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¿Por qué desahucian en Burjassot a un profesor y le piden 36.000 €?
Daniel González, profesor de la UV, afronta el desahucio de su vivienda en Burjassot tras años de litigios por la renta y los cambios de propietario.

Resumen
- Daniel González afronta el desahucio de su vivienda en Burjassot
- La sentencia le reclama 35.620,88 euros por rentas vencidas
- El conflicto enfrenta una renta de 350 euros con otra de 594
Decenas de personas se han concentrado este miércoles 30 de septiembre frente a una vivienda de Burjassot, Valencia, para intentar impedir el desahucio de Daniel González, profesor e investigador de la Universitat de València. Lleva viviendo allí desde 2009 y sostiene que ha pagado regularmente el alquiler, pero una sentencia dictada en marzo de 2026 ordenó su salida y le reclama 35.620,88 euros en rentas vencidas. El lanzamiento estaba señalado para las 11:00 horas.
La cifra cercana a los 36.000 euros es precisamente el nudo de una historia judicial que se ha ido enredando durante casi una década. González defiende que su alquiler quedó rebajado mediante anexos de 594 a 350 euros mensuales. La última resolución, según el relato del afectado, tomó como referencia la renta original de 594 euros y consideró que no constaba una modificación posterior válida. La diferencia acumulada explica buena parte de la cantidad reclamada. No se trata, por tanto, de una multa de 36.000 euros ni de una factura aparecida de repente: es una disputa sobre qué contrato y qué renta deben considerarse válidos.
Diecisiete años en la misma vivienda de Burjassot
Daniel González llegó al piso en septiembre de 2009, cuando todavía era estudiante. Compartía la vivienda con otros jóvenes y el contrato inicial establecía un alquiler mensual de 594 euros. Con los años, sus compañeros fueron marchándose y él permaneció allí mientras terminaba sus estudios y desarrollaba su carrera como físico e investigador en la Universitat de València.
El escenario cambió durante los años más duros de la crisis económica. Entre 2012 y 2013, la empresa propietaria incorporó varios anexos al contrato que, según González, rebajaron el alquiler hasta 350 euros mensuales. También se pactó una opción de compra por 71.000 euros, con las rentas abonadas descontándose del precio final, además de derechos de tanteo y retracto.
Aquellos papeles, que sobre el papel debían aportar estabilidad, terminarían convirtiéndose en el centro de la batalla judicial. Un contrato de alquiler, varios anexos, una opción de compra, una empresa que entra en concurso, una subasta, un banco, una sociedad inmobiliaria y finalmente otro propietario. La vivienda no se movió ni un centímetro. Los propietarios, en cambio, fueron cambiando alrededor de ella.
Del concurso de acreedores a la consignación judicial
La antigua propietaria entró en concurso de acreedores en 2016. González comenzó entonces a ingresar la renta mediante consignación judicial, una fórmula que permite dejar el dinero a disposición del juzgado cuando existen dificultades para realizar directamente el pago al propietario.
Cuando el inmueble salió posteriormente a subasta, el inquilino comunicó al juzgado que vivía allí y que existía una opción de compra. Según la versión mantenida por González, una resolución de 2017 reconoció la vigencia de su contrato, la modificación de la renta y la existencia de esa opción de adquisición.
El piso acabó después en manos de CaixaBank. Más tarde apareció Coral Homes, sociedad inmobiliaria creada dentro de una operación mediante la que CaixaBank transfirió activos y vendió el 80% de la compañía a Lone Star, conservando el 20%. Esa estructura empresarial ayuda a entender por qué en la cobertura del caso aparecen referencias a fondos de inversión y por qué los colectivos de vivienda emplean, en ocasiones, la expresión fondo buitre.
Dos resoluciones favorables que no evitaron el desahucio
El conflicto no terminó con aquel primer procedimiento. En 2018 se inició otra acción en la que se cuestionaba que González pudiera continuar en la vivienda. El investigador sostiene que fue acusado de ocuparla ilegítimamente pese a disponer de contrato. Esa demanda acabó desestimada y, según su versión, en 2020 obtuvo una segunda resolución favorable.
Ahí aparece una de las razones por las que el caso ha provocado tanta movilización. Visto desde fuera, resulta difícil entender cómo alguien puede obtener dos resoluciones favorables y terminar años después con una orden de lanzamiento. Pero los procedimientos posteriores no eran simplemente una copia de los anteriores: cambió la propiedad y volvió a discutirse, entre otras cuestiones, cuánto alquiler debía realmente pagar.
En 2023 se abrió un nuevo procedimiento. González afirma que la reclamación se calculó utilizando nuevamente los 594 euros del contrato original, mientras él continuaba considerando vigentes los anexos que habían reducido la renta a 350 euros. La vivienda fue vendida de nuevo en 2025 y la nueva propietaria continuó con la acción judicial.
De dónde salen exactamente los 35.620,88 euros
Este es el detalle que permite entender el caso sin perderse entre sociedades, juzgados y contratos. González venía defendiendo una renta de 350 euros mensuales. La demanda que terminó prosperando partía de una cantidad superior: los 594 euros establecidos originalmente en 2009.
Según el investigador, había alrededor de una decena de anexos contractuales posteriores y entre ellos figuraban tanto las rebajas de la renta como la opción de compra. Sin embargo, sostiene que la sentencia de marzo de 2026 consideró que el alquiler pactado era de 594 euros y que no constaba una modificación posterior del importe. El resultado fue una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas.
Él rechaza que esa cantidad represente mensualidades que sencillamente dejó de pagar. Sostiene que abonó las rentas correspondientes conforme al importe reducido y que, cuando tuvo dificultades para ingresar directamente el dinero debido a los cambios de propietario y a la ausencia de una cuenta donde hacerlo, recurrió a los tribunales para poder consignarlo. Esa es la versión del afectado y de su defensa; frente a ella existe una sentencia judicial que ha dado lugar al lanzamiento y a la reclamación económica.
Una apelación que tampoco frenó el lanzamiento
La defensa presentó un escrito de apelación el 28 de abril de 2026, denunciando lo que consideraba irregularidades del procedimiento. Según González, el recurso no llegó a tramitarse porque debía depositar previamente la cantidad reclamada, superior a 35.000 euros.
El proceso entró así en su fase más amarga: cajas de mudanza, documentos acumulados durante años y una fecha marcada en el calendario. Este miércoles, el Sindicat d’Habitatge de València convocó una concentración frente al inmueble de Burjassot desde las 10:00. Decenas de personas acudieron para intentar frenar un lanzamiento previsto para las 11:00.
El desahucio de Burjassot no llega en un vacío
El caso resulta especialmente llamativo porque rompe con la imagen más habitual asociada a un desahucio. Aquí no hablamos de alguien completamente apartado del mercado laboral, sino de un investigador universitario con empleo que afirma haber intentado pagar y comprar la vivienda. Eso no determina quién tiene razón jurídicamente, claro, pero sí muestra hasta dónde puede llegar la inseguridad residencial cuando una relación de alquiler atraviesa concursos de acreedores, ventas sucesivas y años de litigios.
Los datos valencianos dan contexto. Los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana practicaron 741 lanzamientos entre enero y marzo de 2026, un 6,7% menos que un año antes. De ellos, 513 estuvieron relacionados con impagos de alquiler y 158 con ejecuciones hipotecarias. Pese al descenso global, la Comunitat registró 13,7 lanzamientos por cada 100.000 habitantes, la tasa más elevada de España durante ese trimestre.
El término técnico, lanzamiento, suena casi aséptico. Una palabra de juzgado. Detrás suele haber algo bastante menos limpio: llaves, muebles, recibos, años acumulados en una dirección y una comisión judicial esperando en la puerta. En Burjassot, esa abstracción jurídica tiene nombre, papeles y diecisiete años de vida en la misma casa.
Una casa atrapada entre contratos, fondos y sentencias
El desahucio de Daniel González no se explica simplemente diciendo que un profesor debe 36.000 euros. Tampoco basta con afirmar que un fondo quiere expulsarlo. La realidad es más incómoda y bastante más reveladora: existe una cadena de propietarios, varias decisiones judiciales, unos anexos contractuales cuya eficacia se ha discutido durante años y dos formas radicalmente distintas de calcular lo que debía pagar.
Para González, los 350 euros eran la renta acordada y documentada; la sentencia que conduce al lanzamiento ha terminado situando el conflicto sobre la referencia de los 594 euros originales y fija 35.620,88 euros de rentas vencidas. Mientras tanto, aquella opción de compra por 71.000 euros que parecía ofrecerle un camino hacia la propiedad quedó enterrada bajo años de operaciones inmobiliarias y pleitos.
Diecisiete años después de entrar en aquella vivienda de Burjassot como estudiante, el investigador ha llegado a una mañana en la que vecinos y colectivos se concentran frente al portal para intentar evitar su salida. El piso es el mismo; todo lo demás ha cambiado.












