¿Cuántas Comunidades llegan a 2026 sin tener presupuestos?

Cuatro comunidades arrancan 2026 con cuentas prorrogadas: Baleares, Comunitat Valenciana, Castilla y León y Cataluña; balance 3 PP y 1 PSOE.

A 3 de diciembre de 2025, cuatro comunidades autónomas empezarán 2026 con presupuestos prorrogados: Illes Balears, Comunitat Valenciana, Castilla y León y Cataluña. El reparto por color político es claro: tres gobiernos del PP (Baleares, Comunitat Valenciana y Castilla y León) y uno del PSOE (Cataluña, con Salvador Illa al frente). No es una conjetura ni un futurible: hay decisiones públicas, votaciones en parlamentos y anuncios oficiales que empujan a estas autonomías a arrancar el año con las cuentas extendidas del ejercicio anterior.

El motivo no es único, aunque el calendario manda. En Baleares el techo de gasto cayó en el Parlament y dejó sin vía de agua a la ley; en la Comunitat Valenciana, el Consell ha comunicado formalmente a Les Corts que activará la prórroga; en Castilla y León, la oposición —PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y Grupo Mixto— devolvió el proyecto al Ejecutivo y la Junta asume otro año con cuentas prorrogadas; en Cataluña, el Govern reconoce que, como mínimo, habrá prórroga técnica porque la tramitación no llega a tiempo, con la negociación con ERC y los Comuns aún en el aire. El resultado: 3–1 a favor del PP, y un arranque de año con ritmos distintos según el territorio.

Quiénes son y qué ha pasado en cada territorio

Illes Balears: el techo de gasto cae y se activa la prórroga

Baleares es el ejemplo más nítido de cómo una votación puede encender la luz roja presupuestaria. El Parlament rechazó el techo de gasto —paso obligatorio antes de la ley— con 30 votos en contra y 28 a favor, y el Govern de Marga Prohens (PP) se quedó sin anclaje para registrar y tramitar las cuentas de 2026. El contexto político explica el choque: Vox rompió puentes con el Ejecutivo a raíz del conflicto sobre la lengua en la educación y otras exigencias, y el PSIB-PSOE condicionó cualquier entendimiento a cambios fiscales como una subida de la ecotasa turística o nuevos gravámenes al alquiler de coches. La aritmética es tozuda: sin techo de gasto, no hay proyecto de presupuestos; sin proyecto, prórroga automática de las cuentas vigentes. El vicepresidente y conseller de Economía, Antoni Costa, lo verbalizó con claridad en el hemiciclo. Consecuencia operativa: la Administración balear trabajará en 2026 con el marco de 2025, con margen para créditos extraordinarios y ajustes de capítulo I si hay subidas salariales pactadas a nivel estatal, pero con menor capacidad para desplegar políticas nuevas.

El detalle técnico importa. El techo de gasto que había aprobado el Consell de Govern ascendía a 6.924,4 millones; al tumbarse en el Parlament, no solo se frena la ley, también se limita el uso de ese espacio presupuestario previsto. El Govern puede intentar reabrir conversaciones, sí, pero el 1 de enero ya no admite relojes blandos. Entre tanto, equipos de la Conselleria deberán reprogramar inversiones y convocatorias pensadas para estrenarse en 2026 que ahora requerirán encaje en régimen de prórroga.

Comunitat Valenciana: relevo en el Palau y carta a Les Corts

En València, el expediente ha sido administrativo y políticamente pulcro: la Generalitat comunicó a Les Corts que prorrogará los presupuestos de 2025 porque no entra en plazo la aprobación de los de 2026. La misiva la firma el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, y llega en el mismo giro en el que Juanfran Pérez Llorca (PP) toma posesión como president tras la salida de Carlos Mazón hacia la política estatal. El Consell trabaja ya con la Dirección General de Presupuestos en el decreto de prórroga y ha trasladado a la Cámara un documento con las partidas iniciales para identificar las que no se pueden prorrogar (programas finalizados, obligaciones extinguidas), un procedimiento habitual para evitar que la herencia de 2025 arrastre partidas muertas al año siguiente.

Hay un punto más, relevante para el día a día de la gestión: solo el capítulo I —gasto de personal— se actualizará para incorporar incrementos salariales con rango estatal, mientras que el resto de capítulos permanece con los importes iniciales de 2025 salvo modificaciones puntuales y habilitaciones legales. Vox, socio parlamentario clave, evitó atarse a una negociación exprés y el Ejecutivo popular ha preferido blindar la operatividad con la prórroga a una tramitación que ya no cuadraba en tiempo. En paralelo, la oposición —con Compromís a la cabeza— ha denunciado la “falta de pulso” del nuevo gabinete. Políticamente ruidoso, técnicamente claro.

Castilla y León: el proyecto devuelto y otro año con cuentas prorrogadas

El caso de Castilla y León ilustra la inestabilidad de mayorías en la recta final del año. El proyecto de presupuestos fue devuelto por el Pleno de las Cortes al prosperar las enmiendas a la totalidad con los votos de PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto; solo el PP defendió las cuentas. El presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), con Carlos Fernández Carriedo como consejero de Economía y Hacienda, ya trabajaba sobre un proyecto que había entrado en octubre, pero la confluencia de bloques opuestos lo dejó sin recorrido. A partir de ahí, el marco jurídico autonómico no deja dudas: si no hay ley antes del 1 de enero, rige la prórroga de las cuentas vigentes. Castilla y León ya conoce ese terreno —encadenó prórrogas en etapas recientes—, y vuelve a él en 2026.

Los efectos son conocidos internamente: limitación para nuevos programas y inversiones emblemáticas, necesidad de afinar las modificaciones de crédito para atender prioridades de mitad de año y, de nuevo, actualización del capítulo I si hay acuerdo retributivo nacional. La oposición ha usado la prórroga como prueba de falta de diálogo del Ejecutivo; el PP defiende que el proyecto era “el más alto de la historia” y acusa a sus adversarios de bloquear por cálculo político. Al margen del cruce de acusaciones, el dato es uno: Castilla y León arrancará 2026 sin ley nueva.

Cataluña: prórroga técnica mientras sigue la negociación

En Cataluña, la situación no responde a un choque en el hemiciclo, sino a una carrera contra el calendario. El Govern de Salvador Illa (PSC-PSOE) ha reconocido que, como mínimo, habrá una prórroga técnica. La tramitación parlamentaria mínima —en torno a 40 días desde la entrada del proyecto— hace imposible que los presupuestos de 2026 entren en vigor el 1 de enero, incluso si en las próximas semanas hubiera acuerdo con ERC y los Comuns. La negociación está pegada a otra mesa: el debate con el Gobierno central sobre la financiación autonómica y los compromisos asociados. Mientras eso no se cierre, ERC no ofrece un “sí” claro; los Comuns han puesto el foco en políticas sociales y vivienda. Se puede aprobar la ley en el primer tramo de 2026, sí, pero el arranque del año será con prórroga.

El orden de prioridades que ha dibujado el Ejecutivo catalán —cerrar primero un marco de ingresos y mantener bonificaciones sensibles como las del transporte— ha condicionado los tiempos. Con un Parlament plural y negociaciones que se mueven en varias direcciones a la vez, el resultado práctico es que los departamentos preparan escenarios de ejecución sobre la base de 2025, con margen para suplementos y créditos extraordinarios en cuanto exista ley.

Qué implica arrancar el año con cuentas prorrogadas

Conviene separar ruido político y mecánica financiera. La prórroga presupuestaria no es un vacío, es la extensión de los créditos iniciales del presupuesto anterior hasta que se aprueba uno nuevo. Las comunidades pueden pagar nóminas, mantener servicios esenciales, licitar contratos ya previstos y mover determinados importes con modificaciones de crédito. Existen límites: es más difícil —a veces imposible— crear programas inéditos, reorientar el gasto a gran escala o acelerar inversiones no planificadas. Se puede, puntualmente, aprobar créditos extraordinarios por urgencia o interés público, pero no es el terreno cómodo de una agenda política ambiciosa.

El componente laboral introduce una excepción habitual: cuando el Gobierno central aprueba incrementos retributivos para el sector público, los capítulos I autonómicos se ajustan para recoger esas subidas con independencia de que haya ley nueva. También se pueden actualizar transferencias o obligaciones vinculadas a normas estatales o europeas. Eso explica por qué la Comunitat Valenciana ya ha anunciado que solo ese capítulo tendrá actualización automática, y por qué Baleares o Castilla y León podrán absorber medidas salariales acordadas a nivel estatal.

Hay, además, un telón de fondo que condiciona la toma de decisiones: la senda de estabilidad 2026–2028 y los objetivos de déficit y deuda que marcan el margen fiscal autonómico. Tras el rechazo del Congreso en noviembre, el Ejecutivo ha reenviado la senda a las Cortes, con un esquema que escala el ajuste y dibuja los límites de endeudamiento regional para los próximos tres años. Este marco no sustituye a las leyes autonómicas, pero acota las posibilidades de gasto y endeudamiento de cada Hacienda territorial. Si el Congreso volviera a rechazarla, se activaría la aplicación automática de los principios de equilibrio presupuestario recogidos en la normativa. Ese es el ecosistema en el que los consejeros de Hacienda están operando los cierres de año.

El reloj parlamentario añade complejidad. Hay cámaras —Andalucía, Madrid, Galicia, Navarra, País Vasco— con proyectos en marcha y mayorías suficientes para aprobar las cuentas en diciembre. Otras han acelerado comisiones y ponencias para cuadrar la votación antes de Nochevieja. En este contexto, que cuatro autonomías ya sepan que no llegarán al 1 de enero con ley nueva dibuja una foto más fragmentada de lo habitual, pero no excepcional. España ha convivido otros años con un mosaico de prórrogas parciales y presupuestos recién aprobados conviviendo a la vez.

Hay impactos concretos que los equipos técnicos están midiendo. Convocatorias de ayudas que estaban llamadas a nacer el primer trimestre y deberán calendarizarse más tarde; inversiones que, por prudencia, se escalonan a partir del segundo semestre; deducciones fiscales o rebajas anunciadas que necesitan ley para entrar en vigor y quedan pendientes; convenios con ayuntamientos o universidades que exigen actualización de cuantías y tendrán que llegar por la vía de expedientes de modificación. Nada colapsa, pero todo requiere más oficio presupuestario.

Balance de hoy y lo que marcará enero

La foto de recuento no admite muchas dudas: Baleares, Comunitat Valenciana, Castilla y León y Cataluña empezarán 2026 con cuentas prorrogadas. Tres gobiernos del PP y uno del PSOE. Hay nombres propios: Marga Prohens, Juanfran Pérez Llorca, Alfonso Fernández Mañueco y Salvador Illa. Y hay causas: un techo de gasto caído, una comunicación oficial de prórroga, una devolución del proyecto en las Cortes y una tramitación imposible en plazos por negociación abierta. A partir de aquí, el mapa puede sufrir ajustes marginales si alguna cámara con trámites avanzados aprueba en Navidad; también puede crecer la lista si Aragón encalla definitivamente su negociación entre PP y Vox. Pero hoy, el dato firme es ese 4–0–0 que reparte el saldo entre PP y PSOE en 3–1.

El caso balear seguirá midiéndose por la capacidad del Govern para recomponer mayorías en una legislatura en la que Vox decidió tomar distancia. Si hay acercamiento tras las fiestas, como otros años, la aprobación de las cuentas podría llegar avanzado 2026. Entretanto, las Conselleries priorizarán gasto social y sanidad, retrasando novedades fiscales.

En la Comunitat Valenciana, la prórroga coincide con el aterrizaje del nuevo president y una relación compleja con Vox en Les Corts. Los consellers ya han pedido a sus departamentos la depuración de partidas para no prorrogar las que cayeron en 2025. El seguimiento trimestral de ejecución y el uso quirúrgico de modificaciones de crédito marcarán el pulso de la gestión, mientras el gabinete prepara un proyecto de 2026 con horizonte de aprobación en el primer tramo del año.

Castilla y León afronta la enésima prueba de resistencia institucional. La Junta ha insistido en que sus prioridades —sanidad, educación, mundo rural— seguirán en la agenda con prórroga, pero la falta de ley compromete señales de inversión y da munición a la oposición. La coordinación entre Consejerías para reprogramar convoca al oficio administrativo; el relato se librará en un año que ya huele a campaña.

En Cataluña, la palanca está fuera del presupuesto: financiación autonómica y un paquete de compromisos con Madrid que sirvan para atar el voto de ERC. La portavoz Silvia Paneque fue transparente al admitir que el 1 de enero es inalcanzable. Eso no impide que el Departament d’Economia tenga ya estructuras de gasto preparadas para saltar a la ley en cuanto haya números cerrados, con especial atención a salud, educación, vivienda y transporte.

Una prórroga no derriba un gobierno, pero marca límites. Los cuatro ejecutivos que la afrontan comparten dos retos: gestionar lo urgente con instrumentos extraordinarios y evitar que el déficit discursivo se confunda con inacción. Habrá cifras que ayuden —las entregas a cuenta y el flujo de fondos europeos—, y otras que aprieten —la senda fiscal si no sale del Congreso—. Queda gestión y política. Y, sí, calendario. Enero pondrá a prueba la destreza para gobernar con presupuestos del año pasado sin perder de vista el proyecto que, más pronto que tarde, tendrá que pasar por el parlamento de cada territorio.