La COP30 en Belém: muchas promesas y pocas mujeres líderes

Belém reunió a decenas de dirigentes mundiales antes de la COP30, la conferencia climática de Naciones Unidas celebrada en la Amazonia brasileña. En la Cumbre de Líderes del 6 y 7 de noviembre de 2025 participaron delegaciones de 143 países y 57 jefes de Estado y de Gobierno, con un objetivo político: dar impulso a unas negociaciones que debían convertir las promesas climáticas en medidas concretas. Pero la imagen de los mandatarios juntos dejó otra cuestión en primer plano: la mayoría de quienes aparecían en el centro de la decisión eran hombres.

Entre los rostros más visibles de la fotografía destacaban Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Jennifer Geerling-Simons, presidenta de Surinam. Su presencia no significa que fueran las únicas mujeres en la cumbre, pero sí expuso una desigualdad persistente en los puestos de liderazgo. La paradoja resulta especialmente significativa en una crisis que golpea con dureza a las comunidades vulnerables y en la que las mujeres tienen un papel central en la gestión de los recursos naturales. La representación política no acompasa la exposición a los impactos climáticos.

Una cumbre para dar impulso político

La reunión de líderes se celebró antes de la conferencia oficial de la ONU sobre el cambio climático, que tuvo lugar en Belém del 10 al 21 de noviembre. La diferencia entre ambos encuentros importa: la cumbre de los primeros días reunió a dirigentes para elevar el perfil político de la agenda, mientras que la COP congregó después a las delegaciones encargadas de negociar compromisos y textos. En la práctica, la primera debía marcar el tono y la segunda afrontar el trabajo diplomático. Los discursos de alto nivel no sustituyen las negociaciones, aunque pueden influir en ellas.

Brasil, como país anfitrión, quiso situar la Amazonia en el centro de la conversación global. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó la cita como una oportunidad para conectar la protección de los bosques con la acción climática y la financiación internacional. El lugar elegido tenía una fuerza simbólica evidente: la cumbre se desarrollaba en una ciudad amazónica, lejos de la imagen habitual de las negociaciones celebradas en capitales diplomáticas. Pero trasladar el foco no garantiza por sí solo un cambio de prioridades. La prueba estaba en que las propuestas se tradujeran en recursos y decisiones.

La agenda de esos dos días abordó bosques y océanos, transición energética, financiación y los diez años del Acuerdo de París. La reunión buscaba renovar la presión política sobre objetivos ya acordados y preparar el terreno para las conversaciones oficiales. António Guterres, secretario general de la ONU, advirtió que los compromisos nacionales vigentes no bastaban para mantener el calentamiento global dentro del límite de 1,5 grados. La advertencia señalaba una brecha conocida, pero difícil de cerrar: los gobiernos han aceptado metas globales mientras sus planes nacionales siguen siendo insuficientes. La distancia entre ambición y ejecución era el problema de fondo.

La foto del poder y la brecha de género

En la imagen de la cumbre se reconocía a Lula junto a dirigentes como Gabriel Boric, de Chile; Gustavo Petro, de Colombia; Emmanuel Macron, de Francia, y Keir Starmer, entonces primer ministro británico. También acudieron representantes de otros gobiernos y organizaciones internacionales. Frente a ese grupo predominantemente masculino, Von der Leyen y Geerling-Simons sobresalían como dos de las pocas mujeres con un papel destacado en la escena. La fotografía no mide toda la participación, pero sí retrata quién ocupa la primera línea.

Conviene distinguir entre visibilidad y presencia. Que una imagen de líderes muestre pocas mujeres no demuestra que la conferencia careciera de mujeres delegadas, negociadoras, científicas o representantes de organizaciones sociales. Sí permite observar, en cambio, la composición de los espacios de mayor rango político. La diferencia importa porque una cumbre internacional no se limita a la foto: también se decide en equipos técnicos, reuniones ministeriales y procesos de negociación donde la representación puede variar. El desequilibrio visible es una señal, no un recuento completo de todas las participantes.

La desigualdad resulta más llamativa al compararla con el papel que desempeñan las mujeres en las comunidades expuestas a inundaciones, sequías, desplazamientos y pérdida de medios de vida. Naciones Unidas estima que representan el 80% de las personas desplazadas por desastres ambientales, mientras que solo ocupan el 26% de los cargos ministeriales relacionados con medioambiente o energía. Son cifras que describen dos realidades distintas: una mayor exposición a las consecuencias y una menor presencia en algunos puestos donde se diseñan las respuestas. La vulnerabilidad no se refleja de forma equivalente en el poder institucional.

Eso no significa que las mujeres formen un grupo homogéneo ni que todas vivan los efectos del cambio climático del mismo modo. La posición económica, el lugar de residencia, la edad y el acceso a recursos condicionan las consecuencias. En zonas con infraestructuras frágiles o dependencia directa de la tierra y el agua, los fenómenos extremos pueden agravar desigualdades que ya existían. Por eso, la discusión sobre representación no es solo simbólica: influye en qué experiencias llegan a la mesa y qué necesidades se incorporan a las políticas. La participación mejora cuando las decisiones recogen realidades diversas.

Von der Leyen, Surinam y los límites del liderazgo

Ursula von der Leyen acudió como presidenta de la Comisión Europea y defendió el papel de Europa en la transición verde. La posición comunitaria, sin embargo, estaba sometida a tensiones internas y a críticas de grupos ecologistas, que consideraban insuficiente el objetivo europeo de reducción de emisiones para 2035, situado entre el 66,25% y el 72,5%. La discusión mostraba que la presencia de una mujer en un puesto de máxima visibilidad no elimina las controversias sobre las políticas que representa. El liderazgo se mide también por el alcance y la aplicación de los compromisos.

Jennifer Geerling-Simons llevó a la cumbre la perspectiva de Surinam, un país cuya supervivencia está estrechamente ligada a la protección de los bosques tropicales. Su intervención daba rostro a una cuestión que a menudo queda diluida en las declaraciones globales: para los Estados pequeños y vulnerables, los ecosistemas no son una abstracción diplomática, sino parte de su seguridad y de sus posibilidades de futuro. Que una dirigente de un país amazónico compartiera el espacio con representantes de las grandes potencias aportaba una perspectiva distinta, aunque no garantizaba que tuviera el mismo peso negociador. La igualdad en la fotografía no equivale automáticamente a igualdad de influencia.

También participaron figuras como el príncipe Guillermo y el primer ministro británico Keir Starmer. La presencia británica contrastaba con la falta de una contribución comprometida por parte del Reino Unido al nuevo fondo forestal impulsado por Brasil, según la información difundida durante la preparación de la cumbre. Esa diferencia entre presencia diplomática y respaldo financiero revelaba una tensión habitual en las negociaciones climáticas: los gobiernos pueden respaldar públicamente la protección de la naturaleza y, al mismo tiempo, mantener cautela cuando llega el momento de aportar fondos. La credibilidad depende de que las declaraciones vayan acompañadas de recursos.

La Amazonia, los bosques y la financiación

Uno de los proyectos centrales de Lula fue el Tropical Forest Forever Facility, conocido por sus siglas en inglés como TFFF. La iniciativa se planteó como un mecanismo de 125.000 millones de dólares destinado a recompensar a gobiernos y comunidades que mantengan sus bosques en pie. La idea busca cambiar el incentivo económico: conservar la selva tendría que generar beneficios sostenidos, en vez de competir en desventaja con actividades que producen ingresos mediante la explotación del territorio. La propuesta intenta convertir la conservación forestal en una inversión duradera.

El fondo, no obstante, arrancó con dificultades para reunir apoyos. Reino Unido no había comprometido fondos y varios países habían aportado menos de lo esperado, según la cobertura de la iniciativa. La cifra anunciada describe la escala prevista del mecanismo, no dinero ya recaudado ni una garantía de que los recursos lleguen a las comunidades. Esa distinción es crucial: en las cumbres climáticas se presentan con frecuencia objetivos financieros ambiciosos, pero el resultado depende de compromisos efectivos, reglas de distribución y seguimiento. El tamaño anunciado de un fondo no equivale a financiación disponible.

La financiación general también ocupó un lugar central. Los países debían avanzar en la Hoja de Ruta de Bakú a Belém, concebida para movilizar 1,3 billones de dólares anuales para 2030. El volumen refleja la magnitud de las necesidades de mitigación y adaptación, especialmente en los países con menos recursos y mayor exposición a los impactos. La controversia no se limita a cuánto dinero debe reunirse: también alcanza a quién lo aporta, en qué condiciones se entrega y qué comunidades pueden acceder a él. Sin reglas claras de distribución, una cifra global puede quedar lejos de quienes más la necesitan.

La protección de los bosques se relaciona además con las metas de reducción de emisiones. Las soluciones basadas en la naturaleza podrían aportar hasta el 37% de la mitigación global necesaria para 2030, según los datos recogidos en el material de referencia. Ese potencial no convierte a los bosques en sustitutos de la reducción de combustibles fósiles. Su contribución depende de conservar ecosistemas reales y evitar que la compensación forestal sirva para aplazar cambios en otros sectores. Proteger la selva y reducir las emisiones deben avanzar a la vez.

Transición justa y voces indígenas

La transición energética fue otro de los ejes de la agenda. El Global Stocktake acordado en Dubái instó a avanzar hacia el abandono ordenado y equitativo de los combustibles fósiles. En Belém, dirigentes como Boric defendieron que el cambio no debía profundizar las desigualdades, mientras Petro insistió en la responsabilidad histórica de los países industrializados y en que el Sur global no podía seguir cargando con las consecuencias de un modelo basado en combustibles fósiles. El debate no trata solo de cambiar de energía, sino de repartir costes y beneficios.

La transición, además, puede generar nuevas presiones sobre comunidades locales. La demanda de materiales para tecnologías energéticas puede impulsar actividades extractivas en territorios habitados por pueblos indígenas. Así, una política presentada como climática no es necesariamente justa en todos sus efectos: reducir emisiones en un lugar puede implicar daños sociales y ambientales en otro si la extracción desplaza a comunidades o deteriora sus recursos. La contradicción obliga a evaluar el conjunto de la cadena, no solo la energía que produce al final. Una transición baja en carbono también debe proteger derechos y territorios.

Los pueblos indígenas reclamaron mayor participación en la COP30. Representan cerca del 5% de la población mundial y tienen bajo su cuidado una parte sustancial de la biodiversidad terrestre; sin embargo, reciben menos del 1% de los fondos internacionales destinados al clima, según los datos citados en la cobertura de la cumbre. Brasil presentó Belém como una oportunidad para darles más espacio y anunció una propuesta para reservar el 20% de los recursos del TFFF a comunidades indígenas. Se trataba de una propuesta, no de una asignación ya consolidada. La financiación directa y la participación efectiva son pruebas concretas de inclusión.

El aumento de representantes indígenas en Belém también se presentó como un cambio respecto de anteriores conferencias. Se estimó la presencia de unos 3.000 representantes, alrededor de 1.000 de ellos en la Zona Azul, donde se desarrollan las negociaciones oficiales. Pero el número de asistentes no resuelve por sí mismo la cuestión de la influencia: tener acceso a un recinto no significa poder intervenir en las decisiones que afectan a la tierra, los bosques o los recursos. La inclusión es estructural solo cuando la voz puede incidir en el resultado.

Diez años después del Acuerdo de París

La COP30 coincidió con el décimo aniversario del Acuerdo de París, el pacto internacional que fijó el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global y estableció compromisos nacionales revisables. Una década después, el desafío ya no consistía únicamente en acordar principios, sino en comprobar si los planes de cada país estaban a la altura de esas metas. La cumbre de líderes podía elevar la presión y señalar prioridades, pero las reducciones de emisiones dependen de políticas concretas y de su aplicación sostenida. El calendario diplomático no sustituye la transformación de las economías.

En ese contexto, la comparación entre energías limpias y combustibles fósiles ofrecía señales mixtas. Las inversiones en energía limpia ya superaban a las dirigidas a los combustibles fósiles y las renovables eran más baratas en casi todos los mercados, según la información de referencia. Aun así, las trayectorias nacionales seguían lejos de lo necesario para alcanzar los objetivos climáticos. El avance tecnológico y económico, por tanto, no bastaba por sí solo: hacía falta que los gobiernos corrigieran incentivos, aceleraran la transición y cumplieran lo prometido. Que una alternativa sea competitiva no garantiza que la política la despliegue al ritmo necesario.

La falta de mujeres en la primera línea de la cumbre condensó esa distancia entre el discurso y la práctica. Los gobiernos hablaban de una transformación que afecta a sociedades enteras, pero los espacios más visibles seguían dominados por dirigentes masculinos. Ampliar la representación no resolvería por sí sola la crisis climática ni aseguraría decisiones más ambiciosas; sí permitiría que más experiencias y prioridades participaran en la construcción de las respuestas. La acción climática pierde alcance cuando excluye a quienes viven sus consecuencias.

El peso de las promesas se medirá en lo que cambie

Belém ofreció una escena poderosa: la Amazonia como centro de la diplomacia climática, dirigentes de más de un centenar de países reunidos y una agenda que vinculaba bosques, energía y financiación. Pero la cumbre también hizo visible lo que las grandes declaraciones no pueden ocultar: la desigualdad en la representación, la dificultad para convertir fondos anunciados en recursos disponibles y la distancia entre los objetivos internacionales y los planes nacionales. La relevancia de la COP30 dependerá menos de sus imágenes que de sus consecuencias.

La pregunta que deja la reunión no es si hubo discursos ambiciosos, sino quién participa en las decisiones y qué compromisos llegan a ejecutarse. La protección de la Amazonia, la financiación para países vulnerables y una transición justa requieren algo más que consenso verbal: necesitan mecanismos, recursos y rendición de cuentas. Y una agenda que pretenda responder a una crisis compartida difícilmente estará completa si la mitad de la población continúa infrarrepresentada en los lugares de poder. En Belém, la urgencia climática y la brecha de género quedaron expuestas en el mismo encuadre.