¿Por qué España detuvo a 100 personas por yihadismo durante 2025?

España cerró 2025 con 100 personas detenidas por terrorismo yihadista, frente a las 81 del año anterior, un salto de casi el 24 % que situó el ejercicio entre los de mayor actividad antiterrorista de las últimas dos décadas. A esa cifra se suman nueve imanes o predicadores expulsados por radicalismo y un dato judicial que necesita leerse con cierta calma: el 70 % de los acusados juzgados por actividades yihadistas durante el año terminó condenado. No significa, por tanto, que siete de cada diez de aquellos cien detenidos hayan recibido sentencia condenatoria. Son universos estadísticos distintos.

El aumento de los arrestos no responde a una única causa. El balance anual dibuja una amenaza que se ha vuelto más joven, más digital y bastante más fragmentada: propaganda en redes sociales, autoadoctrinamiento, preparación de acciones violentas, retornados de zonas de conflicto y conexiones con organizaciones de distinta procedencia. Dáesh sigue ocupando el centro de gravedad, mientras la guerra de Gaza apareció como factor de radicalización en una parte de los casos y el Estado Islámico del Jorasán, conocido como ISKP, ganó presencia en investigaciones desarrolladas en territorio español.

Hay otro elemento que explica la magnitud del dato: la intensidad policial. Los registros oficiales contabilizaron 64 operaciones contra el terrorismo yihadista durante 2025 y esos cien detenidos dentro de España, además de arrestos efectuados en otros países en actuaciones relacionadas con investigaciones españolas. Más operaciones suelen significar también más detenciones; parece una obviedad, pero conviene recordarla antes de convertir una estadística policial en un termómetro automático de terroristas dispuestos a atentar.

2025 marca un salto en la presión contra el yihadismo

El centenar de arrestos dejó muy atrás los 81 detenidos de 2024, los 78 de 2023 y las cifras más reducidas registradas durante buena parte de la década anterior. El Balance del terrorismo en España 2025 considera que fue el ejercicio con más detenciones por yihadismo desde 2004, un año excepcional marcado por la respuesta policial posterior a los atentados del 11-M. La tendencia, además, no nació de repente: entre 2023 y 2025 se observa una subida sostenida de la actividad policial.

El perfil nacional tampoco cabe ya en el molde sencillo de hace unos años. De los cien arrestados, 36 tenían nacionalidad española y 30 marroquí. Pakistán apareció en tercer lugar con 12 detenidos, mientras hubo también ciudadanos de Argelia, Tayikistán, Siria, Líbano y otros países. Dos tercios de los arrestados eran españoles o marroquíes, pero la diversidad de procedencias revela un escenario bastante más líquido. El terrorismo global también viaja con pasaporte global.

Seis de las personas arrestadas fueron mujeres. El número es pequeño frente al conjunto, aunque confirma que la participación femenina en redes o procesos de radicalización ya no puede considerarse una rareza. Entre 2015 y 2025, el balance contabiliza 58 mujeres detenidas por actividades vinculadas al yihadismo.

Cataluña concentra 35 de las cien detenciones

La distribución territorial tampoco fue homogénea. Cataluña registró 35 arrestos en 2025, más de un tercio del total nacional, y mantiene la primera posición en la serie acumulada desde 2015. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 13; Madrid, con 12; Melilla, con nueve; y Andalucía, con seis. En el periodo 2015-2025, Cataluña reúne cerca del 30 % de todas las detenciones recogidas por el informe.

Eso no convierte a una comunidad entera, ni mucho menos a sus barrios con mayor población musulmana, en espacios sospechosos. Los arrestos señalan dónde se han producido investigaciones policiales y dónde se han detectado determinadas redes; no describen a millones de ciudadanos. Yihadismo e islam no son sinónimos. Mezclarlos, aparte de falso, le hace un curioso favor propagandístico al propio extremismo: regalarle la representación de una religión que no tiene.

Jóvenes, menores y radicalización a través de internet

Uno de los datos más delicados del balance está en la edad. Durante 2025 fueron detenidos 14 menores de 18 años por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. A ellos se añaden otros 37 arrestados de entre 18 y 25 años. Más de la mitad del total, por tanto, no superaba los 25.

La comparación histórica resulta especialmente llamativa. Entre 2014 y 2022 se detuvo en España a 15 menores por este tipo de actividades; solo entre 2023 y 2025, la cifra ascendió a 35. No estamos ante el viejo imaginario del militante que necesariamente pasa años integrado en una estructura clandestina. Parte de la radicalización contemporánea puede desarrollarse con enorme rapidez, a solas y frente a una pantalla, entre vídeos, canales cerrados, mensajería cifrada y comunidades digitales donde la propaganda se sirve en pequeñas dosis.

Dáesh explotó precisamente ese terreno. El balance identificó al menos ocho canales diferentes utilizados durante 2025 para difundir propaganda en castellano o mensajes relacionados con España. Apareció incluso una nueva productora de contenido en español vinculada al entorno del Estado Islámico, activa durante varios meses. La vieja octavilla clandestina cabe ahora en un móvil y llega mucho más lejos; modernidad, sí, pero de la peor especie.

El informe clasifica al 41 % de los detenidos dentro de actividades preparatorias de atentados y a un 33 % en propaganda o enaltecimiento. Es una cifra importante, aunque conviene entender qué contiene esa categoría antes de imaginar 41 ataques a punto de ejecutarse.

La definición empleada es amplia. Incluye conductas como investigar posibles objetivos, consultar manuales de explosivos o armas, intentar conseguir material para un ataque, realizar entrenamientos, pretender desplazarse a zonas de guerra o haber participado anteriormente en actividades terroristas. Son indicadores de riesgo utilizados para clasificar casos conocidos públicamente, y las conductas pueden solaparse. No todos los expedientes tienen el mismo grado de peligrosidad ni el mismo recorrido penal.

Por debajo aparecen otras actividades: la captación representó aproximadamente un 7 % y la financiación, un 3 %. La fotografía cambia respecto a épocas en las que la organización terrorista necesitaba una estructura física bastante reconocible. Internet permite que propaganda, reclutamiento, instrucción ideológica y contactos funcionen como habitaciones de una misma casa, aunque nadie vea el edificio desde fuera.

Dáesh domina, mientras Gaza e ISKP amplían el mapa

El Estado Islámico o Dáesh continuó siendo la principal referencia ideológica entre los detenidos cuya afinidad pudo determinarse. El informe sitúa en torno al 49 % los casos vinculados a actividades de apoyo, enaltecimiento o simpatía hacia la organización. Pero el paisaje de 2025 resultó menos monolítico que en otros años.

La guerra de Gaza tuvo también reflejo en las investigaciones españolas. El balance relaciona 13 de las cien detenciones con dinámicas derivadas de ese conflicto, mediante apoyos o vínculos con organizaciones como Hamás o Hizbulá. Entre las investigaciones figuraron desde difusión de propaganda hasta financiación o adquisición de materiales destinados a drones. El fenómeno se observó también en otros países europeos.

A la vez apareció con mayor nitidez ISKP, la rama del Estado Islámico asentada principalmente en Afganistán y Asia Central. España había detenido en 2024 a dos personas relacionadas con esta organización; en 2025 fueron cinco, cuatro ciudadanos tayikos y una persona con pasaporte ucraniano. Es un número reducido, pero relevante por la capacidad de esta franquicia yihadista para proyectar operaciones más allá de su territorio original.

Ese mosaico explica una parte del cambio. La amenaza ya no gira exclusivamente alrededor de células relativamente estables vinculadas a una única organización. Puede combinar propaganda internacional, conflictos regionales, individuos radicalizados en solitario, pequeños grupos que se conocen por internet y redes que atraviesan varias fronteras. Más difícil de dibujar en un mapa, también más incómodo para los servicios de información.

Expulsiones y condenas: dos cifras que no deben mezclarse

Durante 2025 las autoridades españolas expulsaron a al menos 25 personas consideradas relacionadas con actividades de radicalización yihadista o una amenaza para la seguridad nacional. Entre ellas había nueve predicadores, algunos imanes oficiales de mezquitas y otros que desarrollaban funciones similares de manera informal. Cinco ejercían su actividad en Cataluña, dos en Navarra y dos en Andalucía.

La expulsión administrativa por razones de seguridad nacional y una condena penal son, sin embargo, cosas distintas. En algunos expedientes existían antecedentes o investigaciones terroristas; en otros, las autoridades actuaron sobre la base de valoraciones de seguridad y las correspondientes resoluciones administrativas y judiciales. Esa diferencia importa. Un Estado de derecho no debería necesitar atajos lingüísticos: sospecha, expulsión, procesamiento y condena describen situaciones jurídicas diferentes.

También conviene evitar otra simplificación. Que nueve imanes o predicadores fueran expulsados no convierte la predicación islámica en una actividad sospechosa. Lo relevante en esos expedientes fueron las conductas concretas que las autoridades consideraron incompatibles con la seguridad nacional, no el oficio religioso de quienes las protagonizaron. Precisamente ahí está la frontera entre combatir el extremismo y fabricar prejuicios a granel.

El 70 % de condenas necesita una precisión importante

Las diferentes salas de la Audiencia Nacional dictaron durante 2025 19 sentencias en procesos contra 27 acusados por actividades yihadistas. Diecinueve personas, el 70 %, fueron condenadas; ocho resultaron absueltas. De estas últimas, seis debían volver a ser juzgadas después de que la Sala de Apelación aceptara un recurso de la Fiscalía y ordenara repetir el juicio ante otro tribunal.

Ese es el origen del famoso 70 %. No son 70 condenados de los cien detenidos durante 2025. Son 19 condenados entre 27 personas juzgadas ese año, y muchas de ellas habían sido detenidas en ejercicios anteriores. Diez de los condenados reconocieron los hechos y alcanzaron acuerdos con la Fiscalía que permitieron reducir las penas inicialmente solicitadas.

El porcentaje, por cierto, tampoco supone un récord. Entre 2006 y 2024 fueron juzgados 510 acusados por delitos relacionados con el terrorismo yihadista: 390 fueron condenados y 120 absueltos, lo que arroja una tasa histórica de condenas del 76,5 %, superior al 70 % registrado en 2025. El dato anual es elevado, sí, pero puesto en perspectiva resulta menos extraordinario de lo que suena en un titular.

Una amenaza más joven, digital y dispersa

El balance de 2025 deja una fotografía incómoda pero bastante nítida. España registró más detenciones, más presencia de jóvenes y una radicalización profundamente atravesada por internet. Dáesh conserva capacidad de seducción ideológica, mientras otras organizaciones y conflictos internacionales introducen nuevas ramificaciones. Los casos relacionados con menores y la multiplicación de propaganda en castellano son probablemente las señales que más han cambiado respecto al yihadismo de hace una década.

También enseña algo menos espectacular, aunque igualmente importante: cien detenciones no son cien culpables, una expulsión no es una sentencia y un porcentaje policial no sustituye el trabajo de los tribunales. La eficacia antiterrorista consiste precisamente en llegar antes de que se produzca un ataque y después demostrar, con pruebas, qué hizo cada acusado. Entre una cosa y otra está todo el edificio de las garantías jurídicas. No es decoración.

El yihadismo español de 2025 aparece así más disperso y digital, pero sometido a una presión policial intensa. Las cifras justifican vigilancia y prevención; no justifican convertir comunidades religiosas o nacionalidades enteras en sospechosas. El extremismo vive bastante bien de esas simplificaciones. Una democracia, en cambio, se juega buena parte de su fuerza en ser capaz de combatir a quienes quieren destruirla sin empezar a parecerse a ellos.