¿Cuántos pobres hay en España y por qué el dato no baja?

12,5 millones en riesgo y 4,1 en pobreza severa; vivienda y brecha norte-sur marcan el mapa. Radiografía con cifras actuales y claves útiles.

En España viven 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale al 25,8% de la población. Es el mejor registro desde 2014 y supone una bajada de siete décimas respecto al año anterior, pero queda corto para hablar de un cambio de ciclo: una de cada cuatro personas sigue atrapada en esa frontera estadística. Dentro de ese bloque hay un núcleo duro que no cede: 4,1 millones están en pobreza severa, es decir, con menos de 644 euros al mes por unidad de consumo. Se mueve el porcentaje general, no así la parte más frágil.

El mapa territorial sigue recordando a quienes miran estos indicadores desde hace tiempo que no todo avanza al mismo ritmo. La brecha norte–sur persiste: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Región de Murcia concentran las tasas más elevadas de riesgo de pobreza y/o exclusión, mientras que País Vasco, Baleares y Navarra presentan porcentajes más bajos, aunque con un matiz incómodo: allí donde el problema afecta a menos gente, la pobreza suele ser más intensa. En esas comunidades, más del 45% de las personas en riesgo viven por debajo del listón de 644 euros. La vivienda explica una parte sustancial de esta paradoja, con alquileres tensionados en Madrid, Baleares y Canarias que actúan como un acelerador de desigualdad.

Una fotografía con matices que no conviene simplificar

El termómetro utilizado para dibujar esta radiografía es el indicador AROPE, que la UE y el INE emplean con carácter oficial. AROPE significa “en riesgo de pobreza o exclusión social” y suma a quienes cumplen al menos uno de estos tres criterios: ingresos por debajo del 60% de la mediana (pobreza por ingresos), carencia material y social severa y baja intensidad de empleo en el hogar. La mejora de 2024 llega porque los tres componentes han cedido algo a la vez. Aun así, los márgenes son ajustados y no descartan retrocesos si el mercado de trabajo se frena o si la vivienda vuelve a encarecerse.

Importa subrayar la diferencia entre pobreza por ingresos y pobreza severa. La primera marca el umbral del 60% de la mediana de renta; la segunda, el 40%, que en la última fotografía equivale a 7.723 euros anuales por unidad de consumo, esos 644 euros mensuales que se repiten porque son una referencia clara. Quedarse por debajo de ese límite no es solo “ser pobre”; es no poder cubrir con continuidad gastos básicos sin endeudarse o recortar partidas esenciales: alimentación, energía, medicamentos, material escolar. Aquí es donde la macro estadística cruza con la nevera, el recibo de la luz y el alquiler.

Qué significa realmente “unidad de consumo”

La unidad de consumo intenta evitar que pensemos los umbrales como si todos los hogares fueran iguales. El primer adulto “vale 1”, el segundo adulto “0,5” y cada menor “0,3”. Con esta equivalencia, 644 euros al mes son el umbral por persona, pero un hogar de dos adultos y dos menores no necesita cuatro veces esa cantidad para no caer en pobreza severa; necesita menos. En la práctica, el método capta de forma razonable el tamaño del hogar, aunque no captura variaciones territoriales del coste de vida: pagar 800 euros de alquiler no significa lo mismo en Soria que en Palma.

Brecha territorial persistente: menos homogénea de lo que parece

Los datos autonómicos insisten. En el sur y sureste la incidencia del riesgo de pobreza y la exclusión es claramente más alta. Andalucía y Castilla-La Mancha superan ampliamente la media; Extremadura y Murcia también. No es una foto fija por casualidad: ahí confluyen mercados de trabajo más estacionales, salarios medios más bajos, más temporalidad y un tejido productivo con menor peso de sectores intensivos en valor añadido. El resultado es una probabilidad mayor de vulnerabilidad cuando suben los precios o se ralentiza el empleo.

En el otro extremo, País Vasco, Navarra y Baleares exhiben tasas AROPE más reducidas. ¿Buenas noticias sin matices? No del todo. En País Vasco y Navarra, el porcentaje de población afectada es menor, pero quien cae, cae más hondo: más de cuatro de cada diez personas en riesgo lo están en pobreza severa. En Baleares, además, el turismo estira la demanda de vivienda y encarece el alquiler en toda la isla, lo que comprime el poder adquisitivo de salarios que, de por sí, pueden fluctuar por la estacionalidad. Es decir, pocos pobres, pero muy pobres.

La Comunidad de Madrid merece una mención específica. Presenta una de las rentas medias por persona más altas del país y un PIB per cápita elevado, pero convive con desigualdad intensa: el 20% más rico ingresa 5,5 veces lo que el 20% más pobre. La prosperidad macro existe, sin duda; la dispersión de rentas también. El precio del alquiler y la concentración de oportunidades en ciertos barrios o coronas metropolitanas abren una brecha interna que no siempre se refleja en los promedios.

El mapa no se explica solo por economía productiva. Transporte público, acceso a servicios sanitarios y educativos, cobertura de cuidados y demografía completan el cuadro. El interior rural acusa el envejecimiento y la pérdida de tejido económico; las áreas turísticas tensas sufren la presión del alquiler; y los cinturones urbanos mezclan barrios que despegan con otros que no participan de esa inercia. La morfología social y el urbanismo, aunque suene técnico, importan más de lo que parece.

Vivienda y cesta de la compra: el doble golpe que agota el margen

La vivienda es el gran motor invisible del empobrecimiento. Lo dicen las cuentas familiares, no las opiniones. En los últimos años, un porcentaje significativo de hogares ha pasado a destinar el 40% o más de sus ingresos a vivienda y suministros. Madrid, Baleares y Canarias aparecen como focos de este fenómeno: el alquiler “come” la mejora salarial y convierte en papel la subida del empleo. Quien podía ahorrar un poco deja de hacerlo; quien “llegaba justo” empieza a quedarse corto cada mes.

A ese primer golpe se suma la cesta de la compra. La inflación de alimentos encadenó picos que, pese a moderarse, no han devuelto los precios a niveles de 2021. El resultado se ve en dos preguntas sencillas que responden millones de personas cada año: ¿puede afrontar un gasto imprevisto? y ¿puede permitirse una semana de vacaciones al año?. Tres de cada diez responden que no a la segunda; más de un tercio que no a la primera. Esto traza una frontera entre la pobreza “medida” y la vulnerabilidad real de hogares que no son pobres según el umbral, pero conviven con una inestabilidad económica crónica.

La energía añade una capa de complejidad. Tras el pico de precios de 2022–2023, la factura eléctrica bajó desde máximos, pero no al punto de borrar el impacto acumulado sobre los ahorros de los hogares con menos margen. En muchas casas, subir la calefacción a una temperatura adecuada sigue siendo una decisión económica, no de confort. Por eso, cuando se pregunta por carencia material y social severa, parte de la población reconoce no poder mantener la vivienda a una temperatura confortable, retrasar recibos o renunciar a bienes básicos.

Por qué la vivienda pesa más que antes

Varias razones confluyen. Oferta limitada, turismo, vivienda vacacional, inversión en el mercado del alquiler y escasez de parque asequible empujan los precios. Donde los salarios crecen despacio y la vivienda sube rápido, el resultado es un trasvase silencioso de renta del trabajo a la propiedad. No está ocurriendo solo en grandes capitales; ciudades medias con atractivo turístico o logístico repiten el patrón. Y cuando la geografía del empleo obliga a desplazarse, una parte de la nómina se queda en el abono transporte y en la gasolina.

Infancia y hogares vulnerables: donde aprieta más

La pobreza infantil es el punto más delicado de esta historia. 2,3 millones de menores en España viven en riesgo de pobreza. No es un dato menor: condiciona el presente —alimentación, ocio, equipamiento escolar— y marca el futuro —rendimiento educativo, bienestar psicológico, oportunidades laborales—. Las tasas más altas se registran en Murcia, Andalucía y Canarias, junto a Castilla-La Mancha. Allí donde los sueldos son más bajos, la temporalidad más elevada y la vivienda se encarece, la infancia paga dos veces.

Los hogares monoparentales, generalmente encabezados por mujeres, acumulan riesgo. Una nómina para todo, con alquiler alto y horarios partidos, es una ecuación difícil. Si a eso se añade trabajo parcial no deseado o intermitencia en el empleo, la probabilidad de pobreza por ingresos y de carencia material se dispara. Familias numerosas con rentas medias-bajas viven otra cara de la misma moneda: más bocas, más gasto fijo, margen más estrecho. Las ayudas amortiguan, pero muchas veces no alcanzan.

En los jóvenes, el reto toma otro ángulo. Se trabaja más que hace dos años y el salario mínimo ha subido, sí, pero la emancipación sigue lejos por la vivienda. El resultado son trayectorias de vida en las que los 30 años llegan sin posibilidad real de alquiler independiente en zonas dinámicas. No es un indicador oficial de pobreza, pero modela la sociedad y explica por qué la desigualdad se percibe más presente de lo que a veces reflejan las cifras agregadas.

El escudo social: qué evita y dónde falla

Hay una certeza que no conviene perder de vista: sin prestaciones sociales, la tasa de pobreza sería el doble. Las pensiones, las ayudas por desempleo, los mínimos vitales, las rentas autonómicas y otras transferencias evitan que 11,1 millones de personas caigan en pobreza. El escudo existe y funciona, pero no funciona igual en todas partes ni para todos los perfiles.

Un ejemplo que ilustra esta diferencia: Asturias, Murcia y Canarias partirían de tasas de pobreza muy similares si desaparecieran las transferencias (en torno al 47%–48%). Con el Estado del bienestar actuando, Asturias baja su tasa hasta 15,6%, mientras que Murcia la sitúa en el 26% y Canarias en el 24,6%. ¿Qué cambia? Intensidad de la inversión social, diseño de las prestaciones y capacidad administrativa para que lleguen a tiempo y con cobertura. Donde ese engranaje es más afinado, la reducción de la pobreza es mayor.

A escala nacional, el efecto redistributivo mejora unas décimas año a año. Funciona en el conjunto, no alcanza del todo a la pobreza severa. Es la zona donde las ayudas deben ser más intensas, más accesibles y, sobre todo, predecibles en el tiempo. Quien vive con 644 euros por unidad de consumo no puede depender de una ayuda intermitente o de trámites que exigen tiempo, desplazamientos y conexión digital que no siempre se tiene. La simplificación administrativa y la ventanilla única no son eslóganes; son parte de la solución.

Tres palancas que marcan la diferencia

La evidencia más reciente apunta a tres palancas con impacto probado. Prestación por crianza de alcance amplio o universal que reduzca la pobreza infantil independientemente de la situación laboral puntual de los padres; vivienda asequible —parque público y concertado— que baje el peso del alquiler en la renta de los hogares; y complementos a ingresos que incentiven el empleo sin penalizar la entrada en el mercado laboral. Donde estas tres piezas encajan, la estadística mejora con persistencia y no solo un año.

España frente a Europa: avance real, posición incómoda

En el contexto europeo, España mejora respecto a sí misma, pero sigue arriba en la clasificación que nadie quiere liderar. Con el 25,8% de población en riesgo de pobreza o exclusión, comparte cuarta peor posición en la UE, solo por detrás de Bulgaria, Rumanía y Grecia. Muy lejos del 21% europeo. Las razones no son un misterio: estructura productiva, desempleo aún elevado en comparación con el núcleo europeo, dualidad del mercado laboral y, de nuevo, vivienda.

La desigualdad de ingresos también se ha moderado, aunque permanece por encima de la media de la zona euro. El cociente S80/S20 —ingresos del 20% más rico frente al 20% más pobre— ronda 5,4–5,5. No es el peor dato de la serie, ni mucho menos, pero sí un aviso: crecer no siempre reduce la brecha si los precios esenciales muerden y la mejora salarial no reparte lo suficiente en la base.

La infancia vuelve a ser el punto más delicado en la comparación europea. España figura entre los peores registros. Hay países con PIB per cápita similar que logran tasas de pobreza infantil sensiblemente más bajas gracias a prestaciones por hijo a cargo estables, redes de comedores escolares reforzadas y políticas de conciliación que permiten ingresos más constantes en hogares con menores. No hace falta inventar nada: copiar lo que funciona y adaptarlo al territorio.

Qué hay detrás de los números: empleo, precios y demografía

Los últimos ejercicios han creado empleo y han subido el salario mínimo, pero el poder adquisitivo de muchos hogares no ha seguido esa misma pendiente. En la base del mercado laboral persiste el trabajo a tiempo parcial no deseado, la intermitencia y una parte de economía estacional que mengua los meses flojos. Si, a la par, alquiler y alimentación permanecen altos, la mejora estadística no se convierte en bienestar tangible.

La demografía también pesa. Zonas del interior con población envejecida y menos recambio generacional sufren más para retener actividad y servicios, lo que —a su vez— empuja a los jóvenes a marcharse. En la periferia de las grandes ciudades, los alquileres encadenan subidas y expulsan a los hogares con menor renta hacia coronas más lejanas, con costes de transporte crecientes y tiempos de vida más tensos. Todo esto no siempre aparece en un único indicador, pero explica la realidad que subyace a las cifras.

El papel de la educación y la cualificación

Hay un hilo conductor en los territorios con mejores resultados: mayor nivel educativo, más empleo cualificado y políticas activas que conectan formación y empresas. Cuando la industria tecnológica o los servicios avanzados arraigan, el empleo tiende a ser más estable y mejor pagado. La transición ecológica añade otra capa de oportunidad —rehabilitación energética, movilidad eléctrica, energías renovables— que puede anclar empleo local si se planifica con criterio. Donde la formación profesional está bien integrada con el tejido productivo, la tasa AROPE suele responder mejor.

Qué se puede esperar en los próximos meses si nada cambia

Las perspectivas inmediatas dependen de tres variables que ya asoman en el horizonte cercano. Primero, el mercado laboral. Si aguanta, la AROPE puede permanecer en la zona baja de la última década; si se frena, los avances se diluyen. Segundo, la vivienda. La construcción de parque asequible y las medidas sobre alquiler tardan años en desplegarse, pero no hacer nada tiene un coste que se paga cada mes. Tercero, la política social. Transferencias más predecibles, simples y bien focalizadas tienen efecto directo sobre la pobreza severa.

No es imposible ver una reducción sostenida del núcleo más duro, pero exige intensidad y continuidad. Una prestación por crianza robusta y estable, la ampliación de la cobertura de complementos a rentas bajas, itinerarios de inserción con objetivos realistas y vivienda que baje el ratio alquiler/ingresos mueven la aguja. Lo que no sirve —y la estadística lo recuerda cada año— son los picos de ayuda que no se sostienen en el tiempo.

Últimos apuntes para fijar ideas en cifras claras

Hoy, 12,5 millones de personas en España están en riesgo de pobreza o exclusión (25,8%). Dentro de ese grupo, 4,1 millones viven en pobreza severa con menos de 644 euros al mes por unidad de consumo. La brecha norte–sur persiste; Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia soportan las tasas más altas, mientras País Vasco, Baleares y Navarra presentan porcentajes menores, aunque con mayor intensidad entre quienes caen. Madrid combina renta alta con desigualdad notable (5,5 veces entre el 20% más rico y el 20% más pobre). La vivienda —en especial el alquiler— actúa como palanca de empobrecimiento donde los precios están tensionados. Y, pese a los avances, la infancia continúa siendo el talón de Aquiles con 2,3 millones de menores en riesgo.

El escudo social evita que 11,1 millones crucen el umbral de la pobreza, pero no corrige por igual en todo el territorio. Asturias demuestra que con inversión social intensiva se reduce de forma contundente la tasa, mientras que Murcia y Canarias ofrecen el contraste: vulnerabilidad de partida parecida, resultados diferentes. En el plano europeo, España mejora pero sigue en una posición incómoda, con una tasa por encima de la media y peor registro en pobreza infantil que la mayoría de socios.

Nada de esto es un relato circular ni un juego de espejos. Es la traducción de cómo empleo, precios y vivienda se combinan con políticas públicas para dibujar una curva que a veces baja y, otras, se mantiene demasiado plana. La fotografía más honesta de este momento es doble: avances reales en la estadística general y bloques que no ceden —la pobreza severa, la infancia, los territorios tensionados por el alquiler—. Poner el foco ahí no es solo una decisión técnica; es la diferencia entre que el próximo año el titular hable de otra décima menos o de que, por fin, bajen los números que de verdad importan.