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¿Qué pasó en el desalojo de la Sareb en Collado Villalba?

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Desalojo de madrugada en Collado Villalba: excavadora, 100 personas fuera y choque entre Ayuntamiento, Sareb, CCOO y la Asamblea de Vivienda.

La madrugada del jueves 19 de febrero de 2026, con el frío aún pegado a las fachadas, un amplio dispositivo policial desalojó el bloque de la calle Real 13-15 en Collado Villalba, un edificio ocupado propiedad de Sareb donde vivían en torno a un centenar de personas. El operativo se alargó durante horas, terminó con al menos un detenido y dejó una imagen que se ha repetido en las declaraciones de unos y otros: la entrada al inmueble no fue una conversación en un portal, sino una intervención con maquinaria pesada, puertas forzadas y un cordón policial desde primera hora.

El Ayuntamiento sostiene que actuó por seguridad y salubridad, apoyado en informes y en el temor a un incendio con víctimas, mientras que la Asamblea de Vivienda denuncia un desalojo sin aviso previo y con un procedimiento que considera irregular. En paralelo, CCOO de Madrid ha rechazado la actuación y ha puesto el foco en el coste social de expulsar de golpe a familias sin alternativa clara. Todo ocurre con un antecedente muy reciente en la misma localidad: el desalojo del bloque de calle Trinidad 19 meses atrás, también ligado a Sareb, que dejó una herida abierta y convirtió este episodio en algo más que un suceso puntual.

Una operación al amanecer en la calle Real 13-15

A las 06:00 ya había perímetro, calles cortadas y presencia policial alrededor del inmueble. La escena, según la versión vecinal, se fue densificando con el paso de los minutos: patrullas, vehículos de apoyo, antidisturbios y un ambiente de tensión que no siempre necesita gritos para sentirse. Desde la concentración en el exterior se reclamó la paralización del desalojo y la posibilidad de un encaje por la vía del alquiler social, una fórmula que en este caso llevaba tiempo en el aire, con negociaciones abiertas para algunas familias y bloqueo para otras.

El intento de acceso, siempre según lo relatado por la Asamblea de Vivienda, arrancó por la entrada principal: herramientas para abrir, una radial probando metal y cerraduras, después una grúa derribando el acceso cuando lo anterior no funcionó. El relato incluye también el uso de un dron para vigilar la zona y una acusación especialmente delicada: algunos residentes sostienen que, durante ese forcejeo con la puerta, se produjo un episodio de gas en el interior. Esa afirmación no coincide con la versión institucional, pero forma parte del expediente emocional y jurídico que ahora se está armando alrededor de lo ocurrido.

La entrada definitiva se ejecutó por la parte trasera, donde una excavadora forzó el acceso del garaje y permitió a los antidisturbios comenzar el desalojo. En medio de la intervención, vecinos denunciaron el traslado al hospital de una mujer de unos 90 años con problemas de salud. La cifra de efectivos también ha sido objeto de pulso: la Asamblea habla de un despliegue de decenas de agentes, con presencia de Guardia Civil, Policía Nacional y la Policía Local de Collado Villalba, además de unidades antidisturbios. Para quienes estaban dentro, el desalojo no fue un trámite; fue una expulsión en cadena, piso a piso, con pertenencias a medio recoger y la sensación de que el reloj lo marcaba otro.

La justificación del Ayuntamiento: riesgo y salubridad

El Ayuntamiento defiende que no se trató de un desahucio al uso, sino de un desalojo cautelar para evitar un peligro mayor. En su argumentario pesa un antecedente clave: un incendio previo —citado como referencia directa— y la advertencia de que un episodio similar, en un edificio con alta ocupación, puede acabar con víctimas. La frase que circula en el entorno municipal es dura y muy gráfica: podía haber muertos. No es una forma de hablar al azar; es el intento de enmarcar la actuación en el campo de la prevención, no en el de la propiedad o el conflicto social.

Ese marco se apoya en informes de áreas técnicas y en la idea de que, si hay indicios de condiciones incompatibles con la seguridad, el Ayuntamiento tiene el deber de intervenir. No solo por el riesgo de fuego; también por cuestiones de salubridad y condiciones del inmueble. En meses anteriores, desde el Consistorio ya se había insistido en que su papel era “velar por la seguridad” y trasladar a la propiedad —Sareb— los informes que correspondieran. El matiz es importante: se dibuja un Ayuntamiento actuando como autoridad de protección y una Sareb como propietaria responsable de lo patrimonial.

La controversia estalla justo ahí, en la frontera: cuándo un desalojo por seguridad se convierte, en la práctica, en un vaciamiento residencial sin garantías y sin alternativa. Porque, aunque el Ayuntamiento lo vista de cautelar, el resultado material es el mismo: viviendas vacías, familias fuera, y un conflicto que se desplaza de la puerta del bloque a los despachos, a los servicios sociales y, previsiblemente, a los tribunales. En un municipio con tensión previa por vivienda, ese desplazamiento no calma: reorganiza el problema.

La denuncia vecinal: sin aviso y con maquinaria

La Asamblea de Vivienda sostiene que el desalojo fue ilegal y que se ejecutó sin una notificación previa adecuada, sin una orden judicial de entrada a las viviendas y sin una declaración formal de ruina que justificara una actuación de choque. Su tesis no es solo política; apunta a la mecánica: si la vía es administrativa, debe estar blindada por procedimientos y garantías; si la vía es judicial, debe existir resolución que ampare la entrada. Lo que denuncian es una especie de atajo, un “cautelar” convertido en ariete.

En su relato, la intervención fue también una demostración de fuerza: cordón desde antes del amanecer, cierre del entorno, herramientas para romper accesos y la sensación de que cualquier intento de negociación quedaba fuera del tablero. La Asamblea ha insistido en que había familias con menores, personas mayores y casos de discapacidad. El detalle no es accesorio; es una pieza que pesa cuando se habla de alternativa habitacional y de si la actuación tuvo en cuenta la vulnerabilidad real de quienes estaban dentro o si, por el contrario, se aplicó un criterio uniforme: fuera todos, después ya veremos.

El choque judicial que se abre ahora

Tras el desalojo, la Asamblea ha anunciado recursos para reclamar la restitución de las viviendas y frenar el cierre del edificio. En noviembre, cuando el temor al desalojo “inminente” ya estaba instalado, el propio bloque había servido de escenario para una rueda de prensa: entonces se hablaba de 42 familias, con solo una parte con compromisos de reubicación y el resto bloqueado por la falta de “documentos” para acceder al alquiler social. Hoy, tras el operativo, la cifra se mueve en torno a 43 familias y más de cien personas, una diferencia mínima que, sin embargo, retrata lo mismo: un inmueble funcionando como última trinchera para gente que no encaja fácil en el circuito formal de la vivienda.

En el centro del conflicto aparece también la palabra “negociación”. La Asamblea sostiene que había conversaciones abiertas con Sareb y que, aun así, se ejecutó el desalojo. Por eso repiten la idea de que esto no es solo una actuación de seguridad: es una ruptura de facto de cualquier mesa. Y cuando se rompe una mesa así, la discusión ya no es sobre cómo regularizar; pasa a ser sobre quién se atribuye el mando del proceso, quién decide el momento y quién paga el coste de cada decisión.

Sareb, alquiler social y el laberinto de los papeles

Sareb vuelve a situarse en el epicentro, con su doble condición de gran tenedora y símbolo de una etapa: nació en 2012 como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, el llamado “banco malo”, para liquidar activos heredados de la crisis. Desde 2022, el Estado —a través del FROB— controla la mayoría del capital, un detalle que no es menor cuando se habla de utilidad social y de gestión de vivienda. En el caso de Collado Villalba, Sareb sostiene que ha ofrecido soluciones a parte de las familias y que ya ha realojado a algunas. La Asamblea, en cambio, denuncia que la oferta llega a cuentagotas y que, para una parte muy grande del bloque, la alternativa era ninguna.

En febrero, antes del desalojo, la tensión ya venía subiendo con episodios concretos: avisos de lanzamientos en viviendas específicas del mismo bloque y concentraciones convocadas para frenar ejecuciones fijadas a una hora exacta, con nombres propios circulando en el entorno vecinal. En esas protestas, una portavoz llamada Elena resumió la acusación con una fórmula que se ha quedado: Sareb promete reubicación o alquiler social y, “por detrás”, empuja desalojos por diferentes vías. Esa idea —la de “jugar a dos bandas”— es el corazón de la crítica vecinal, porque describe un tablero donde una mano negocia y la otra cierra puertas.

Quién tenía compromiso de realojo y quién se quedaba fuera

Según lo expuesto por los colectivos, había 15 familias con compromisos firmados de reubicación; en noviembre se hablaba de 10 con ese compromiso y de 32 a las que se les negó el alquiler social por falta de documentación. La variación entre 10 y 15 no solo refleja que el censo se mueve; también sugiere que la negociación, para algunos, avanzó algo… mientras para muchos seguía bloqueada por la misma pared: el papel. Empadronamiento, identificación, contratos, arraigo administrativo, lo que sea que pida cada circuito. En la práctica, el “no tienes documentos” funciona como un portazo burocrático: no discute la necesidad, discute la forma de demostrarla.

Ese es el nudo más áspero: la vivienda como derecho que se enuncia fácil y se tramita difícil. Si el acceso al alquiler social depende de papeles que una parte de la población vulnerable no puede aportar, el sistema genera una zona gris enorme. Y esa zona gris acaba en edificios como el de la calle Real: ocupaciones prolongadas, negociaciones intermitentes, la convivencia con el miedo al desalojo y, al final, un operativo de madrugada. No hace falta adornarlo: es una cadena de decisiones administrativas que termina siendo una escena de excavadora en un garaje.

Sindicato, precedentes y la resaca inmediata

La reacción de CCOO de Madrid añade otra capa, porque desplaza el foco desde la legalidad estricta hacia el impacto social y la gestión pública del conflicto. El sindicato ha rechazado el desalojo masivo ejecutado “en plena madrugada” y ha cuestionado una intervención que, a su juicio, no puede tratarse como una mera operación de orden público cuando hay familias afectadas y no se garantiza un reordenamiento real de la situación habitacional. En términos sindicales, la palabra que pesa es “masivo”: no es lo mismo actuar sobre una vivienda que sobre un bloque entero con más de cien personas dentro.

El precedente inmediato en Collado Villalba es el bloque de la calle Trinidad 19, también vinculado a Sareb, desalojado meses atrás. Aquel episodio dejó un rastro que hoy se invoca como advertencia: personas sin solución residencial clara, acusaciones cruzadas entre administración y propiedad, y la sensación de que la respuesta llega siempre tarde y llega a golpes, no a acuerdos. En noviembre, la alcaldesa Mariola Vargas llegó a sostener que quien podía desahuciar era Sareb y que el Ayuntamiento se limitaba a la seguridad; ahora, la Asamblea insiste en que el procedimiento administrativo se inició en octubre y se impulsó desde Alcaldía. Ese choque de versiones no es un detalle: es el retrato del desplazamiento de responsabilidades que hace que cada actor se coloque un poco fuera de la foto cuando la foto es incómoda.

Y, mientras tanto, Collado Villalba amaneció con otro suceso que alimenta el argumento del riesgo: un incendio en un antiguo hostal ocupado, iniciado alrededor de las 09:15 en una de sus habitaciones, con rescates por fachada y patio interior y traslados al Hospital Universitario General de Villalba y al Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Tres heridos leves, uno con pronóstico moderado, bomberos y el SUMMA 112 en la escena. No es el mismo edificio, pero sí la misma ciudad y el mismo contexto: cuando se habla de ocupaciones y de condiciones de seguridad, el fuego aparece como argumento y como amenaza real.

La calle Real, después del desalojo

Tras la intervención, la discusión ya no es solo “ocupación sí, ocupación no”. Se ha convertido en algo más concreto y más incómodo: qué hace una administración cuando tiene un edificio con riesgos y dentro vive gente que, en buena parte, no tiene alternativa inmediata; cómo se coordina esa respuesta con una propietaria como Sareb; qué papel juegan los servicios sociales cuando el operativo se ejecuta con velocidad, y qué margen real existe para evitar que el desalojo se convierta en dispersión: familias moviéndose a sofás prestados, a recursos temporales, a la calle, a donde se pueda.

El caso de la calle Real 13-15 deja varias certezas, aunque estén disputadas. La primera: el desalojo ocurrió y fue masivo, con una puesta en escena propia de una operación de alto impacto. La segunda: la justificación oficial se apoya en la seguridad y en informes que apuntan a un riesgo serio. La tercera: la versión vecinal describe un desalojo sin garantías suficientes y con elementos que, si se acreditan, abrirían un debate aún mayor: la entrada sin orden judicial, el uso de maquinaria para acceder, la falta de aviso y la denuncia de episodios de gas. La cuarta: Sareb vuelve a quedar en el centro del debate sobre vivienda, porque no se trata solo de a quién pertenece un inmueble, sino de cómo se gestiona un parque de activos heredados de la crisis cuando el Estado ya tiene el control mayoritario y la palabra “utilidad social” está escrita en el marco de la compañía.

Lo que queda en el aire, a falta de resoluciones judiciales y de una respuesta pública homogénea, es el siguiente movimiento: si el edificio se precinta y se vacía, si se articula algún plan de realojo para quienes no lo tenían, si se depuran responsabilidades políticas por la forma y el momento del operativo, y si Collado Villalba evita que este episodio se convierta en un patrón. Porque el patrón ya se intuye: un inmueble de Sareb, una negociación parcial, papeles que no llegan, un informe de riesgo, y de pronto la madrugada como escenario. Aquí, por ahora, la historia termina con la puerta del garaje reventada y con el conflicto mudándose a los juzgados, a los despachos y a una pregunta silenciosa que no necesita signos: cuánta gente puede quedarse fuera antes de que el sistema deje de llamarlo “cautelar” y empiece a llamarlo por su nombre.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.