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Economía

¿Te pueden despedir por bajas médicas? Foment pide recuperar esa vía

La patronal catalana propone recuperar el despido por bajas repetidas o largas, reforzar las mutuas y revisar los complementos por incapacidad.

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Imagen: Pere prlpz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Resumen

  • Foment pide poder despedir por bajas médicas repetidas o muy largas
  • La medida no está vigente y exigiría cambiar la legislación laboral
  • También propone más controles médicos y revisar costes y complementos

Foment del Treball quiere que las empresas vuelvan a disponer de una vía para despedir objetivamente a trabajadores que acumulen bajas laborales repetidas o muy prolongadas, aunque esas ausencias estén justificadas médicamente. Es una de las propuestas más contundentes de su nuevo Libro Blanco sobre el Absentismo Laboral, presentado este 29 de septiembre en Barcelona. Pero conviene dejar algo claro desde el principio: esa posibilidad no existe actualmente como causa específica de despido objetivo. Es una propuesta de la patronal catalana y necesitaría cambios legales para convertirse en realidad.

La organización presidida por Josep Sánchez Llibre no plantea limitar la medida a las bajas fraudulentas. De hecho, sus propios responsables admiten que el fraude es difícil de medir. La idea va bastante más lejos: permitir la extinción del contrato cuando las ausencias se repitan un determinado número de veces o se prolonguen demasiado, con independencia de las causas, aunque Foment excluye expresamente los supuestos de discapacidad. Es decir, el debate no gira únicamente alrededor del trabajador que finge estar enfermo. También alcanza al empleado que está legítimamente de baja. Ahí está la pólvora jurídica del asunto.

Foment quiere recuperar un despido eliminado en 2020

España ya tuvo una figura parecida. El antiguo artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores permitía extinguir el contrato por faltas de asistencia intermitentes, incluso justificadas, cuando se alcanzaban determinados porcentajes. Una de las fórmulas contemplaba ausencias equivalentes al 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, bajo determinadas condiciones; otra elevaba el umbral al 25% durante cuatro meses discontinuos dentro de doce meses.

La reforma laboral de 2012 había facilitado su utilización al suprimir el requisito que vinculaba el despido al nivel general de absentismo de la empresa. Después llegó febrero de 2020. El Gobierno derogó el artículo 52.d mediante un real decreto-ley y las Cortes consolidaron posteriormente esa eliminación mediante la Ley 1/2020. Desde entonces, encadenar bajas médicas justificadas no constituye por sí solo aquella antigua causa de despido objetivo.

Hay, además, una pequeña trampa en la comparación histórica. Foment habla ahora no solo de ausencias repetidas, sino también de bajas de larga duración. El viejo 52.d había terminado afectando fundamentalmente a ausencias intermitentes y, entre las justificadas, a bajas por contingencias comunes inferiores a 20 días, porque la propia norma excluía numerosos supuestos. Así que la patronal no pide fotocopiar el artículo derogado. Jordi García Viña, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Barcelona y participante en la elaboración del Libro Blanco, ha señalado que se busca una herramienta semejante, no simplemente recuperar palabra por palabra la regulación de 2012.

Estar de baja y poder ser despedido no significan lo mismo

Aquí la letra pequeña ocupa bastante más que el titular. Una empresa puede despedir a una persona que se encuentra de baja en determinadas circunstancias; lo que no puede hacer actualmente es acogerse a una causa objetiva específica basada simplemente en superar un determinado nivel de bajas justificadas, como permitía el antiguo artículo 52.d.

Tampoco todo despido producido durante una incapacidad temporal es automáticamente nulo. Pero desde la entrada en vigor de la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, la enfermedad y la condición de salud figuran expresamente entre las causas protegidas frente a la discriminación. Cuando el motivo real del despido sea discriminatorio por razón de enfermedad, la extinción puede ser declarada nula, con las consecuencias correspondientes. El simple hecho temporal de estar de baja, por sí solo, no resuelve automáticamente el pleito: importan el motivo, los indicios y la justificación empresarial.

Otra cosa son las ausencias injustificadas. El Estatuto de los Trabajadores conserva mecanismos disciplinarios para esos casos. Precisamente uno de los argumentos utilizados en 2020 para eliminar el artículo 52.d fue que el ordenamiento ya permitía sancionar las faltas injustificadas sin necesidad de una vía adicional que pudiera computar determinadas ausencias médicas justificadas.

El absentismo que Foment cifra en 33.280 millones

La ofensiva empresarial llega acompañada de números. Según los datos recogidos por Foment, procedentes de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, el coste asociado a las incapacidades temporales habría alcanzado 33.280 millones de euros en España durante 2025, prácticamente el doble de los 16.647 millones calculados para 2019. De esa factura, la patronal atribuye algo más de 16.115 millones a las empresas. En Cataluña calcula un coste de 6.279 millones, frente a 3.112 millones seis años antes. Son estimaciones utilizadas por la propia organización empresarial para fundamentar sus propuestas y, por tanto, deben leerse como tales.

El número de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes también habría aumentado con fuerza: de 5,97 millones en 2019 a 9,11 millones en 2025, aproximadamente un 53%. Foment sitúa precisamente en los niveles anteriores a la pandemia su objetivo de referencia. Su Libro Blanco calcula también que el 76,1% de las horas perdidas consideradas absentismo en 2025 estuvieron vinculadas a incapacidades temporales por motivos de salud y sitúa en 41,9 días la duración media de los procesos.

Hay un matiz que suele evaporarse cuando la discusión entra en modo tertulia. Absentismo no significa necesariamente fraude ni siquiera ausencia injustificada. Bajo esa etiqueta estadística pueden agruparse horas pactadas que finalmente no se trabajan por causas muy distintas. El documento de Foment concentra su atención, sobre todo, en las bajas por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Una gripe, una lesión doméstica, una operación o determinados problemas de salud pueden entrar en ese terreno sin que exista engaño alguno.

Los jóvenes tienen más procesos; los mayores, bajas mucho más largas

El Libro Blanco pone un foco especial sobre los trabajadores jóvenes. Según sus cifras, en 2025 se registraron 42,75 procesos mensuales por cada 1.000 trabajadores de entre 16 y 35 años, frente a 25,43 entre los mayores de 55. Hace unos años la relación era distinta y eran los empleados de más edad quienes mostraban mayor incidencia.

Pero aparece la otra mitad de la fotografía: las bajas de los mayores duran mucho más. Foment calcula una media de 86,74 días entre los mayores de 55 años, frente a 21,17 días entre los trabajadores de 16 a 35. Número de procesos y duración no son lo mismo. Mezclarlos en una sola cifra puede fabricar un diagnóstico cómodo, aunque bastante borroso.

Reconocimientos médicos obligatorios y más poder para las mutuas

El despido es la parte que más ruido hace, pero el documento va bastante más lejos. Foment plantea reforzar el papel de las mutuas en las incapacidades temporales por enfermedades comunes, de manera que puedan intervenir con mayor intensidad en la asistencia sanitaria, el diagnóstico, la rehabilitación y la recuperación de los trabajadores. También pide mejorar la atención primaria, acortar las esperas de pruebas y agilizar los procedimientos administrativos.

Otro terreno delicado son los reconocimientos médicos. La patronal propone eliminar en determinados casos la necesidad del consentimiento del trabajador y abrir la puerta a reconocimientos obligatorios, además de ampliar la información que pueda recibir la empresa durante una baja.

El marco actual es más estrecho. El Estatuto de los Trabajadores ya permite al empresario verificar mediante personal médico el estado de salud alegado para justificar una ausencia, y la negativa puede afectar a determinados derechos económicos asumidos por la empresa. Pero la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece como principio general que la vigilancia de la salud requiere consentimiento, salvo excepciones concretas relacionadas con los riesgos del puesto, la seguridad del propio trabajador o de terceros, o actividades sometidas a una regulación específica. Los datos médicos, además, tienen una protección especialmente intensa: la empresa no recibe libre acceso al diagnóstico o al historial clínico.

Ese límite no es un adorno burocrático. La legislación permite trasladar a la empresa determinadas conclusiones sobre la aptitud para desempeñar un puesto o sobre medidas preventivas necesarias, pero restringe el acceso a la información clínica personal al personal sanitario y a las autoridades competentes. El salto entre saber que alguien no puede trabajar y conocer por qué no puede hacerlo es pequeño en apariencia y enorme en términos de intimidad.

Por eso algunas propuestas del Libro Blanco exigirían tocar varias piezas legales, no simplemente cambiar una frase del Estatuto de los Trabajadores. Salud laboral, protección de datos, igualdad de trato y derecho del trabajo se cruzan aquí como cables debajo de una mesa. Tirar de uno mueve los demás.

Foment también pone el foco en lo que se cobra durante la baja

La patronal propone modificar igualmente el reparto económico de la incapacidad temporal. En una enfermedad común o accidente no laboral, la prestación ordinaria de la Seguridad Social equivale actualmente al 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día y al 75% desde el día 21. Entre los días cuarto y decimoquinto, la prestación corre a cargo de la empresa, salvo particularidades aplicables a determinados regímenes.

Foment quiere que las empresas dejen de asumir esa prestación entre los días 4 y 15 y que el pago pase directamente a las entidades gestoras o mutuas. También reclama eliminar la obligación empresarial de cotizar durante el periodo de baja. El argumento empresarial es económico: considera que el modelo actual carga sobre las compañías un coste demasiado elevado derivado de procesos en cuya concesión y duración no intervienen.

Más polémica todavía puede generar su propuesta sobre los complementos de incapacidad temporal. Muchos convenios colectivos mejoran la prestación pública y permiten que el trabajador cobre durante la baja un porcentaje superior, en ocasiones hasta alcanzar el 100% de su salario. Según el Libro Blanco, estos complementos alcanzaban en 2024 al 73,27% de los trabajadores cubiertos por convenio. Foment plantea revisarlos e incluso modificar la normativa para impedir determinadas cláusulas y dejar sin efecto las ya existentes en los convenios.

Aquí el debate deja de ser puramente médico y aterriza directamente en la negociación colectiva. Lo que para una empresa puede funcionar como un incentivo económico mal diseñado, para el trabajador puede ser simplemente la diferencia entre enfermar cobrando su sueldo habitual o hacerlo perdiendo una parte relevante de sus ingresos.

Una propuesta empresarial, no una nueva regla para las bajas

Nada de lo presentado por Foment convierte, a 29 de septiembre de 2026, una baja médica repetida o prolongada en causa automática de despido. Para recuperar una figura de ese tipo sería necesario reformar la legislación laboral y determinar sus límites, excepciones, garantías y relación con la protección frente a la discriminación por enfermedad o discapacidad.

La discusión, eso sí, ya está servida y no se limita a una cifra de absentismo. Foment pone sobre la mesa productividad, coste empresarial, Seguridad Social y capacidad de control. Al otro lado aparecen la protección de la salud, la intimidad, la negociación colectiva y algo bastante elemental: una baja médica sigue siendo, mientras no se demuestre lo contrario, una situación de incapacidad certificada por profesionales sanitarios, no una infracción laboral.

Entre ambos extremos hay problemas reales que no desaparecen por cambiarles el nombre: procesos médicos demasiado largos, listas de espera, fraude cuando lo hay, empresas que soportan desajustes organizativos y trabajadores que enferman de verdad. Meter todo eso en el mismo cajón del absentismo resulta tentador. También simplifica demasiado. El Libro Blanco de Foment acaba de reabrir una discusión que España cerró legalmente en 2020, aunque esta vez la patronal pretende abrir la puerta un poco más.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.