¿Cómo puede Belém acoger la COP30 con tanta basura?

Belém recibe la COP30 con la basura al límite: vertedero saturado, licencias en disputa y barrios en riesgo. Claves, datos y salidas viables.

Belém llega a la gran cita climática en una situación incómoda y, a la vez, reveladora. La capital amazónica que recibirá a medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno arrastra desde hace años un problema estructural de gestión de residuos que hoy se expresa en prórrogas judiciales, instalaciones al límite de su capacidad, licencias ambientales en disputa y un pulso social que no se desactiva. La cifra que lo ordena todo impresiona: 1.500 toneladas diarias de basura generadas por Belém y su área metropolitana (Ananindeua y Marituba) dependen de un único destino, el relleno sanitario de Marituba, ya exhausto y con fecha tope marcada. No es una anécdota: es la prueba de estrés de una ciudad que pretende proyectarse ante el mundo como capital climática.

La respuesta inmediata pasa por asegurar la continuidad operativa, acelerar una alternativa con licenciamiento sólido y reducir la presión sobre el relleno con más reciclaje y menos orgánico sin tratar. Nada de grandes palabras. Decisiones concretas, con calendario y controles públicos. En paralelo, el expediente de dos nuevos emplazamientos —Bujaru y Acará— concentra la discusión técnica, legal y social: estudios de impacto, manantiales identificados, comunidades quilombolas que exigen consulta previa, audiencias públicas tensas. El escenario es complejo, sí, pero trazable si la política y las empresas actúan con rigor técnico, transparencia y una prioridad simple: que la COP no tape el problema, sino que lo ordene.

Lo que ocurre hoy en Belém

El relleno sanitario de Marituba opera desde 2015 como corazón —cada vez más fatigado— del sistema metropolitano. Sobre un macizo de residuos compactado e impermeabilizado se alza una montaña de unas cuarenta metros de altura, rodeada por selva y sobrevolada por bandadas de buitres que delatan la presencia constante de camiones. La instalación nació con tropiezos: quejas vecinales, polémica sobre su estado inicial, denuncias de la Fiscalía y un proceso judicial que derivó en una solución de compromiso, con prórrogas temporales para mantener el servicio mientras se resolvía el “plan B”. Ese plan nunca llegó a tiempo y el margen legal se ha ido renovando como quien gira un reloj de arena.

La dependencia de un único destino explica la sensación de fragilidad. Si el relleno detiene su operación sin relevo preparado, toda la cadena colapsa: rutas de recogida desordenadas, puntos de vertido espontáneos, canales y orillas saturados de residuos, plagas. Por eso los últimos meses se han convertido en una carrera por blindar la continuidad de la deposición final, a la vez que se negocian y discuten nuevas ubicaciones. El debate no es si hace falta un nuevo relleno —hace falta—, sino dónde, cómo, con qué salvaguardas y con qué cronograma.

El engranaje que sostiene el sistema… y lo que ya no aguanta

La instalación de Marituba, gestionada por Guamá Tratamento de Resíduos (grupo Solví), ha modernizado parte de su operación. La empresa presume de captación de biogás y de su aprovechamiento energético mediante un generador que vierte excedentes a la red. También de créditos de carbono asociados a la reducción de emisiones de metano, el gas con un poder de calentamiento muy superior al CO₂. Esas piezas importan porque mejoran la huella climática, reducen emisiones difusas y, sobre todo, aportan ingresos para sostener el servicio.

Pero el problema principal no es el metano; es el volumen. La capacidad útil se estrecha, el crecimiento urbano añade toneladas, la fracción orgánica sigue llegando casi íntegra y el reciclaje —aunque existe— aún no alcanza para aliviar la corriente principal. Cuando un relleno sanitario trabaja con el espacio contado, cualquier desviación perturba el equilibrio: un repunte de lluvias intensas, una avería, una huelga, una orden judicial. El término técnico es riesgo sistémico, y aquí se entiende bien: si el relleno para, la ciudad se queda sin válvula de escape.

Bujaru y Acará: dos rutas en disputa

El futuro inmediato se juega en dos frentes. El primero, Bujaru, a unos kilómetros de Marituba, donde la misma operadora plantea una nueva central de tratamiento con relleno sanitario, captación de biogás y generación eléctrica. Los promotores aseguran que el proyecto dispone de avales técnicos preliminares, que el diseño respeta la normativa y que se han celebrado audiencias públicas con la población local. La narrativa es conocida: promesa de empleo, control de impactos, perímetros de protección, monitoreo ambiental.

El segundo frente, Acará, es más áspero. Allí la concesionaria Ciclus Amazônia (grupo Simpar), responsable de limpieza urbana en Belém, impulsa otro relleno sanitario en la región metropolitana. La autoridad ambiental denegó la licencia en primera instancia, pero un juez ordenó continuar el licenciamiento por falta de fundamentación técnica suficiente en la negativa. No es un “sí” al proyecto, sino una reapertura del expediente. En paralelo, las protestas de vecinos y agricultores —con cortes de carretera y consignas de “¡Basurero aquí no!”— han colocado el tema en la primera línea de la agenda local.

La controversia en Acará tiene un punto especialmente sensible: la deforestación necesaria para abrir el emplazamiento y la presencia de manantiales dentro del área proyectada. La cifra que se menciona —dieciséis nacientes— basta para encender todas las alarmas. Un relleno sanitario sobre cabeceras de agua exige un diseño extremadamente cuidadoso: celdas con geomembranas de alta densidad, sistemas redundantes de drenaje y tratamiento de lixiviados, redes de control aguas arriba y aguas abajo, piezómetros, planes de contingencia por crecidas. No es imposible, pero sí costoso y delicado. Y conviene recordar lo obvio: en Amazonia, el agua no es un actor secundario.

Comunidades quilombolas y el deber de escuchar

Tanto en el área de Bujaru como en la de Acará viven comunidades quilombolas, descendientes de africanos esclavizados, con derechos constitucionales de consulta previa, libre e informada. No es un formalismo. Es el mecanismo que intenta garantizar que los proyectos con impacto potencial sobre su salud, su agua y su modo de vida no se impongan desde arriba. En su alegato, líderes locales y abogadas de las comunidades reclaman peritajes independientes, acceso a toda la información técnica, mesas de trabajo con cronogramas vinculantes y alternativas reales si el análisis de riesgos lo exige.

Este punto no se resuelve con comunicados. Exige organización institucional y empatía operativa: intérpretes cuando haga falta, técnicos que salgan del despacho al terreno, oportunidades para que las comunidades formulen propuestas de mitigación —desde perímetros de exclusión hasta fondos de desarrollo local— y, sobre todo, capacidad de rectificación si los hechos obligan. En conflictos socioambientales de alto voltaje, la confianza es un bien escaso. Y se gana con transparencia, con datos abiertos y con controles compartidos.

La calle, las orillas y el día a día

Mientras las licencias se discuten, la ciudad vive. Y en algunos barrios de Belém, especialmente en zonas ribereñas y favelas sin saneamiento, la basura vuelve a acumularse en márgenes y canales. No todo es culpa de la deposición final. En ese tramo cuentan la planificación de rutas, la periodicidad, las condiciones de acceso, los puntos negros donde los contenedores desaparecen o se desbordan. Operar una ciudad fluvial en clima tropical húmedo implica lidiar con crecidas y con calles que se vuelven arcilla tras un aguacero prolongado. Ahí los ecopuntos y las microestaciones de transferencia hacen la diferencia: acercan el sistema al barrio y cortan trayectos imposibles.

Hay, además, una economía del reciclaje que no se puede ignorar. El caso de Deusdete Souza, conocido como Beto Sucata, sirve de ejemplo: dos décadas viviendo de comprar aluminio, cobre, plásticos y latas, pagando alrededor de siete reales por kilo de latas de refresco. Es la cara concreta de una cadena informal que, con apoyo y formalización, podría multiplicar su aporte. Cooperativas con equipamiento, contratos de servicio, pagos por desempeño, centros de clasificación con condiciones dignas, integración de catadores en la recogida selectiva municipal. Casi siempre, cuando se les da un papel estable y bien pagado, sube la tasa de recuperación de materiales y baja la tensión social.

Lo que se juega la COP en su propia casa

La COP30 promete anuncios sobre ambición climática, transición justa y bioeconomía amazónica. Pero la credibilidad de esa conversación se mide también en lo doméstico: qué hace la ciudad anfitriona con su metano de vertederos, cuánto orgánico evita llegar al relleno mediante compostaje y biodigestión, qué porcentaje de reciclaje logra cada mes, cuántos puntos de vertido irregular desaparecen, cuánta energía se genera a partir del biogás. No se trata de un decorado para fotos. Es política pública en su forma más tangible.

Desde un punto de vista estrictamente climático, el metano de los residuos es uno de los atajos más rápidos para recortar emisiones a corto plazo. Capturarlo y aprovecharlo es ciencia conocida y tecnología disponible. Más aún: la basura orgánica —restos de comida, poda, lodos— puede transformarse en fertilizante y energía con inversiones relativamente modestas. A escala de barrio, los composteros comunitarios y los digestores de pequeña capacidad alivian la presión sobre la flota, evitan olores y generan un ciclo corto de nutrientes para huertos y áreas verdes. Nada épico. Muy eficaz.

Medidas posibles ya: del discurso al contrato

Hay medidas de bajo plazo que pueden aplicarse sin esperar a nuevas plantas:

Asegurar el puente operativo. Con el horizonte legal del relleno actual contado, se necesita un plan de transición por fases. Si Bujaru o Acará avanzan, la obra debe escalonarse con celdas iniciales operativas antes de la fecha límite. Si ninguna alternativa llega a tiempo, habrá que optimizar celdas existentes, instalar sistemas temporales de manejo de lixiviados y pactar reforzamientos de flota y horarios para evitar acumulaciones.

Atacar el orgánico. La fracción orgánica es la gasolina del metano. Programas de compostaje descentralizado en mercados, comedores populares, universidades y grandes generadores reducen toneladas rápidamente. Un sistema de biodigestión para lodos y restos de alimentos en instalaciones municipales puede recortar emisiones y producir biogás para flotas o edificios públicos.

Recogida selectiva que cuente. No basta con repartir contenedores. Hay que contratar servicios con objetivos medibles por barrio, establecer centros de clasificación con trazabilidad, fijar incentivos por tonelada recuperada y penalizaciones por rechazo excesivo. Integrar a cooperativas de recicladores como proveedoras formales ahorra costes y aumenta la recuperación de materiales.

Datos abiertos y auditoría independiente. Publicar, de forma mensual y en formato abierto, las toneladas recogidas por fracción, los rechazos en planta, los volúmenes de biogás capturado, la energía generada, los parámetros de calidad de aguas alrededor del relleno y las sanciones aplicadas. Incorporar una auditoría técnica independiente con participación de universidades locales y observadores comunitarios. La transparencia desactiva rumores y mejora el desempeño.

Blindajes ambientales. Cualquier nuevo relleno debe arrancar con geomembranas certificadas, sistemas de drenaje redundantes, tratamiento de lixiviados a la vista y monitoreo en tiempo real. Alrededor de manantiales, la distancia de seguridad no es negociable. Y si el riesgo residual se considera inaceptable, el proyecto no debe avanzar. No hay COP que compense una mala decisión sobre agua.

Gobernanza metropolitana. Tres municipios, una sola basura. Hace falta una autoridad técnica con dientes para coordinar rutas, inversiones y metas, arbitrar conflictos y alinear contratos. Con cláusulas de desempeño público y planes de contingencia anuales. Y presupuesto claro, con fuentes de financiación que incluyan tasas, aportes estatales y ingresos por energía y créditos de carbono.

Comunicación adulta. Explicar las decisiones con mapas, cronogramas, indicadores y visitas guiadas. No es propaganda; es servicio público. En ciudades donde la basura ha sido un conflicto permanente, abrir las instalaciones y contar qué se hace dentro reduce la crispación. Si a eso se le suma educación ambiental sostenida —no campañas sueltas—, los cambios de hábito llegan antes.

Brasil, Amazonia y el mensaje que sale de Belém

Lo que pasa en Belém también cuenta para Brasil. El país busca liderar una agenda de bioeconomía amazónica y transición justa, con énfasis en energías limpias, bosques en pie y cadenas de valor de bajo impacto. La gestión de residuos forma parte de esa ecuación. No sólo por el metano, también por el ciclo de materiales: aluminio, vidrio, plásticos, papel y cartón recuperados ahorran energía y emisiones aguas arriba, cuando no hace falta producirlos de nuevo desde cero. En una región donde cada punto del PIB está atado a lo que se extrae, demostrar que se puede reusar y reciclar con escala también es política industrial.

Y hay otra lectura: la justicia climática. No existe transición verde si el coste lo pagan los de siempre. Las comunidades quilombolas, los barrios ribereños, los recicladores que hacen el trabajo duro a la intemperie no pueden quedar fuera de la conversación. Integrarlos —en el diseño de proyectos, en los beneficios, en los contratos— es tan importante como instalar un generador de biogás o presentar un plan de créditos de carbono. El clima no se negocia solo en plenarios; se construye en cómo tratamos a quien vive junto al camión de la basura.

Qué nos dice el caso Marituba sobre la ciudad que viene

Marituba explica a Belém tanto como Belém explica a Marituba. Esa mutua dependencia obliga a pensar la gestión de residuos con lente metropolitana y no municipalista. Rellenos sanitarios con zonas de amortiguamiento bien diseñadas, acuerdos de compensación que no se sientan como dádivas, corredores logísticos que eviten cruzar barrios densos a cualquier hora, controles que funcionen cuando llueve y cuando truena. Detrás de cada conflicto hay una geometría de camiones, pendientes, puentes y horarios. Ajustarla requiere ingeniería urbana y también política.

La modernización no va sólo de excavar nuevas celdas o comprar compactadores. Va de ordenar flujos: residuos domiciliarios, podas, voluminosos, escombros, lodos, aparatos eléctricos y electrónicos. Cada corriente pide soluciones específicas. Si todo termina en el mismo camión, el sistema fracasa. Si cada fracción encuentra su ruta —alquiler de contenedores para obras, puntos limpios para voluminosos, campañas de RAEE con logística inversa, convenios para aceites usados—, la presión sobre el relleno baja de verdad.

La prueba del algodón será el calendario

Las grandes cumbres se miden por sus acuerdos. Las ciudades, por su capacidad de cumplir un plan. Belém dispone de un margen corto para traducir promesas en hechos: licencias con condiciones estrictas y seguimiento, obras con hitos verificables, recogida selectiva con contratos medibles, compostaje con toneladas desviadas del relleno, formalización de recicladores con plazas y tarifas dignas, datos en abierto actualizados. No es un catálogo para la estantería; es la lista de tareas que separa una crisis crónica de un sistema resiliente.

En ese terreno, la coordinación entre Estado de Pará, prefecturas y empresas será decisiva. También la mirada federal, si de verdad se quiere que el escaparate amazónico esté a la altura del discurso. Recursos hay, tecnologías hay, experiencias replicables hay. La cuestión es si se dará el paso de dejar atrás la cultura de la prórroga improvisada y reemplazarla por política pública que aguante el escrutinio.

Un examen inaplazable para Belém

Belém está a semanas de recibir al mundo y al mismo tiempo sigue resolviendo dónde y cómo deposita lo que desecha cada día. No es una paradoja; es el retrato de una ciudad que, como tantas, convivió con su basura en modo piloto automático hasta que el reloj marcó el límite. Hoy, la ruta para salir de ese callejón está clara: garantizar la operación sin sustos, elegir con criterio el nuevo emplazamiento, blindar el agua, integrar a las comunidades y a los recicladores, reducir el orgánico, publicar datos y cerrar el círculo con energía del biogás cuando tenga sentido.

Si ese mapa se convierte en obra, Belém no sólo podrá albergar la COP30 sin ruborizarse. Podrá contar una historia distinta: que el mayor escaparate climático del año fue también el punto de inflexión de su gestión de residuos. La noticia, entonces, no será que la cumbre se celebró pese a la basura. Será que la ciudad decidió, por fin, qué hacer con ella y cómo dejar de vivir al borde de la próxima prórroga.

🔎​ Contenido Verificado ✔️

Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Agencia EFE, El País, ABC, Reuters, RTVE, Agência Pará, Tribunal de Justiça do Pará, Diário do Pará.