Perelló aborda con Vivas el refuerzo judicial en Ceuta

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, se reunió con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, para analizar cómo la llegada irregular de miles de personas ha afectado a los órganos judiciales de la ciudad. El encuentro sirvió también para repasar las medidas acordadas por el Consejo para responder al aumento de asuntos, con refuerzos dirigidos a la Sección Civil y de Instrucción y, de forma específica, a la plaza competente en violencia sobre la mujer. El problema inmediato es mantener la actividad judicial con una carga extraordinaria, sin dejar desatendida la guardia ni los procedimientos que requieren una respuesta especializada.

La reunión fue solicitada por Vivas mediante una carta enviada el 17 de agosto, después de los hechos ocurridos los días 30 y 31 de julio. El presidente ceutí acudió acompañado por el vicepresidente primero del Gobierno local y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, y por el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Ramón Gaitán. Perelló les trasladó las decisiones adoptadas y la secuencia de actuaciones que ya se había puesto en marcha. El encuentro, por tanto, no fue una negociación sobre causas concretas, sino una conversación institucional sobre la capacidad de los juzgados para sostener el servicio ante un repunte de trabajo.

Una carga excepcional sobre los órganos judiciales de Ceuta

El informe solicitado al Servicio de Inspección del CGPJ fue el punto de partida de la respuesta. Según las conclusiones comunicadas por el Consejo, los acontecimientos de finales de julio afectaron de manera extraordinaria al funcionamiento del servicio público de justicia en Ceuta. La entrada irregular de miles de personas elevó el volumen de asuntos que debían atenderse en un sistema judicial local cuya capacidad ordinaria no estaba dimensionada para absorber de golpe ese aumento. La dificultad no se limitaba a contar expedientes: también exigía organizar turnos, atender actuaciones urgentes y preservar la continuidad de las tareas habituales.

La Comisión Permanente del Consejo examinó la situación en una sesión extraordinaria celebrada el 18 de agosto. A partir de la información disponible, consideró necesario reforzar la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, con atención especial al servicio de guardia y a la plaza con competencia en violencia sobre la mujer. Esa doble prioridad refleja que la sobrecarga podía extenderse por distintas áreas, pero que algunas funciones necesitaban una cobertura particularmente cuidadosa. El refuerzo transversal debía aliviar el trabajo del conjunto de la Sección, mientras que el apoyo especializado respondía a una presión concreta sobre una plaza determinada.

La expresión Tribunal de Instancia identifica en este caso el órgano judicial al que se adscriben las plazas de la Sección Civil y de Instrucción. La comunicación del Consejo se refiere a seis plazas y a la necesidad de que sus titulares pudieran afrontar la carga adicional sin que el apoyo a una tarea urgente desplazara todas las demás. La organización de los recursos importa porque una emergencia no paraliza los asuntos previos ni elimina la obligación de atender nuevas actuaciones. La respuesta debía sostener a la vez la actividad extraordinaria y el funcionamiento cotidiano, una tensión que explica por qué se plantearon medidas distintas y complementarias.

Antes de que se acordaran las nuevas comisiones de servicio, ya se habían adoptado medidas para mantener la continuidad. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y la presidencia del Tribunal de Instancia habían incorporado al servicio de guardia a magistrados y funcionarios de otros órganos de la misma clase y población. La Comisión Permanente reconoció la utilidad de esas decisiones, pero estimó que no bastaban para dar una respuesta completa a la situación descrita por Inspección. La cobertura de guardia y el refuerzo estable de plazas no son la misma medida: la primera permite atender necesidades inmediatas, mientras la segunda amplía la capacidad de trabajo en la sección afectada.

Dos apoyos con cometidos diferentes

La Comisión Permanente consideró necesario tramitar dos refuerzos para la Sección Civil y de Instrucción. Uno debía prestar apoyo transversal a los titulares de las seis plazas de la Sección, para repartir parte de la carga añadida entre el conjunto de sus integrantes. El otro se reservó para la plaza con competencia en violencia sobre la mujer, donde se había registrado un incremento de asuntos, especialmente los relativos a presuntas agresiones sexuales. La separación de cometidos permite entender que no se trataba de duplicar una misma respuesta, sino de atender tanto el volumen general de trabajo como una necesidad especialmente delimitada.

La plaza especializada afrontaba, además, una circunstancia de personal: estaba previsto el próximo cese del juez en expectativa de destino que prestaba servicios de refuerzo. La Comisión Permanente acordó diferir ese cese hasta el 30 de octubre, como medida provisional mientras se tramitaba una comisión de servicio. La decisión evitaba que el apoyo existente desapareciera antes de que pudiera completarse el procedimiento para designar el refuerzo correspondiente. Ese aplazamiento tenía un alcance temporal concreto y no equivalía por sí solo a la concesión de una nueva comisión, que requería una tramitación diferenciada.

La comisión de servicio es la fórmula empleada en las decisiones comunicadas para incorporar temporalmente a un magistrado destinado en otro órgano y reforzar el trabajo en Ceuta. No supone, según los datos difundidos, la creación de una plaza nueva ni el traslado definitivo de quienes reciben el encargo. Su función en este contexto es sumar capacidad durante el periodo de necesidad, con destinos y cometidos identificados por la Comisión Permanente. El refuerzo temporal aporta margen de respuesta, aunque no sustituye una valoración más amplia de las necesidades estructurales de la justicia en la ciudad.

La Comisión Permanente instó al Tribunal Superior de Justicia andaluz a formular la solicitud correspondiente para iniciar la tramitación de los refuerzos. Esa intervención era necesaria para convertir la valoración de urgencia en una propuesta formal y encauzar la asignación de magistrados. La sucesión de acuerdos muestra que el diagnóstico, la cobertura provisional y la concesión de comisiones fueron fases distintas. No hubo una única decisión instantánea: primero se reconoció la sobrecarga, después se mantuvo el apoyo disponible y, finalmente, se resolvieron las incorporaciones temporales.

Las decisiones adoptadas durante agosto y septiembre

El 20 de agosto, dos días después de la sesión extraordinaria, el vocal del CGPJ José Antonio Montero visitó Ceuta. Montero es uno de los cuatro vocales territoriales para Andalucía, Ceuta y Melilla. Durante la visita se reunió con jueces y magistrados del Tribunal de Instancia y con representantes de los colegios de abogados y procuradores, además de entrevistarse con Vivas. En ese encuentro trasladó la disposición de Perelló a recibir al presidente ceutí, una reunión que se materializó posteriormente. La visita permitió que la preocupación por la carga de trabajo llegara directamente al Consejo, a través de los profesionales y de las instituciones locales.

El 25 de agosto, la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla acordó reforzar el servicio de guardia con un segundo juez del partido judicial. La medida se adoptó por razones de urgencia y se mantendría mientras durase la situación extraordinaria que atravesaba la ciudad. Su alcance estaba centrado en la guardia: se añadía un juez para responder a las necesidades de ese servicio, sin que el acuerdo se presentara como sustituto de las comisiones destinadas a la carga de la Sección. Ese apoyo inmediato atendía el funcionamiento más urgente, mientras continuaba la tramitación de soluciones para el resto de la actividad.

El 28 de agosto, una vez concluido el procedimiento, la Comisión Permanente concedió una comisión de servicio para reforzar las seis plazas de la Sección Civil y de Instrucción. La asignación recayó en el magistrado Miguel Ángel Torres Segura, destinado en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla. El cometido anunciado era transversal, de apoyo a los titulares de las seis plazas. La elección de un magistrado con destino en Melilla incorporaba experiencia judicial próxima a la realidad territorial, aunque la información disponible no detalla el calendario diario ni el reparto concreto de asuntos que tendría el refuerzo.

El 1 de septiembre, la Comisión Permanente concedió otra comisión de servicio, esta vez para la plaza número 4 de la misma Sección, competente en violencia sobre la mujer. La magistrada designada fue Consuelo Andreo Ruiz, destinada en la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena, también con competencia en esa materia. El acuerdo respondía al aumento de trabajo registrado en esa área, en particular por asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales, y a la necesidad de dar continuidad al apoyo que hasta entonces prestaba el juez en expectativa de destino. La medida combinó una necesidad de especialización con la continuidad del servicio.

Los acuerdos no deben confundirse entre sí. El refuerzo de guardia adoptado el 25 de agosto correspondía a una decisión urgente del tribunal superior y se vinculaba a la duración de la situación extraordinaria. Las dos comisiones concedidas después por la Comisión Permanente se dirigían, respectivamente, al conjunto de las seis plazas y a la plaza especializada en violencia sobre la mujer. A su vez, el aplazamiento del cese hasta el 30 de octubre había servido como puente durante la tramitación. La respuesta se construyó por capas, con medidas de urgencia y otras de apoyo temporal más delimitado.

El encuentro con Vivas y la coordinación institucional

La petición de reunión de Vivas situó en primer plano la repercusión local de los hechos de finales de julio. La carta remitida el 17 de agosto buscaba tratar la situación de la ciudad autónoma con la presidenta del órgano de gobierno de los jueces. El encuentro posterior permitió que Perelló explicara las medidas ya acordadas y el motivo de los refuerzos. La presencia de Ramírez y Gaitán reflejó que el asunto se abordó desde la representación del Gobierno ceutí, aunque las decisiones sobre los apoyos judiciales correspondían a los órganos competentes del Poder Judicial. La interlocución política podía trasladar la dimensión local del problema, pero no reemplazaba los trámites judiciales ni la autonomía de quienes los adoptaban.

Esta distinción ayuda a entender el alcance de la reunión. El presidente de la ciudad podía exponer la preocupación por el impacto de los acontecimientos sobre Ceuta y solicitar información sobre la capacidad de respuesta. El CGPJ, por su parte, podía dar cuenta de sus acuerdos relativos a los órganos judiciales, mientras el Tribunal Superior y la presidencia del Tribunal de Instancia habían tomado medidas dentro de sus respectivos ámbitos. La respuesta implicó a varias instancias judiciales, no una orden única dictada desde la reunión entre Perelló y Vivas.

También participaron de manera indirecta otros operadores jurídicos. En la visita de Montero, los representantes de los colegios de abogados y procuradores pudieron trasladar su perspectiva sobre el funcionamiento del Tribunal de Instancia. Jueces y magistrados, por su parte, eran quienes trabajaban en los órganos afectados y podían describir los efectos cotidianos del incremento de asuntos. La comunicación pública no ofrece un inventario de sus intervenciones ni permite atribuirles propuestas concretas, pero confirma que el vocal mantuvo encuentros con esos colectivos. El contacto con quienes intervienen en los procedimientos aporta contexto operativo a una valoración institucional que, por sí sola, no describe cada dificultad diaria.

La coordinación resulta relevante porque una carga excepcional puede afectar a más de un punto del circuito judicial. La guardia debe responder a las actuaciones que no pueden esperar, mientras las plazas de la Sección continúan con los asuntos que ya tenían en curso y con las nuevas entradas. Si el apoyo se concentra solo en una tarea, otras pueden quedar sometidas a mayor presión; si se distribuye de forma general, una materia especializada puede necesitar atención propia. De ahí que los acuerdos distinguieran entre la cobertura inmediata, el refuerzo general y el apoyo especializado, en lugar de tratar toda la sobrecarga como un bloque uniforme.

Qué alivian los refuerzos y qué no pueden resolver

Las decisiones anunciadas aumentan temporalmente los recursos judiciales disponibles en Ceuta, pero no equivalen a una reforma permanente de la organización judicial. La comisión de Torres Segura se dirige a las seis plazas de la Sección; la de Andreo Ruiz, a la plaza número 4 y a su competencia en violencia sobre la mujer. El segundo juez incorporado a la guardia responde a otra necesidad inmediata. Son apoyos concretos ante una circunstancia extraordinaria, no una garantía de que desaparezcan todos los retrasos ni de que la carga vuelva de inmediato a sus niveles anteriores.

Tampoco puede deducirse de los acuerdos cuánto tardará cada procedimiento, cuántos asuntos adicionales resolverá cada magistrado o cuál será el efecto final sobre los tiempos de respuesta. La información comunicada explica el motivo y el destino de las medidas, pero no ofrece una evaluación posterior de resultados ni cifras de expedientes resueltos. Presentar los refuerzos como una solución definitiva excedería lo que consta. Su eficacia dependerá de cómo se traduzcan en capacidad real de trabajo y de cuánto se prolongue la situación que originó el aumento de actividad.

Hay, además, una diferencia entre absorber una punta de trabajo y corregir un déficit estructural. Las comisiones de servicio pueden aportar apoyo mientras persiste una necesidad delimitada, pero la información sobre este caso no establece que las dificultades ordinarias de la justicia ceutí hayan quedado resueltas. Tampoco anuncia la creación de plazas permanentes. El Consejo justificó los acuerdos por el incremento extraordinario registrado tras los hechos de julio y por el impacto señalado por Inspección. La respuesta institucional conocida está vinculada a esa coyuntura, por lo que cualquier valoración de largo plazo requeriría datos sobre su evolución y sobre la carga habitual de los órganos.

En particular, el refuerzo de la plaza especializada responde a un área en la que el aumento de asuntos podía repercutir de manera directa en personas afectadas por posibles delitos sexuales y en la tramitación de causas sensibles. La comunicación del Consejo habla de presuntas agresiones sexuales, una formulación que describe la naturaleza de los asuntos sin anticipar su resultado. El apoyo de una magistrada con competencia en esa materia busca sumar capacidad especializada, pero no permite concluir nada sobre el fondo de los procedimientos. La presunción y el tratamiento individual de cada causa siguen siendo esenciales, incluso cuando el volumen de trabajo crece de forma abrupta.

Una respuesta excepcional cuya continuidad dependerá de la evolución

La secuencia que va de la sesión extraordinaria del 18 de agosto a las comisiones concedidas el 28 de agosto y el 1 de septiembre muestra cómo se concretó la respuesta judicial a la situación de Ceuta. Primero se valoró el impacto a partir del informe del Servicio de Inspección; luego se mantuvo un refuerzo provisional, se amplió la guardia y se tramitaron apoyos para la Sección Civil y de Instrucción. La reunión de Perelló con Vivas permitió exponer esa respuesta en conjunto, pero las medidas nacieron de acuerdos adoptados por las instancias judiciales correspondientes.

La clave inmediata está en si los distintos apoyos permiten sostener el servicio mientras se mantiene la carga extraordinaria. El Consejo identificó necesidades diferentes y asignó un cometido específico a cada comisión, además de conservar temporalmente el refuerzo que iba a cesar. Sin datos posteriores sobre duración, volumen de asuntos y resultados, no es posible medir el efecto definitivo de esas decisiones. Lo que sí queda claro es que el problema no se abordó con una sola incorporación, sino mediante una combinación de cobertura de guardia, apoyo transversal y atención especializada.

Ceuta afrontó así una presión judicial vinculada a los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, con consecuencias que alcanzaron tanto al funcionamiento general de la Sección como a una plaza concreta. La decisión de reforzar órganos judiciales busca que la actividad extraordinaria no desplace por completo la atención ordinaria y que las necesidades urgentes mantengan una vía de respuesta. El alcance real de la medida se verá en su aplicación y en la evolución de la carga; por ahora, la información disponible permite describir con precisión qué órganos recibieron apoyo y por qué, pero no anticipar cuánto tiempo bastará ese refuerzo.