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¿Qué pasó para que el abogado de Mouliaá hable de sabotaje?
Arrién acusa a Mouliaá de sabotear el caso Errejón: retirada, Fiscalía, acusación popular y el pulso en Plaza de Castilla con tensión máxima.

Arrién acusa a Mouliaá de sabotear el caso Errejón: retirada, Fiscalía, acusación popular y el pulso en Plaza de Castilla con tensión máxima.
Este viernes 6 de febrero de 2026, el nombre de Alfredo Arrién Alfredo Arrién ha pasado de la letra pequeña del sumario a titular con mayúsculas, y no por un escrito procesal, sino por una frase con filo: “ha saboteado el procedimiento desde el minuto uno”. Lo dice sobre Elisa Mouliaá Elisa Mouliaá, la mujer que mantiene la denuncia por una presunta agresión sexual atribuida a Íñigo Errejón Íñigo Errejón y que, hace apenas dos días, formalizó su retirada de la acusación particular por salud y por puro agotamiento. El choque es doble: por un lado, la denunciante afirma que no se retracta de nada y que simplemente se aparta; por otro, su abogado habla de boicot interno, de incoherencias, de una travesía en la que —según él— quien más le complicó la vida no fue la defensa contraria, sino su propia clienta.
El caso ya estaba en un punto delicado por un detalle que pesa como una losa: la Fiscalía de Madrid Fiscalía de Madrid decidió no presentar acusación al considerar que no había material probatorio suficiente para ir a juicio con garantías, y el futuro inmediato dependía de quién sostuviera el pulso. La retirada de Mouliaá reordena el tablero, pero no lo apaga del todo porque se mantiene una acusación popular. Entre medias, vuelan versiones cruzadas, aparece la palabra “negociación” como un rumor venenoso, sigue viva una querella por calumnias y, en el centro, un juzgado de Madrid con pasillos largos y eco de pasos, los Juzgados de Plaza de Castilla Juzgados de Plaza de Castilla, donde ahora se decide si esto se archiva o sigue adelante sin la denunciante empujando desde dentro.
La palabra “sabotaje” y el portazo del abogado
Cuando un abogado usa “saboteado” no está redactando fino: está rompiendo la vajilla. Arrién, en su conversación con ElPlural.com ElPlural.com, dibuja una escena muy concreta: Mouliaá atraviesa un episodio de ansiedad “brutal”, un psiquiatra le recomienda alejarse de lo que le hace daño y ella interpreta esa recomendación como “quito la denuncia”. Él insiste en que eso, tal cual, “no es así”, y que lo que había que hacer era mantener una línea congruente y constante para no abrir puertas peligrosas: el archivo del procedimiento, la exposición a acciones por denuncia falsa o difamación, el desgaste añadido de convertir cada gesto en un argumento en contra. Hasta ahí, un letrado describiendo una estrategia defensiva; el salto viene después, cuando presume —con una mezcla rara de orgullo y hartazgo— de haber llevado el asunto “a pulso” y suelta que quien más daño le ha hecho en el procedimiento ha sido ella.
El matiz importante, el que cambia el tono de la noticia, es que Arrién no se limita a decir “no comparto esta decisión” o “me preocupa”, sino que habla de obstáculos continuos, de una relación profesional en la que —según su relato— él empuja hacia un puerto y ella se empeña en abrir vías de agua. No detalla episodios concretos porque se ampara en el secreto profesional, pero la frase sugiere un patrón: decisiones inesperadas, apariciones públicas, pasos dados sin coordinación, quizá mensajes que desordenan la cronología. Es una acusación grave en términos de procedimiento, aunque no sea una acusación penal: en la práctica, viene a decir que el caso no se ha debilitado solo por la falta de pruebas “redondas”, sino por la gestión del propio lado acusador.
El paso atrás de Mouliaá: retirada sin retractación
La retirada de Mouliaá se formaliza el miércoles 4 de febrero de 2026 con un desistimiento presentado en Plaza de Castilla: “total, libre, consciente e irrevocable”. Ese lenguaje es frío, casi de acero, pero su explicación pública es de otra textura: lo define como “un límite”, no como una marcha atrás en los hechos. Ella misma verbaliza una idea insistente: “no puedo seguir sola”. Y ahí hay un elemento que atraviesa este caso desde que estalló: Mouliaá denuncia que su decisión de dar la cara con nombre y apellidos se produjo en un contexto en el que circulaban acusaciones anónimas sobre un político en Madrid, y que, con el paso del tiempo, ninguna otra mujer se personó en el procedimiento para sostener la acusación desde dentro. Esa soledad —dicho con palabras de calle— no es un adorno emocional; en un caso de alto voltaje mediático, significa cargar tú sola con el foco, la duda, el coste económico, el desgaste psicológico y la sospecha permanente.
En ese mismo movimiento aparece el detalle más humano y, a la vez, más inquietante: su abogado sostiene que ese miércoles ella sufre un ataque de ansiedad, acude al hospital y, al salir, presenta el documento. Él lo califica como una decisión impulsiva, contraria al criterio del equipo jurídico, y asegura que le advirtió de consecuencias “terribles” para ella. La actriz, en cambio, insiste en que no hay presiones, que su decisión es personal y que se aparta con la conciencia tranquila. Dos relatos que chocan de frente: uno habla de un volantazo en plena crisis; el otro, de un freno necesario después de un año y medio de desgaste.
Un escrito que lo cambia todo, aunque no cierre la puerta
La retirada de la acusación particular no equivale, automáticamente, a tirar el caso a la papelera. Aquí entra la letra jurídica, esa que suena a jerga pero manda: determinados delitos contra la libertad sexual exigen una denuncia previa para abrir la vía penal, y una vez abierta hay margen para que la acción continúe si se mantiene la acusación pública o una acusación popular. Esa es la razón por la que, pese al desistimiento, el procedimiento puede seguir si alguien sostiene el impulso procesal y si el juzgado considera que hay base para no archivar. Por eso Arrién hablaba de “delito público” y por eso, también, la retirada de Mouliaá no borra el sumario ya instruido.
En paralelo, el desistimiento deja en el aire la parte más terrenal del asunto: la petición de tres años de prisión para Errejón y una indemnización de 30.000 euros por daños. Esas cifras, que en la conversación pública se simplifican con facilidad (“dinero”, “fianza”, “pago”), tienen naturalezas distintas según el punto del proceso: una cosa es lo que se reclama como reparación y otra es lo que se fija como garantía económica en el camino hacia juicio. Sea como sea, que la denunciante se aparte altera la fotografía: ya no es ella quien pide esa pena desde dentro del procedimiento, aunque el relato de hechos siga en el sumario y aunque la acusación popular pretenda mantener viva la causa.
Qué se investiga: septiembre de 2021, dos escenarios y un relato judicializado
En el corazón del caso está lo ocurrido —según la denuncia— en septiembre de 2021, durante una reunión social en casa de unos amigos. La versión de Mouliaá sitúa un primer episodio en un ascensor, con un beso sin consentimiento, y un segundo en una habitación de la vivienda, donde él la habría introducido, habría cerrado con pestillo y se habrían producido tocamientos; ella afirma también que él le mostró sus genitales. Después, siempre según ese relato, ambos se desplazan en coche a casa del expolítico y allí se produce un nuevo momento de presión sexual, con insistencia por parte de él y con ella reprochándole que la estaba haciendo sentirse incómoda y violentada. Son escenas descritas con precisión suficiente como para encajar en un escrito judicial, y lo bastante delicadas como para que cada palabra acabe examinada con lupa.
La denuncia se presenta en octubre de 2024, y ese dato temporal importa: no es una denuncia “en caliente”, sino una denuncia que llega tiempo después, en un entorno político y mediático convulso, con acusaciones anónimas que ya apuntaban en dirección a Errejón. En aquella ola pública, el nombre del exdirigente de Sumar Sumar empezó a aparecer asociado a relatos de mujeres que hablaban de comportamientos sexuales inapropiados; Mouliaá dio el paso de ponerlo en un juzgado. Ahí el caso cambia de naturaleza: deja de ser conversación, se convierte en diligencias, declaraciones, periciales, contradicciones, matices, ese mundo en el que lo que no está en autos, simplemente no existe.
Este tipo de causas suele caminar sobre un terreno que el gran público conoce mal: no siempre hay testigos presenciales, no siempre hay una prueba física que cierre el debate, y muchas veces la clave está en la coherencia interna del relato, en los detalles que se sostienen y en los que se desmoronan, en si hay mensajes, en si hay testigos de referencia, en informes psicológicos, en cómo se reconstruye una noche con piezas sueltas. Eso explica por qué Arrién insiste tanto en la “congruencia” y por qué el caso se vuelve extremadamente sensible a cualquier paso público dado fuera del juzgado. No es moralismo; es mecánica judicial, y a veces duele precisamente por eso, porque no está diseñada para acompañar bien el sufrimiento, sino para probar.
Fiscalía, juez y acusación popular: quién sostiene el peso ahora
La situación procesal tiene un punto de ironía amarga: el sumario avanzó lo suficiente como para que el juez instructor, Adolfo Carretero Adolfo Carretero, apreciara indicios y enviara la causa a juicio, pero la Fiscalía se quedó en la orilla y decidió no acusar al considerar que los indicios eran insuficientes para formular escrito de acusación. Es un choque clásico: el juez entiende que hay material para que un tribunal valore en vista oral; el ministerio público cree que con lo que hay no se debe sostener una acusación penal. En medio de esa tensión, la acusación particular era un motor relevante. Ahora ese motor se apaga porque Mouliaá se retira, y la pregunta ya no es solo “qué pasó en 2021”, sino “quién empuja esto a juicio”.
Ahí entra la acusación popular, que en este caso ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada, ADIVE ADIVE, con el abogado Jorge Piedrafita como figura visible. La posición es clara: sostener la acusación porque, dicen, el relato de hechos graves se mantiene y no debería quedar impune por el peso político del denunciado. En términos prácticos, su continuidad significa que el procedimiento puede seguir aunque la denunciante se aparte, siempre que el juzgado admita que hay base legal y material para ello y siempre que no se ordene archivo por falta de impulso o por falta de sustancia probatoria.
El movimiento de Mouliaá, además, añade una capa política que ya estaba ahí pero ahora resuena más: ella contó públicamente que Sumar contribuyó “de forma significativa” a sufragar parte de los costes del proceso judicial, presentándolo como un gesto de responsabilidad. El partido respondió con una fórmula que mezcla distancia y prudencia: apoyo a víctimas, respeto a decisiones personales. En cualquier otro caso, ese dato pasaría como una nota de color; aquí es gasolina, porque en un asunto de presunta agresión sexual todo lo que huela a intereses, a soportes económicos, a estrategia, se convierte en material para sospechas y para argumentarios.
La grieta de la prueba y el precio de cada contradicción
Cuando la Fiscalía dice “no hay prueba suficiente”, no está necesariamente diciendo “esto no ocurrió”; está diciendo “con lo que tenemos, no puedo sostener una acusación penal”. Esa diferencia se pierde en la conversación pública a la velocidad de un tuit. Por eso el caso se ha llenado de frases contundentes que, fuera de contexto, parecen sentencias: “veracidad”, “indicios”, “archivo”, “banquillo”. Son palabras que significan cosas distintas según quién las pronuncie y en qué fase. Un juez puede apreciar indicios y mandar a juicio precisamente para que se practiquen pruebas en vista oral; la Fiscalía puede no acusar porque entiende que esos indicios no bastan para superar el umbral de la acusación formal. Y mientras, una acusación popular puede sostener que sí hay base para que un tribunal oiga, pregunte y decida.
En ese ecosistema, la credibilidad no es una medalla moral, es una pieza procesal. Si quien denuncia se contradice, si se desdice en lo accesorio, si aparece una frase mal explicada, la defensa lo convierte en un argumento de duda razonable. Y si además hay un componente mediático fuerte —declaraciones, entrevistas, publicaciones en redes— la causa empieza a respirar por dos pulmones distintos: el del sumario y el del debate público. Arrién parece estar hablando exactamente de eso cuando se queja de “ruido” y de falta de constancia. No hace falta que detalle episodios para que se entienda la lógica: en un procedimiento tan expuesto, cada paso fuera del juzgado tiene coste dentro del juzgado.
La versión de Errejón y la palabra prohibida: “negociación”
Desde el entorno del exdiputado se ha difundido una idea muy concreta: que Mouliaá habría intentado negociar la retirada de su denuncia a cambio de que él retirara una querella por calumnias, y que ella se aparta dos días antes de que su abogado fuera a dejar de representarla. La defensa de Errejón añade algo más: que no retirarán esa querella porque quieren demostrar “hasta el final” su inocencia, y que la retirada de ella se produce porque la situación era “insostenible” con la Fiscalía en contra. Es un discurso de resistencia, casi de línea recta: no hay pacto, no hay marcha atrás por nuestra parte, esto se aclara en sede judicial.
Mouliaá lo niega de forma frontal. Dice que esa versión es mentira, que mantiene con su abogado una relación profesional “excelente y continua”, que no responde a presiones ni a negociaciones inexistentes y que su decisión es personal, “libre y responsable”. La defensa de ella, por su parte, evita entrar en conversaciones privadas, insiste en el carácter íntimo del vínculo abogado-clienta y deja una frase que, por sí sola, describe el clima: han sido días muy difíciles y hay que esperar para ver los siguientes pasos. Entre esas dos versiones hay una grieta que no es menor, porque la palabra “negociación” en un caso así suena a intercambio de verdad por conveniencia, aunque lo que haya —si lo hubo— fueran contactos propios de un conflicto judicial en ebullición.
Y aquí aparece un tercer elemento que mete más ruido: la figura del propio Arrién. Por un lado, dice que se ampara en el secreto profesional y que mantiene una buena relación con la actriz; por otro, afirma que ella le ha puesto trabas continuas y que ha saboteado el procedimiento. Su frase no es exactamente “ella intentó negociar”, pero su enfado deja espacio para que cada cual complete el puzle a su manera, y eso, en un caso tan expuesto, es dinamita. Si algo ha marcado este asunto desde el inicio es que se discute a la vez el hecho denunciado y la forma en que se ha gestionado, casi como si hubiera dos juicios paralelos: uno en el juzgado y otro en el espejo deformante del debate público.
El próximo movimiento en Plaza de Castilla
En los próximos días el juzgado tiene que decidir qué hace con el desistimiento y cómo encaja la continuidad de la acusación popular en un procedimiento que ya estaba tensionado por la falta de acusación de la Fiscalía. El escenario del archivo existe, y no sería extraño: si el juez considera que sin acusación particular y sin acusación pública el caso no debe seguir, puede ordenar el cierre. El escenario de continuidad también existe: si entiende que la acusación popular sostiene la acción y que hay material para que un tribunal valore en juicio oral, la causa puede avanzar aunque Mouliaá haya decidido apartarse. La clave está en el papel, en el sumario, en lo que ya está practicado y en si hay margen para sostener una acusación que no parezca un salto al vacío.
En paralelo, queda la parte que no se ve en los autos pero pesa en cada gesto: la salud mental de la denunciante, el desgaste real de sostener una denuncia mediática durante más de un año, la presión de una querella por calumnias sobre la mesa y el temor, nada abstracto, a que cada palabra pública acabe convertida en un argumento jurídico en tu contra. La decisión de retirarse como “límite” suena a frase de redes, sí, pero también describe un mecanismo de supervivencia. El problema es que el proceso penal no entiende de supervivencia: entiende de impulso procesal, de escritos, de plazos, de prueba, de contradicción.
El caso queda, por tanto, en una especie de sala de espera: no es un final, tampoco es un simple paréntesis. Está la acusación popular dispuesta a seguir, está la Fiscalía que no acusa, está el juez que ya apreció indicios, está la defensa del denunciado que promete pelear para acreditar su inocencia y está un abogado que, con una sola frase, ha convertido la retirada de su clienta en algo más que un desistimiento: la ha descrito como un autosabotaje. En esa mezcla de acero y carne, de documentos y ansiedad, de estrategia y agotamiento, la próxima resolución judicial no solo decidirá si hay juicio; también marcará qué peso real tienen las palabras cuando el procedimiento ya está escrito y, aun así, todo parece moverse bajo los pies.












