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¿Cuándo volverán los vecinos al edificio de Santa Clara en Santander?

Las obras del edificio desalojado de Santa Clara se alargarán unos tres meses y los vecinos siguen sin una fecha definitiva para regresar a casa

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el edificio desalojado de Santander

Resumen

  • Las obras de Santa Clara 8 se prolongarán alrededor de tres meses
  • Las tres familias desalojadas siguen sin una fecha definitiva para volver
  • La vuelta dependerá de que el edificio recupere garantías de seguridad

El regreso a casa se aleja para los vecinos del número 8 de la calle Santa Clara, en Santander. La propiedad del inmueble desalojado ha trasladado a los afectados que las obras necesarias se prolongarán alrededor de tres meses, un horizonte mucho más largo de lo que podía sugerir inicialmente el apuntalamiento urgente ordenado tras detectarse problemas estructurales.

Ese plazo, además, no funciona como una cuenta atrás automática. Que las obras duren tres meses no significa necesariamente que las viviendas puedan ocuparse al día siguiente de terminar los trabajos. La vuelta dependerá de que el edificio recupere las condiciones de seguridad estructural necesarias y de que las actuaciones ejecutadas permitan autorizar de nuevo su ocupación. Para las familias afectadas, por tanto, septiembre ya mira hacia diciembre.

La obra del edificio desalojado se prolongará unos tres meses

El inmueble de Santa Clara 8 permanece vacío desde finales de agosto, cuando el Ayuntamiento de Santander ordenó su desalojo preventivo. En ese momento todavía residían allí tres familias en régimen de alquiler, además de mantenerse actividad en varios locales comerciales.

La intervención que ahora se dibuja sobre el calendario va bastante más allá de colocar puntales y esperar. La propiedad ha comunicado a los vecinos que los trabajos se extenderán durante aproximadamente tres meses, de modo que el desalojo deja de parecer una incidencia relativamente breve para convertirse en una situación prolongada que afecta a viviendas, negocios y rutinas personales.

El Ayuntamiento había dado inicialmente un plazo de dos semanas para completar el apuntalamiento y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del edificio. La orden municipal se produjo después de que los informes técnicos y la documentación de la dirección facultativa considerasen necesario mantener el inmueble vacío durante determinadas operaciones sobre elementos resistentes.

Conviene distinguir ambas cosas. Una es apuntalar un edificio para estabilizarlo y reducir riesgos inmediatos; otra, bastante distinta, ejecutar el refuerzo estructural que permita recuperar su utilización normal. Ahí está buena parte de la diferencia entre aquellas primeras dos semanas y los tres meses que ahora se manejan.

¿Qué ocurrió en Santa Clara 8?

El edificio estaba siendo reformado para transformarlo en 27 apartamentos. Las obras contaban con licencia mayor y con un proyecto validado por el Ayuntamiento, según explicó la alcaldesa de Santander, Gema Igual, cuando se conoció el desalojo.

Durante la ejecución de los trabajos interiores se habían realizado demoliciones de tabiquería en una parte importante del inmueble. Las comprobaciones efectuadas posteriormente sobre los materiales y la estructura revelaron una situación que impedía garantizar la seguridad del edificio, lo que llevó a plantear el apuntalamiento y el posterior refuerzo.

La obra tenía permiso. La estructura, sin embargo, no entiende demasiado de expedientes administrativos. El problema apareció cuando los trabajos ya estaban en marcha y todavía quedaban residentes dentro del edificio.

La dirección facultativa planteó entonces la necesidad de una intervención adicional y el Consistorio ordenó evacuar el inmueble en 48 horas. Las tres familias habían abandonado ya sus viviendas el 1 de septiembre, mientras comenzaban los trabajos de apuntalamiento.

De una medida preventiva a una ausencia prolongada

La expresión “desalojo preventivo” puede sonar a paréntesis: salir unos días, estabilizar la estructura y volver. La evolución del caso muestra algo más complejo. Las actuaciones previstas afectan a elementos esenciales del inmueble y obligan a mantener una vigilancia técnica constante mientras avanzan los trabajos.

Las operaciones afectan a elementos resistentes y pueden implicar transferencias de cargas, es decir, modificaciones temporales en la forma en que el peso del edificio se reparte entre pilares, muros y otros componentes estructurales. No es precisamente el tipo de obra compatible con tener a una familia preparando la cena dos plantas más arriba.

Por eso el inmueble debe permanecer vacío mientras se desarrollan determinados trabajos. El objetivo no consiste solamente en impedir un riesgo inmediato, sino en conseguir que la estructura vuelva a ofrecer garantías suficientes para permitir la entrada estable de residentes y trabajadores.

Tres familias, comercios y una espera que cambia la vida diaria

El problema tiene una dimensión técnica, pero se vive de una manera bastante más sencilla: las personas no pueden entrar a vivir en sus casas.

Cuando se ordenó el desalojo, quedaban tres viviendas ocupadas en régimen de alquiler y distintos negocios dentro del inmueble. El Ayuntamiento puso sus servicios sociales a disposición de los afectados y señaló desde el principio que la reocupación solo podría producirse después de verificar que las medidas ejecutadas ofrecían garantías suficientes.

Tres meses fuera de una vivienda habitual no son tres meses escritos con bolígrafo sobre un proyecto de obra. Significan alojamiento alternativo, objetos personales lejos y cambios de rutina, además de una incertidumbre difícil de domesticar: saber aproximadamente cuánto van a durar los trabajos no equivale a conocer el día exacto en que se podrá meter otra vez la llave en la cerradura.

Para los comercios ocurre algo parecido. Una intervención estructural prolongada puede convertir un cierre inicialmente provisional en un problema económico serio. Y el edificio está en pleno centro de Santander, donde un local cerrado durante semanas no desaparece del mapa, pero sí de la caja diaria.

Un edificio que iba a convertirse en 27 apartamentos

El trasfondo inmobiliario añade otra capa al asunto. La propietaria había emprendido una reforma para crear 27 apartamentos en Santa Clara 8, un inmueble que durante los últimos años se había ido quedando prácticamente vacío mientras permanecían algunos arrendatarios históricos.

Los vecinos habían denunciado ya en 2024 que existían intentos de conseguir que abandonaran sus viviendas. Entre los residentes había contratos de renta antigua, y el conflicto sobre el futuro del edificio venía de bastante antes del desalojo de agosto. Documentación conocida entonces recogía incluso un proyecto cuya ejecución contemplaba la necesidad de desalojar completamente el inmueble.

Eso no permite concluir, por sí mismo, que el actual problema estructural responda a una estrategia para expulsar a los inquilinos. Sería confundir sospechas con hechos. Sí permite afirmar que el desalojo se ha producido sobre un edificio con una historia previa de tensión entre el proyecto inmobiliario y los residentes que aún permanecían en él.

Y ese contexto explica por qué un asunto aparentemente técnico —unos puntales, unas obras, unos informes— ha adquirido una dimensión política y social mucho mayor.

Existe, además, una cuestión todavía abierta: qué uso tendrán finalmente esos 27 apartamentos.

Podemos Santander solicitó el 10 de septiembre al Ayuntamiento información sobre el uso urbanístico autorizado y sobre la eventual existencia de trámites relacionados con viviendas turísticas, apartamentos turísticos u otras modalidades de alojamiento. La formación pidió también conocer si existe el correspondiente informe de compatibilidad urbanística.

A día de hoy no conviene convertir esa incógnita en una certeza. Que se haya planteado públicamente un posible destino turístico no significa que esté acreditado que los 27 apartamentos vayan a explotarse de esa manera. Precisamente lo que se reclama es documentación para aclararlo.

El matiz importa. Mucho. El edificio se encuentra en una zona céntrica de Santander y su transformación llega en medio del debate sobre vivienda habitual, alquileres y alojamiento turístico. Pero una controversia política no sustituye a un expediente urbanístico, por tentador que resulte meter ambos en la misma frase.

La vuelta a Santa Clara no depende únicamente del calendario

Los tres meses comunicados ofrecen por fin una referencia temporal, pero siguen sin constituir una fecha exacta para la vuelta de los vecinos.

Para que el inmueble pueda recuperar su uso normal deberán completarse las actuaciones estructurales necesarias y comprobarse que las condiciones que motivaron el desalojo han quedado corregidas. Desde el inicio del expediente, el Ayuntamiento señaló que sus técnicos harían seguimiento de los trabajos y verificarían las medidas adoptadas antes de permitir nuevamente la ocupación.

Eso deja abierta la posibilidad de que el proceso termine dentro de la previsión transmitida, pero también obliga a evitar fechas demasiado rotundas. En una obra de estructura, el calendario es importante; la seguridad manda más.

Los vecinos tienen así una estimación, no todavía un día marcado en rojo. Y hay una diferencia considerable entre ambas cosas cuando lo que está detrás de una puerta cerrada es tu propia casa.

Tres meses fuera de casa y una fecha aún sin garantías

El caso de Santa Clara 8 ha pasado en pocas semanas de una reforma inmobiliaria a un desalojo prolongado en pleno centro de Santander. Primero llegaron las pruebas sobre la estructura, después la evacuación en 48 horas, el apuntalamiento y, finalmente, una previsión que sitúa los trabajos en torno a tres meses.

La cuestión práctica ya no es solo cuánto tardarán los obreros. Lo determinante será cuándo existirán garantías suficientes para que las tres familias y los negocios afectados puedan regresar.

Por el momento, el horizonte apunta a varios meses de intervención. El edificio seguirá vacío mientras se trabaja sobre su estructura y los residentes tendrán que continuar fuera. Diciembre aparece en el calendario, sí, pero la última palabra no la tendrá el calendario: la tendrá el estado real del inmueble cuando terminen las obras.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.