¿Quién está tras los amaños de viviendas y Metro del caso Púnica?

La Audiencia Nacional ha enviado a juicio a Francisco Granados y a otras 40 personas por una de las ramas más voluminosas del caso Púnica: la supuesta manipulación de adjudicaciones de suelo público, viviendas e infraestructuras de Metro en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2011. La pieza afecta a una etapa clave del poder autonómico madrileño, cuando Granados fue consejero de Transportes y después consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el Gobierno de Esperanza Aguirre. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 42 años de prisión.

El procedimiento no es una condena. Conviene subrayarlo antes de que el ruido político convierta el sumario en sentencia de barra de bar: los acusados se sentarán en el banquillo y deberán responder por hechos que la investigación considera constitutivos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. En cifras, el caso impresiona incluso a una España ya vacunada —o eso cree— contra la contabilidad creativa de la corrupción: el perjuicio reclamado alcanza los 98,4 millones de euros y las penas solicitadas para el conjunto de procesados suman 625 años y 10 meses.

La trama, según el auto y las acusaciones, habría funcionado en dos grandes carriles. Uno, urbanístico: la adjudicación de parcelas y suelo público para construir viviendas, incluidas promociones de vivienda protegida, a través de la empresa pública Arpegio. Otro, de infraestructuras: contratos y sobrecostes en obras vinculadas a Mintra, la entidad pública de Infraestructuras del Transporte de Madrid, con actuaciones bajo sospecha en MetroSur, Metro Norte y el Metro Ligero a Boadilla. Dicho de otra manera: ladrillo, túneles, pliegos técnicos, empresarios bien colocados y funcionarios que, según la acusación, no estaban exactamente decorando el paisaje.

Quiénes son los principales acusados

El nombre central es Francisco Granados, antiguo peso pesado del PP madrileño, exalcalde de Valdemoro, ex secretario general del partido en Madrid y consejero autonómico durante la etapa de Esperanza Aguirre. La Fiscalía lo sitúa como uno de los grandes beneficiarios y organizadores de la operativa investigada. No se trata de una pieza aislada en su calendario judicial: Granados ya afronta otros frentes dentro de Púnica, incluido el juicio por la pieza relacionada con Waiter Music, centrada en presuntos amaños de contratos municipales y regionales a cambio de dádivas.

Junto a él aparece David Marjaliza, empresario de Valdemoro y figura clave de la macrocausa, descrito durante años como conseguidor o colaborador esencial de la trama. Anticorrupción solicita para Marjaliza 17 años y nueve meses de cárcel, mientras que para Javier López Madrid, empresario y exconsejero de OHL, la petición fiscal se sitúa en 15 años de prisión.

El banquillo no se agota ahí. También figuran la esposa de Granados, altos cargos, funcionarios de organismos públicos de la Comunidad de Madrid y empresarios vinculados a sociedades que habrían participado o resultado beneficiadas por adjudicaciones bajo sospecha. Entre las compañías señaladas en las informaciones sobre el auto aparecen firmas del sector constructor como OHL, Dragados, a través de filiales como Elsan, Azvi, Constructora San José, Begar y Teconsa, dentro de un entramado de decenas de sociedades.

Esperanza Aguirre no está procesada en esta pieza 8. Su nombre, sin embargo, flota en el escenario político porque los hechos se sitúan dentro de gobiernos que presidió y porque Granados fue uno de los dirigentes más relevantes de aquel ecosistema. La Audiencia Nacional ya confirmó en 2023 el archivo para Aguirre, Ignacio González y otros exconsejeros en la pieza de Púnica relativa a la financiación del PP de Madrid. Eso no borra el contexto político, pero sí marca el límite judicial. Una cosa es la responsabilidad penal; otra, la meteorología moral de una época.

Granados, Marjaliza y López Madrid: tres vértices de una misma acusación

La acusación dibuja a Granados como el dirigente con capacidad de decisión pública, a Marjaliza como el empresario conectado con ese poder y a López Madrid como una de las figuras empresariales implicadas en el circuito de adjudicaciones. La mecánica atribuida a la trama no tendría el color cutre del sobre en una cafetería, sino una apariencia más administrativa: expedientes, criterios técnicos, plazos, precios de salida, contratos modificados, complementarios. Corrupción con membrete, que siempre parece menos corrupción porque huele a papel oficial.

El punto más serio es ese. Según la investigación, los supuestos amaños no se limitaron a favorecer a tal o cual empresa en un contrato concreto. La tesis judicial habla de un sistema. Un engranaje donde quienes debían proteger la limpieza del procedimiento habrían intervenido para torcerlo desde dentro, y donde determinados empresarios se habrían beneficiado pagando comisiones o entregando contraprestaciones. La Audiencia Nacional no juzgará solo decisiones políticas, sino también el papel de quienes redactaban, valoraban o validaban expedientes.

Qué se hizo supuestamente: suelo, vivienda y Metro

La primera pata del caso está en Arpegio, empresa pública regional vinculada a la gestión de suelo. Según la acusación, desde allí se habría diseñado un plan para manipular adjudicaciones de parcelas públicas en distintos consorcios urbanísticos de la Comunidad de Madrid. No hablamos solo de solares abstractos en un mapa gris de urbanismo, sino de suelo destinado a promociones de vivienda libre y protegida, en plena época de fiebre inmobiliaria, cuando cada metro cuadrado parecía tener pulso propio.

Uno de los proyectos citados es Ciudad Jardín, en Arroyomolinos, una promoción de más de 3.950 viviendas, más de la mitad con algún grado de protección. La tesis del instructor sostiene que Granados se habría concertado con Marjaliza para adjudicar parcelas públicas a sociedades vinculadas al empresario, entre ellas Aranan, y que algunos contratos de compraventa se habrían firmado antes de que el consejo de administración de Arpegio resolviera formalmente la adjudicación. La burocracia, cuando se pone poética, a veces escribe el final antes de empezar la novela.

La segunda pata está en Mintra, la entidad pública encargada de infraestructuras del transporte. El auto sitúa bajo sospecha obras en el tramo 1C de MetroSur, el tramo 1A de Metro Norte y la nueva línea de Metro Ligero a Boadilla. Según las informaciones sobre el procedimiento, las obras estaban inicialmente presupuestadas en 141,2 millones de euros, pero terminaron costando 216 millones a las arcas públicas. La diferencia no es una propina mal calculada: es el tipo de agujero que convierte un expediente administrativo en materia penal.

En el fondo, esta pieza habla de cómo una administración puede convertirse en una sala de máquinas opaca cuando la contratación pública deja de funcionar como un mecanismo competitivo y empieza a parecer una coreografía ensayada. Los pliegos, las valoraciones técnicas y los contratos complementarios no son literatura menor. Ahí, en esas páginas áridas que casi nadie lee, puede esconderse el desvío del dinero público con más eficacia que en cualquier maletín de película.

Arpegio y Mintra, las dos puertas del caso

Arpegio aparece como la puerta del suelo público; Mintra, como la puerta de la obra pública. En una se movían parcelas, promociones, vivienda protegida y patrimonio público. En la otra, túneles, contratos de transporte y modificados de obra. Las acusaciones sostienen que los pliegos técnicos habrían sido manipulados para asegurar adjudicatarios, inflar precios, alterar plazos o justificar contratos complementarios. Es decir, no se acusa solo de haber escogido mal. Se acusa de haber preparado la mesa para que siempre ganara el invitado previsto.

Este detalle importa porque permite entender la gravedad real de la causa. La corrupción pública no siempre aparece como una escena de película, con maletín, garaje y lluvia. A menudo se esconde en una cláusula, en una puntuación técnica, en un plazo imposible para cualquiera menos para quien ya sabía qué venía, en un presupuesto que empieza siendo una cifra y acaba siendo otra. La apariencia de legalidad es, de hecho, parte del mecanismo. El sello oficial no limpia nada por sí solo; a veces solo da brillo al barro.

De qué se les acusa

Los delitos atribuidos a la mayoría de acusados pertenecen al catálogo clásico de la corrupción pública española. Prevaricación administrativa significa dictar una resolución injusta a sabiendas. Cohecho apunta al soborno, a la contraprestación indebida. Tráfico de influencias se refiere al uso de una posición de poder o relación privilegiada para obtener una decisión favorable. Malversación implica desviar o utilizar indebidamente fondos públicos. Fraude y falsedad documental completan el cuadro cuando el perjuicio económico y la manipulación de documentos entran en escena.

La acusación sostiene que la trama habría beneficiado a determinadas empresas mediante adjudicaciones amañadas, sobrecostes y manipulación de criterios técnicos. También apunta a comisiones en especie presuntamente recibidas por Granados durante su etapa como cargo público: un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, safaris, relojes y un maletín con casi un millón de euros hallado en el altillo de la casa de sus suegros, según la resolución judicial citada en la causa.

Hay además un capítulo casi doméstico, pero no menor: las cestas de Navidad. Anticorrupción sostiene que Granados, su esposa María Nieves Alarcón y otros acusados deben responder por fondos públicos empleados para agasajar a familiares, amigos y personas de su entorno. La Fiscalía reclama cantidades por el perjuicio causado con esas cestas y por regalos ofrecidos al personal de Arpegio, con intereses. Lo castizo del detalle no lo vuelve inocente. España tiene una relación peligrosa con la cesta navideña cuando la paga el presupuesto público.

A todo ello se suma la reclamación global de 98,4 millones de euros como indemnización a la Comunidad de Madrid. Esa cifra coloca el caso en una escala que supera la anécdota, el favor, la comida, la llamada de teléfono. Si el tribunal considera probados los hechos, estaríamos ante una operación prolongada durante años sobre áreas especialmente sensibles: vivienda, suelo público y transporte. Tres palabras que en Madrid no son neutras. Nunca lo fueron.

Qué arriesgan los acusados

La petición más alta es la de Francisco Granados: 42 años de prisión, solicitados por la Fiscalía Anticorrupción. La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación particular, reclama para él 30 años de prisión por delitos como tráfico de influencias, malversación, cohecho, fraude, falsedad documental y prevaricación. La diferencia entre acusaciones no cambia el fondo: ambas sitúan al exconsejero en el centro del procedimiento.

Para David Marjaliza, Anticorrupción solicita 17 años y nueve meses. Para Javier López Madrid, 15 años de prisión. En conjunto, las penas pedidas para todos los acusados alcanzan 625 años y 10 meses, una cifra que funciona como termómetro del tamaño del sumario, aunque en España las condenas efectivas cumplen límites legales y no se suman aritméticamente como si la vida fuera una hoja Excel penal.

El juicio oral será el momento decisivo. Ahí se practicarán pruebas, declararán acusados y testigos, se discutirán documentos y las defensas podrán combatir la tesis de la Fiscalía y del resto de acusaciones. Hasta entonces, el auto de apertura de juicio oral no prueba la culpabilidad de nadie; indica que hay base suficiente para sentar a los acusados ante un tribunal. Es una frontera relevante. No es una condena, pero tampoco una nota al pie.

La defensa de Granados, en otros procedimientos de Púnica, ha negado que organizara amaños en adjudicaciones municipales y regionales a cambio de dádivas. En esta nueva pieza, el debate volverá a girar sobre algo tan antiguo como incómodo: si el poder público se usó para administrar el interés general o para abrir una puerta lateral a empresarios amigos. Lo segundo, cuando ocurre, no es picaresca. Es saqueo vestido con corbata.

La factura que llega tarde

La pieza 8 no solo pesa por los años de prisión solicitados o por el dinero reclamado. Importa porque toca dos nervios de cualquier administración autonómica: la vivienda y el transporte público. En la Comunidad de Madrid, además, esos dos ámbitos han sido durante décadas motores políticos, económicos y urbanísticos. Suelo que cambia de manos. Obras públicas que multiplican presupuestos. Empresas públicas que nacen, se transforman o desaparecen. Todo muy técnico. Todo muy rentable.

El caso también vuelve a iluminar la arquitectura de poder del PP madrileño durante los años de Esperanza Aguirre. Aguirre no será juzgada en esta pieza y su situación procesal quedó archivada en otras ramas de Púnica. Pero Granados no era un concejal perdido en una junta de distrito. Fue consejero, secretario general del PP de Madrid y hombre fuerte de una etapa en la que la política regional funcionaba como una máquina electoral afinada, ruidosa, orgullosa de sí misma. La responsabilidad penal es individual; la responsabilidad política, a veces, deja manchas más anchas.

Púnica nació en 2014 como una macrooperación contra una red de corrupción municipal y autonómica. Desde entonces ha ido fragmentándose en piezas, juicios, archivos, condenas parciales y nuevas aperturas de juicio oral. El tiempo ha hecho su trabajo habitual: enfriar la memoria, mezclar nombres, convertir el escándalo inicial en un laberinto de siglas, sociedades y resoluciones. Pero la lentitud judicial no reduce la gravedad de los hechos investigados. A veces la agrava, porque obliga al ciudadano a mirar una foto vieja y descubrir que todavía huele a recién revelada.

La pregunta incómoda es por qué una causa de este tamaño llega al banquillo tantos años después. Han pasado casi doce años desde las detenciones de 2014 y más de dos décadas desde algunos de los hechos investigados. La justicia tardía conserva su función, sí, pero llega con polvo en los zapatos. Los acusados tienen derecho a un proceso con garantías; los ciudadanos, a saber si el dinero público se administró correctamente. Entre ambos derechos no debería abrirse un agujero negro de años.

La nueva pieza de Púnica no cuenta solo una historia de presuntos contratos amañados. Cuenta algo más áspero: cómo la contratación pública puede convertirse en una habitación sin ventanas cuando los controles fallan, cuando los técnicos obedecen más de la cuenta, cuando los cargos políticos confunden autoridad con propiedad y cuando algunos empresarios descubren que la competencia limpia es menos rentable que conocer al hombre adecuado.

El juicio deberá determinar si Francisco Granados, David Marjaliza, Javier López Madrid y el resto de acusados participaron en esa maquinaria o si las sospechas no resisten la prueba en sala. Esa es la parte judicial. La parte cívica ya deja una enseñanza menos discutible: cada contrato público alterado, cada parcela adjudicada bajo sospecha, cada sobrecoste disfrazado de modificación técnica acaba pagándolo alguien. No suele pagarlo quien firma el expediente. Lo paga el contribuyente, lo paga el usuario del Metro, lo paga quien espera una vivienda protegida y descubre que la palabra “protegida” protegía, quizá, a otros.

La corrupción no siempre roba con ruido. A veces roba con expediente, sello, firma y café de máquina. Y cuando por fin llega al banquillo, años después, lo hace con esa mezcla española de cansancio y familiaridad que tanto conviene combatir. Porque acostumbrarse al hedor también es una forma pequeña, pero peligrosa, de derrota democrática.