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Economía

La deuda federal de EE. UU. alcanza los 35,8 billones

El volumen de deuda marca un récord, pero su proporción respecto al PIB y su composición también importan.

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deuda de Estados Unidos

La deuda federal estadounidense ascendía a 35,822 billones de dólares al cierre de 2024, según los datos recogidos para ese año. Equivalía al 122,27 % del producto interior bruto (PIB), y había aumentado en 2,459 billones de dólares respecto a 2023. Es una cifra gigantesca, pero no describe por sí sola la salud económica del país: para interpretarla también hay que saber quién posee esos títulos, cómo se compara con la producción nacional y por qué el Gobierno pide dinero prestado.

El dato se refiere a las obligaciones del Gobierno federal, no a toda la deuda contraída dentro del país por empresas, familias, estados o municipios. Además, la cifra total combina bonos en manos de inversores con títulos que pertenecen a cuentas de organismos públicos. La diferencia entre esos componentes explica por qué el total bruto no equivale exactamente a lo que el Gobierno debe a acreedores externos, y por qué el déficit anual y la deuda acumulada tampoco son lo mismo.

Qué mide la cifra de deuda federal

El Departamento del Tesoro presenta las obligaciones federales en dos grandes categorías y publica también su suma. La primera es la deuda en manos del público: incluye valores emitidos por el Tesoro que están en poder de personas, empresas, fondos e instituciones ajenos al Gobierno federal. En este grupo caben tanto tenedores estadounidenses como inversores de otros países. Público no significa únicamente ciudadanos particulares; es una forma contable de distinguir esos títulos de los que conserva el propio Gobierno.

La segunda categoría reúne las tenencias intragubernamentales. Son valores del Tesoro depositados en cuentas administradas por organismos federales, entre ellas las vinculadas al fondo fiduciario de la Seguridad Social. Cuando se suman esas tenencias y la deuda en manos del público se obtiene la deuda federal bruta pendiente. La distinción importa porque una parte de las obligaciones aparece como deuda del Gobierno frente a cuentas de otras áreas del mismo Gobierno, aunque los títulos sigan siendo compromisos financieros que deben contabilizarse.

Por tanto, dos cifras distintas pueden describir aspectos diferentes sin que una sea necesariamente falsa. El total bruto refleja el conjunto de títulos federales pendientes; la deuda en manos del público permite observar con más claridad la financiación obtenida fuera de las cuentas federales. Para comparar datos o titulares hay que comprobar qué medida utilizan, además de la fecha de referencia: la deuda cambia con las emisiones, los pagos y el calendario presupuestario.

Una cifra que cambia con el tiempo

La escala actual se entiende mejor al observar su trayectoria. En junio de 2011, la deuda federal bruta rondaba los 14,46 billones de dólares. En mayo de 2020 había llegado a 25,7 billones. Para 2024, la cifra citada alcanzaba los 35,822 billones. No se trata de cantidades directamente intercambiables con cualquier serie histórica: las fechas, las revisiones estadísticas y la definición concreta de deuda utilizada pueden alterar la comparación. Aun así, la secuencia muestra un crecimiento sostenido durante esos años.

La comparación entre 2023 y 2024 ayuda a dimensionar el movimiento más reciente disponible en los datos de referencia: el aumento fue de 2,459 billones de dólares, y la deuda pasó del 119,96 % al 122,27 % del PIB. El alza nominal y el cambio como porcentaje de la economía son dos lecturas relacionadas, pero distintas. La primera indica cuántos dólares adicionales se acumularon; la segunda pone el pasivo en relación con el tamaño de la producción anual.

Las cifras históricas también requieren cuidado al leerlas en español. En inglés, trillion equivale a billón en la escala larga utilizada en España: un millón de millones. Por eso, los 35,822 trillion dólares publicados en inglés se expresan aquí como 35,822 billones de dólares, no como 35.822 millones. Una traducción incorrecta de las magnitudes puede cambiar por completo la escala del dato, especialmente en titulares financieros que convierten cantidades entre idiomas y monedas.

Por qué el porcentaje del PIB aporta contexto

Una deuda de 35,822 billones suena abrumadora, pero la cifra absoluta no basta para valorar su peso. El PIB representa el valor de los bienes y servicios producidos en un año, y comparar la deuda con esa producción ofrece una referencia sobre el tamaño de las obligaciones frente a la economía que las sostiene. En 2024, la relación indicada era del 122,27 %: el volumen de deuda superaba el valor de un año de producción nacional.

Eso no significa que el país tenga que devolver toda la deuda en un solo año, ni que el PIB sea dinero disponible en la caja del Tesoro. La relación funciona como una medida comparativa, no como un calendario de pago. Los títulos vencen en distintos momentos y el Gobierno puede refinanciar parte de ellos mediante nuevas emisiones, aunque esa posibilidad depende de las condiciones de financiación y no elimina la obligación de atender los pagos.

El cociente también puede cambiar aunque la deuda siga creciendo. Si el PIB aumenta con suficiente rapidez, la carga relativa puede estabilizarse o reducirse; si el endeudamiento avanza más deprisa que la producción, el porcentaje sube. Por eso, el paso del 119,96 % en 2023 al 122,27 % en 2024 indica que en ese periodo las obligaciones crecieron más que el PIB medido en la serie citada. El porcentaje resume una relación dinámica, no una sentencia automática sobre una crisis inmediata.

Deuda, déficit y déficit comercial no son lo mismo

El déficit presupuestario es la diferencia entre los ingresos federales y los gastos durante un periodo, normalmente un ejercicio fiscal. Si el Gobierno gasta más de lo que ingresa, necesita cubrir el desfase, y una de las vías habituales es emitir deuda. La deuda, en cambio, es el conjunto de obligaciones acumuladas que permanecen pendientes. Una analogía útil: el déficit se parece al desequilibrio de un año en una cuenta; la deuda, al saldo que se ha ido acumulando y aún no se ha saldado.

La relación entre ambos no es una suma mecánica en todos los casos. El aumento de la deuda bruta suele acompañar a los déficits, pero existen operaciones y ajustes que pueden influir en el saldo sin reflejarse del mismo modo en la medida presupuestaria anual. También importa cómo se contabilizan los ingresos y los gastos: una medición en efectivo registra movimientos cuando se pagan o reciben, mientras que la contabilidad de devengo intenta reflejar cuándo se generan las obligaciones. Por eso, dos indicadores fiscales pueden diferir sin describir realidades incompatibles.

Tampoco debe confundirse el déficit presupuestario con el déficit comercial. Este último compara importaciones y exportaciones, mientras que el primero enfrenta ingresos y gastos del Gobierno federal. Que ambos reciban el nombre de déficit no los convierte en el mismo fenómeno ni implica que una cifra permita deducir la otra. El desequilibrio comercial pertenece a las cuentas del intercambio con el exterior; la deuda pública procede de los compromisos financieros del Estado.

Cómo se financia el Gobierno

Cuando los ingresos no bastan para cubrir todos los gastos, el Tesoro puede emitir valores federales y obtener financiación de quienes los compran. Esos títulos constituyen una promesa de pago bajo las condiciones correspondientes al instrumento. Los adquieren distintos tipos de inversores y entidades, tanto dentro como fuera del país, además de las cuentas públicas que mantienen títulos intragubernamentales. Así, la deuda no es una factura única en manos de un solo acreedor, sino una cartera de compromisos repartidos entre muchos tenedores.

La emisión permite financiar necesidades del Gobierno y cubrir déficits, pero no hace desaparecer el coste: los títulos deben pagarse conforme a sus condiciones, y el Tesoro debe gestionar vencimientos y nuevas necesidades de financiación. Cuando una parte vence, el Gobierno puede obtener recursos para atenderla mediante ingresos o nuevas emisiones. Refinanciar una obligación cambia el momento y la forma de financiarla, pero no convierte el endeudamiento en dinero gratuito.

El coste de atender la deuda depende, entre otros factores, del volumen pendiente y de las condiciones a las que se emiten o refinancian los títulos. Si financiarse resulta más caro, una porción mayor de los recursos presupuestarios puede destinarse al servicio de la deuda y quedar menos margen para otras prioridades. Los datos de referencia no detallan aquí cuánto representa ese coste dentro del presupuesto de 2024, de modo que no permiten cuantificar ese desplazamiento. La tendencia de los tipos y los vencimientos es clave para entender cómo evoluciona la carga, junto con el saldo total.

Quién debe y quién posee los títulos

El deudor de estas obligaciones es el Gobierno federal, no cada ciudadano de manera individual. La cifra por habitante, que para 2024 se situaba en 105.364 dólares según la serie citada, se obtiene al dividir el total entre la población. Sirve para comparar magnitudes entre periodos o países, pero no significa que cada residente deba pagar personalmente esa cantidad ni que exista una factura asignada a cada persona. Es una equivalencia estadística, no una deuda individual.

La composición de los tenedores también impide resumir el fenómeno como si todo el dinero se debiera a un país extranjero o a un único grupo. Una parte está en manos del público en sentido contable, con inversores nacionales e internacionales; otra se encuentra en cuentas federales. Las proporciones concretas de cada grupo no aparecen en los datos disponibles aquí, por lo que no es posible afirmar qué tenedor concentra la mayor parte sin introducir cifras ajenas a la referencia.

Las tenencias intragubernamentales suelen generar confusión porque parecen una deuda que el Gobierno se debe a sí mismo. En términos consolidados, una obligación de una parte de la Administración frente a otra puede tratarse de forma distinta a una deuda con un acreedor externo, pero el Tesoro sigue registrando esos títulos dentro del total bruto. La cifra total y la deuda que circula fuera del Gobierno contestan preguntas diferentes: una contabiliza el conjunto de compromisos y la otra se centra en la financiación obtenida del exterior de las cuentas federales.

Qué queda fuera del total federal

Las obligaciones de los gobiernos estatales y locales no forman parte de la deuda del Gobierno federal. Una ciudad puede emitir bonos para financiar proyectos y un estado puede tener sus propios compromisos, pero esas cifras se registran por separado. Tampoco se incorpora automáticamente al total federal cualquier deuda privada contraída por hogares o compañías. La etiqueta federal delimita quién es el deudor; no describe todo el endeudamiento existente en la economía estadounidense.

Esta distinción es esencial al comparar titulares. Una cifra nacional puede referirse a deuda federal, a deuda pública de varios niveles de gobierno o incluso a obligaciones de toda la economía, incluidas las privadas. Si el perímetro cambia, cambia también el resultado. Para interpretar una comparación internacional, además, conviene comprobar si se usa deuda bruta o neta, cuál es el año de referencia y si el cociente se calcula sobre el PIB del mismo periodo.

El propio déficit federal puede medirse con criterios diferentes. La contabilidad en efectivo registra los pagos y cobros efectivos, mientras que el devengo busca atribuir ingresos y obligaciones al periodo en que se generan. Una lectura puede ofrecer una imagen más inmediata de la caja pública y otra, información sobre compromisos que tendrán efectos posteriores. La elección del método contable no es un detalle técnico menor: condiciona qué parte del desequilibrio aparece en cada ejercicio y cómo se interpreta su evolución.

El techo de deuda y la disputa presupuestaria

El techo de deuda es el límite legal que condiciona cuánto puede pedir prestado el Gobierno federal para cumplir obligaciones. No decide por sí mismo qué programas se financian ni fija cada año cuánto se gasta; esas decisiones se adoptan a través del proceso presupuestario. El límite afecta a la capacidad de financiar compromisos ya establecidos cuando los ingresos no bastan para cubrirlos. Confundir el techo con el presupuesto equivale a mezclar la autorización para financiarse con la decisión sobre el gasto.

Por eso, los debates sobre elevar o suspender el límite pueden enfrentar a distintas fuerzas políticas, aunque el gasto que genera las obligaciones se haya aprobado previamente. La disputa tiene consecuencias financieras porque introduce incertidumbre sobre la capacidad de atender pagos en plazo, pero no debe presentarse como si cada negociación borrara la deuda acumulada. El problema es cómo se permite financiar compromisos existentes y futuros, no una operación que haga desaparecer las obligaciones registradas.

El material disponible identifica el techo de deuda como un asunto relacionado, pero no ofrece el nivel legal vigente ni una fecha actualizada de negociación. No es prudente trasladar a hoy cifras de episodios anteriores, porque el límite puede modificarse y los calendarios cambian. La fecha del dato importa especialmente en este tema: una explicación estructural sigue siendo válida, pero un umbral concreto solo lo es si corresponde al periodo indicado.

Qué revela y qué no revela una deuda elevada

Un volumen alto de deuda revela que el Gobierno ha recurrido de forma sostenida a financiación y que sus compromisos acumulados son grandes en relación con la economía. No demuestra, por sí solo, que el país sea incapaz de pagar ni permite fijar una fecha para una crisis. La capacidad de sostener esa carga depende de la evolución de los ingresos públicos, el crecimiento, los costes de financiación, los vencimientos y las decisiones presupuestarias. El indicador alerta sobre una trayectoria que merece seguimiento, pero no predice mecánicamente un desenlace.

El crecimiento de 2,459 billones de dólares en 2024 y el avance de la ratio hasta el 122,27 % muestran que el endeudamiento aumentó más deprisa que el PIB en la comparación aportada. Para saber si esa tendencia puede mantenerse, harían falta datos adicionales sobre déficits futuros, intereses, ingresos, gasto y condiciones de mercado. Sin ellos, describir el nivel actual es posible; proyectar con precisión la sostenibilidad a largo plazo no lo es.

La magnitud también convive con una particularidad institucional: el Tesoro emite los títulos en dólares y el Gobierno obtiene financiación en la moneda de su propia economía. Eso no elimina los límites económicos ni los costes de endeudarse, pero hace que la comparación con hogares, empresas o países que se financian en otra moneda sea incompleta. La deuda soberana no funciona como una hipoteca doméstica: importan la capacidad tributaria, la confianza de los inversores y el marco monetario, además del saldo acumulado.

La fotografía de 2024, en definitiva, combina tres datos que conviene mantener juntos: 35,822 billones de dólares de deuda federal bruta, un incremento anual de 2,459 billones y una relación del 122,27 % respecto al PIB. Ninguno basta de forma aislada. La composición de los títulos aclara a quién se debe; el déficit explica parte de cómo crece el saldo; y el PIB aporta una escala económica. Entender esas piezas permite leer el récord sin confundir tamaño, coste y capacidad de pago, tres cuestiones relacionadas, pero no idénticas.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.