Futuro de Palestina ¿qué diferencia hay entre Hamás y ANP?

Análisis actualizado de las diferencias entre Hamas y la ANP, proyectos, apoyos y escenarios en Gaza y Cisjordania tras la tregua de Trump.

La distancia entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no es un matiz interno ni una pugna menor por cuotas de poder: son dos proyectos políticos distintos, con estrategias, legitimidades y aliados diferentes. Hamas es un movimiento islamista con un brazo armado —las Brigadas de Ezedín al Qasam— que gobierna de facto la Franja de Gaza desde 2007, sostiene la “resistencia” como vía central y no reconoce la legitimidad del Estado de Israel. La ANP, vinculada orgánicamente a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), administra partes de Cisjordania surgida del marco de los Acuerdos de Oslo, coopera en seguridad con actores internacionales y, al menos en su marco programático, apuesta por una solución negociada con horizonte de dos Estados. Esto, dicho simple, describe la frontera que separa a ambos: resistencia armada con vocación de confrontación prolongada frente a autoridad administrativa interina que opera dentro de un andamiaje diplomático y legal.

Desde el punto de vista del reconocimiento exterior y del derecho aplicable, también se mueven en planos separados. La ANP se apoya en el reconocimiento mutuo OLP–Israel de 1993, en su Ley Básica y en un entramado de cooperación con la comunidad internacional que permite firmar convenios, recibir financiación y coordinar seguridad; su legitimidad, aunque erosionada por años sin elecciones, está anclada en ese marco. Hamas, por su parte, se rige por su propia documentación política, actualizada en 2017, que acepta como “fórmula de consenso” un Estado palestino en las fronteras de 1967 pero sin reconocer a Israel y manteniendo la lucha armada como vía legítima. Además, enfrenta designaciones como organización terrorista por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, lo que limita de forma severa su margen en cualquier arquitectura de posguerra o administración compartida.

La diferencia entre Hamás y ANP en 5 puntos

Dos proyectos en conflicto: orígenes y fines

Los orígenes explican el presente. Hamas nace a finales de los ochenta como emanación palestina de los Hermanos Musulmanes, con un ideario que mezcla nacionalismo, religiosidad y asistencia social. Su despliegue sobre el terreno —mezquitas, comités de barrio, apoyo a familias de presos o mártires— le otorgó músculo social y, con el paso de los años, una estructura política y militar que rivalizó con Fatah, la columna vertebral de la OLP. La victoria de Hamas en las legislativas de 2006 marcó un punto de inflexión: el pulso con Fatah degeneró en enfrentamientos abiertos y derivó en la toma de Gaza por parte de la organización islamista en 2007. Desde entonces, dos autoridades rivales: Hamas gobierna Gaza, la ANP gobierna (con limitaciones fuertes) parte de Cisjordania.

El fin declarado por Hamas es la liberación de Palestina del “proyecto sionista”. Su documento político de 2017 moduló el tono respecto al manifiesto de 1988: sustituyó referencias sectarias por un lenguaje nacionalista-religioso y aceptó como consenso un Estado palestino en las líneas de 1967, aunque sin reconocer a Israel y reafirmando la legitimidad de la resistencia en todas sus formas. La ANP, en cambio, nació como autoridad transitoria que debía existir durante las negociaciones de estatus final, administrar educación, sanidad, policía y finanzas donde tuviera competencias, y ser el rostro institucional de la OLP en el terreno. Su fin es, en papel, conducir a un marco de solución negociada, con una diplomacia activa y coordinación de seguridad, incluso si esa coordinación desgasta su imagen ante una población que vive cotidianamente la ocupación, los puestos de control y la fragmentación territorial.

Reconocimiento exterior y marco legal

Para la ANP, el reconocimiento exterior descansa en un trípode: las cartas OLP–Israel de 1993, el régimen jurídico de Oslo y el estatus internacional alcanzado por Palestina como Estado observador no miembro de la ONU. Ese trípode permite que Ramala firme memorandos, reciba fondos de donantes, se integre en organismos, coordine seguridad y participe en conferencias de paz. La legitimidad no es absoluta: la ausencia de elecciones legislativas y presidenciales durante años ha corroído la confianza, y la práctica de gobernar por decreto ha generado contestación, pero la ANP conserva una pátina de legalidad internacional que la sitúa como interlocutora principal ante Europa, Estados Unidos y los países árabes.

Para Hamas, el tablero es otro. La designación como organización terrorista por parte de actores clave encierra a la organización en un perímetro de sanciones, bloqueos financieros y restricciones de movimiento que impactan en líderes políticos y en la red de financiación. Las oficinas políticas —desde Damasco en su día hasta Doha— han operado como plataforma externa, y las relaciones con Irán han facilitado soporte económico, adiestramiento y abastecimiento militar. Por eso, incluso cuando se exploran fórmulas de tregua o intercambios, aparecen límites de hierro: muchos gobiernos no aceptan sentarse con Hamas a nivel formal ni canalizar fondos a una administración bajo su control directo. Esta asimetría es central para entender quién puede firmar qué y en qué marco.

Gobierno sobre el terreno: Cisjordania y Gaza

El terreno manda. Cisjordania funciona como un rompecabezas administrativo definido por Áreas A, B y C. En la A, la ANP gestiona administración y seguridad; en la B, gestiona administración con seguridad compartida; en la C, el control es israelí. Ese mapa obliga a gobernar “a saltos”: municipios que piden permisos para obras básicas, ambulancias que hacen rodeos, agentes de seguridad que coordinan movimientos con Israel. En ese contexto, la coordinación de seguridad —impopular, pero operativa— se vuelve un engranaje de supervivencia para evitar que la violencia se dispare en ciudades densas como Nablus, Jenín o Hebrón. La ANP administra escuelas, hospitales, ayuntamientos, cobros de tasas e intenta mantener una mínima normalidad económica, aunque dependa de la recaudación de impuestos retenidos por Israel y de las transferencias de donantes.

Gaza, desde 2007, es otra cosa. Hamas ejerce el poder de facto con una arquitectura propia —ministerios, policía, tribunales de facto— y un brazo armado que no está subordinado a ninguna cadena de mando conjunta palestina. La Franja ha vivido rondas repetidas de guerra, un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo —con aperturas y cierres variables en coordinación con Egipto en Rafah— y una devastación que condiciona cada discusión sobre el futuro. En tiempos de tregua, el control interno de Hamas se hace notar en seguridad, fiscalidad local y distribución de ciertas ayudas; en tiempos de guerra, el brazo armado toma el protagonismo y la administración civil se gira hacia la emergencia. La desconexión política con la ANP es total desde 2007, con episodios puntuales de diálogo de reconciliación que nunca desembocaron en elecciones unificadas.

Dinero, administración y vida cotidiana

Nada se mueve sin dinero. La ANP financia su funcionamiento con un mix complejo: ingresos propios, transferencias de donantes y, sobre todo, los llamados ingresos de liquidación (aranceles e impuestos que Israel recauda por mercancías que entran a los territorios palestinos y que, por acuerdo, transfiere a Ramala). Congelaciones, deducciones unilaterales y retrasos en esas transferencias han provocado crisis de liquidez, salarios pagados a medias y recortes que golpean al funcionariado y a los servicios esenciales. Cada mes puede convertirse en un sudoku contable: priorizar nóminas de sanidad o de seguridad, pagar electricidad a proveedores israelíes, sostener municipios que no recaudarían por sí solos. Esa fragilidad presupuestaria se traduce en desgaste político, porque la ciudadanía mide la eficacia del gobierno en cosas muy concretas: que el hospital tenga material, que el profesor cobre a tiempo, que el agua llegue al barrio.

En Gaza, la matriz financiera es distinta. Hamas ha sostenido su aparato con impuestos locales, mecanismos informales, redes de beneficencia y apoyos externos. La mediación de Qatar ha sido clave tanto para treguas como para la inyección de dinero humanitario, normalmente canalizado con supervisión para asegurar que llegue a las familias vulnerables y a las nóminas básicas. La relación con Irán —financiación, entrenamiento, abastecimiento de armas— ha sido pública y notoria, con variaciones de intensidad según el ciclo regional. Pero la economía de guerra, el bloqueo y la destrucción de infraestructuras han reducido drásticamente el margen para cualquier gestión eficiente. Y aparece un asunto espinoso: quién controla el cemento y los materiales de reconstrucción, quién adjudica contratos y cómo se evita que las comisiones opacas devoren la ayuda. En Gaza, la moneda de cambio es doble: seguridad y reconstrucción.

Urnas, calle y legitimidad

La legitimidad es el otro gran vacío. Las elecciones legislativas y presidenciales llevan aplazadas años; el Consejo Legislativo no ha funcionado con normalidad desde 2007 y gran parte de la normativa en Cisjordania se ha emitido por decreto presidencial. La sucesión de Mahmoud Abbas —presidente de la ANP y de la OLP— es una incógnita que sobrevuela todos los escenarios. En 2024, el nombramiento de Mohammad Mustafa como primer ministro dio una pátina tecnocrática al gabinete, con promesas de reformas administrativas, auditorías, digitalización y mayor control del gasto. La apuesta pretendía reconectar con los donantes y con los socios árabes, y dejar una puerta entreabierta a la eventual administración de Gaza por cuadros no partidistas si se dieran condiciones. Pero la calle pide signos tangibles: seguridad, movilidad, salarios y elecciones.

En paralelo, Hamas navega sus propias contradicciones. Su base social en Gaza ha combinado resistencia y prestación de servicios en clave de supervivencia, pero los costos de la guerra han sido descomunales, también en términos de descontento hacia la gestión interna. Las encuestas independientes muestran péndulos: picos de apoyo durante la confrontación, caídas con el desgaste, rechazo a la represión interna, demanda transversal de urnas con garantías. La sociedad palestina no es monolítica: conviven hartazgo con la ANP, rechazo a que las facciones armadas marquen la vida cotidiana y, a la vez, un sentimiento nacional que condena la ocupación y pide horizonte político real. En ese paisaje, figuras con capital simbólico —como Marwan Barghouti, preso desde 2002— aparecen recurrentemente como puentes hipotéticos entre familias políticas enfrentadas, aunque su nombre sea también terreno de disputa.

Escenarios posibles para el “día después”

Hablar del “día después” en Gaza obliga a anclar tres niveles: administración civil, seguridad y reconstrucción. El mosaico que se baraja en capitales árabes y occidentales dibuja una transición con tecnócratas palestinos en los ministerios clave, apoyo árabe (Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos, según fórmulas) y supervisión internacional en estándares de ayuda, compras y control fronterizo. La ANP, si logra exhibir reformas creíbles, aparece como la candidata natural para pagar nóminas, gestionar escuelas y hospitales y firmar convenios. Eso exigiría un calendario verosímil hacia elecciones —incluida Gaza— y una reforma de seguridad que integre o sustituya estructuras actuales sin abrir la puerta a una guerra civil.

¿Y Hamas? La cuestión es si puede existir como actor político en un marco donde su brazo armado quede fuera del juego. Hay quienes plantean una desmilitarización gradual, empezando por armas pesadas y túneles, con mecanismos de verificación externos, garantías para miembros rasos y un proceso de reintegración parcial a la administración civil bajo una autoridad unificada. Otros señalan que cualquier fórmula que subordine totalmente a Hamas hará inviable la gobernabilidad en la Franja a corto plazo, porque desconoce el control real sobre barrios, redes y mediaciones. Entre una y otra visión, el elemento decisivo es la seguridad: quién la ejerce, con qué reglas, bajo qué coordinación con Egipto y Israel, y cómo se evita que surjan actores armados alternativos que tomen el relevo.

El tercer pilar es la reconstrucción. Hablamos de vivienda, agua, energía, saneamiento, puertos, carreteras y un sector privado que pueda levantarse. Los donantes piden garantías: auditorías, trazabilidad de fondos, controles contra la corrupción y normas transparentes de licitación. El sector privado palestino —tanto en Gaza como en Cisjordania— necesitará crédito, seguros y acceso a materiales. Si la ANP asume el mando administrativo, tendrá que demostrar capacidad de ejecución: contratos limpios, priorización de proyectos y rapidez para restaurar servicios básicos. Si Hamas conserva cuotas de control, el dilema para los donantes y para Israel será mayúsculo. En cualquiera de los casos, la coordinación con Egipto en Rafah y con Israel en Kerem Shalom y Erez será la bisagra logística de todo el proceso.

Un apunte que rara vez se dice en voz alta: sin horizonte político, la reconstrucción se queda coja. Los avances reales en movilidad —corredores comerciales, permisos, reducción de checkpoints—, el freno a la expansión de asentamientos en Cisjordania y un marco que reconozca derechos y seguridad para todos son el terreno donde cualquier administración, sea la ANP o una fórmula alternativa, puede funcionar. En sentido inverso, si la seguridad se impone sin política, habrá calma chicha, sin legitimidad; si la política avanza sin seguridad, la violencia puede volver con otros nombres. Ese equilibrio es el desafío central.

Balance útil para entender el presente

Queda claro que la diferencia entre Hamas y la ANP no es académica ni retórica. Hamas es un actor político-militar que se legitima en la resistencia y en la asistencia social en contextos extremos, que no reconoce a Israel y que ha gobernado Gaza desde 2007 con un brazo armado que decide tiempos y líneas rojas. La ANP, en cambio, es una autoridad administrativa enclavada en el marco de Oslo, que se sostiene en reconocimiento internacional y cooperación de seguridad, y que administra Cisjordania en condiciones de ocupación y fragmentación territorial. Entre una y otra hay programas, aliados y métodos opuestos; también capacidades distintas cuando se trata de firmar acuerdos, recibir fondos o gestionar pasos fronterizos.

Para el futuro inmediato, el papel de la ANP dependerá de su capacidad de reforma, de un calendario creíble de elecciones y de recuperar servicios con regularidad. Si lo logra, tendrá argumentos para optar a un retorno administrativo a Gaza —aunque sea parcial o progresivo— y para reagrupar instituciones hoy duplicadas. Hamas, si aspira a seguir como actor político con algún tipo de presencia, se enfrenta a una ecuación compleja: aceptar un rol civil y someter su brazo armado a limitaciones verificables, o quedar fuera de cualquier arreglo formal y mantener solo influencia de facto en barrios y economías de sombra. No hay soluciones mágicas, pero hay umbrales verificables: salarios pagados, agua en los grifos, escuelas abiertas, pasos fronterizos previsibles, reducción de la violencia. Todo lo demás —declaraciones, cumbres, comunicados— caduca si esos umbrales no se cumplen.

En última instancia, ambos proyectos están sometidos a un mismo veredicto: la vida cotidiana de la población palestina. Si la ANP paga a tiempo, mejora la movilidad en Cisjordania y rinde cuentas, su legitimidad crece. Si Hamas renuncia a imponer su lógica militar en la gestión civil, permite supervisión externa y facilita que la ayuda fluya, puede conservar espacio político. Si ninguno de los dos cede —si el ideario de Hamas choca frontalmente con cualquier compromiso y si la ANP se refugia en la inercia—, la brecha Gaza–Cisjordania se hará aún mayor y la población volverá a pagar el precio. Hoy, la diferencia entre Hamas y la ANP define no solo dos relatos, sino dos futuros posibles en el mapa palestino. Uno basado en instituciones reformadas y apoyo internacional con condiciones; otro anclado en la resistencia armada y en la gestión de crisis permanente. Comprender esa diferencia es entender por qué cada negociación se atasca donde se atasca y por qué cada pequeño avance —un pago, un permiso, una apertura— importa tanto.