La clase media española pierde terreno: qué dicen las cifras

Trabajar ya no basta para asegurar una vida económica estable en España. El empleo puede convivir con salarios bajos, jornadas parciales no deseadas y alquileres que consumen una parte creciente de los ingresos; por eso, hogares que hace unos años se consideraban seguros tienen hoy menos margen para ahorrar, afrontar imprevistos o ayudar a sus hijos. El IX Informe Foessa sitúa esa fragilidad en un contexto de estrechamiento de la clase media y aumento de la exclusión social.

La dimensión del problema aparece en varias cifras: en 2024, 4,3 millones de personas vivían en exclusión severa, un 52 % más que en 2007, y un tercio eran menores. El 45 % de quienes alquilan estaba en riesgo de pobreza o exclusión, mientras que la precariedad laboral afectaba al 47,5 % de la población activa. Son indicadores relacionados, pero no equivalentes: la exclusión severa no mide por sí sola el tamaño de la clase media. La señal de fondo es que tener empleo y participar en la economía ya no siempre permiten sostener un proyecto de vida.

Una clase media que se contrae, pero no desaparece de un día para otro

Durante décadas, la clase media se asoció con una combinación de empleo relativamente estable, vivienda asequible, capacidad de consumo y expectativas de mejora. En España, la expansión del Estado del bienestar, el acceso más amplio a la educación y el crecimiento del mercado laboral contribuyeron a que muchas familias se incorporaran a ese estrato. No era solo una posición en una escala de ingresos: también suponía poder planificar, afrontar gastos ordinarios y confiar en que el esfuerzo abriría oportunidades para la siguiente generación.

El IX Informe Foessa describe un cambio significativo en esa composición. Según los datos recogidos por los medios que analizaron el estudio, la proporción de población considerada de clase media pasó del 58 % en 1994 al 43 % en 2024. La cifra refleja una reducción, aunque conviene no interpretarla como si todas esas personas hubieran pasado directamente a la pobreza. Las fronteras entre clase media, vulnerabilidad y exclusión dependen de varios criterios, y no existe una sola cifra de ingresos que resuelva por sí misma quién pertenece a cada grupo.

Por eso, los 4,3 millones en exclusión severa y la contracción del estrato medio describen fenómenos conectados, pero distintos. La primera cifra identifica situaciones de privación y desventaja intensa; la segunda habla de cambios en la estructura social. Entre ambas hay hogares que no están excluidos, pero viven con poco colchón: una subida del alquiler, una reducción de jornada o un gasto imprevisto puede obligarlos a recortar necesidades o a depender de familiares. El deterioro suele avanzar como una pérdida gradual de seguridad, no como un salto repentino a la pobreza.

El empleo conserva su importancia, pero ha dejado de ser una garantía

La idea de que trabajar protege frente a la pobreza sigue teniendo una parte de verdad: un empleo ofrece ingresos y puede proporcionar estabilidad. El problema es que no todos los trabajos reúnen esas condiciones. Los contratos temporales, la parcialidad involuntaria, los salarios bajos y la rotación dificultan mantener una economía doméstica previsible. El informe cifra en el 47,5 % la población activa afectada por distintas formas de precariedad, y estima que 11,5 millones de personas conviven con inseguridad laboral.

La existencia de trabajadores pobres evidencia ese límite. Una persona puede tener empleo y, aun así, no alcanzar ingresos suficientes para cubrir vivienda, suministros y otros gastos básicos. Según los datos difundidos sobre el informe, más de un tercio de quienes viven en exclusión moderada o severa trabaja. El empleo es necesario para la integración económica, pero sus condiciones determinan cuánto protege en la práctica. Cuando los ingresos varían o no siguen el coste de la vida, cobrar una nómina no equivale a poder construir estabilidad.

El deterioro no se explica únicamente por la cantidad de puestos disponibles. También importa su calidad y la relación entre salarios y gastos esenciales. El artículo de análisis que sirve de base a esta revisión señalaba que, entre 2008 y 2023, los salarios reales crecieron muy por debajo de la productividad y del coste de bienes esenciales. La vivienda y la energía presionan especialmente los presupuestos, mientras que las jornadas largas o los horarios irregulares dejan menos margen para formación, cuidados y búsqueda de mejores oportunidades. La distancia entre tener trabajo y vivir con seguridad se abre cuando el ingreso no alcanza a cubrir los costes que no se pueden aplazar.

La juventud acusa con fuerza esa brecha. El informe sitúa en 2,5 millones el número de jóvenes afectados por la precariedad y señala que los salarios de entrada son entre un 15 % y un 30 % inferiores a los de generaciones anteriores. Empezar con peores condiciones puede retrasar la emancipación, dificultar el ahorro y aplazar decisiones vitales. No significa que todas las trayectorias estén predeterminadas, pero sí que el punto de partida laboral pesa durante años cuando los primeros empleos ofrecen poca estabilidad.

La vivienda convierte la fragilidad en un problema cotidiano

El coste de la vivienda es uno de los factores que más claramente explica por qué un hogar puede perder capacidad económica aunque conserve su empleo. El informe señala que el 45 % de las personas que alquilan se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, y que casi cuatro de cada diez inquilinos destinan más del 40 % de sus ingresos a vivienda y suministros. Cuando una parte tan elevada del presupuesto queda comprometida cada mes, ahorrar o absorber una factura inesperada se vuelve mucho más difícil.

El alquiler funciona así como un gasto rígido: no siempre puede reducirse en el corto plazo ni sustituirse por una alternativa asequible. Si la renta aumenta más deprisa que los ingresos, el ajuste se traslada a otros ámbitos, desde la compra hasta el transporte o el ocio. La vivienda no solo refleja la desigualdad: puede ampliarla y empujar a hogares que trabajan hacia una situación de mayor vulnerabilidad. El impacto también alcanza a quienes buscan comprar, pero no han podido reunir el ahorro necesario o no cumplen las condiciones para acceder a una hipoteca.

La presión residencial tiene además consecuencias sobre dónde y cómo se vive. Los datos recogidos en el informe apuntan a que el hacinamiento pasó del 3,2 % de los hogares en 2018 a cerca del 7 % en 2024, con mayor incidencia entre los grupos vulnerables. Algunas familias comparten vivienda o se alejan de los lugares donde trabajan para encontrar precios que puedan asumir. En ese escenario, el coste no se mide solo en euros: también puede implicar más desplazamientos, menos espacio y una vida cotidiana más difícil de organizar. La vivienda se convierte en una frontera entre disponer de ingresos y poder llevar una vida autónoma.

Ese efecto ayuda a entender por qué el debate no se reduce a si los salarios suben o bajan. Un aumento de ingresos puede aliviar el presupuesto, pero no necesariamente compensa un gasto residencial que absorbe una proporción creciente de la renta. Tampoco todas las familias parten de la misma situación: quienes ya tienen una vivienda en propiedad y quienes dependen del alquiler afrontan presiones distintas. El coste de alojarse condiciona cuánto queda disponible para ahorrar, cuidar y planificar el futuro, y por eso influye de manera directa en la movilidad social.

El origen y la educación siguen marcando oportunidades

La educación puede abrir puertas, pero no elimina por sí sola las diferencias de partida. El informe indica que no superar la ESO multiplica por 2,7 el riesgo de caer en exclusión severa, y sitúa en la formación posterior —Bachillerato o Formación Profesional— un umbral de mayor protección. La explicación no está únicamente en el título: también cuentan las opciones laborales a las que permite acceder, la orientación recibida y las redes de apoyo disponibles durante la transición al empleo.

La posición de la familia influye en las condiciones para estudiar y en la capacidad de resistir un tropiezo. Un hogar con ingresos y espacio suficientes puede ofrecer tiempo, material y apoyo si un joven necesita cambiar de itinerario; otro que vive pendiente del alquiler o de turnos imprevisibles tiene menos margen. Según el análisis recogido por Foessa, los hijos de progenitores con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en pobreza que quienes crecen en hogares con adultos altamente formados. La desigualdad puede transmitirse sin que nadie la elija, a través de oportunidades distintas desde la infancia.

Eso no convierte el origen familiar en un destino inevitable. Sí ayuda a explicar por qué el esfuerzo individual no produce siempre el mismo resultado. Cuando una familia debe priorizar gastos inmediatos, puede tener dificultades para sostener actividades, transporte o materiales que facilitan la continuidad educativa. Y si el primer empleo al que se accede es inestable, el margen para continuar formándose también se reduce. La movilidad social depende tanto de la voluntad como de que existan caminos accesibles para convertir la formación en empleos con futuro.

La exclusión tiene consecuencias que no aparecen en la nómina

La vulnerabilidad económica repercute en la salud y en las relaciones sociales, aunque esos costes no se vean en una estadística salarial. Entre las familias vulnerables que tenían una enfermedad grave, el 6 % no recibió atención médica durante el último año, el doble que en el conjunto de la sociedad. Los problemas de salud mental alcanzan al 6 % de la población, pero superan el 12 % entre quienes viven en exclusión severa. Son diferencias que muestran cómo la falta de recursos y la incertidumbre pueden acumularse con otras desventajas.

La soledad no deseada también aparece con más intensidad en los hogares más golpeados. Entre las personas en exclusión severa, el indicador pasó del 3,2 % en 2018 al 16,6 % en 2024. La falta de dinero puede limitar la participación en actividades y el acceso a espacios de encuentro; a su vez, una red social más débil deja menos apoyos cuando aparece una dificultad. La exclusión no consiste solo en tener menos ingresos, sino también en perder oportunidades de cuidado, salud y conexión con los demás.

La alimentación es otra dimensión menos visible. Cuando el alquiler y los suministros consumen buena parte del presupuesto, algunas familias tienen menos capacidad para elegir alimentos variados y de calidad. El problema no se limita a pasar hambre: también puede expresarse en una dieta condicionada por el precio y en la renuncia a otros gastos necesarios. En los hogares con menores, esa presión se suma a las dificultades educativas y de vivienda. El presupuesto doméstico enlaza ámbitos que a menudo se analizan por separado: lo que se paga por alojarse influye en lo que queda para comer, desplazarse y cuidar la salud.

Las brechas afectan de forma desigual a jóvenes, mujeres y población migrante

La pérdida de estabilidad no se reparte por igual. Los hogares con un solo adulto a cargo de menores afrontan una presión particular, y las familias monoparentales han pasado de registrar un 12 % de exclusión en 2007 a un 29 % en 2024, según los datos citados por el informe. En los hogares con exclusión más grave, el 42 % está encabezado por mujeres. La combinación de empleo irregular, responsabilidades de cuidado y vivienda costosa puede dejar poco espacio para mejorar los ingresos o buscar alternativas laborales.

La población de origen inmigrante también presenta una tasa de exclusión más alta: el 47,4 %, frente al 15,3 % de la población autóctona, de acuerdo con las cifras de referencia. A la vez, el 69 % de las personas en situación de exclusión son españolas. Ambos datos deben leerse juntos: la mayor proporción de población española entre quienes sufren exclusión no elimina la brecha de riesgo que soportan las personas de origen inmigrante. La vulnerabilidad se relaciona con barreras materiales y sociales, no con una supuesta característica inherente a la nacionalidad.

Entre esas barreras figuran las dificultades para acceder a una vivienda, el reconocimiento de estudios y la entrada en empleos estables, además de redes de apoyo más limitadas en algunos casos. La edad y la composición del hogar también alteran el riesgo. Por eso, hablar de una única experiencia de empobrecimiento ocultaría diferencias importantes: un joven que busca emanciparse, una familia monoparental y un trabajador migrante pueden compartir una economía frágil, pero no se enfrentan exactamente a los mismos obstáculos. El deterioro de la clase media tiene rostros distintos y requiere entender qué barrera pesa en cada grupo.

La recuperación económica no siempre llega a los hogares

Una de las aparentes contradicciones del momento es que los indicadores generales pueden mejorar mientras numerosas familias sienten que su situación no avanza. La evolución macroeconómica y la vida doméstica no se mueven siempre al mismo ritmo: el crecimiento agregado no indica por sí solo cómo se distribuyen los ingresos, cuánto cuesta alquilar o qué estabilidad tiene el empleo. El informe describe precisamente esa convivencia entre recuperación económica y exclusión persistente. Una economía puede crecer sin que todos los hogares recuperen capacidad de ahorro y seguridad.

La geografía también importa. Las diferencias entre comunidades autónomas reflejan, entre otros factores, la estructura del empleo, el coste de la vivienda y la capacidad de los servicios públicos para amortiguar las dificultades. Los datos citados sitúan a Euskadi y Baleares en la parte baja del indicador AROPE y a Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia en la alta. En el conjunto de España, esa medida de riesgo de pobreza o exclusión ronda una cuarta parte de la población en 2024. El lugar donde se vive puede cambiar tanto las oportunidades disponibles como el coste de acceder a ellas.

La distancia entre territorios y grupos sociales repercute en la confianza en las instituciones. Cuando estudiar, trabajar y cumplir con las obligaciones no se traduce en una mejora visible, crece la sensación de que las reglas ya no ofrecen oportunidades comparables. Ese malestar puede debilitar la confianza política y alimentar discursos que prometen soluciones sencillas a problemas complejos. No es una consecuencia automática ni permite atribuir el voto de una persona a su situación económica, pero sí muestra por qué la cohesión social necesita expectativas creíbles de progreso.

Recuperar seguridad exige que el esfuerzo vuelva a tener recorrido

El diagnóstico apunta a varios ámbitos conectados: empleos con ingresos y horarios más estables, vivienda que no absorba una parte desproporcionada de la renta, formación que facilite el paso a ocupaciones de mayor calidad y servicios públicos capaces de reducir las desventajas de partida. No hay una medida aislada que pueda resolver el problema, porque los gastos y las oportunidades se encadenan. Un salario más estable sirve de poco si el coste residencial se dispara; una titulación tampoco garantiza movilidad si el empleo al que conduce sigue siendo precario.

Los datos sobre la actividad de los propios hogares cuestionan la idea de que la exclusión responda a la pasividad. En 2024, el 77 % de los hogares en exclusión severa había intensificado acciones como buscar empleo, formarse, recurrir a sus redes o ajustar los gastos, frente al 68 % en 2021. La gente está intentando sostenerse, aunque sus esfuerzos tropiecen con barreras que no puede resolver por sí sola. Ese contraste obliga a mirar más allá de las decisiones individuales y a preguntarse si las condiciones de empleo, vivienda y acceso a servicios permiten que el esfuerzo dé fruto.

La erosión de la clase media no es solo un problema de consumo, aunque la reducción de ingresos disponibles debilite la demanda y el ahorro. También afecta a la posibilidad de invertir en la educación de los hijos, de afrontar una emergencia sin endeudarse y de confiar en que la vida puede mejorar. Si la estabilidad depende cada vez más del patrimonio familiar o de una herencia, las oportunidades se separan entre quienes cuentan con ese respaldo y quienes no. El ascensor social pierde fuerza cuando el origen pesa más que el trabajo y la formación.

La imagen más precisa no es la de una clase social que desaparece de repente, sino la de un espacio intermedio que se estrecha mientras aumentan la inseguridad y la distancia entre hogares. Las cifras de exclusión severa retratan la parte más dura del proceso; el empleo precario y el sobrecoste de la vivienda muestran cómo se construye esa vulnerabilidad antes de llegar a ella. La cuestión de fondo es si tener trabajo, estudiar y cumplir con las responsabilidades comunes volverá a permitir una vida con margen. La respuesta determinará cuánto puede confiar una sociedad en que el esfuerzo ofrece oportunidades reales.