¿Por qué 61 bomberos forestales de Madrid no salen a los incendios?

Los 61 bomberos forestales públicos de la Comunidad de Madrid permanecen apartados de los parques y no intervienen con normalidad en la extinción de incendios debido al conflicto laboral que mantienen con el Gobierno autonómico. Desde mediados de mayo acuden a una sala de la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, que figura como centro de trabajo en sus contratos, pero aseguran que no reciben vehículos, herramientas ni órdenes operativas para desplazarse al monte.

La protesta tiene un punto casi berlanguiano: profesionales formados para combatir llamas pasan turnos de diez horas entre mesas, neveras y máquinas de refrescos mientras sus contratos los clasifican como conductores de automóviles, taxis y furgonetas o como personal de mantenimiento. Reclaman ser reconocidos como bomberos forestales, trabajar durante todo el año y negociar complementos ligados a la peligrosidad, la toxicidad y la penosidad.

La Comunidad de Madrid sostiene, por su parte, que ofreció abrir una mesa de negociación si el comité suspendía la huelga y acusa a los trabajadores de haber rechazado esa condición. Los afectados responden que abandonar la protesta antes de obtener garantías supondría renunciar a su principal herramienta de presión. Entre ambas posiciones, los bomberos siguen sentados y el monte, cuando toca, sigue ardiendo.

Una protesta llevada al pie de la letra

El origen inmediato de esta situación está en una decisión peculiar, aunque jurídicamente comprensible: los trabajadores han optado por cumplir exactamente lo escrito en sus contratos. Como estos señalan la sede de la Dirección General de Emergencias como lugar de trabajo, allí se presentan cada jornada, de 12:00 a 22:00, organizados en turnos de dos días.

No se han encerrado ni han dejado de fichar. Tampoco están de vacaciones. Acuden uniformados y permanecen disponibles, pero no son trasladados a los parques de Torrejón de Ardoz, Lozoyuela u otros destinos donde venían desempeñando sus funciones. Según el comité de huelga, la Administración tampoco les facilita los medios imprescindibles para integrarse en las dotaciones.

La escena podría parecer una anécdota administrativa si no se produjera en plena campaña de incendios forestales. El 23 de julio, con varios fuegos activos y necesidad de reforzar parques del oeste madrileño, se buscaron veinte bomberos funcionarios adicionales mientras los 61 forestales continuaban sin intervenir.

Los trabajadores aseguran que han solicitado formalmente su movilización desde el 16 de julio y que esas peticiones no han sido atendidas. Es decir, no se niegan a salir. Denuncian que se presentan en el centro indicado, permanecen localizables y, aun así, no reciben una orden de servicio que les permita acudir a los incendios.

No son los únicos bomberos forestales de Madrid

Conviene distinguir plantillas porque las cifras, mezcladas alegremente, pueden convertir cualquier incendio en una sopa estadística. La Comunidad dispone de unos 1.680 bomberos funcionarios. A ellos se suman los efectivos forestales gestionados mediante la empresa pública Tragsa, con alrededor de 419 trabajadores durante todo el año y otros refuerzos temporales.

Los 61 afectados pertenecen a otro grupo: son personal laboral público integrado en el dispositivo autonómico. La plantilla teórica para las tareas de extinción estacional era de 124 personas, pero solo 98 superaron el proceso de estabilización finalizado en 2024.

Varias de esas personas solicitaron una excedencia para buscar empleos más estables, de modo que únicamente 61 profesionales se incorporaron a la campaña. El dato también retrata el problema: se forma a trabajadores especializados, se les ofrece una actividad temporal y, cuando encuentran una opción menos incierta, se marchan.

Es una plantilla pequeña dentro del conjunto del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, el conocido INFOMA, pero no decorativa. Antes del conflicto, sus unidades reforzaban numerosos parques con un vehículo y dos o tres especialistas forestales. Ese apoyo ha desaparecido mientras continúe el bloqueo.

Por qué aparecen contratados como taxistas

La denominación de “conductor de taxi” no significa, evidentemente, que estos profesionales hayan recorrido alguna vez la Gran Vía buscando pasajeros. Procede de la clasificación ocupacional utilizada en sus contratos laborales, donde algunos figuran dentro de la categoría de conductores asalariados de automóviles, taxis y furgonetas.

El problema no es únicamente semántico. La categoría profesional determina funciones, formación, movilidad, prevención de riesgos, carrera laboral y parte de las retribuciones. No es lo mismo conducir una furgoneta que entrar en un frente de llamas, aunque ambas tareas puedan comenzar agarrando un volante.

España cuenta desde 2011 con una ocupación específica para el bombero forestal, identificada mediante el código profesional correspondiente. La legislación estatal aprobada en 2024 reforzó ese reconocimiento al establecer un marco básico para el personal que realiza labores de extinción, independientemente de que sea funcionario, laboral o esté contratado a través de una entidad pública o privada vinculada a la Administración.

El certificado que reconoce lo que el contrato niega

Los afectados señalan otra contradicción difícil de envolver en celofán administrativo: la propia Comunidad de Madrid les habría expedido certificados de profesionalidad como bomberos forestales, mientras sus contratos continúan utilizando categorías distintas.

Esa doble identidad —bomberos cuando se acredita la formación, conductores cuando se confecciona la nómina— resume buena parte del conflicto. Los trabajadores reclaman que el reconocimiento profesional no quede colgado en una pared, sino que se traslade a sus contratos, sus funciones y sus condiciones laborales.

La clasificación también puede influir en el reconocimiento de enfermedades profesionales, accidentes laborales y medidas preventivas. Respirar humo, soportar temperaturas extremas, manejar herramientas de corte o trabajar cerca de un frente inestable no son detalles accesorios. Forman parte del puesto.

Qué establece la Ley de Bomberos Forestales

La Ley de Bomberos Forestales, en vigor desde noviembre de 2024, fija por primera vez un marco estatal común para una profesión que hasta entonces dependía de modelos autonómicos muy diferentes. Define sus funciones, regula la formación y exige que las administraciones establezcan clasificaciones profesionales ajustadas a las competencias reales de quienes combaten incendios.

La norma reconoce que estos trabajadores no solo apagan fuegos. También pueden realizar tareas de prevención, vigilancia, detección, mantenimiento de cortafuegos, conservación de infraestructuras, información a la población y apoyo en emergencias desarrolladas en el medio rural.

Trabajo, por tanto, existe también en enero, cuando el monte parece dormido y la política suele olvidarse del fuego porque todavía no hay una columna de humo detrás de las cámaras. La prevención es menos espectacular que un hidroavión descargando agua, pero suele resultar bastante más barata.

La ley no convierte automáticamente todos los contratos temporales en puestos de 365 días ni fija una cantidad concreta para los complementos salariales. Sí combate la estacionalidad laboral como problema estructural, favorece la estabilidad y obliga a adaptar las clasificaciones profesionales.

Respecto a las retribuciones, establece que las administraciones deben impulsar mediante el diálogo social el reconocimiento de la peligrosidad, el esfuerzo físico, la toxicidad, la morbilidad, la penosidad y el riesgo psicofísico. El mandato existe. La discusión empieza cuando toca traducirlo en euros y plasmarlo en un convenio.

Los complementos que rompieron la negociación

Según los representantes de los trabajadores, las conversaciones avanzaron en dos puntos: la aplicación del coeficiente reductor para anticipar la jubilación y la posibilidad de ampliar el servicio durante todo el año. El desacuerdo estalló al negociar la categoría profesional y seis complementos relacionados con las condiciones reales del puesto.

Los bomberos forestales aseguran que la propuesta autonómica consistía en 132 euros mensuales por el conjunto de esos conceptos, alrededor del 6 % de su retribución, mientras que ellos reclaman aplicar las referencias porcentuales previstas en su convenio.

Su salario se sitúa, según el comité, en 1.826 euros brutos mensuales, unos 1.400 netos dependiendo de las circunstancias personales. La diferencia económica existe, pero el enfrentamiento ha superado hace tiempo la discusión sobre una nómina.

También afecta al reconocimiento de enfermedades profesionales, a la cobertura frente a accidentes y a la forma en que queda registrada una actividad donde se respira humo, se trabaja bajo temperaturas extremas y se soporta una tensión física y psicológica que no suele acompañar al mantenimiento ordinario de edificios.

Una huelga enquistada durante más de tres años

El conflicto no nació este verano. Los bomberos forestales públicos madrileños llevan más de tres años en huelga indefinida, con desencuentros sucesivos sobre temporalidad, salarios, prevención de riesgos y clasificación profesional.

Los trabajadores sostienen que la negociación quedó bloqueada porque la Consejería de Hacienda no autorizaba continuar las conversaciones mientras se mantuviera la huelga. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ofrece otra lectura: afirma que convocó al comité y propuso una mesa negociadora condicionada a suspender el paro.

Ahí está el nudo. El Gobierno regional exige detener la huelga para negociar; los trabajadores consideran que levantarla antes de alcanzar garantías equivaldría a desprenderse de su principal instrumento de presión. Entre una posición y otra, el expediente se ha ido secando como hojarasca en pleno verano.

La situación resulta todavía más llamativa porque los trabajadores no permanecen en sus casas. Se desplazan al centro indicado, cumplen sus horarios y cobran su salario, pero no desarrollan la función para la que fueron formados. El coste sigue existiendo. Lo que falta es el servicio.

La paradoja estalla en plena emergencia por incendios

La controversia ha adquirido una dimensión mayor tras los incendios declarados en el oeste de Madrid y en las provincias limítrofes. La gravedad y simultaneidad de los fuegos obligaron a movilizar medios terrestres, unidades aéreas y refuerzos extraordinarios en distintos puntos.

El incendio originado en Almorox, Toledo, penetró en el término de Villa del Prado y afectó a unas 890 hectáreas, alrededor de 600 de ellas en territorio madrileño. También obligó a evacuar la urbanización El Encinar del Alberche y a desplegar decenas de profesionales.

En ese escenario, mantener sin actividad a personal experimentado resulta políticamente incómodo y operativamente difícil de explicar. Los 61 trabajadores no resolverían por sí solos una emergencia de gran magnitud, pero podrían reforzar parques, completar dotaciones y apoyar intervenciones en una campaña especialmente exigente.

La Comunidad destaca que su dispositivo cuenta con miles de profesionales y voluntarios, vigilancia permanente, torres, patrullas, vehículos y medios aéreos. También había conseguido contener como conatos una parte mayoritaria de los incendios registrados durante las primeras semanas de la campaña.

Son datos relevantes. No borran, sin embargo, la cuestión de fondo que deja este conflicto: por qué un servicio que necesita refuerzos mantiene apartados a 61 especialistas disponibles, formados con recursos públicos y contratados por la propia Administración.

El coste de confundir una profesión con una casilla

El caso de los bomberos forestales madrileños muestra lo que ocurre cuando la burocracia deja de describir la realidad y empieza a sustituirla. Un contrato puede llamar taxista a quien conduce hacia un incendio, pero las llamas no leen convenios ni códigos administrativos.

La salida exige algo bastante menos heroico que combatir un gran fuego: negociar una clasificación adecuada, unas funciones claras y unas condiciones proporcionadas al riesgo. La ley estatal ofrece un marco, aunque no resuelve por sí sola cada cifra salarial ni elimina las competencias autonómicas.

Hace falta un acuerdo. También voluntad para admitir que una categoría profesional equivocada no es un simple error de oficina cuando determina salarios, protección laboral y responsabilidades dentro de un incendio forestal.

Mientras tanto, 61 profesionales siguen entrando en una sala en lugar de subir a un camión. Fuera, el monte soporta temperaturas extremas y una vegetación seca como papel viejo. Dentro, pasan las horas. La imagen contiene una dosis de absurdo administrativo español, pero la consecuencia no tiene nada de comedia: son recursos públicos pagados, preparados y apartados del lugar donde podrían resultar más necesarios.