Cuanto cobra un autonomo de baja: estas son las cifras reales

Cuánto cobra un autónomo de baja en 2025: cifras, ejemplos con bases reales, plazos, exoneración de cuota y claves fiscales para entenderlo.

Un trabajador por cuenta propia cobra el 60% de su base reguladora diaria desde el día 4 al 20 de la baja por enfermedad común o accidente no laboral y el 75% desde el día 21 en adelante. Los tres primeros días no se cobran. Si la baja deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación asciende al 75% desde el día siguiente a la incapacidad. La base reguladora diaria se obtiene dividiendo la base de cotización entre 30.

Trasladado a euros, el resultado depende de lo que cada autónomo cotiza. Con una base de 1.000 euros mensuales, la base diaria son 33,33 euros: se cobrarían 20,00 euros/día entre los días 4 y 20 y 25,00 euros/día desde el 21. Con una base de 1.500 euros (50 euros/día), serían 30,00 euros/día hasta el día 20 y 37,50 euros/día a partir del 21. En una baja por contingencias profesionales, con base 1.500 euros, 37,50 euros/día desde el día 2. A partir de 60 días de baja, el autónomo queda exonerado de pagar su cuota a la Seguridad Social (la asume la mutua o entidad gestora), aunque la prestación sigue abonándose con normalidad mes a mes.

Cómo se calcula de verdad: la fórmula que manda

La pieza central es la base reguladora diaria, que no es más que la base de cotización mensual dividida entre 30. A partir de ahí, se aplican los porcentajes legales según el origen de la incapacidad temporal. En contingencias comunes, el calendario es claro: 0% del día 1 al 3; 60% del día 4 al 20; 75% desde el día 21. En contingencias profesionales —accidente de trabajo o enfermedad profesional— la prestación asciende al 75% desde el día siguiente a la baja. Ese “día siguiente” tiene importancia práctica, porque el día 1 es el de la emisión del parte y el día 2 ya devenga el 75%.

En la práctica, la mutua colaboradora con la Seguridad Social es quien gestiona y paga la prestación, previa verificación de los partes médicos y los requisitos. El trabajador por cuenta propia se mantiene en alta en el RETA mientras está de baja (no causa baja en el régimen), y eso permite que la cobertura continúe y que, si la baja se prolonga más de 60 días, no tenga que seguir abonando su cuota mensual. Esa exoneración, importante para la tesorería de cualquier pequeño negocio, no reduce la cuantía del subsidio: simplemente evita el desembolso recurrente de la cuota a partir de ese umbral temporal.

Hay que distinguir, además, entre baja común y baja por contingencias profesionales en dos frentes: el porcentaje (60/75 frente a 75 directo) y la carencia exigida. Para una baja por enfermedad común se piden 180 días cotizados dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la baja. Para accidente de trabajo o enfermedad profesional no se exige carencia. En ambos casos, conviene estar al corriente de pago con la Seguridad Social; si hay algún recibo pendiente, puede activarse la invitación al pago para regularizarlo dentro de plazos y no perder el derecho.

Ejemplos con euros reales: de la base modesta a la base alta

Los porcentajes suenan abstractos hasta que se aterrizan. Por eso, a continuación se desgranan escenarios realistas con bases de cotización habituales y se muestran los importes diarios y mensuales que pueden esperarse. Son cifras orientativas, pero muy útiles para planificar.

Con una base de 950 euros, la base diaria es 31,67 euros. En una baja por enfermedad común, del día 4 al 20 el subsidio sería 19,00 euros/día, y desde el 21, 23,75 euros/día. Si la baja durase un mes completo por tramos, el primer pago —a mes vencido— sumaría lo devengado según el calendario. En términos mensuales, cuando toda la mensualidad estuviera ya en el tramo del 75% (bajas prolongadas), se hablaría de 23,75 × 30 = 712,50 euros. Si la baja fuese por accidente laboral, el importe desde el día 2 sería 23,75 euros/día, y en un mes completo, 712,50 euros.

Con una base de 1.000 euros, la base diaria es 33,33 euros. Entre los días 4 y 20 de una baja común, 20,00 euros/día; desde el 21, 25,00 euros/día. En meses enteros ya en el tramo del 75%, la referencia es 25,00 × 30 = 750,00 euros. En contingencia profesional, 75% desde el día 2, lo que lleva a los mismos 25,00 euros/día a partir de ese segundo día.

En una base de 1.300 euros, la base diaria asciende a 43,33 euros. El tramo 60% deja 26,00 euros/día (redondeando al céntimo según mutua), y el 75% aporta 32,50 euros/día. Con un mes entero ya en 75%, 975,00 euros/mes. Para una base de 1.500 euros, la base diaria es 50,00 euros justos, lo que facilita la lectura: 30,00 euros/día en el tramo al 60% y 37,50 euros/día en 75%; un mes completo en 75% se va a 1.125,00 euros.

En bases altas, por ejemplo 2.000 euros, la base diaria es 66,67 euros. El 60% deja 40,00 euros/día y el 75% 50,00 euros/día. Un mes en el 75% supera ya los 1.500,00 euros. No hay una “prestación máxima” distinta de la base: el techo viene marcado por la base por la que se cotiza y por los límites máximos de cotización vigentes. Quien cotiza alto, cobra más. Quien ajusta su base a mínimos, percibe importes bajos. Es una decisión de riesgo y de previsión.

Vale la pena introducir un caso de contingencias profesionales con base 1.700 euros (56,67 euros/día). La prestación es del 75% desde el día 2, así que el importe diario se fija en 42,50 euros. En 30 días, 1.275,00 euros. Si el parte inicial establece “accidente de trabajo” con parte de AT redactado y aceptado por la mutua, el itinerario médico y de control es específico y, por regla general, más rápido en validaciones.

Otra pieza que influye es la duración. La incapacidad temporal tiene un máximo de 365 días, prorrogables 180 más si hay posibilidades de recuperación. Superados esos plazos, el expediente pasa a valoración para una posible incapacidad permanente o el alta. Cada mes se revisa el expediente y la mutua paga a mes vencido. Los atrasos del primer mes, habituales, no significan pérdida: se acumulan y salen en el pago siguiente.

Quién paga, cuándo y qué pasa con la cuota

La mutua o entidad gestora abona la prestación y controla los partes de confirmación. El pago llega a mes vencido a la cuenta indicada por el autónomo. Los partes de baja y confirmación los emite el médico del sistema público (o, en su caso, el de contingencias profesionales), y se comunican telemáticamente. A efectos administrativos, el autónomo debe entregar a su mutua la documentación inicial: parte de baja, declaración de situación de actividad —se declara quién gestiona el local, si hay cese temporal, si un familiar cubre tareas— y, cuando corresponde, modelos tributarios que acrediten la actividad.

Desde el día 61, y mientras continúe la incapacidad temporal, el trabajador autónomo no paga su cuota mensual: la Seguridad Social la asume a través de la mutua. Este punto ha cambiado la fotografía de la tesorería durante bajas prolongadas, porque antes había que seguir pagando cuota y el desajuste entre lo cobrado y lo pagado complicaba la liquidez. Ahora, la prestación se mantiene y la cuota deja de salir de la cuenta del autónomo a partir de ese mes tercero, lo que alivia.

Importa recordar que el autónomo no puede trabajar mientras está en incapacidad temporal. La norma es clara: la baja inhibe la prestación de servicios que forman parte de la actividad. Hay margen para gestiones mínimas —firmas, decisiones societarias—, pero no para actividad productiva. Incumplirlo, además de riesgo de sanción y suspensión de la prestación, puede acarrear reclamaciones de devolución.

La pluriactividad abre otra ventana. Si una persona cotiza como asalariada y como autónoma, la empresa y la mutua pueden abonar prestaciones distintas según el régimen y el origen de la baja, siempre que el médico declare incompatibilidad para ambos trabajos. Si sólo impide la actividad por cuenta propia, pero no la ajena, la prestación del RETA se mantiene, la del Régimen General no, o viceversa.

Requisitos que conviene tener controlados desde el primer día

Hay cuatro llaves que abren o cierran la puerta al cobro. La primera, estar dado de alta y al corriente de pago con la Seguridad Social. La segunda, cumplir la carencia en enfermedad común: 180 días cotizados en los 5 años anteriores. La tercera, acreditar el origen cuando se trata de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional: parte de accidente, relación con la actividad y validación por la mutua. La cuarta, comunicar la situación de actividad: si el negocio cierra temporalmente, si un familiar gestiona el despacho, si hay personal contratado que mantiene el servicio. Esa declaración ayuda a evitar sospechas de actividad mientras se cobra la baja.

Los partes de confirmación siguen un calendario: al principio, son semanales; después, quincenales o mensuales según la evolución y el criterio médico. La revisión por el Tribunal Médico —o EVI— puede llegar en bajas largas, sobre todo a partir del mes 12. No es un trámite hostil: es la verificación de que existe una limitación funcional que impide trabajar y que el tratamiento continúa.

Si hay impagos, la Seguridad Social cursa una invitación al pago para ponerse al día en 30 días. Si se atiende, el derecho no se pierde. Si no, la mutua suspende el pago hasta regularizar. Esto es especialmente delicado en autónomos recién dados de alta con cuota reducida: la reducción de cuota no interfiere en el derecho al cobro de la prestación si se han adquirido las coberturas —que hoy son obligatorias— y se cumplen los días cotizados para contingencias comunes; en contingencias profesionales, basta con estar cubierto.

Casos que cambian la película: maternidad, riesgo y profesionales

Hay bajas que no se rigen por los porcentajes de la incapacidad temporal común. En nacimiento y cuidado del menor (antigua maternidad y paternidad), la prestación es del 100% de la base reguladora desde el primer día y durante el período legal (actualmente 16 semanas, con reparto y particularidades). No se trata técnicamente de una incapacidad temporal, sino de un subsidio específico de la Seguridad Social, pero, en términos prácticos y de tesorería, es el caso más generoso: 100% de la base, pago directo y sin tramos.

En riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, también se reconoce una prestación del 100% de la base reguladora desde el día siguiente a la suspensión de la actividad. Para que exista “riesgo”, se exige que la actividad profesional suponga una exposición que no pueda evitarse con adaptaciones razonables. La valoración suele ser rápida y, una vez resuelta, el pago sigue la misma lógica: 100% de la base.

En el marco de contingencias profesionales, accidentes y enfermedades derivadas directamente del trabajo, el 75% desde el día 2 convierte a esta cobertura en una defensa importante. Desde 2019, la cotización por contingencias profesionales está incluida como obligatoria para los autónomos (con matices en regímenes especiales), así que en la práctica todos los trabajadores por cuenta propia cuentan con esa red. A efectos probatorios, es clave documentar el accidente, partes de asistencia, testigos y cualquier nexo que acredite que el daño deriva de la actividad.

Otra casuística frecuente es la recaída: una nueva baja por la misma patología dentro de los 180 días siguientes se considera prolongación de la anterior a efectos de duración máxima y control médico. Si aparece pasado ese tiempo, es una baja nueva y el contador de días se reinicia. En términos económicos, la cuantía se mantiene porque depende de la base del momento de la baja: si ha cambiado la base —por una variación de rendimientos— cambia la base reguladora y se recalcula.

Fiscalidad, compatibilidades y errores que salen caros

La prestación por incapacidad temporal tributa como rendimiento del trabajo en el IRPF. Las mutuas suelen aplicar retenciones bajas o incluso 0% en importes reducidos, de modo que al hacer la declaración anual el ajuste puede salir a pagar si el conjunto de rentas lo empuja hacia tipos efectivos más altos. Es prudente reservar una parte del cobro mensual para impuestos. En maternidad, paternidad y prestaciones asimiladas, el tratamiento fiscal tiene reglas propias; la exención que existió durante años para maternidad/paternidad ya no se aplica como norma general; lo habitual es que tributen.

El cese de actividad no es una baja médica. Es otra prestación distinta, equivalente al “paro” de los autónomos, que exige causas objetivas (económicas, técnicas, productivas u organizativas) o fuerza mayor y se calcula con otros porcentajes sobre una base reguladora específica. Confundir ambos itinerarios es frecuente, pero conduce a rechazos. Si hay una baja médica, lo que corresponde es la incapacidad temporal; si lo que sucede es la pérdida de ingresos o clientes sin lesión o enfermedad, el camino es la prestación por cese si se cumplen requisitos.

Errores típicos que cuestan dinero: seguir emitiendo facturas por servicios personales durante la baja (firma digital deja rastro), no remitir los partes de confirmación a tiempo, modificar la base sin entender que eso afecta a la base reguladora, no comunicar a la mutua quién se hace cargo de la actividad durante la baja o no regularizar una pequeña deuda con Seguridad Social que bloquea el pago. También pesa la falta de prueba en accidentes de trabajo: si no hay parte de AT, testigos, documentos o un relato consistente, la contingencia profesional se tumba y el expediente pasa a comunes con 60/75%.

Un apunte técnico más: si la baja comienza con una base de cotización y, durante la baja, el autónomo cambia de tramo en el sistema de rendimientos, la mutua mantiene como referencia la base vigente el mes anterior al hecho causante, con los ajustes que correspondan. No hay “retroactividad” para subir la prestación por una subida de base posterior a la baja. Por eso, quienes desean una protección mayor ajustan la base con antelación, sabiendo que también encarece la cuota cuando están sanos.

Cómo encaja la nueva foto de cotización por ingresos reales

Desde la reforma del RETA por ingresos reales, las bases de cotización se ajustan por tramos a los rendimientos netos. Eso no cambia la estructura de la baja, pero sí mueve la base de la que cuelga la prestación. Un profesional con rendimientos más bajos tendrá una base más baja y, por tanto, un subsidio menor; quien declara ingresos más altos cotiza por bases superiores y cobra más cuando cae enfermo. La planificación del tramo —y la posibilidad de cambiarlo varias veces al año— se ha convertido en el principal palanca para modular el ingreso durante una baja.

La cuota reducida para nuevos autónomos —la llamada “tarifa plana” reformada— tampoco altera el mecanismo de la prestación: la cobertura está incluida; si hay baja médica y se supera el día 60, la exoneración se aplica igual. En la práctica, estos autónomos tienen bases iniciales ajustadas a tramos bajos, así que la prestación resulta modesta. La decisión pasa por evaluar riesgos (embarazos previstos, profesiones con siniestralidad, enfermedades crónicas) y, en su caso, subir base estimando la cuota asumible. Es una ecuación que no se resuelve sola.

Para autónomos societarios, la música es la misma: base reguladora según base de cotización, porcentajes por tramos en comunes y 75% desde el día 2 en profesionales. Si además son administradores y perciben nómina, la pluriactividad puede exigir un análisis fino para no incurrir en incompatibilidades. Es clave que los servicios personales del administrador no se presten durante la baja.

Información operativa: trámites, plazos y lo que de verdad importa

El parte de baja lo emite el médico del servicio público. Con él y la declaración de situación de actividad, el autónomo acude a su mutua para solicitar el pago de la prestación. A partir de ahí, debe remitir los partes de confirmación en los plazos, atender a las citas médicas y comunicarse con la mutua si hay altas o recaídas. Si la baja supera los 60 días, la cuota se exonera sin trámites extra: lo gestiona la propia mutua con la Tesorería.

Las altas médicas no siempre coinciden con una recuperación plena; hay altas por mejoría que dejan secuelas. En esos casos, si la lesión reduce la capacidad a largo plazo, puede explorarse una incapacidad permanente. Esa es otra pantalla, con criterios y grados diferentes (parcial, total, absoluta). No forma parte de la incapacidad temporal, pero conviene anticipar documentación: informes médicos completos, pruebas diagnósticas y una trazabilidad clara de la patología.

Mientras dura la baja, los contratos con clientes y los encargos quedan en suspenso o se reasignan. Por eso la declaración de situación de actividad pregunta quién mantiene el local o gestiona el correo. Si un colaborador o un empleado realiza el trabajo, no hay problema: lo relevante es que no lo haga el autónomo en baja. Si el negocio cierra temporalmente, conviene comunicarlo a clientes y ordenar el cierre para evitar penalizaciones contractuales.

Cifras que se repiten porque son la clave

En este tema hay números que merece la pena fijar porque regresan una y otra vez en el día a día. Días 1 a 3, cero euros. Días 4 a 20, 60%. Desde el 21, 75%. En accidente de trabajo y enfermedad profesional, 75% desde el día siguiente. Base reguladora diaria igual a base de cotización/30. Exoneración de cuota a partir del día 61. Carencia para comunes: 180 días en 5 años. Duración: 365 días + 180 de prórroga posible. Pago: a mes vencido por la mutua. Prohibido trabajar en la actividad durante la baja. Tributación como rendimiento del trabajo.

A partir de ahí se mueven los detalles: ejemplos con base 1.000 euros (20 euros/día y 25 euros/día), con 1.500 euros (30 y 37,50), con 2.000 euros (40 y 50). En bajas largas, los meses ya enteros en tramo del 75% marcan el ingreso mensual que habrá que comparar con gastos fijos del negocio, sabiendo que desde el día 61 la cuota no sale. En maternidad o paternidad, 100% de base; en riesgo durante embarazo/lactancia, 100% también, desde el día siguiente a la suspensión.

Hay zonas grises que se resuelven con prudencia. Una reunión por videollamada para delegar tareas no es “trabajar” si no hay servicio efectivo. Firmar un documento de continuidad societaria tampoco se considera una prestación personal de servicios. Atender clientes, entregar proyectos o facturar horas sí lo es. Las mutuas investigan cuando detectan actividad económica ordinaria durante la baja.

Últimos apuntes para una protección bien calibrada

La cuantía final que cobra un autónomo de baja no tiene misterio si se dominan los mimbres: base/30 y 60/75% según tramo temporal u origen profesional. El tiro fino está en calibrar la base en función del riesgo y de la capacidad de pago mientras todo va bien, porque ese es el seguro real que se cobra cuando algo falla. Con una base baja, la prestación se queda corta y los gastos fijos apretan; con una base alta, la cuota es mayor, pero en una baja larga el ingreso sostiene mejor la estructura.

El calendario legal que hoy se aplica —tres días sin cobro, tramo al 60%, tramo al 75%, exoneración de cuota desde el día 61, duraciones máximas y carencias— configura un sistema previsible. La mutua paga a mes vencido, pide informes y controla. El sistema de ingresos reales mueve la base y, con ella, el tamaño del paracaídas. En bajas especiales como nacimiento y cuidado del menor o riesgo en embarazo/lactancia, la cobertura llega al 100% y desde el día 1 o día 2 en su caso.

Queda, finalmente, una idea sencilla para tiempos de incertidumbre: la protección depende de la base. El resto —plazos, porcentajes, gestores— orbita alrededor de esa cifra. Ajustarla con criterio, entender qué se cobra cuando llega una baja y documentar bien cada paso reduce sobresaltos y evita perder dinero por errores evitables. En el trabajo por cuenta propia, donde todo se nota, esa previsión vale más que un buen consejo a destiempo.