acelerar ese tránsito, el sector privado pide tres cosas: crédito accesible para capital de trabajo e inversión, certidumbre regulatoria y mejora de la demanda vía salarios y banca de consumo. No es un menú novedoso. Sí es, en este contexto, condición necesaria para que las pymes vuelvan a contratar.

En construcción, un relanzamiento de proyectos privados —con desarrolladores que ya tantean preventas— y una vuelta, aunque parcial, de obras estratégicas podrían frenar la hemorragia de empleo. En industria, la normalización del tipo de cambio real y la mejora de la logística con menores costos de combustible son requisito para que ramas con capacidad ociosa pasen de un turno y medio a dos. En transporte, la recuperación del comercio interno y un esquema más previsible de combustibles permitirían recomponer rutas y flotas. En administración pública, cualquier nueva reducción de dotaciones impactará en la microeconomía de distritos ya frágiles.

Un dato adicional: la densidad de empleadores importa para el rebote. Allí donde sobrevivieron más pymes, el empleo suele reaccionar antes. En corredores con fuerte salida de empresas pequeñas, la recuperación será más lenta y dependerá de inversiones de firmas medianas o grandes que sustituyan el entramado perdido. La política pública —nacional y provincial— puede acelerar o frenar ese proceso con incentivos tributarios, financiación dirigida y obras de infraestructura que movilizan proveedores locales.

En el plano internacional, el precio de los commodities, el ritmo de Brasil —principal socio comercial— y la normalización del comercio global pesarán en 2026. Un Brasil creciendo por encima del 2% y demandando más manufacturas de origen industrial argentino se traduciría en órdenes de compra para metalmecánica, autopartes y plásticos, con efecto derrame en transporte y servicios.

Datos duros y una agenda exigente

La secuencia deja poco margen para las interpretaciones complacientes. 276.624 puestos formales menos y 19.164 empleadores que salieron del padrón en 21 meses no describen un ajuste quirúrgico, sino un proceso profundo que adelgazó el mercado de trabajo formal y el entramado de pymes. La estabilización de precios, exhibida por el Gobierno como logro central, es un punto de partida, no de llegada: sin crédito, previsibilidad y ingresos que vuelvan a traccionar consumo, el empleo tarda en volver. El matiz estadístico de diciembre de 2024 —monotributo social mediante— no cambia el diagnóstico cuando se separa la paja del trigo y se mira donde corresponde: asalariados en unidades productivas y empresas con nómina.

Argentina llega a 2026 con señales mixtas. La inflación más baja ofrece un terreno un poco menos resbaladizo; el tejido empresarial, sin embargo, está más fino. Ahí se juega el año: si el giro hacia la actividad logra ser consistente durante varios trimestres, los sectores más sensibles —construcción, logística, segmentos industriales— deberían frenar la pérdida y empezar, de a poco, a recontratar. Harán falta meses de continuidad para que los números cambien de signo. A día de hoy, con los datos duros sobre la mesa, el país sigue pagando en empleo y densidad empresarial el peaje de una estabilización que, para convertirse en crecimiento, necesita algo más que calma de precios. Necesita motor. Y la pregunta que queda abierta —no en abstracto, sino en las hojas de balance— es quién y cuándo lo enciende.