Moreno reivindica la sanidad andaluza entre críticas y cifras

Juanma Moreno convirtió la defensa de la sanidad pública en uno de los ejes de su réplica a la oposición durante el debate de investidura en el Parlamento andaluz. El presidente sostuvo que el sistema cuenta con más personal, nuevas infraestructuras y programas preventivos ampliados; sus críticos, en cambio, señalaron los problemas de las listas de espera, los cribados oncológicos, la falta de servicios y el recurso a centros concertados. El choque resume una discusión que no se resuelve con una sola cifra: la gestión sanitaria se mide tanto por los recursos disponibles como por el acceso efectivo a la atención.

Moreno defendió el trabajo de su Gobierno y atribuyó parte de la presión asistencial a dificultades que afectan al conjunto del Sistema Nacional de Salud, entre ellas el envejecimiento de la población, el coste de los medicamentos más recientes y la falta de profesionales. También responsabilizó a las huelgas médicas de una parte de las demoras. La oposición cuestionó ese diagnóstico y puso el foco en las decisiones de la Junta. En paralelo, el debate de investidura seguía abierto: el candidato necesitaba 55 votos para alcanzar la mayoría absoluta en la primera votación, mientras Vox había anunciado que no le apoyaría.

Un debate sanitario dentro de una investidura aún abierta

La segunda jornada del pleno estaba dedicada a las intervenciones de los grupos de la oposición, después del discurso de Moreno. Por Andalucía, Adelante Andalucía, Vox y el PSOE-A expusieron sus críticas antes de la respuesta del grupo popular y de la primera votación, prevista para esa tarde. La sanidad ocupó un lugar destacado en los intercambios, con reproches sobre el funcionamiento cotidiano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y sobre el modelo de provisión de servicios.

La aritmética parlamentaria condicionaba el desenlace político, pero no el fondo del debate sanitario. Sin un acuerdo cerrado con Vox, el rechazo anunciado por esa formación dejaba en el aire la investidura en primera ronda y abría la posibilidad de una segunda votación el jueves. Ese margen de 48 horas podía permitir nuevas conversaciones para cerrar un acuerdo de Gobierno, pero no alteraba las preguntas planteadas sobre el rendimiento del sistema público: cuánto tarda un paciente en ser atendido, qué capacidad tienen los centros y cómo se distribuye la actividad entre hospitales públicos y concertados.

María Jesús Montero, José Ignacio García y Antonio Maíllo situaron los cribados de cáncer, las listas de espera, las privatizaciones y los recursos asistenciales entre los principales motivos de crítica. También cuestionaron el cierre estival de camas en el SAS. Moreno replicó que los problemas no son exclusivos de Andalucía y rechazó que las denuncias contra su gestión demuestren por sí mismas un deterioro atribuible a la Junta. Así, el pleno enfrentó dos maneras de explicar las mismas tensiones: una que subraya la presión general del sistema y otra que reclama responsabilidades por las decisiones autonómicas.

Cribados y prevención, bajo el foco político

Uno de los puntos más delicados fue el programa de detección precoz del cáncer de mama, que ya había generado controversia por fallos y retrasos en su circuito. En el pleno, Moreno defendió las medidas preventivas adoptadas por su Gobierno y rechazó las acusaciones de la oposición, a las que atribuyó la repetición de argumentos que consideraba infundados. Según expuso, algunas denuncias relacionadas con su gestión sanitaria habían sido archivadas. Esa respuesta política no elimina, sin embargo, la relevancia de comprobar cómo funcionan en la práctica los procedimientos de citación, lectura de pruebas y comunicación de resultados.

El presidente destacó que el programa de cribado mamario se había ampliado hasta los 72 años y mencionó mejoras en el cribado de cáncer colorrectal. También defendió el calendario vacunal andaluz, al que calificó como el más avanzado de España. Son medidas que amplían o refuerzan la prevención, pero su alcance depende de que cada fase pueda realizarse con personal y medios suficientes. La cobertura anunciada y la capacidad de completar el circuito asistencial son cuestiones relacionadas, aunque no equivalentes: invitar a más población exige que las pruebas y las evaluaciones posteriores puedan responder a esa demanda.

La controversia sobre un cribado tampoco se zanja únicamente con el anuncio de una ampliación o con el rechazo de las acusaciones. Para evaluar el funcionamiento importa saber si las personas reciben las pruebas previstas y si los resultados que requieren una revisión obtienen seguimiento. En la información disponible sobre el debate no se detallan tiempos de espera ni resultados comparables por hospitales, de modo que no cabe deducir de las cifras generales cómo fue la experiencia de cada paciente. La discusión deja una exigencia concreta para cualquier administración: explicar no solo qué programas ofrece, sino también cómo responde el sistema cuando una prueba requiere atención adicional.

Más personal e infraestructuras: las cifras que reivindica Moreno

En su defensa, Moreno afirmó que la sanidad pública andaluza tiene 30.000 profesionales más que en 2018. Añadió que el 96% de la plantilla sería fija ese año gracias a los procesos de estabilización. La cifra de empleo fijo apunta a un cambio en la composición de la plantilla, mientras el aumento total pretende mostrar un refuerzo de capacidad. Ninguno de esos datos, por sí solo, describe cómo se distribuyen los profesionales entre especialidades, centros o zonas, pero sí constituye el núcleo de la respuesta del Gobierno a las críticas sobre falta de recursos.

El presidente también atribuyó a su Ejecutivo 116 nuevas infraestructuras sanitarias y un aumento de la inversión en equipamiento oncológico. En el ámbito de la atención asistencial, esas actuaciones pueden ampliar espacios y mejorar medios diagnósticos, aunque su efecto depende de la puesta en marcha y de la disponibilidad de personal para utilizarlos. Una infraestructura nueva no equivale automáticamente a más consultas o a menos demora: el resultado se aprecia cuando el edificio, el equipamiento y los equipos profesionales funcionan de manera coordinada.

Moreno presentó estas cifras como prueba de una evolución favorable desde la llegada de su partido al Gobierno andaluz. La oposición, por su parte, sostuvo que persisten recortes y carencias, y relacionó esos problemas con una pérdida de capacidad de la red pública. En otras intervenciones públicas recogidas en la información de referencia, la Junta ha reivindicado partidas sanitarias próximas a los 16.200 o 16.300 millones de euros, aunque corresponden a declaraciones y referencias presupuestarias distintas del intercambio concreto del pleno. La comparación requiere cautela: el gasto total informa sobre el esfuerzo presupuestario, pero no permite medir sin más la accesibilidad ni los resultados clínicos.

Concertación y acusaciones de privatización

Las acusaciones de privatización fueron otro de los frentes del debate. Moreno defendió los conciertos con proveedores no públicos como un recurso complementario para agilizar intervenciones quirúrgicas y sostuvo que la mayoría de las operaciones se realizan en hospitales públicos. Según la cifra que expuso, el 86% de las intervenciones se lleva a cabo en centros públicos. Con ese dato buscó refutar la idea de que la Junta esté sustituyendo el sistema público por uno privado.

La oposición interpreta el uso de conciertos como una señal de que la red pública no dispone de capacidad suficiente o de que se está trasladando actividad fuera de ella. El Gobierno andaluz replica que esos acuerdos sirven para aliviar cargas y reducir esperas. El desacuerdo no depende solo de la proporción de operaciones en cada tipo de centro: también importa qué procedimientos se derivan, en qué condiciones y con qué efecto sobre la capacidad propia de los hospitales. El porcentaje de actividad pública es un dato relevante, pero no describe por completo cómo se organiza la atención.

La existencia de conciertos tampoco demuestra por sí sola que haya una privatización general del sistema, del mismo modo que la titularidad pública de la mayor parte de las intervenciones no responde a todas las preguntas sobre el acceso. Para valorar el modelo hacen falta datos de actividad y de tiempos, además de información sobre el papel que desempeña cada proveedor. En el debate parlamentario, sin embargo, las posiciones se expresaron sobre todo como acusaciones políticas. Esa distancia entre el argumento partidista y la evaluación del servicio explica por qué la discusión sobre el modelo sanitario continúa abierta incluso cuando ambas partes citan cifras.

El plan de verano y el efecto de las huelgas

El plan de verano del SAS ocupó buena parte de la intervención de Moreno. El candidato anunció 41.500 contratos, un 14% más que el año anterior, y detalló que se incluirían casi 2.000 médicos, 14.700 enfermeras y cerca de 13.500 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. El presupuesto previsto superaba los 168 millones de euros. La Junta presentó el refuerzo como una respuesta a la presión estacional, cuando las ausencias y la reorganización de turnos pueden alterar el funcionamiento habitual de centros de salud y hospitales.

Moreno aseguró que todos los centros de salud permanecerían abiertos durante el verano y describió la actividad hospitalaria prevista: 85.000 intervenciones quirúrgicas, más de 3,2 millones de pruebas diagnósticas y cerca de 3,2 millones de consultas externas. También indicó que seguirían operativas ocho de cada diez camas hospitalarias y siete de cada diez quirófanos. Son previsiones de actividad y disponibilidad, no un balance de resultados ya alcanzados. Su importancia práctica dependerá de cómo se concreten en cada centro y de si permiten mantener la atención ordinaria mientras se cubren vacaciones y otras ausencias.

El presidente relacionó además una parte del aumento de las listas de espera con la huelga médica. Afirmó que se llevaba un año con una semana de huelga cada mes y que se suspendían 60.000 actos médicos al día. Esa atribución forma parte de su argumento político y no viene acompañada en la información del pleno por un desglose independiente que permita calcular cuánto de la demora responde a las movilizaciones y cuánto a otros factores. Las huelgas pueden interrumpir actividad programada, pero la explicación completa de las listas exige considerar también la capacidad disponible y la demanda acumulada.

Moreno criticó a la ministra de Sanidad, Mónica García, por no alcanzar acuerdos con las organizaciones sanitarias sobre la reforma del Estatuto Marco. Con ello trasladó parte del debate a la relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. La organización de los profesionales y las decisiones estatales pueden influir en el marco en que operan los servicios regionales, pero la gestión concreta de los centros y de las plantillas también depende de la Junta. Invocar factores comunes al país no exime de examinar las decisiones autonómicas, del mismo modo que evaluar la gestión regional no borra las dificultades generales del sistema.

Los problemas estructurales y lo que las cifras no cuentan

El envejecimiento de la población, el precio de los fármacos de última generación y la escasez de profesionales fueron los factores estructurales señalados por Moreno. Su argumento es que esas presiones afectan a los sistemas sanitarios de todo el país y no pueden atribuirse únicamente a la política de una comunidad. La explicación aporta contexto, porque la demanda de atención y los costes pueden crecer incluso cuando se amplían los recursos. Pero no sustituye al examen de cómo se responde a esos cambios ni de si la planificación se adapta a las necesidades de cada territorio.

El número de profesionales, la inversión, las obras y el volumen de actividad describen dimensiones diferentes. Una plantilla más amplia puede ser una señal de refuerzo, pero no indica por sí misma si faltan especialistas en un área concreta o si los horarios y las agendas permiten atender a tiempo. Del mismo modo, una cifra elevada de pruebas realizadas puede convivir con demoras en otra fase de la atención. Los indicadores agregados ofrecen una panorámica, mientras que la experiencia del paciente se juega en recorridos concretos: conseguir cita, completar una prueba y recibir seguimiento cuando hace falta.

Por eso, las afirmaciones de Gobierno y oposición no se pueden resolver solo con un recuento de anuncios. La comparación exige conocer periodos, criterios y resultados equivalentes. En el debate descrito, Moreno reivindicó más profesionales y nuevas instalaciones, mientras sus adversarios insistieron en listas de espera, falta de servicios, conciertos y cierres de camas en verano. La información disponible recoge esas posiciones, pero no aporta series homogéneas para determinar por sí misma cuál explica mejor la evolución global del sistema. Distinguir entre una cifra de recursos y una medida de acceso efectivo evita convertir datos parciales en veredictos definitivos.

La gestión se medirá en la atención que recibe la población

La defensa de Moreno se apoya en un conjunto amplio de compromisos y datos: crecimiento de plantilla desde 2018, estabilización de empleo, nuevas infraestructuras, programas preventivos y un plan de verano con miles de contratos. La oposición centra su réplica en las dificultades que, a su juicio, muestran que esos recursos no bastan o no se traducen en una mejora suficiente de la atención. El contraste no es puramente retórico: plantea qué debe considerarse una buena gestión sanitaria y qué información permite demostrarlo.

El cribado mamario, las listas de espera y la continuidad asistencial son terrenos donde las declaraciones generales necesitan acompañarse de resultados observables. En el caso de la prevención, ampliar la población invitada importa si el circuito puede completar las pruebas y comunicar sus resultados. En las demoras, el volumen de actividad debe leerse junto con los tiempos de acceso. Y en la discusión sobre conciertos, el porcentaje de operaciones públicas ofrece una referencia, aunque no explique todas las decisiones de derivación ni la capacidad que queda en cada hospital.

La investidura podía decidir quién encabezaría el próximo Gobierno, pero la controversia sanitaria no quedaba resuelta por la votación. Su evolución dependería de que las cifras anunciadas se reflejaran en servicios disponibles, personal suficiente y atención a tiempo, y de que las críticas pudieran contrastarse con información comparable. En última instancia, la fortaleza de la sanidad pública no se mide solo en presupuestos o anuncios, sino en la capacidad de convertirlos en atención accesible y fiable.