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Protocolos de la vergüenza: desaparecen 2 ex cargos de Ayuso

En la mañana de este martes, 9 de diciembre, estaban citados como investigados tres ex altos cargos vinculados a la gestión de las residencias madrileñas durante la primera ola de la COVID-19.

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desaparecen 2 ex cargos de Ayuso

Mur y Busca no acuden a declarar por protocolos en residencias; Peromingo señala órdenes superiores. Claves del caso y próximos pasos clave.

En la mañana de este martes, 9 de diciembre, estaban citados como investigados tres ex altos cargos vinculados a la gestión de las residencias madrileñas durante la primera ola de la COVID-19. Carlos Mur de Víu y Pablo Busca Ostolaza no comparecieron y el juzgado comunicó que no ha logrado localizarlos pese a varios intentos previos. Solo acudió Javier Martínez Peromingo, geriatra y señalado en las diligencias como redactor técnico de los llamados protocolos de derivación, quien declaró durante más de una hora. Con ese contraste —dos ausencias, una presencia— el llamado caso residencias da un giro procesal que, cinco años después, vuelve a colocar nombres y decisiones de marzo de 2020 en el centro del debate penal y sanitario.

¿Por qué se les había convocado? Para aclarar su participación en la elaboración, firma y aplicación de los documentos internos que restringieron la derivación hospitalaria de personas mayores institucionalizadas en los días más críticos de la pandemia. ¿Dónde están ahora quienes no acudieron? Oficialmente, en paradero no comunicado al juzgado, que no ha conseguido entregarles la citación en los domicilios y contactos aportados. ¿Qué pasa desde hoy? La incomparecencia injustificada abre la puerta a medidas de averiguación de domicilio y paradero, nuevas citaciones y, si persiste la falta de colaboración, órdenes de detención para poner a los investigados a disposición judicial. También se barajan multas coercitivas, según confirman fuentes de la acusación, y la posibilidad de señalamientos inmediatos en otras sedes donde hay diligencias gemelas por fallecimientos ocurridos en residencias concretas.

Qué se esperaba hoy y por qué iban citados

El señalamiento de este martes en los juzgados de Plaza de Castilla formaba parte de una investigación reactivada tras varios intentos previos de archivo. La causa matriz pivota sobre el fallecimiento de un residente en Amavir Valdebernardo y otro caso, señalado para mañana en un juzgado de Collado Villalba, por la muerte de un usuario de Sanitas Torrelodones. Las familias, personadas como acusación particular y popular, sostienen que los criterios de exclusión que se difundieron internamente entre el 18 y el 25 de marzo de 2020 impidieron el traslado al hospital de miles de ancianos con gran dependencia o deterioro cognitivo, con un resultado letal en demasiados casos. Las defensas de los ex responsables sanitarios replican que no hubo discriminación, sino triaje clínico en una situación de catástrofe con recursos desbordados y que los documentos en cuestión eran borradores técnicos, no órdenes con rango normativo.

Las citaciones de hoy buscaban, precisamente, fijar el quién hizo qué. A Carlos Mur de Víu, entonces al frente de la coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, se le atribuye la firma de al menos una de las versiones de esos protocolos. A Javier Martínez Peromingo, geriatra de referencia en la red pública, se le señala como redactor técnico de los textos de triaje. Y a Pablo Busca Ostolaza, responsable operativo del SUMMA 112 en los meses más duros de la emergencia, se le interroga por el encaje y aplicación de esas pautas en el circuito de ambulancias y derivaciones. El objetivo: determinar si hubo denegación de asistencia sanitaria por motivos de edad o discapacidad, si se dictaron instrucciones contrarias a derecho y si esas instrucciones influyeron en decisiones concretas que hoy se investigan como posibles delitos.

Quién es quién y qué papel tuvo cada uno

Carlos Mur de Víu ejerció como director general de Coordinación Sociosanitaria durante la primera ola. Su nombre aparece vinculado a la validación y firma de versiones de los documentos internos que activaban criterios de exclusión para traslados hospitalarios desde residencias. En la cadena de mando, su figura es clave para delimitar responsabilidades jerárquicas: quién ordenó, quién revisó y bajo qué cobertura legal se difundieron las pautas.

Javier Martínez Peromingo, geriatra, ha sido señalado por su intervención en la redacción técnica. En su declaración de hoy defendió que advirtió por escrito de las consecuencias discriminatorias que podrían derivarse de la aplicación literal de los criterios, y que elevó esas objeciones a sus superiores. Su línea argumental apunta a un papel de asesoría clínica y a desacuerdos internos sobre el enfoque, especialmente en las primeras versiones, las más restrictivas, difundidas entre el 18 y el 20 de marzo de 2020, cuando la presión asistencial era máxima.

Pablo Busca Ostolaza ocupó un cargo de responsabilidad en el SUMMA 112, el servicio de urgencias y emergencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid, durante aquellos meses. Se investiga si las instrucciones circularon entre médicos reguladores, gestores de ambulancias y direcciones de residencias, y si condicionaron el circuito de derivaciones que conectaba los centros sociosanitarios con los hospitales en plena saturación.

Los tres nombres confluyen en un mismo eje: protocolos internos de derivación, elaborados y difundidos en un momento de colapso. La fiscalización penal se centra en si esos textos, más allá de su naturaleza administrativa, produjeron efectos reales que privaron a un colectivo concreto —mayores institucionalizados con dependencia o deterioro— del acceso al hospital.

Qué ocurrió en el juzgado y qué significa estar “ilocalizable”

A la hora fijada, Mur y Busca no comparecieron y no constaba su notificación fehaciente. La oficina judicial informó de intentos fallidos de entrega, tanto en domicilios como en teléfonos y correos electrónicos aportados. La expresión “ilocalizable” no los convierte de inmediato en prófugos; tiene un significado técnico: el juzgado no ha podido hacerles llegar la citación por los cauces habituales. No es raro en macrocausas con múltiples domicilios y cambios de destino profesional, aunque tras varias reiteraciones la paciencia procesal se acorta.

¿Qué puede decidir el juez ante esta situación? Varias cosas. Primera, librar oficios de averiguación de domicilio y paradero a Policía y Guardia Civil para actualizar direcciones y teléfonos. Segunda, señalar nueva fecha con citación personal y advertencia expresa de conducción por la fuerza pública si vuelven a ausentarse. Tercera, imponer multas coercitivas por incomparecencia injustificada. Y, llegado el caso, dictar orden de detención para asegurar la comparecencia. No todas las medidas llegan a aplicarse a la vez; suelen escalarse según la colaboración del investigado y los antecedentes de la causa.

Mientras tanto, el único que declaró, Martínez Peromingo, dejó asentado un relato que, si se sostiene con documentos internos, correos y versiones cruzadas, puede reubicar el foco en la cadena de mando. Dijo haber rechazado por escrito los criterios de exclusión y señaló a quien tenía capacidad de firma. Esa línea no cierra el debate —abre otros—, pero ordena la discusión: quién redactó, quién firmó, quién distribuyó, cómo se transmitió a residencias y reguladores del 112, qué instrucciones verbales se añadieron a los papeles.

Lo que puede pasar desde hoy: fases, plazos y consecuencias

A partir de esta incomparecencia, el procedimiento entra en una fase procesal muy concreta. Con el calendario judicial de diciembre ya al límite, el juez puede reanudar las citaciones de manera inmediata o dejar constancia de las gestiones y encajar los nuevos señalamientos tras las fiestas. Lo determinante es la diligencia con la que se ejecute la averiguación de domicilio y la nueva citación.

Si Mur y Busca son localizados y citados con advertencia, el juzgado puede optar por la conducción policial el mismo día del nuevo señalamiento si no acuden voluntariamente. Si, pese a las gestiones, persistiera la imposibilidad de localizarlos, cabe dictar requisitorias con efectos en todo el territorio nacional, lo que implica que cualquier control o gestión administrativa relevante podría activar su puesta a disposición del juzgado instructor.

Para el fondo del asunto, las próximas semanas serán cruciales. De confirmarse la autoría, firma y difusión de documentos que restringían derivaciones por criterios no clínicos (o clínicos discutibles aplicados de modo general), la instrucción tendrá que decidir si encaja los hechos en prevaricación administrativa, denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios o homicidio imprudente en su vertiente de omisión del deber de socorro institucional. Son categorías diferentes, con requisitos probatorios y penas también distintas. Y no son excluyentes, aunque la práctica procesal suele conducir a un tipo penal principal y a la exclusión de los restantes cuando la prueba cristaliza.

Los tiempos del proceso y lo que se juega cada parte

Para las familias, este punto del procedimiento es el primero en el que perciben responsables con nombre y apellidos sentados como investigados. Su objetivo es romper la inercia de archivos que se han sucedido en distintos juzgados y forzar una instrucción completa con periciales médicas, declaraciones de gestores de residencias, médicos reguladores del 112 y responsables hospitalarios que recibieron o rechazaron traslados.

Para las defensas, el reto consiste en demostrar que no hubo órdenes ilegales, que los documentos eran borradores y que la práctica clínica real se guiaba por criterios médicos individualizados y por la disponibilidad de camas y respiradores en un contexto de emergencia. Su estrategia pasa por mostrar trazas de consultas clínicas caso por caso, comunicaciones con hospitales y evoluciones de pacientes que sí fueron derivados con perfiles clínicos similares para descartar la idea de una regla general de exclusión.

Para el juzgado y la Fiscalía, el núcleo está en verificar causalidad: no bastará con acreditar que hubo papeles; habrá que demostrar cómo circularon, quién los recibió, cómo se interpretaron y si condicionaron decisiones concretas en las residencias investigadas. Por eso los casos de Valdebernardo y Torrelodones son tan relevantes: aterrizan la discusión en dos historias clínicas con nombres, fechas y decisiones trazables.

Cómo fueron los “protocolos de la vergüenza”: cronología útil

La etiqueta —“protocolos de la vergüenza”— se popularizó en 2020 para referirse a las instrucciones internas que, en su versión inicial, desaconsejaban o impedían la derivación hospitalaria desde residencias de personas con demencia avanzada, gran dependencia o baja puntuación en escalas de funcionalidad. Entre el 18 y el 25 de marzo circularon cuatro versiones. Las primeras fueron las más restrictivas. En las últimas, ya con el sistema algo más estabilizado, varios párrafos se reformularon para introducir matices clínicos y dejar mayor margen al juicio del médico responsable.

Aquellos papeles nacieron en un entorno de colapso. Picos de ingresos que se duplicaban cada 48 horas, urgencias saturadas, UCI al límite y un SUMMA 112 que recibía miles de llamadas. Se diseñaron circuitos específicos para COVID, hoteles medicalizados y se reforzó la atención domiciliaria con equipos de soporte. Las residencias, sin embargo, quedaron en una zona gris durante semanas: falta de EPIs, bajas entre el personal, médicos externos sin acceso al historial completo y coordinaciones fallidas entre servicios sociales y sanidad. En ese vacío operativo crecieron los protocolos.

La investigación judicial examina ahora tres capas: la redacción (quién redactó y en qué términos), la firma (quién validó y con qué rango) y la aplicación (cómo se bajó a la práctica diaria). Lo relevante no es solo lo que dicen los documentos, sino cómo cambiaron decisiones una noche de marzo en un departamento de admisión, o en una central del 112, o en la sala de coordinación de una residencia cuando el médico de guardia pedía una ambulancia y le respondían con criterios de exclusión.

Lo que saben ya las diligencias y lo que falta por demostrar

Está acreditado que se difundieron varias versiones y que residencias y servicios de emergencia las conocieron. También que hubo médicos y directores de residencia que documentaron llamadas y denegaciones. Falta, sin embargo, la cadenita causal robusta que una un párrafo en un papel con un fallecimiento concreto y que supere el umbral penal de prueba suficiente. Esa es la gran batalla pericial: conectar documento-instrucción con decisión y resultado, con nombres y horas.

Políticas, números y dolor: el contexto que no se puede obviar

El caso vuelve porque no ha cicatrizado. Madrid fue el epicentro de la primera ola y la mortalidad en residencias golpeó como en ningún otro lugar. Más de 7.000 mayores fallecieron en centros residenciales en pocas semanas, con COVID confirmado o síntomas compatibles, según datos oficiales comunicados a lo largo de 2020. La cifra se convirtió en un indicador social y político que ha atravesado cuatro años de parlamentos, informes y comisiones, con una polarización evidente entre quienes ven decisiones clínicas duras en una situación límite y quienes sostienen que hubo discriminación por edad y dependencia.

La Comunidad de Madrid defendió entonces que se trató de documentos de trabajo, emitidos en caliente, para racionalizar recursos en un escenario inédito. Las familias replicaron con nombres, fechas y llamadas que no encontraron ambulancia ni cama. Entre medias, geriatras y médicos de urgencias miran hoy aquellos días con una mezcla de orgullo por lo conseguido y pesadumbre por lo que faltó. La justicia, que llega tarde pero llega, intenta poner orden jurídico ahí donde la administración no fue capaz de cerrar.

Dos casos guía: Valdebernardo y Torrelodones

La razón de que las declaraciones se fragmenten en distintos juzgados tiene que ver con la competencia territorial. Amavir Valdebernardo correspondía a la jurisdicción de Madrid capital y su investigación acabó en un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla. Sanitas Torrelodones cae en el partido judicial de Collado Villalba, que gestiona causas de esa zona noroeste. En ambos asuntos, los hechos nucleares son parecidos: un residente se agrava, la residencia pide derivación, el circuito no responde o deniega, el residente fallece. La pregunta penal es si esa denegación fue arbitraria o discriminatoria y si se apoyó en los protocolos ahora bajo la lupa.

Que hoy solo se haya podido escuchar a Peromingo no vacía de contenido la jornada. Deja, en cambio, una pista sobre por dónde se va a disputar el relato: objeciones internas, borradores que cambian de tono en días, firmas que dan cobertura administrativa y operativas del 112 que aterrizan los papeles en decisiones muy concretas. Es el dibujo de una instrucción que va a ser pericial, técnica y documental a partes iguales.

El encaje penal: de la omisión a la discriminación

Los tipos penales en juego son complejos y no siempre fáciles de aplicar a la administración sanitaria. La prevaricación administrativa exige una resolución injusta a sabiendas. La denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios requiere demostrar que se negó un servicio al que se tenía derecho por edad o discapacidad. Y el homicidio imprudente en su variante de omisión precisa acreditar que una conducta concreta (no derivar) fue determinante para el resultado de muerte cuando existía el deber específico de actuar de otro modo. Tres sendas distintas, con estándares probatorios distintos, que comparten una dificultad: probar la causa.

Por eso las periciales médicas y los registros de llamadas son oro. De poco sirve un documento si no se puede mostrar que, aquella tarde, a esa hora, ese médico del 112 aplicó un criterio que venía de un papel con firma y que, por ese criterio, no se envió una ambulancia o no se admitió a un paciente en urgencias aunque clínicamente debía haberse intentado. A la inversa, las defensas tratarán de individualizar cada caso, mostrar contraejemplos y decisiones clínicas que fueron al hospital en perfiles similares para desacreditar la tesis de la regla general.

Qué se sabe ya y qué puede cambiar con nuevas pruebas

Con lo aportado hasta hoy, puede darse por establecido que hubo versiones sucesivas de los protocolos; que inicialmente se priorizaron criterios restrictivos; que residencias y operativos del 112 recibieron esas pautas, en mayor o menor medida; y que familias y profesionales documentaron solicitudes de traslado no atendidas. Lo que puede cambiar es la contabilidad de casos en los que esas pautas fueron determinantes para el fallecimiento y la trazabilidad de la cadena de mando desde la redacción a la aplicación.

Otro punto sensible es la naturaleza jurídica de los papeles. ¿Eran instrucciones con valor interno pero obligatorio? ¿Eran recomendaciones clínicas para orientar decisiones bajo presión? ¿Se trató de documentos de trabajo nunca formalmente aprobados? La respuesta condiciona el tipo penal y el reparto de responsabilidades entre técnicos, firmantes y operativos.

Finalmente, hay un terreno político-administrativo que también puede moverse: reconocimientos, disculpas o reparaciones simbólicas. Aunque no alteran el curso penal, influyen en la percepción pública y en la presión sobre las partes. Es previsible que, con los nombres de Mur, Peromingo y Busca en escena, las portavocías parlamentarias reaviven una discusión que ha marcado la legislatura en la Comunidad de Madrid.

Calendario y claves que ya miran al juez

Lo inmediato pasa por localizar a Carlos Mur de Víu y a Pablo Busca Ostolaza, reanudar sus citaciones con todas las garantías y escuchar sus versiones bajo investigación. Javier Martínez Peromingo, primer compareciente de esta tanda, ha abierto una brecha que apunta hacia arriba en la cadena de mando y hacia abajo en la operativa del 112. En paralelo, la sede de Collado Villalba deberá confirmar mañana su propio calendario por el caso de Sanitas Torrelodones y decidir si acumula diligencias o si camina en paralelo con intercambio de pruebas.

A partir de ahí, la instrucción tendrá que ordenar documentos, cotejar versiones y pedir periciales que reconstruyan decisiones minuto a minuto en dos residencias concretas. Sin atajos. Si las pruebas encajan, habrá escrito de acusación y un juicio en el que se discutirán, con luz y taquígrafos, aquellos días de marzo en los que no había camas, faltaban manos y unos papeles —llámeselos protocolos o borradores— cambiaron la vida y la muerte de miles. Si no encajan, volverán los archivos. Hoy, tras cinco años y dos tentativas fallidas, el caso ha vuelto a moverse. Y esta vez ya no es un debate genérico sobre la pandemia: son nombres propios, hechos fechados y decisiones rastreables ante un juez.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.