¿Por qué crece el rechazo a gitanos y musulmanes en España?

Radiografía del rechazo a gitanos y musulmanes en España: datos clave del barómetro FSG, cifras de educación, pobreza y empleo, y qué cambia.

La fotografía es nítida y, a la vez, incómoda. El último barómetro de Fundación Secretariado Gitano (FSG), elaborado por la demoscópica 40dB con 1.000 entrevistas y publicado este martes, 16 de diciembre de 2025, sitúa a las personas de religión musulmana y a la población gitana como los colectivos que menos simpatía despiertan en España. El dato abre los ojos: el 44,4% de los encuestados declara poca o ninguna simpatía hacia los musulmanes; el 36,4% responde lo mismo cuando piensa en gitanos. No es una tormenta pasajera. Responde a una mezcla de distancia social, desconocimiento y tópicos persistentes que desfiguran la realidad cotidiana de millones de personas.

La tendencia se vuelve todavía más clara al cruzar percepciones y experiencias. El estudio —“La mirada social sobre el pueblo gitano en España”— confirma que, para buena parte de la ciudadanía, el trato discriminatorio percibido hacia gitanos y musulmanes supera a la simpatía que despiertan. Y cuando se pregunta por la convivencia diaria, emergen fricciones: 29,2% de los consultados reconoce que le resultaría “muy o bastante” incómodo que su hijo o hija tuviera una pareja gitana; 24% se sentiría incómodo con vecinos gitanos. La base del problema aparece poco después, con una sinceridad que desarma: 60,2% de la población admite tener poco o ningún contacto con personas gitanas y siete de cada diez reconoce saber poco o nada de su historia y cultura. Donde no hay trato, se instalan los estereotipos. Donde hay convivencia, el rechazo baja.

El retrato estadístico que obliga a mirar de frente

El barómetro no pasea por la superficie. Musulmanes y gitanos encabezan la lista de grupos menos valorados en simpatía, y al mismo tiempo aparecen entre los más discriminados según la percepción social, junto a personas sin hogar, personas trans e inmigrantes. En esa escala, el antigitanismo se revela como un fenómeno transversal. La FSG subraya un punto especialmente significativo: el porcentaje que declara poca o ninguna simpatía hacia los gitanos es similar entre personas de izquierdas y de derechas. Ese equilibrio inquieta, porque desmonta el consuelo fácil de que el prejuicio se concentra “en los otros”.

El mapa territorial añade matices. Extremadura y Asturias figuran entre las comunidades donde más se percibe la presencia de personas gitanas en el entorno cercano; no por casualidad, allí la convivencia vecinal aparece como el espacio de contacto más frecuente. Ese detalle, que parece menor, es una pista metodológica: cuando el trato existe, el termómetro social mejora. El estudio registra, además, una curiosa paradoja de valores: la sociedad asocia al pueblo gitano rasgos positivos —familia, respeto a los mayores, alegría de vivir, solidaridad entre iguales y una ética del trabajo entendida como medio para vivir, no para acumular—, pero esa moneda tiene otra cara cuando se aterriza en el barrio o en el aula, donde se sostienen reservas o incomodidades.

La educación se convierte en un bloque crucial. Tres de cada cuatro personas creen que la mayoría del alumnado gitano no finaliza la ESO; y, esta vez, la intuición social acierta en parte: el 63% de los jóvenes gitanos no titula en Educación Secundaria Obligatoria. Aun así, el barómetro aclara algo esencial: la escolarización en las etapas obligatorias es prácticamente total, muy lejos de esa imagen desfasada de niños fuera del sistema. La brecha real no está en la puerta del colegio, sino en la permanencia y el éxito educativo.

Percepciones que no cuadran con los datos

La fuerza del estudio aparece cuando confronta lo que se cree con lo que ocurre. Ahí, los mitos se encogen.

Vivienda: del tópico del chabolismo a la normalidad ignorada

La consulta revela que casi el 70% de la población acierta al considerar que la mayoría de las familias gitanas vive en pisos o barrios convencionales. Aun así, resiste un núcleo duro: 24% piensa que la población gitana habita principalmente en chabolas. La realidad urbana española —despliegue de parque de vivienda en barrios mixtos, realojo en las últimas décadas, programas municipales y autonómicos— ha reducido de forma drástica los asentamientos. Persisten bolsas de infravivienda, sí, y no hay triunfalismo que valga; pero la idea de que “la mayoría vive en chabolas” no se sostiene. El estereotipo, sin embargo, condiciona alquileres, hipotecas y relaciones vecinales: basta un apellido o una pista cultural para que surja el “no encaja el perfil”, ese eufemismo que abre la puerta a la discriminación residencial.

Prestaciones sociales: la brecha entre lo que se percibe y lo que llega

Otra confusión tiene pegamento. El 70,7% de los encuestados cree que la mayoría de las familias gitanas recibe prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La cifra efectiva es muy inferior: dos de cada diez hogares gitanos perciben esa ayuda. Que se sobreestime la cobertura de prestaciones en un colectivo con tasas de pobreza muy elevadas dice mucho sobre el ruido de fondo. Se mezclan bulos, desinformación y una memoria selectiva que convierte la excepción en regla. El resultado es perverso: se sobredimensiona la dependencia de ayudas, se estigmatiza al beneficiario y se minimiza el debate de fondo, que es cómo asegurar ingresos suficientes y puentes hacia el empleo en familias con niñez castigada por la pobreza.

Empleo: más asalariados de lo que se cree, menos mercadillo de lo que se dice

El barómetro recoge otra imagen deformada: 74% de los encuestados considera que el comercio ambulante es el principal sostén económico del pueblo gitano. La estructura ocupacional es más abierta: más de la mitad de las personas gitanas que trabajan lo hacen por cuenta ajena, con contratos asalariados, y la otra parte se reparte entre autónomos —con presencia, sí, en mercados y mercadillos— y pequeño emprendimiento. La economía gitana es diversa y se va diversificando más, con mujeres que irrumpen en sectores antes vedados, jóvenes que salen de ciclos formativos con empleos técnicos y profesionales en sanidad, hostelería, logística o administración. Reducirlo todo a “viven del mercadillo” distorsiona y justifica rechazos en cadena: del acceso a la vivienda a la negativa a una entrevista.

Escuela y expectativas: el punto en el que todo se decide

La educación condensa la oportunidad y el riesgo. La escolarización en etapas obligatorias es prácticamente total, pero el embudo aparece en 4.º de ESO. Ese 63% de jóvenes gitanos que no logra el título se traduce luego en peor empleo, salarios más bajos, precariedad y una vida adulta que arranca cuesta arriba. Hay causas acumuladas: pobreza que complica el estudio en casa, falta de expectativas dentro y fuera del aula, segregación escolar en algunos barrios, itinerarios de baja exigencia que —con la mejor de las intenciones— terminan bajando el listón.

El barómetro pregunta por responsabilidades y aflora la tensión. Cuatro de cada diez ciudadanos atribuyen el fracaso escolar del alumnado gitano a las familias. Un 20% señala la escasa implicación del sistema educativo para abordar desigualdades de origen, y un 23,8% reparte culpas a partes iguales. No es un ejercicio de moralina: es un retrato de cómo entendemos el problema. La evidencia acumulada en programas de acompañamiento educativo apunta a una combinación que funciona: tutorías personalizadas, trabajo cercano con familias, refuerzos en momentos de transición (de Primaria a Secundaria, de ESO a FP), lucha contra la segregación y referentes gitanos visibles en todas las etapas. Cuando eso se hace con método, sube la titulación y baja el abandono. El reto es de escala y de continuidad.

La escuela también es un escaparate cultural. El estudio recuerda que siete de cada diez personas declaran tener un conocimiento limitado o nulo de la historia y la cultura gitana. Es difícil valorar lo que no se conoce. La introducción estable de contenidos curriculares sobre el pueblo gitano, su lengua, sus aportaciones artísticas y su memoria histórica ayudaría a desmontar clichés que siguen pasando de generación en generación. El año 2025, declarado Año del Pueblo Gitano en España por el Gobierno, ha multiplicado actos y recursos didácticos; el desafío es que no se queden en efeméride.

Un racismo que atraviesa ideologías y se nota en lo cotidiano

La FSG lo formula sin rodeos: el rechazo hacia el pueblo gitano es transversal. Los porcentajes de poca o ninguna simpatía son similares entre encuestados que se definen de izquierdas y de derechas. Es un suelo de prejuicio que no entiende de etiquetas partidistas. Y se expresa, sobre todo, en microdecisiones: un no en la puerta de una inmobiliaria, un silencio en la sala de espera del centro de salud, una mala mirada en la comunidad de vecinos, una barrera en una entrevista de trabajo. No siempre deja rastro escrito; casi nunca llega a un juzgado. Pero pesa.

El barómetro, además, subraya la relación entre contacto y actitudes. Cuatro de cada diez españoles dicen tener amistad con alguna persona gitana; el resto no. Donde hay trato real, donde se comparten aulas, curro y barrio, los estereotipos pierden fuelle. Donde todo se reduce a lo que sale en la tele, a redes o a relatos de tercera mano, crecen el recelo y la hostilidad. La percepción sobre la población musulmana sigue un patrón parecido, amplificado por acontecimientos internacionales y por la tendencia de ciertos discursos públicos a codificar a los creyentes en clave de amenaza. Cuando la distancia manda, el miedo hace el resto.

Las reglas del juego: leyes, instituciones y un 2025 simbólico

El marco jurídico español ha dado pasos relevantes. La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, y su ley orgánica complementaria, han reforzado el arsenal frente a delitos de odio e incorporado el antigitanismo de forma expresa como circunstancia agravante. Eso importa: significa más protección y mejores herramientas para investigar y sancionar. Pero una ley solo cambia comportamientos si llega al terreno: formación a agentes y operadores jurídicos, protocolos en administraciones y empresas, oficinas que acompañen a víctimas y estadísticas públicas que permitan medir avances.

En el plano institucional, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, operativo desde mediados de los 2000, mantiene un espacio estable de diálogo con la Administración. Comunidades y ayuntamientos han desplegado planes específicos de inclusión —con nombres distintos y presupuestos dispares— y se han sumado a iniciativas europeas en vivienda, empleo y educación. El Año del Pueblo Gitano 2025 ha puesto foco y ha generado visibilidad: exposiciones, festivales, publicaciones, campañas y recursos pedagógicos. El reto es convertir ese foco en cambios duraderos, traducibles en indicadores: más titulados en ESO y FP, menos paro de larga duración, mejor acceso a alquiler y crédito, menos casos de discriminación documentada.

La realidad económica, por su parte, es dura y explica por qué el prejuicio encuentra terreno abonado. Cerca del 86% de la población gitana vive por debajo del umbral de pobreza o en riesgo de exclusión; la pobreza infantil alcanza un 89%. Ese dato —frío pero demoledor— revela que no estamos ante un asunto de “actitudes” solamente. La escasez material condiciona todas las decisiones familiares: el tiempo disponible, los recursos para estudiar, la movilidad, la alimentación, la salud. Cuando la supervivencia diaria manda, la continuidad educativa y la estabilidad laboral se resienten. Y así se cierra el círculo.

Lo que está pasando en barrios, aulas y empresas

Las llamadas “incomodidades” que recoge el barómetro —esa cuarta parte de ciudadanos que no quiere vecinos gitanos o ese 29,2% al que le pesaría una pareja gitana en su familia— no se evaporan con campañas abstractas. Se corrigen donde nacen: en el bloque, en la asociación de barrio, en el equipo de fútbol base, en la AMPA. Programas de mezcla social que eviten la segregación escolar, vivienda asequible bien distribuida por la ciudad, mentorización y primer empleo para jóvenes gitanos y musulmanes, cláusulas de diversidad en contrataciones públicas y privadas que rompan inercias de “encaje cultural”. Nada de esto suena épico, pero funciona.

En el mercado de trabajo, las itinerarios integrales —competencias básicas, recualificación, prácticas en empresa, apoyo al autoempleo— muestran resultados medibles cuando se conectan a sectores con demanda real (logística, cuidados, hostelería de calidad, energía, construcción sostenible, digitalización en pymes). En vivienda, se abre paso la idea de protocolos antidiscriminación con inspección y sanciones a inmobiliarias o propietarios que apliquen criterios vetados por la ley. Y en servicios sociales, el IMV necesita agilidad administrativa, ventanillas únicas y compatibilidades razonables para que trabajar no suponga perder de golpe la ayuda, especialmente en hogares con menores.

Los medios de comunicación también son parte del tablero. La encuesta detecta exageraciones sobre ayudas, sobrerrepresentación del comercio ambulante y una iconografía que, demasiadas veces, perpetúa estereotipos. La corrección pasa por datos, contexto y diversidad de voces. Por no encuadrar a la población gitana solo cuando hay sucesos o conflictos; por incluir referentes profesionales y culturales que rompan la plantilla mental de muchos informativos. Un enfoque de periodismo de precisión —no panfletario— reduce ruido y mejora la conversación pública.

Una realidad incómoda que no se arregla sola

España no parte de cero. Hay leyes actualizadas, planes en marcha y una sociedad civil que empuja. Hay empresas con políticas de diversidad bien diseñadas, centros educativos que han logrado subir la titulación del alumnado gitano con acompañamiento intensivo, municipios que han acelerado el acceso a alquiler asequible sin guetos. Y, sobre todo, hay biografías que desmontan los clichés a la primera: médicas y enfermeros, ingenieras, docentes, emprendedores, artistas gitanos; profesionales musulmanes en sanidad, tecnología, comercio, investigación. Existen, avanzan, y no por ello desaparecen las barreras. El barómetro muestra que la distancia social y el desconocimiento siguen teniendo un peso muy fuerte.

No conviene autoengañarse: el prejuicio no se corrige solo con buenas palabras. Medición, objetivos claros y seguimiento público marcan la diferencia. Si el antigitanismo está nombrado en la ley, debe estar presente en memorias anuales, con datos de expedientes, sanciones y resoluciones. Si el objetivo es reducir el abandono educativo, hay que publicar tasas por territorio y centro (respetando la protección de datos) y sostener en el tiempo los equipos que ya han demostrado resultados. Si la meta es mejorar el acceso a la vivienda, habrá que medir cuántos “no” se convierten en sí tras aplicar protocolos y cuánto aumenta la oferta de alquiler con garantías.

Del termómetro a los cambios medibles

El barómetro de Fundación Secretariado Gitano deja un diagnóstico contundente: 44,4% de poca o ninguna simpatía hacia personas musulmanas y 36,4% hacia gitanos; 29,2% de incomodidad ante una pareja gitana en la familia; 24% ante vecinos gitanos; 60,2% sin contacto real; siete de cada diez con escaso conocimiento de su historia y cultura; 63% de no titulación en la ESO; 86% bajo el umbral de pobreza y 89% de pobreza infantil; 70,7% que cree en una cobertura masiva del IMV cuando solo dos de cada diez hogares gitanos lo perciben; mitos sobre chabolismo y un empleo más asalariado de lo que se piensa. Los números pintan la escena; la tarea es moverla.

Las palancas están identificadas. Mezcla social en aulas y barrios para acercar a quienes hoy viven separados; refuerzo educativo que se concentre en los puntos de fuga de la ESO; itinerarios laborales conectados a sectores con demanda; IMV más permeable, con compatibilidades que no castiguen el empleo; protocolos contra la discriminación con inspección y sanción; comunicación pública basada en datos y referentes diversos; aplicación efectiva de la Ley 15/2022 y su marco penal. Y, sobre todo, contacto real: amistad, vecindad, equipos mixtos. Cuando eso sucede, el rechazo pierde oxígeno.

El estudio no trae una “novedad” dramática. Trae una confirmación incómoda y una oportunidad clara. Si se miden avances con transparencia y se sostienen políticas que ya han demostrado eficacia, España puede reducir esa distancia social que hoy marca el pulso del rechazo. Y convertir un termómetro que alarma en una agenda de cambios que mejore la vida de quienes, demasiadas veces, solo han sido retratados por los clichés. Con datos, con leyes, con programas… y con algo tan simple —y tan difícil— como compartir la vida cotidiana. Donde eso ocurre, el prejuicio dura poco. Donde no, vuelve a crecer.